UE: moldeando a la opinión pública

UE: moldeando a la opinión pública
MARCO APPEL

BRUSELAS, 14 de agosto (apro).- La Unión Europea (UE) programó para 2009 un gasto de al menos 213 millones de euros en sus proyectos de "propaganda", que incluyen de forma estratégica aquellos que despliegan sus propios medios de difusión y sus programas dirigidos a periodistas profesionales y en formación.

Lo anterior lo expone el influyente think tank sueco Timbro, en un reporte publicado el pasado 27 de julio y cuyo título es El agobio de la UE: informar y comunicar a una población renuente. Sus autores --Philip Thomasson-Lerulf y Hannes Kataja-- analizaron el presupuesto de la UE en la materia desde 2004, cuando tomó posesión la administración actual de la Comisión Europea, y comenzó sus labores la pasada Legislatura del Parlamento Europeo, la que terminó este mes de julio.

El reporte, de 26 páginas --y cuya divulgación coincide con la entrada de la presidencia sueca de la UE este 1 de julio--, explica:

"La principal generadora de comunicación es siempre la Dirección General de Comunicación de la Comisión Europea (cuya responsable es la comisaria Margot Wallström, de nacionalidad sueca). Como conductora de la comunicación externa de la UE, tal unidad recibe cada año recursos significativos. Sólo en 2009 se le otorgaron 213 millones de euros. (…) En comparación, en 2007 las 21 regiones, municipalidades y autoridades de toda Suecia distribuyeron poco más de 500 mil euros para informar a sus ciudadanos acerca de la UE y sus actividades".

Añade: "La UE ha creado sus propios canales de televisión (y) ha establecido cursos para los periodistas que dan cobertura de las noticias en torno a la UE (…) Las críticas a la UE no aparecen en la información (diseminada en esos casos). Es difícil encontrar organizaciones que hayan sido beneficiadas con el apoyo financiero de la UE, cuyas actividades no incluyan esfuerzos para promocionar una creciente cooperación europea".

"Desde una perspectiva democrática –abunda Timbro--, moldear la opinión de los contribuyentes es inaceptable. El dinero fluye cada año en las instituciones de la UE para ser utilizado en la creación, administración y monitoreo de leyes en áreas donde la cooperación transfronteriza en Europa es necesaria. El dinero no debe ser usado para que la UE haga campaña a favor de una mayor cooperación. La responsabilidad de operar la opinión pública y ganar el apoyo público a esa cooperación debe recaer sobre los hombros de los políticos electos y no de los funcionarios de la UE".

Prosigue: "La tendencia de las instituciones de la UE para arrogarse el rol de líderes de opinión está asociada a varios riesgos. Para empezar, distorsiona la evolución de una sociedad libre. La incursión de tales instituciones en los dominios de la política tradicional lleva una carga suplementaria: busca dar legitimidad democrática y fortalecer el poder y la influencia de tales funcionarios por encima de los representantes electos. A largo plazo, hay un significativo peligro de que ello reduzca la credibilidad de las mencionadas instituciones y desgaste el fundamental apoyo popular a la UE".

El documento se refiere a las encuestas que muestran la diferencia de opiniones entre los funcionarios de la UE y los votantes, respecto a algunos asuntos trascendentales para la integración europea.

Por ejemplo, según el European Elite Survey, llevado a cabo por el Centre for the Study of Political Change --presentado en mayo de 2006--, arrojó que 31% de los oficiales de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo entrevistados eran "muy favorables" a una mayor cooperación de la UE en el ámbito de la defensa militar. Solo 16% de la ciudadanía pensaba lo mismo.

Sobre la creación de la figura de un ministro de Asuntos Exteriores para la UE, 54% de los oficiales de las instituciones mencionadas se declararon "muy favorables" a la idea, y sólo 21% de los ciudadanos, de acuerdo a la referida encuesta.



Información tendenciosa



El reporte sueco acusa proyectos concretos de la UE, o financiados por ella, para publicitar los logros de la integración continental.

