En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle. Gandhi.

“Es imposible que sea imposible cambiar esta historia”

Cartel colgado en el Liceo Darío Salas Santiago de Chile.

miércoles, 6 de diciembre de 2017

CPI Reino Unido y Francia intentan impedir la activación de la competencia de la CPI sobre el crimen de agresión.





Equipo NizkorInformación
Crimen de Agresión
05dic17 - iii) msjes.

CPI/ICC - Reino Unido y Francia intentan impedir la activación de la competencia de la CPI sobre el crimen de agresión.


Introducción:
El crimen de agresión es uno de los cuatro tipos penales recogidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) desde que éste se aprobara en la Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en Roma en 1998. A diferencia de los otros tres crímenes (crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra), la competencia de la CPI sobre el crimen de agresión quedó sujeta a que se llegara a una definición del mismo en una Conferencia de Revisión del Estatuto que tendría que celebrarse 7 años después de su entrada en vigor. La definición de crimen de agresión se adoptó por consenso in extremis el 11 de junio de 2010 en la Conferencia de Revisión que tuvo lugar en Kampala, Uganda. Se plasmó en lo que se conoce como "enmiendas de Kampala":

    "Artículo 8 bis
    Crimen de agresión
    1. A los efectos del presente Estatuto, una persona comete un "crimen de agresión" cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.
    2. A los efectos del párrafo 1, por "acto de agresión" se entenderá el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. De conformidad con la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1974, cualquiera de los actos siguientes, independientemente de que haya o no declaración de guerra, se caracterizará como acto de agresión:
      a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aún temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él;
      b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado;
      c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado;
      d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea;
      e) La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en el territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violación de las condiciones establecidas en el acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el acuerdo;
      f) La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado;
      g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados, o su sustancial participación en dichos actos".

En las "enmiendas de Kampala" se establecieron también las condiciones bajo las que la CPI podrá declararse competente en casos de agresión. Según lo aprobado, la Corte no puede ejercer dicha competencia hasta que las enmiendas de Kampala hayan sido ratificadas por al menos 30 Estados Parte y sean de nuevo re-aprobadas por la Asamblea de Estados Parte (el órgano legislativo y de supervisión de la administración de la CPI) en una fecha no anterior, en todo caso, al 1 de enero de 2017, a lo que además se suman una serie de requerimientos que ponen de relieve la limitada naturaleza del régimen de competencia para el crimen de agresión cuando se comparan con el régimen de competencia por el que se rigen los otros tres crímenes fundamentales del Estatuto de Roma. El siguiente cuadro, preparado por la Delegación de Liechtenstein, que dirigió el Grupo de Trabajo Especial sobre el crimen de agresión que llevó al acuerdo de Kampala, resumen el régimen competencial aprobado (ver artículo Artículo 15 bis "Ejercicio de la competencia respecto del crimen de agresión (Remisión por un Estado, proprio motu)" del estatuto):
El Estado víctima ha
ratificado las enmiendas
El Estado víctima no ha
ratificado las enmiendas
El Estado agresor ha ratificado y no ha optado por la exclusiónCompetencia: SÍCompetencia: SÍ
El Estado agresor no ha ratificado y no ha optado por la exclusiónCompetencia: SÍCompetencia: NO
El Estado agresor ha ratificado y ha optado por la exclusiónCompetencia: NOCompetencia: NO
El Estado agresor no ha ratificado y ha optado por la exclusiónCompetencia: NOCompetencia: NO
Actualmente son 34 los Estados que han ratificado las enmiendas de Kampala relativas al crimen de agresión y la activación de la competencia debiera producirse por una resolución que la Asamblea de Estados Parte de la CPI adopte en este décimosexto período de sesiones (4-14 de diciembre de 2017, Nueva York). Sin embargo, un grupo de países encabezados por el Reino Unido y Francia, que no han ratificado las enmiendas de Kampala, han hecho circular un documento de posición de 3 páginas, de fecha 16 de marzo de 2017, con la finalidad de bloquear la activación de la competencia de la CPI sobre este crimen. Junto al Reino Unido y Francia, suscriben dicho documento Japón, Noruega y Canadá, y se ha sumado también a esta estrategia Colombia.
Ya en el quincuagésimo período de sesiones de las Asamblea de Estados Parte de la CPI, celebrada en noviembre de 2016 en La Haya, Francia y Reino Unido habían avanzado estas posiciones. La no activación resulta también acorde con la oposición manifiesta del Departamento de Estado de los Estados Unidos a la CPI y muy especialmente contra el crimen de agresión, oposición que ha sido constante a lo largo de todas las administraciones antes, durante y después de la aprobación del Estatuto de Roma en 1998. Estados Unidos, al igual que Rusia y China, no ha ratificado este Estatuto y desde que éste se aprobara ha desplegado una intensa labor diplomática para llegar a acuerdos bilaterales que dejen a su personal fuera del alcance de la jurisdicción de la CPI.
El trabajo de Reino Unido y Francia respecto del crimen de agresión responde a esta misma finalidad y no es más que la constatación de que existe una predisposición de las "grandes potencias" a garantizarse la intervención militar directa en cualquier lugar del mundo al margen de la legalidad internacional.

