Asociaciones de jueces tachan de "publicidad engañosa" el decreto contra los desahucios

El colectivo de jueces pide un cambio de la ley hipotecaria, aprobar la dación en pago y colocar al ciudadano en igualdad procesal respecto de los bancos

PILAR VELASCO   16-11-2012

La asociación Jueces para la Democracia critica al ministro de Economía, Luis de Guindos, por excluir del paquete de medidas para paralizar desahucios a las familias cuyos ingresos superen los 19.164 euros al año. Desde Francisco de Vitoria hablan de "remiendo".

Tras la aprobación del decreto del Gobierno sobre desahucios las asociaciones mayoritarias de jueces continúan muy críticas con el alcance de las medidas. Para este colectivo, las soluciones a las ejecuciones pasan por la moratoria de todos los desahucios, de manera que beneficie a todas las personas sin ingresos y modificar la ley para que los bancos no estén en una situación superior procesal a la de los ciudadanos.

Para Joaquim Bosch, presidente de Jueces para la Democracia, desde su colectivo explica: "Tenemos la impresión de que finalmente el Gobierno ha cedido ante las presiones de las entidades bancarias y ha preferido ponerse a su lado antes de proteger los derechos de los ciudadanos afectados".
Bosch considera inaceptables las declaraciones de Luis de Guindos, ministro de Economía, distinguiendo entre "buena y mala fe". "Dijo que se iba a proteger a los deudores de mala fe. EL ministro no consideraba de manera irresponsable a las familias que no van a cumplir con los requisitos de los mínimos extremos del Gobierno", en referencia a paralizar los desahucios durante dos años a las familias con un máximo de 19.164 euros al año de ingresos y en situaciones extremas, como estar en paro, contar con hijos pequeños, dependientes o minusválidos.
Y continúa "Este decreto es inadecuado, insuficiente, tendrá un alcance levísimo al no comprender a la gran mayoría de las familias afectadas. Además, después de los anuncios del Gobierno y las expectativas generadas todo ello se ha revelado como una publicidad engañosa. Cuando dijo que se iba a proteger a los deudores de buena fe y el ministro, de buena irresponsable, considera de mala fe a los cientos de familias que van a ser desahuciadas por no cumplir los mínimos requisitos del Gobierno"
Críticas y propuestas
Para José Luis Armengoll, de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, el decreto no es negativo totalmente aunque habría que considerarlo "un remiendo y un parche que no soluciona totalmente, el problema queda cronificado. La única forma de consagrar la igualdad es modificando la ley hipotecaria o aprobando la dación en pago".
Las soluciones para una mayoría de jueces pasan por la moratoria de todos los desahucios de personas sin ingresos; modificar la ley para que los bancos no estén en una situación superior a los ciudadanos y los jueces puedan acordar quitas parciales y mediar jurídicamente en el proceso de ejecución de un desahucio.

Cadena SER

Comunicados - Jueces para la Democracia sobre las protestas

Ante la decisión de la Junta Electoral Central queremos manifestar, desde el máximo respeto a dicha Junta, nuestra discrepancia con su acuerdo ya que creemos que viene a crear un problema nuevo desde una interpretación restrictiva de un derecho fundamental como el de reunión tan profundamente vinculado a una sociedad democrática.

Las concentraciones que se producen en diversas plazas públicas son la manifestación de un descontento generalizado. Ese descontento tiene su origen en unas políticas neo liberales que dejan a demasiada gente en la estacada en una sociedad en que los Mercados ha suplantado demasiados espacios. Se reclama en esas plazas recuperar su derecho a participar, reflexionar y decidir. No podemos admitir como razonable que se restrinja esa voluntad esencialmente democrática.

Es cuestionable la propia competencia de la Junta Electoral Central. La competencia de esta Junta sólo se refiere a las actividades desarrolladas por los sujetos y con el objetivo que establece el art. 50.4 LOREG: es decir, por los candidatos y partidos políticos y precisamente para la captación de voto, salvo restringidamente para personas jurídicas en determinados actos. El resto de ciudadanos sostiene su derecho a protagonizar esa jornada. La ciudadanía no ve restringidos sus derechos y las personas deben disfrutar de sus derechos de participación. A ello se añade que la razón de ser de las normas deben determinar su interpretación. En este momento histórico la propia restricción de la publicidad electoral en la jornada preelectoral es cuestionable cuando se sostiene la comunicación permanente en la red. Con mayor razón cuando la intención de las personas concentradas no se puede identificar directamente con la petición de voto a una opción concreta.

Varias sentencias del Tribunal Constitucional han advertido (como último ejemplo la STC 15.11.2010) que la mera posibilidad de que una reivindicación pueda incidir de una u otra forma en el electorado se muestra como hipótesis insuficiente para limitar el derecho de reunión en período electoral. También ha dicho el Tribunal Constitucional que el hecho de que no se pueda difundir propaganda electoral ni realizar acto alguno de campaña en la jornada de reflexión, no significa que durante dicha jornada no pueda celebrarse ninguna manifestación cuyo objeto tenga algo que ver con el debate político y, por tanto, pueda influir indirectamente en las decisiones de los electores. Advierte que sólo cuando se aporten razones fundadas del carácter electoral de la manifestación, es decir cuando su finalidad sea la captación de sufragios, podrá desautorizarse la misma con base en dicho motivo.

En esta situación, JpD cree que se debería apostar de forma clara y contundente por permitir la continuidad de un movimiento plural y participativo como el desarrollado de forma pacífica por las personas que se encuentran en las diversas plazas de nuestras ciudades.

Por último, esperamos que sea la prudencia y el sentido común el que determine la forma de resolver la actual situación, rechazando de forma contundente cualquier posibilidad de acudir a vías represivas para imponer la decisión adoptada.

El Secretariado,

Madrid, 20 de mayo de 2011