El primero es Euranet, un consorcio de 16 estaciones de radio de corte internacional, nacional y regional, originarias de trece países de la UE. El proyecto fue fundado por la Comisión Europea en febrero del año pasado y transmite en ocho idiomas, uno de ellos el español.

Entre las estaciones que participan produciendo material informativo en este idioma están la alemana Deutsche Welle, Radio France Internationale, la holandesa Radio Nederland y Punto Radio de España.

El reporte señala que "el propósito de las transmisiones co-producidas, usualmente de una duración de 30 a 60 minutos por día, es estimular la voz pública europea, según declara el consorcio: 'el objetivo de la cooperación es mejorar la calidad de los reportes sobre Europa y estimular la discusión acerca de la fraternidad en Europa para promocionar (el desarrollo) de una esfera pública europea general'".

Timbro indica que Euranet cuenta con un financiamiento de 5 millones 800 mil euros para un periodo que se extiende hasta 2013.

Desde marzo de 2006, la UE además dispone de su propio canal de videos en el sitio de YouTube: EUtube.

El reporte señala: "En el sitio, por ejemplo, se pueden encontrar entrevistas, videos de reclutamiento y de información sobre cómo estudiar en Europa. Sin embargo, una serie titulada 'Europa y tú' pretende demostrar en diez ejemplos cómo la UE ha evolucionado de una manera positiva durante el último año, incluyendo el dato de que creó 3 millones y medio de nuevos empleos en 2007 en la UE, o que los ciudadanos de los países que en 2004 ingresaron a la UE pueden viajar ahora libremente sin pasaporte a través de casi toda Europa".

Otro caso involucra a la televisión interna del Parlamento Europeo, Europarl TV, que desde septiembre pasado difunde sus contenidos en 22 idiomas oficiales de la UE, a través de Internet, con un presupuesto público que para este año alcanza 9 millones de euros.

El documento sueco recuerda que cuando el canal fue lanzado "recibió una frío acogida de los periodistas basados en Bruselas", quienes expresaron sus dudas acerca del "balance en el contenido editorial" y el "límite en la interferencia política", que de antemano consideraron que "no es suficientemente claro".

Por otro lado, prosigue el reporte, se critica que la compañía que produce los contenidos de Europarl TV, Mostra, con sede en Bruselas, es la misma que está detrás de los promocionales multimedia de la Comisión Europea. Un periodista citado en una nota del sitio EUObserver, del 17 de septiembre de 2008, señaló que tal productora tiene un negro historial porque "produce propaganda para la Comisión, en la que la ética periodística se halla al más bajo nivel".

Finalmente, Timbro pone en el banquillo de acusados al canal de televisión Euronews, creado en 1993.

Euronews es copropiedad de unas 20 cadenas televisoras de Europa, entre ellas Televisión Española. "Su ambición –afirma el documento-- es describir los eventos mundiales desde una 'perspectiva europea', sin que se sepa a qué se refiere con ello. Se proclama imparcial y equilibrado en su cobertura periodística, agrega, pero nunca menciona que el canal está financiado por la UE y que, tan sólo en 2009, le fueron concedidos 10 millones 800 mil euros.



Versión oficial



"Un paso importante de las instituciones de la UE para promocionar la emergencia de una identidad europea común ha sido buscar una mayor cooperación con los medios de comunicación. En respuesta al voto negativo de Irlanda al Tratado de Lisboa en 2008, Margot Wallström pretende establecer alianzas con canales de radio y televisión. La creación de 'redes mediáticas' se puso en lo alto de su agenda", explica el informe sueco.

Continúa: "La Comisión Europea decidió extender sus programas de prácticas de entrenamiento a los estudiantes de periodismo. Obviamente tiene una gran ventaja que más periodistas tengan conocimiento y entiendan el sistema de la UE. Sin embargo, debido al punto de vista de la Comisión Europea para sus actividades de comunicación, es muy dudoso que el entrenamiento que reciben los periodistas sea imparcial y equilibrado".