i) Las grandes potencias intentan impedir la activación de la competencia de la CPI sobre el crimen de agresión.
Por Donald M. Ferencz |*|
El 11 de diciembre de 1946 fue un día histórico para el derecho internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida ese día en Nueva York, confirmó por unanimidad los principios de Derecho Internacional reconocidos por el estatuto y las sentencias de Nuremberg. Con ello se reconocía a la guerra de agresión como el "crimen internacional supremo" y se aparcó el argumento de que los gobernantes están por encima de la ley.
Sin embargo, el cercano aniversario de esta histórica fecha puede verse ensombrecido por la situación totalmente diferente que se está pergeñando. Si la maquinaria puesta en marcha entre bambalinas por varios países no llegara a detenerse, en la segunda semana de diciembre de 2017 pudiéramos asistir a la muerte anunciada del crimen de agresión en cuanto tal. El mes que viene, tras 71 años de trabajos, por fin el crimen de agresión será sometido a activación como crimen enjuiciable por la Corte Penal Internacional ("CPI"). No obstante, existe un riesgo serio de que, en lugar de ser activado sea relegado a un tambaleante estado de limbo jurídico: un crimen aún sin tribunal. Ironías de la historia, son precisamente las naciones que se sentaron y sentenciaron en Nuremberg -que colocaron al crimen de agresión entre los crímenes de derecho internacional- las que podrían ser responsables de abortar su activación como crimen enjuiciable por la CPI.
Las enmiendas sobre el crimen de agresión que serán sometidas a re-aprobación el mes próximo ya han sido aprobadas por unanimidad en la Conferencia de Revisión [del Estatuto de Roma] celebrada en Kampala, Uganda, en 2010.
Ante la presión de importantes estados y como cuestión sujeta a un compromiso fruto de una intensa negociación, en Kampala se acordó que las enmiendas sobre agresión no se activarían antes de 2017. Aun así, los Estados que se congregaron en Kampala, resolvieron por unanimidad "activar la competencia de la Corte sobre el crimen de agresión lo antes posible". Sabremos pronto si esta intención era real.
Los Estados Parte de la Corte se reunirán en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York entre el 4 y el 14 de diciembre para llevar a cabo el compromiso adquirido en Kampala. Si bien 34 estados ya han ratificado su aceptación de la competencia de la Corte sobre el crimen de agresión, entre ellos incluso más de la mitad de los miembros de la OTAN, Reino Unido y Francia no la han ratificado. En su lugar, han hecho bloque con un puñado de Estados, que incluyen Japón, Canadá, Noruega y Colombia, para amenazar tácitamente la activación de la competencia de la Corte sobre el crimen de agresión insistiendo en que la Corte ha de aclarar primero que las enmiendas sobre agresión no serán de aplicación a dirigentes de los Estados que no las ratifiquen por separado. Poco importa si los términos expresos de lo que se acordó en Kampala otorgan a cada Estado miembro la nada desdeñable flexibilidad de optar expresamente por quedar fuera de la competencia de la Corte sobre agresión. Si lograran arrancar de la Asamblea de Estados Parte las garantías que piden, los dirigentes de países que no hayan ratificado pueden sin duda aspirar a permanecer totalmente fuera del alcance del eventual enjuiciamiento del crimen de agresión, independientemente de si optan formalmente por quedarse fuera o no, tal cual se acordó como requisito en Kampala. Al insistir en que sus líderes queden exentos salvo en caso de ratificación de las enmiendas, los no ratificantes están diciendo que no necesitan optar por quedar fuera de la jurisdicción de la Corte públicamente, ahorrándose así el eventual bochorno.
Es significativo que la previsión sea que la inminente decisión sobre el crimen de agresión se tome mediante una resolución de consenso. Esto quiere decir que la resolución de activación sólo puede ser adoptada por unanimidad o no adoptarse en absoluto. En tales circunstancias, cada Estado miembro de la Corte tiene el poder de boicotear la voluntad de la mayoría, por muy aplastante que ésta sea, simplemente no dando el consentimiento a la adopción de la resolución, obviando así los términos precisos de lo que se aprobó unánimemente en Kampala. De este modo, los países que no han ratificado las enmiendas de Kampala y que reclaman claridad en el sentido de que sus dirigentes quedarán fuera del alcance de la Corte en caso de crimen de agresión, contarían con la facultad de bloquear la aprobación final. ¿Pueden jugar esta carta bajo la mirada de todo el mundo?
Lo que está en juego va mucho más allá de la mera activación de la competencia de la Corte sobre el crimen de agresión. Algunos pueden ver en esta decisión sobre la activación, y no les falta razón, un test al sistema internacional de justicia en sí. Las potencias que promueven el estado de derecho para otros, pero que se esconden bajo el manto de la impunidad respecto del más grave de todos los crímenes, aparecerían como hipócritas a ojos de todo el mundo, o incluso como algo peor.
Sin lugar a dudas, quienes socavan la activación de la competencia de la Corte sobre el crimen de agresión tienen sus razones para ello. El lucrativo negocio de la venta de armas o la existencia de alianzas militares que responden a intereses políticos propios pueden bien influir en los procesos de toma de decisión de los países no ratificantes.
Todavía es posible el compromiso negociado, pero los no ratificantes que piden garantías para proteger a sus dirigentes lo han hecho hasta ahora con bastante parsimonia, y ello por buenas razones. El tiempo se acaba y la táctica de la dilación les otorga una clara ventaja: basta con que no hagan nada hasta que se agote el tiempo en la próxima reunión de la Asamblea de Estados Parte. De manera autocomplaciente podrán después afirmar "Lo intentamos. Realmente lo hicimos, pero no había tiempo". Tan sólo han de asegurarse de que no hay acuerdo sobre el crimen de agresión para conseguir la finalidad que buscan: que no se llegue a una decisión sobre la activación es otra forma de garantizar la impunidad total sobre el crimen de agresión a sus respectivos dirigentes.
Las enmiendas de Kampala representan un alegato jurídico para la humanidad: son un llamamiento a los pueblos y naciones de buena voluntad para que protejan a la humanidad frente a un mundo ajeno al derecho. La complacencia no está muy lejos de la complicidad, y aquéllos que creen en el estado de derecho deben ponerse en pie y ser tenidos en cuenta.
Para poder contactar con los Gobiernos de varios países selectos entre los no ratificantes, consulten por favor las siguientes páginas:
* * *
Por Donald M. Ferencz
Coordinador del Instituto Global para la Prevención de la Agresión (Global Institute for the Prevention of Aggression); Investigador adjunto del Centro de Crimonología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford (Centre for Criminology of the Oxford University Faculty of Law) y Profesor invitado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex, Londres. [Volver]


Nota documental: traducción al español de la versión original en inglés realizada por el Equipo Nizkor.


ii) Great powers try to prevent the activation of the jurisdiction of the ICC over the crime of aggression.
By Donald M. Ferencz |*|
The 11th of December, 1946 was an historic day in the world of international law. The General Assembly of the United Nations met in New York that day and unanimously affirmed the principles of the Nuremberg Charter and judgment. They, thereby, confirmed aggressive war as "the supreme international crime" and laid to rest the argument that statesmen are somehow above the law.
Yet the upcoming anniversary of this historic date may be marred by the making of an altogether different sort of history. If behind-the-scenes wheels which have been set in motion by a few major powers are not stopped in their tracks, the second week of December, 2017 might well see events which will toll the death-knell for the crime of aggression itself. Next month, after 71 years of effort, the crime of aggression will, at long last, be considered for activation as a crime made punishable by the International Criminal Court (the ICC). Yet there is a very real risk that, instead of finally being activated, aggression may be relegated to a zombie-like state of legal limbo - a crime still without a court. In a twist of supreme irony, it is the very nations which sat in judgment at Nuremberg - those which established aggression as a crime in international law - who may be responsible for aborting its activation as a crime now made punishable by the ICC.
The aggression amendments which are up for re-approval next month have already been unanimously approved at a Review Conference held in 2010 in Kampala, Uganda. Under pressure from certain powerful states and as a matter of intensely-negotiated compromise, it was agreed in Kampala that the aggression amendments would not be activated before 2017. Nonetheless, the states assembled in Kampala unanimously resolved "to activate the Court's jurisdiction over the crime of aggression as early as possible." We will soon know whether they really meant it.
The member states of the Court will meet at UN headquarters in New York from December 4th to 14th to address making good on the pledge which they made in Kampala. Although 34 nations have already ratified their acceptance of the Court's aggression jurisdiction - including over half of the members of NATO - Britain and France have not. Instead, they have joined with a handful of states, including Japan, Canada, Norway, and Colombia, in tacitly threatening to defeat activation of the Court's aggression jurisdiction by their insistence that the Court must first clarify that the aggression amendments will not apply to leaders of any state that does not independently ratify them. No matter that the express terms of what they all agreed to in Kampala allows every member state the remarkable flexibility of being able to affirmatively opt out of the Court's independent jurisdiction over aggression. If the assurances which are being demanded are exacted from the Assembly of States Parties, the leaders of non-ratifying countries may reasonably look forward to remaining completely beyond the scope of potential prosecution for the crime of aggression - regardless of whether they formally opt out or not, as required by what was agreed in Kampala. By insisting that their leaders are exempt unless they ratify the amendments, the non-ratifiers argue that they do not need to publicly opt out of the Court's jurisdiction - a move which could well be perceived by them as fraught with potential embarrassment.
It is significant that the upcoming decision on aggression is expected to be undertaken pursuant to a consensus resolution. This means that the activation resolution must either be adopted by unanimous approval or not adopted at all. In such circumstances, each member state of the Court has the power to thwart the will of even an overwhelming majority simply by not consenting to the adoption resolution, regardless of the express terms of what was unanimously agreed to in Kampala. The non-ratifying countries which are demanding clarity that their leaders will remain beyond the Court's reach on the crime of aggression, therefore, each have a potentially game-ending card to play in opposition of the final approval. The question is, with the whole world watching, do they dare play it?
There is more at stake here than simply activation of the Court's jurisdiction over the crime of aggression. Some may rightly view the activation decision as a test of the international justice system itself. Powerful countries which espouse the rule of law for others, yet who prefer to cloak themselves in a mantle of impunity for the gravest crime of all, may well be viewed as hypocrites or worse. Those who undermine activation of the Court's aggression jurisdiction no doubt have their reasons for doing so. Some may suspect lucrative arms sales or politically self-interested military alliances as influencing the decision-making process of non-ratifying states.
A negotiated compromise is still possible, but the non-ratifiers who seek assurances shielding their national leaders have thus far been dragging their heels - and for good reason. With time running out, the tactic of delay gives them a distinct advantage: they need only do nothing until time runs out at the upcoming meeting of the Assembly of States Parties. They may then self-contentedly declare "We tried. We really did, but there just wasn't enough time." They need do nothing more than assure that there is no agreement on aggression in order to achieve the result they seek: a non-decision on activation is another way of assuring their national leaders of total impunity for the crime of aggression.
The Kampala amendments represent a plea of law to humanity: they call out for the support of people and nations of goodwill to help protect humanity from a world of continuing lawlessness. Complacency is not far removed from complicity, and those who believe in the rule of law should stand up and be counted. For information on how to contact the governments of select non-ratifying states, please see:
* * *
By Donald M. Ferencz
Convenor, Global Institute for the Prevention of Aggression; Research Associate at the Centre for Criminology of the Oxford University Faculty of Law; Visiting Professor at Middlesex University School of Law, London [Back]