En particular, se refiere al European Journalism Center (EJC), un "instituto independiente, internacional y sin ánimos de lucro", según indica su propia página de internet. El EJC, con sede en la ciudad holandesa de Maastricht, pero con una oficina estratégica en Bruselas, ofrece programas de entrenamiento especializados para periodistas, en los que "aprenden más acerca del proceso de integración europea, su importancia y sus desafíos".

"Los periodistas, por supuesto, no aprenden métodos para examinar críticamente los proyectos de las instituciones de la UE que son financiados con dinero público", cuestiona Timbro, al igual que el apoyo de un millón de euros que le concedió al centro la Comisión Europea el año pasado.

Un caso involucra a una delegación de trece periodistas mexicanos invitados por la Comisión Europea a Bruselas, del 16 al 19 de febrero pasado, para asistir al seminario titulado Introducción a la UE enfocada en las relaciones UE-México.

El EJC organizó el 16 y 17 de febrero la parte "periodística" del seminario. Los dos días restantes los organizó la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea.

Aunque se suponía que el seminario estaría enfocado en las relaciones entre México y la UE, sólo dos de los 18 eventos contenidos en el programa oficial de la visita de cuatro días tuvo que ver expresamente con ese tema: el 18 de febrero, la charla Las relaciones bilaterales México-UE, a cargo de Petros Mavrosmichalis, jefe de la unidad para México de la Comisión Europea; y el 19 de febrero un encuentro con la eurodiputada alemana Erika Mann, entonces presidenta de la delegación para México del Parlamento Europeo.

En los otros eventos se abordaron temas globales, y de manera general, en relación a la UE: la UE y la agenda de Doha; los beneficios y costos de la membresía a la UE; el rol de Europol y Eurojust en el combate al tráfico de drogas y humanos; la respuesta de la UE a la crisis financiera global; migración y libre movimiento de personas dentro de la UE, etcétera. Pero además fueron pláticas realizadas por oficiales de la UE o entidades afines a la visión oficialista.

El 2 de febrero anterior, sin embargo, Alexandra Lobao, la responsable del seminario por parte del EJC --el responsable del "curso" era José María Siles, de la agencia de noticias ANews, quien sostiene actualmente un sonado conflicto con Televisa--, había invitado oficialmente a dos periodistas mexicanos con base en Bruselas –los corresponsales de Proceso y el diario Reforma-- "a participar en una sesión sobre las relaciones México-UE, programada para el 17 de febrero a las 11:15 de la mañana". Era un esfuerzo, según reconoció ella misma, por contar con voces no oficiales respecto a la relación de México con la UE, y de nacionalidad mexicana y no europea.

Pero una vez que dicha sesión fue anunciada en el programa oficial, la responsable del seminario dentro de la unidad de información y comunicación de la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Laura Auger Pérez, ordenó que tal participación fuera anulada por "razones de tiempo", lo cual extrañó a Lobao, según comentó ella misma el 5 de febrero a este corresponsal.

El 9 de febrero, mediante un correo electrónico, el EJC restó importancia al hecho, ya que, indicó, "de todas maneras, el tema de las relaciones bilaterales será abordado por los responsables de las relaciones con México de la Comisión Europea".

http://www.proceso.com.mx/suplementos_articulo.php?articulo=71483

COLOMBIA - Relator espaecial de Naciones Unidas

DECLARACIÓN DE PHILIP ALSTON, RELATOR ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, SUMARIAS O ARBITRARIAS

He llevado a cabo una misión de investigación sobre ejecuciones extrajudiciales
a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009. Estuve en Bogotá, Antioquia (Medellín),
Santander (Bucaramanga) y Meta (Villavicencio). Estoy muy agradecido con el
gobierno de Colombia por haberme invitado, y por su cooperación plena y sostenida
para con mi misión. Estoy particularmente agradecido con el Presidente Álvaro Uribe
Vélez por haber tenido una discusión muy extensa y comprometida conmigo, acerca de algunos de los temas clave.

También me reuní con el Vicepresidente y con los Ministros de Asuntos
Exteriores, Defensa, los Viceministros de Defensa y de Justicia. También celebré
reuniones con la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo
Superior de la Judicatura, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la
Nación, el Defensor del Pueblo, y la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación.