iii) Des grandes puissances tentent d'empêcher l'activation de la compétence de la CPI sur le crime d'agression.
Par Donald M. Ferencz |*|
Le 11 décembre 1946 fut un jour historique dans le monde du droit international. Ce jour-là, l'Assemblée générale des Nations Unies se réunit à New York et proclama à l'unanimité les principes reconnus par le statut du Tribunal de Nuremberg et par l'arrêt rendu par celle-ci. Elle confirma ainsi que la guerre d'agression était le "crime international suprême" et enterra l'argument selon lequel les chefs d'État sont de quelque manière au-dessus des lois.
Pourtant, l'anniversaire à venir de cette date historique pourrait être marqué par l'écriture d'une histoire tout à fait différente. Si les mécanismes qui ont été activés en coulisses par certaines grandes puissances ne sont pas enrayés, la deuxième semaine de décembre 2017 pourrait être le témoin d'évènements qui sonneront le glas du crime d'agression lui-même. Le mois prochain, après soixante et onze années d'efforts, l'activation du crime d'agression en tant que crime punissable par la Cour pénale internationale (CPI) sera, enfin, envisagée. Toutefois, il plane un risque tout à fait réel de le voir relégué à un état zombie de vide juridique (un crime sans tribunal) plutôt que d'être finalement activé. Ironie du sort, ce sont les mêmes nations qui prirent part au jugement à Nuremberg, celles qui définirent l'agression comme crime en droit international, qui pourraient faire avorter son activation en tant que crime désormais punissable par la CPI.
Les amendements concernant le crime d'agression qui seront à nouveau soumis à l'adoption le mois prochain furent déjà adoptés à l'unanimité lors d'une conférence de révision en 2010 qui eut lieu à Kampala, en Ouganda. Sous la pression de certaines puissances et après d'intenses négociations pour parvenir à un compromis, il fut convenu à Kampala que les amendements concernant le crime d'agression ne seraient pas activés avant 2017. Néanmoins, les États rassemblés à Kampala résolurent à l'unanimité d'"activer la compétence de la Cour à l'égard du crime d'agression aussitôt que possible". Nous saurons bientôt s'ils en avaient réellement l'intention.
Les États membres de la Cour se réuniront au siège de l'ONU à New York du 4 au 14 décembre afin d'examiner s'ils respectent l'engagement pris à Kampala. Même si trente quatre nations, parmi lesquelles plus de la moitié des membres de l'OTAN, ont déjà ratifié leur approbation de la compétence de la Cour sur le crime d'agression, la Grande-Bretagne et la France ne l'ont pas fait. À l'inverse, ces deux dernières et une poignée d'États, dont le Japon, le Canada, la Norvège et la Colombie, se sont unis pour menacer tacitement l'activation de la compétence de la Cour sur le crime d'agression en insistant sur le fait que la Cour doit d'abord préciser que les amendements sur l'agression ne s'appliqueront pas aux dirigeants qui ne les ont pas ratifié de manière indépendante. Peu importe les termes exprès que tous adoptèrent à Kampala, qui accordent à chaque État membre la flexibilité remarquable de pouvoir décider s'ils se soumettent à la compétence indépendante de la Cour sur le crime d'agression.
Si les garanties qui sont exigées sont accordées par l'Assemblée des États parties, les dirigeants des pays qui n'ont pas ratifié les amendements peuvent raisonnablement s'attendre à rester entièrement hors d'atteinte de poursuites potentielles pour crime d'agression, qu'ils aient choisi ou pas d'y être soumis, condition contenue dans l'accord de Kampala. En insistant sur le fait que leurs chefs d'État soient exempts sauf s'ils ratifient les amendements, les États non ratifiants font savoir qu'ils n'ont pas besoin de choisir publiquement de rester en dehors de la compétence de la Cour, faute de quoi cette manoeuvre pourraient bien leur attirer bon nombre d'embarras.
Il faut souligner qu'il est prévu que la décision à venir sur le crime d'agression soit adoptée au moyen d'une résolution consensuelle. Cela veut dire que la résolution d'activation doit soit être adoptée à l'unanimité, soit ne pas être adoptée du tout. Dans de telles conditions, chaque État membre de la Cour possède le pouvoir de contrecarrer la volonté d'une majorité, même écrasante, en ne donnant tout simplement pas son assentiment à la résolution d'adoption, peu importe les termes exprès adoptés à l'unanimité à Kampala. Les pays non ratifiants qui demandent des précisions sur le fait que leurs dirigeants resteront hors d'atteinte de la compétence de la Cour sur le crime d'agression disposent tous potentiellement de la carte gagnante pour s'opposer à l'adoption finale. La question est de savoir s'ils vont oser la sortir sous les yeux du monde entier ?
L'enjeu ici est plus grand que la simple activation de la compétence de la Cour sur le crime d'agression. Certains peuvent à juste titre voir la décision d'activation comme un test pour le système judiciaire international lui-même. Des puissances qui embrassent l'état de droit pour les autres, mais qui préfèrent s'enfouir sous une cape d'impunité pour le crime le plus grave d'entre tous, pourraient bien êtres vus comme des hypocrites, ou pire. Celles qui sapent l'activation de la compétence de la Cour sur le crime d'agression ont sans aucun doute leurs raisons. D'aucuns pourraient suspecter que de lucratives ventes d'armes ou des alliances militaires politiquement intéressées influencent le processus de prise de décision des États non ratifiants.
Un compromis négocié est encore possible, mais les États non ratifiants cherchant des garanties pour protéger leurs dirigeants ont jusqu'à aujourd'hui traîné les pieds, non sans raison. Le temps passant, la tactique de l'attentisme leur octroie un avantage certain : ils ont juste à ne rien faire jusqu'à ce que le temps soit écoulé lors de la prochaine réunion de l'Assemblée des États parties. Ils pourront alors déclarer, autosatisfaits : "Nous avons essayé, vraiment, mais le temps nous a manqué." Ils n'ont rien d'autre à faire que de s'assurer qu'aucun accord sur le crime d'agression ne soit trouvé afin de parvenir au résultat qu'ils recherchent : une non-décision sur l'activation est une autre manière de garantir l'impunité de leurs chefs d'État pour le crime d'agression.
Les amendements de Kampala sont un appel du droit à l'humanité : ils font appel au soutien des personnes et des nations de bonne volonté pour aider à protéger l'humanité d'un monde plongé constamment dans le non-respect de la loi. La complaisance n'est guère différente de la complicité, et ceux qui croient en la règle de droit devraient faire entendre leur voix. Pour savoir comment contacter les gouvernements de certains États non ratifiants, voyez :
* * *
Par Donald M. Ferencz
Coordinateur du Global Institute for the Prevention of Aggression ; Chercheur associé au Centre for Criminology de la Faculté de droit de l'Université d'Oxford ; Professeur invité à la School of Law de l'Université du Middlesex, Londres. [Retour]