Me reuní con el Comandante del Ejército y con los Comandantes de la Segunda,
Cuarta y Séptima divisiones, como también con asesores jurídicos militares y jueces
militares. Asimismo me reuní con el gobernador de Antioquia, personeros provenientes de todas partes del país, varios senadores y congresistas, y numerosas organizaciones de la sociedad civil. Llevé a cabo más de 100 entrevistas con testigos, víctimas y supervivientes. Estoy particularmente agradecido con los oficiales tan competentes, dedicados y ponderados de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia por la ayudada brindada a mi misión. Sin embargo, éstos no tienen responsabilidad alguna por las conclusiones a las que yo he llegado.

Como experto independiente que presenta informes al Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas mi mandato consiste en investigar los homicidios
cometidos en violación de los derechos humanos o del derecho humanitario; determinar la extensión y las causas de la impunidad de dichas matanzas; y proponer reformas específicas y constructivas para disminuir los homicidios y promover la rendición de cuentas. En Colombia me he centrado en los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad, paramilitares y otros agentes armados no estatales, y examiné la eficacia de los sistemas de justicia penal, civil y militar en relación a esos homicidios. Cabe
destacar desde el principio, que las ejecuciones perpetuadas por estos actores.

Los hallazgos que presento hoy son preliminares. Mi informe completo se
publicará dentro de unos 4 a 5 meses, y tendrá en cuenta la información que el gobierno suministrará en el transcurso de aproximadamente un mes como parte de un diálogo continuo. Hoy me dedicaré a una gama limitada de temas.

Quiero comenzar repercuten de manera desproporcionada en las poblaciones
rurales y pobres, pueblos indígenas, afrocolombianos, sindicalistas, defensores de
derechos humanos, y líderes comunitarios reconociendo la mejora dramática en la
situación de la seguridad desde el 2002. La cantidad total de homicidios ha disminuido mucho, y se han transformado los niveles de seguridad en muchas partes del país. Sin embargo queda mucho por hacer.

Ejecuciones extrajudiciales por los grupos de la guerrilla.

Los guerrilleros de las FARC y del ELN siguen llevando a cabo cantidades
significativas de homicidios ilegales, especialmente para controlar y sembrar el miedo en las poblaciones, rurales, intimidar a los oficiales elegidos, y castigar a aquellos que se supone colaboran con el gobierno, o para promover objetivos criminales. Su uso indiscriminado e inhumano de minas antipersonales también mata y atemoriza a numerosas personas.

Ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad.

La preocupación más preponderante es la incidencia de los llamados “falsos
positivos”, y los ejemplos que más publicidad han recibido, es decir, los homicidios de jóvenes de Soacha en 2008.

El fenómeno es muy conocido. Un “reclutador” engaña a la víctima con falsas
pretensiones y la lleva a una localidad remota. Allá, al poco tiempo de llegar, miembros del ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate. A menudo se hace una fotografía en la que sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes , y los asesinos son premiados por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla.

Sin embargo hay dos problemas con el relato que se centra en los falsos
positivos y en Soacha. El primero se debe a que la expresión “falsos positivos” brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio. El segundo es que el enfoque en torno al caso de Soacha fomenta la percepción de que se trata de un fenómeno limitado, tanto geográficamente, como en el tiempo. Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg. He entrevistado a testigos y a supervivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello.

Algunos funcionarios siguen afirmando que muchos de los casos son bajas
legítimas de guerrilleros u otros. Pero las pruebas –incluyendo informes de balística y forenses, declaraciones de testigos oculares, y el testimonio de soldados- indican
firmemente que ese no es el caso. Entre los “peligrosos guerrilleros” que fueron dados de baja hay adolescentes de 16 y 17 años, un hombre joven con una edad mental de 9 años, un padre de familia abnegado, cuyos dos cuñados están en servicio militar activo, y un joven soldado de licencia por vacaciones, que visitaba a su familia. No puedo descartar la posibilidad que algunos falsos positivos fueran de hecho, guerrilleros, pero aparte de afirmaciones contundentes, el gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido. Las pruebas que muestran a las víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada, o calzando botas de campo 4 tallas más grandes que su tamaño, o zurdos llevando una pistola en su mano derecha, u hombres con una única bala disparada en el cuello, menoscaban aún más la sugerencia de que se trata de guerrilleros muertos en combate.