Note documentaire : Traduction vers le français à partir du texte original en anglais effectuée par Equipo Nizkor.





Más Información / Further Information:
Report on the facilitation on the activation of the jurisdiction
of the International Criminal Court over the crime of aggression. [ENG]
http://www.derechos.org/nizkor/aggression/doc/asp16agg1.html

Informe sobre la facilitación de la activación de la competencia
de la Corte Penal Internacional con respecto al crimen de agresión. [SPA]
http://www.derechos.org/nizkor/aggression/doc/asp16agg3.html

Rapport sur la facilitation du déclenchement de la compétence de
la Cour pénale internationale à l’égard du crime d’agression. [FRA]
http://www.derechos.org/nizkor/aggression/doc/asp16agg2.html

Ratification Status: Amendments on the crime of aggression to the
Rome Statute of the International Criminal Court
http://www.derechos.org/nizkor/aggression/doc/status.html

Aggression and illegal armed force from post WWI until today. [ENG]
http://www.derechos.org/nizkor/aggression/doc/cah2.html

Agresión y uso ilegal de la fuerza armada desde el final de la
Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. [SPA]
http://www.derechos.org/nizkor/aggression/doc/cah3.html

Le crime d'agression et le recours illégal à la force depuis
la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. [FRA]
http://www.derechos.org/nizkor/aggression/doc/cah4.html

The Nuremberg Legacy and the Crime of Aggression:
A Promise Betrayed or Merely Delayed?. [ENG]
http://www.derechos.org/nizkor/aggression/doc/donferencz1.html

El legado de Nuremberg y el crimen de agresión:
¿una promesa incumplida o simplemente demorada?. [SPA]
http://www.derechos.org/nizkor/aggression/doc/donferencz2.html

Héritage de Nuremberg et crime d'agression :
promesse non tenue ou simplement retardée ?. [FRA]
http://www.derechos.org/nizkor/aggression/doc/donferencz3.html

What future for the crime of aggression?. [ENG]
http://www.derechos.org/nizkor/aggression/doc/donferencz.html

Text of the Resolution on Crime of Aggression as Adopted
by the Review Conference of the Rome Statute. [ENG]
http://www.derechos.org/nizkor/icc/aggression1en.html

Illegal Armed Force as a Crime Against Humanity. [ENG]
http://www.derechos.org/nizkor/aggression/doc/bferencz7.html

El uso ilegal de la fuerza armada como crimen contra la humanidad. [SPA]
http://www.derechos.org/nizkor/aggression/doc/bferencz8.html

L'utilisation illégale de la force armée en tant que crime contre l'humanité. [FRA]
http://www.derechos.org/nizkor/aggression/doc/bferencz9.html

Conventional Prompt Global Strike and Long-Range Ballistic Missiles: Background and Issues. [ENG]
http://www.derechos.org/nizkor/aggression/doc/missiles.html

Defining International Aggression - The Search for World Peace.
A Documentary History and Analysis
By Benjamin B. Ferencz. [ENG]
http://www.derechos.org/peace/dia/index.html

Texto de la resolución sobre crimen de agresión
aprobada en la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma. [SPA]
http://www.derechos.org/nizkor/icc/aggression1es.html

Texte de la résolution sur le crime d'agression adoptée
à la Conférence de révision du Statut de Rome. [FRA]
http://www.derechos.org/nizkor/icc/aggression1fr.html

Rome Statute of the International Criminal Court. [ENG]
http://www.derechos.org/intlaw/doc/romestatute.html

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. [SPA]
http://www.derechos.org/intlaw/doc/estatutoroma.html

Statut de Rome de la Cour pénale internationale. [FRA]
http://www.derechos.org/intlaw/doc/statutrome.html





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jueves, 19 de octubre de 2017

Campaña: NO MÁS COMBUSTIBLES FÓSILES. CONSTRUYE 100% DE ENERGÍA LIBRE.