Un problema adicional tiene que ver con el hostigamiento sistemático de los
militares hacia los supervivientes. Una mujer de Soacha relató como en el 2008 unos de sus hijos había desaparecido y luego dado de baja en combate dos días después. Otro de sus hijos empezó a llevar adelante el caso con ahínco y recibió una serie de amenazas de muerte. Murió de un disparo hace unos meses. Desde entonces la madre también ha recibido amenazas de muerte, igualmente. Esto forma parte de un patrón común.

La pregunta clave es ¿quién es responsable de estas matanzas premeditadas? Por
una parte, no he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del gobierno, o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del Presidente o de los sucesivos Ministros de Defensa. Por otra parte, la explicación que prefieren muchos en el gobierno – que las matanzas fueron llevadas a cabo a pequeña escala por unas cuantas pocas “manzanas podridas” –es igualmente insostenible. Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidas militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército.

A partir del 2007, el gobierno ha tomado medidas importantes para parar y
responder a estos homicidios. Entre ellas hay medidas disciplinarias, una mayor
cooperación con el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) y la ONU, la
incorporación de asesores jurídicos operacionales para asesorar acerca de operaciones militares específicas, una mayor supervisión de los pagos efectuados a informantes, el nombramiento de la Comisión provisional Especial Suárez, el nombramiento de inspectores delegados a divisiones del ejército, la exigencia de que las bajas en combate sean investigadas primero por la policía judicial, la modificación de los criterios para premios, y la creación de una unidad especial en la Fiscalía.

Estas medidas alentadoras demuestran el esfuerzo de buena fe que despliega el
gobierno para hacer frente a los homicidios del pasado y para prevenir que sucedan en el futuro. Sin embargo sigue habiendo una brecha preocupante entre las políticas y la práctica. La cantidad en enjuiciamientos exitosos sigue siendo muy baja, aunque se espera que haya mejores resultados en el próximo año. Cabe destacar tres problemas. El primero es que la Fiscalía, y sobre todo su unidad de derechos humanos no tiene suficiente personal, recursos o formación.

Es esencial aumentar sustancialmente sus recursos. El segundo es que en algunas
zonas los jueces militares hacen caso omiso a los dictámenes de la Corte Constitucional y hacen todo lo que está en su poder para impedir la transferencia de casos claros de derechos humanos al sistema de justicia ordinaria. Se demora u obstruye la transferencia de información, se arreglan los enfrentamientos de jurisdicción cada vez que se encuentra la oportunidad, y las tácticas de dilación son de uso común. Como resultado de todo esto hay demoras, que frecuentemente son de meses o años y ponen en peligro el valor de los testimonios y de las pruebas.

Hay una buena noticia: ha habido una reducción significativa en la cantidad de
alegatos de ejecuciones extrajudiciales registrados por la justicia militar en los últimos 6 a 9 meses. Si se confirma esta tendencia supondría un cambio de rumbo, que cabría celebrar,aunque todavía tiene que abordarse el problema de la impunidad en relación a las matanzas del pasado.

Ejecuciones extrajudiciales por paramilitares y otros grupos armados ilegales

A pesar de las importantes medidas que el gobierno ha tomado para reducir la violencia paramilitar, las ejecuciones llevadas a cabo por esos grupos, que incluyen a paramilitares desmovilizados, continúan produciéndose en gran número a través del país. El gobierno tiene que abordar la resurgencia de estos grupos con políticas
exhaustivas que se centren en el cumplimiento de la ley (incluyendo el fortalecimiento de las funciones de investigación y de persecución) y la protección y participación sostenida de las comunidades afectadas.