Amig@s,
Hoy 350.org comienza su proyecto global más ambicioso hasta la fecha.
Estamos expandiendo nuestra campaña global Cero Fósiles para aprovechar el enorme éxito de la desinversión.
Junto a centenares de miles de nuevas personas y grupos en todas partes, queremos que Cero Fósiles alimente al movimiento global de la gente común, usando el poder de las acciones locales para oponernos a todos los nuevos proyectos de combustibles fósiles y construir un mundo con un 100% de energía libre para tod@s.
Trabajaremos en comunidades de todo tipo para detener proyectos de carbón, petróleo y gas nuevos y ya existentes, y apoyar políticas que nos lleven inmediatamente a un 100% de energía libre que beneficie a tod@s.
Y empieza ahora. Comprométete a ser parte de este enorme esfuerzo global con nosotr@s.
Cada día, más y más de nosotr@s sentimos los devastadores efectos de tormentas cada vez más fuertes, sequías más profundas y abrasadoras olas de calor causadas por el cambio climático. Pero los políticos parecen estar haciendo la vista gorda, apoyando a la industria que destruye nuestros hogares. Los riesgos de no hacer nada, nunca han sido más tenebrosos, pero la oportunidad de cambio nunca ha sido más propicia.
Cero Fósiles es un proyecto para retomar nuestro poder trabajando en nuestras comunidades para construir una energía 100% libre para tod@s y detener todos los nuevos proyectos de carbón, petróleo y gas que están en construcción. Es algo así:
  • Son propietarios de tierras construyendo paneles solares y turbinas eólicas en el camino de los oleoductos -- e invitando a sus vecin@s y aliad@s a defenderlos con acciones masivas.
  • Son Guerreros Climáticos del Pacífico en pie para decir que no van a ahogarse, que van a luchar, y conectando su resistencia contra la industria global de los combustibles fósiles con las ancestrales y vitales tradiciones de sus islas.
  • Son comunidades en Ghana negándose a seguir el camino de la dependencia del carbón y eligiendo, en su lugar, un 100% de energía libre para sus hogares -- y después uniéndose a comunidades en todo el continente para liberar a África del carbón.
  • Son estudiantes y artistas rechazando subvenciones y becas de compañías petroleras, y trabajadores desinvirtiendo sus fondos de pensiones de los combustibles fósiles, para eliminar la licencia social que está llevando al planeta al borde del precipicio.
  • Son comunidades y municipios en todo el mundo, de Brasil y Argentina hasta Australia o Rumania, uniéndose para prohibir la fractura hidráulica.
Cero Fósiles somos tod@s nosotr@s, encontrando nuestro poder en nuestras comunidades locales, nuestras tradiciones y nuestras instituciones para acabar con el crecimiento del carbón, el petróleo y el gas, y construir en su lugar un 100% de energía libre para tod@s. Está ocurriendo en todo el planeta, y es el momento de dar un empujón a ese esfuerzo. Si quieres formar parte de todo esto, aquí es donde tienes que ir.
Estamos creando nuevas herramientas online para conectar, construir y contar historias de resiliencia. Está empezando ahora. Este es el plan para los próximos meses:
  1. Una carrera hacia las negociaciones climáticas. Antes de la próxima ronda de negociaciones climáticas en Bonn este noviembre, vamos a hacer públicas nuestras exigencias: que no haya nuevos proyectos de combustibles fósiles y sí una transición inmediata hacia un 100% de energía libre para tod@s. Si los países pretenden implementar el Acuerdo de París, eso significa que tienen que dejar los combustibles fósiles bajo tierra. Añade tu apoyo aquí.
  2. Prepararnos para el nuevo año. Después de las negociaciones, nos reabasteceremos y nos concentraremos en construir nuevas herramientas que puedan servirnos para campañas en todo el mundo para acabar con nuevos proyectos de carbón, petróleo y gas, cortar los flujos de capital a los combustibles fósiles y construir el futuro 100% renovable que necesitamos.
  3. Hacer del 2018 un año histórico. Con tu ayuda y decenas de miles de nuevas personas y grupos a bordo, a comienzos de 2018 haremos pública la nueva campaña Cero Fósiles. Nos comprometeremos a apoyar concentraciones, sesiones formativas y preparaciones locales para una nueva ola de acción local en todo 2018, al tiempo que avanzamos hacia una acción global a gran escala en septiembre de 2018.
Vamos a tener que actuar tod@s junt@s, compartiendo todo lo que sabemos, para ganar. Únete a nosotr@s hoy.
Espero con impaciencia ver lo que podemos hacer junt@s,
May

350.org esta construyendo un movimiento internacional para solucionar la crisis climática. Únete a nosotros en Facebook y Twitter, y suscríbete para recibir alertas de correo. Puedes ayudar a fortalecer nuestro trabajo involucrándote localmente y haciendo una donación aquí.
¿Qué es 350? Visita nuestra página web para aprender más sobre la ciencia que hay tras el movimiento.

jueves, 5 de octubre de 2017

Ada Colau Ballano, análisis de los hechos

"Nos han pegado. Nos han hecho daño. Necesitamos vuestro apoyo"

Ada Colau Ballano

El Gobierno del PP insiste en su gran mentira. Siguen negando lo que es evidente para la prensa internacional y para todo el que haya visto las imágenes de las cargas policiales del 1 de octubre en Catalunya: que hubo violencia, brutalidad, ensañamiento. 