Según la posición del gobierno, estos grupos son bandas criminales y tienen que
ser tratadas como tales. Aunque este enfoque sea el apropiado para ciertos lugares, no aborda plenamente la naturaleza y la amenaza que plantean estos actores no estatales en distintas regiones. Independiente del nombre que se les dé, el descuidar las razones por las cuales han surgido estos grupos y la medida en que se infiltran en las instituciones del Estado y aterrorizan a la población civil, amenaza con poner en peligro los importantes logros de seguridad alcanzados por el gobierno. Deben mejorarse de manera urgente los esfuerzos para investigar, enjuiciar y castigar las ejecuciones cometidas por estas fuerzas con eficacia y celeridad.

Según todos los indicios, los paramilitares desmovilizados forman una parte
preponderante de los grupos armados ilegales. Las desmovilizaciones efectuadas
después del 2003 y las políticas de reintegración no han logrado evitar que antiguos
paramilitares maten y participen en otros actos criminales. Aunque han sido detenidos paramilitares de alto nivel, no parece ser que se hayan desmantelado completa y eficazmente las estructuras económicas, de mando y de control de los paramilitares.

Además hay un nivel alarmante de impunidad en relación a antiguos
paramilitares, y la investigación y enjuiciamiento de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas por ex paramilitares dejan mucho que desear.

Las instituciones del Gobierno.

La Fiscalía tiene un papel fundamental dentro de la compleja y sofisticada
estructura jurídica de Colombia. La Corte Suprema de Justicia nombra al Fiscal General a partir de una terna que propone el Presidente. Es esencial, habida cuenta de la función central y clave de la Fiscalía, que el próximo Fiscal General sea una persona independiente, fuerte y de prestigio.

Defensores de derechos humanos.

La sociedad civil colombiana es vibrante y diversa. Hace contribuciones de valor
inconmensurable al discurso público y a la concientización en derechos humanos. Sin embargo, los defensores de derechos humanos suelen ser intimidados y amenazados, y a veces asesinados, a menudo por actores privados. Hay funcionarios de alto nivel que los acusan de ser guerrilleros o terroristas, o de ser cercanos a ellos. Estas declaraciones también se han hecho contra fiscales y jueces. Estas declaraciones estigmatizan a aquellos que trabajan para promover los derechos humanos, y propician un entorno en el que pueden llevarse a cabo actos específicos de amenazas o asesinatos por parte de actores privados. Es importante que los funcionarios de alto rango pongan fin a la estigmatización de estos grupos.

También es importante que se fomente un espacio constructivo para que en el
mismo se puedan comunicar las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. Me llamó la atención la polarización que existe en Colombia en relación a las posiciones de las ONG y del gobierno.

Compensación a las víctimas.

Tengo entendido que el actual proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas
–que fue aprobado por la Comisión creada para reconciliar los textos en el Senado y en la Cámara de Representantes– contiene una definición de víctima que incluye a las víctimas de agentes estatales y en general las coloca en pie de igualdad con las víctimas de los paramilitares. Es imperativo que al llevar adelante el proyecto de ley las víctimas tanto de actores estatales, como no estatales sigan siendo tratadas con igualdad.

Otras cuestiones.

En mi informe completo abordaré varias reformas, entre ellas:

- directrices presidenciales al sistema de justicia militar para que cumpla con la
letra y el espíritu de la ley de competencia de jurisdicción.

- la realización de una investigación independiente de los procedimientos y
resultados del sistema de justicia militar en casos de derechos humanos.

- la supresión de todo tipo de incentivo para los militares por ejecuciones.

- la necesidad de promover una mayor coordinación, especialmente en cuanto al
seguimiento y rastreo de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre las
instituciones encargadas de investigar dichos alegatos.

- la no prescripción de los procedimientos civiles contra funcionarios en casos de
ejecuciones extrajudiciales.

- la necesidad de seguir respaldando firmemente a la oficina del Fiscal General
de la Nación , con más personal, apoyo y formación.

Bogotá, Junio 19 de 2009