Hace mucho tiempo que la derecha española ha creado una imagen falsa y distorsionada de lo que pasa en Catalunya. Hablan de totalitarismo, de convivencia rota, de una población amedrentada por violentos “separatistas”. Ni siquiera las palabras que utilizan son neutras. “Sediciosos” ,“separatistas”, no son términos descriptivos sino cargados de un imaginario perverso. Se empieza deshumanizando al otro a través de las palabras… y se acaba ordenando que aporreen a ancianas en la puerta de las escuelas, y llamando a eso “profesionalidad”, “proporcionalidad”, “defensa de la democracia”.

Cuando hay dos versiones tan diferentes para explicar la realidad, lo mejor es analizar los hechos.
Es un hecho que el 1 de octubre hubo 844 personas heridas. Una de ellas ha recibido un fuerte impacto en el ojo y quizás pierda la visión… ¿proporcionalidad? ¿Qué es proporcional a un ojo? ¿Qué es proporcional a empujar a una mujer por las escaleras? ¿A agarrar a ancianas por los pelos? ¿Al miedo que sintieron y sienten los niños al ver sus escuelas destrozadas?

Yo no soy independentista, no comparto la vía unilateral. Lo he dicho muchas veces y lo repito. Soy muy crítica con el gobierno de Puigdemont y no me gusta cómo se han hecho las cosas. Pero hay algo que está por encima de lo que opinemos unos u otros y que debería unirnos a todos los que creemos y defendemos los derechos, las libertades y la democracia: el uso de la violencia de estado contra población pacífica es inadmisible.

Hoy el portavoz del gobierno llamaba “nazis” a los catalanes y catalanas que se manifiestan contra la represión policial. De nuevo las palabras… ¿nazi? ¿Es consciente el señor Hernando de lo que hicieron los nazis? ¿Se manifestaron los nazis pacíficamente durante años para reclamar el derecho a votar? ¿Defendieron las familias nazis las escuelas mientras cientos de policías los aporreaban? ¿En serio son “nazis” miles de ancianos, mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas que hoy llenan las calles cantando “Somos gente de paz”? Usar la palabra “nazi” con esa frivolidad es un insulto a las víctimas del nazismo y debería darle vergüenza. 

Si esto que escribo consigue atravesar barreras informativas, si lo leen todas aquellas personas fuera de Catalunya que quieren saber qué pasa, os pediría, por favor, que intentéis analizar este conflicto sin prejuicios, que os atreváis a cuestionar lo que nos están diciendo los portavoces del gobierno. Lo que están negando o, aún peor, justificando. 

Nos encontramos ante una crisis de estado sin precedentes y me preocupa el bloqueo total de las relaciones entre los gobiernos catalán y español. Pero lo realmente triste sería que se acabaran rompiendo los lazos de fraternidad y de cariño que nos unen por abajo, a las personas. No lo podemos permitir.

Nos han pegado. Nos han hecho daño. No será fácil olvidar eso. Necesitamos vuestro apoyo. 
Lo que ha ocurrido vulnera derechos y libertades fundamentales de todos: catalanes, españoles, europeos... hoy es Catalunya, mañana puede ser en cualquier otro sitio si lo normalizamos y queda impune. Si lo justificamos, estamos perdidos. Perdemos todos. Pierde la Democracia. 
Nuestros padres, madres, abuelos y abuelas que lucharon juntos por conquistarla, no nos lo perdonarían. 

Por ellos y ellas, por su legado, juntémonos para salvar la democracia, para echar a quien ha ordenado este despropósito y es incapaz de encontrar una solución política y pacífica. Quien tiene responsabilidad de estado debe escuchar, respetar a la población, hacer propuestas en positivo y ofrecer alternativas. Jamás reprimir a población indefensa.


domingo, 24 de septiembre de 2017

Declaración COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA

Comisión Ética Contra la Tortura exige abrogación de ley que clasifica como secreto por 50 años los archivos Valech e impide la acción de la Justicia
Ante el anuncio de levantar el secreto por 50 años y entregar a los Tribunales de Justicia los testimonios recabados por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura conocida como Comisión Valech, que funcionó en Chile entre noviembre del año 2003 y noviembre del año 2004, la Comisión Ética Contra la Tortura declara lo siguiente:
La Ley 19.992 del 24 de diciembre de 2004, aprobada por el parlamento en tiempo récord y promulgada por el Presidente Ricardo Lagos Escobar, en su Artículo 15 estableció 50 años de secreto sobre los antecedentes entregados por las y los sobrevivientes de tortura, ante la Comisión Valech. En concreto decretó que “Son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (…) "El secreto establecido en el inciso anterior se mantendrá durante el plazo de 50 años" y "mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo".
Declaramos hoy como ayer que esta es una disposición aberrante que viola flagrantemente la propia Constitución dictatorial, las leyes y los tratados internacionales de los que Chile es Estado Parte. Basta recordar que esta disposición fue cuestionada en su momento por varios ministros de Corte y por el conjunto de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Con esa ley, la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura procedió exactamente al revés de la Comisión Rettig que al conocer los delitos de ejecución y desaparición forzada de personas envió a los tribunales de Justicia todos los antecedentes recogidos para que se iniciaran las investigaciones correspondientes.
Hace 13 años fue aprobada esta ley y desde igual tiempo estamos solicitando al Gobierno y al Congreso, su abrogación y el levantamiento del secreto sobre la documentación y demás antecedentes que acompañaron la presentación de las y los sobrevivientes de tortura, con los que la Comisión de Prisión Política y Tortura procedió a formarse la convicción y, por tanto, a reconocer y calificar de acuerdo al marco legal de trabajo de esa comisión de Verdad que 28.459 personas habían sido torturadas por agentes del Estado de Chile, utilizando para ello más 1.200 centros de tortura y exterminio.
Somos enfáticos al señalar que el Gobierno de Lagos no aseguró el secreto sobre los nombres de las víctimas. De hecho, el nombre completo de las y los sobrevivientes de tortura y su RUT fueron publicados en documentos oficiales sin que nadie fuese consultado al respecto.
El Presidente Lagos con la Ley 19.992 aseguró el secreto sobre los datos de los agentes perpetradores del Estado. Agentes, que en numerosos medios de prueba aportadas por las víctimas aparecían firmando con su nombre completo, grado, función y timbre que los prisioneros se encontraban en tal o cual campo de concentración bajo su cargo, en condición de prisioneros de guerra, comúnmente secuestrados en prisiones secretas (supervisadas por una Secretaria Nacional de Detenidos dependiente del Coronel jefe de la DINA Manuel Contreras y del personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros), personas recluidas en campos de concentración, sin orden de ningún tribunal de la República, expuestos a un futuro incierto, castigados, incomunicados de sus familias, vulnerados en su integridad física y psíquica. Antes de la amnistía de 1978 muchos prisioneros fueron sentenciados por Consejos de Guerra, otros, ejecutados sumariamente y otros hechos desaparecer. Luego, A fines de los años ‘70, comienzos de los ‘80, los opositores eran detenidos por agentes de la policía política (CNI) y requeridos por el Ministerio del Interior: en esa época firmaban las órdenes de detención el Subsecretario de Interior Enrique Montero Marx y el titular de la Cartera el civil Sergio Fernández, y por otros más Ministros del Interior en la dictadura cívico – militar. Por lo tanto, en el Informe están los antecedentes de los mandantes y de
los ejecutores y las estructuras de la policía política que sembró el terror y la muerte en nuestro país desde el mismo 1973 hasta marzo de 1990.
Con el Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, el país conoció en su real dimensión los alcances del Terrorismo de Estado. El Gobierno de Lagos y los parlamentarios de la época tomaron conocimiento de hechos que eran constitutivos de delitos y legislaron para impedir que los Tribunales de Justicia en tanto otro Poder del Estado, investigara el crimen de tortura que había sido masiva, permanente y sistemáticamente aplicado. Chile estaba frente a delitos de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables, y cuyas secuelas son no sólo individuales, sino también colectivas y aún pesan sobre el tejido social.
Hasta la fecha, las personas calificadas como ex presos y torturados por Comisiones de Verdad ascienden a un total de 38.254 personas. Este número tan alto de víctimas sobrevivientes no considera los casos de tortura que fue aplicada in situ en las poblaciones y en los allanamientos; en los campos y en zonas apartadas donde las personas fueron brutalmente torturadas sin llegar a ser prisioneras; tampoco considera la tortura realizada a los extranjeros que se encontraban en Chile; ni a los chilenos torturados en el extranjero como, por ejemplo, en el Plan Cóndor; los niños y niñas que fueron secuestrados para que sus padres se entregaran; tampoco consideraba a los niños y niñas nacidas en prisión y cuyas madres fueron torturadas durante la gestación ni menos a los ex prisioneros fallecidos, que silenciaron esa experiencia, antes del funcionamiento de los registros en estas comisiones.
Hoy, más de un centenar de ex agentes violadores a los derechos humanos se encuentran condenados y recluidos en Punto Peuco. Otros cuantos han sido procesados y condenados a penas irrisorias ante la magnitud de los crímenes cometidos. Hay una parte de agentes que están en libertad gozando de las medidas de prescripción sin pagar su deuda con la sociedad. Todos ellos, sin excepción hacen uso irregular de recursos del Estado. Algunos se han jubilado por estrés post traumático, es decir, tienen secuelas de la tortura que aplicaron a los ex prisioneros/prisioneras. Es el estrés causado por los asesinatos cometidos y el ocultamiento de la Verdad para evitar la Justicia y gozar de plena impunidad.
El Ministro de Defensa José Antonio Gomez señaló en agosto pasado, ante la Comisión de Defensa del Parlamento, que 5.900 efectivos en retiro perciben, además de su pensión, las pensiones llamadas de inutilidad de segunda clase, es decir, por estrés post traumático. Contrario a ello, las y los sobrevivientes siguen luchando por obtener una Reparación material digna y justa dado que el presidente Lagos determinó que la pensión para los sobrevivientes de tortura no fuese semejante a la que perciben los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados, tal como fue propuesta por la propia Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura.
Queremos señalar que las graves violaciones a los derechos humanos alcanzaron en Chile a 41.467 personas entre desaparecidos, ejecutados y presos sobrevivientes; y los juicios hasta ahora realizados abarcan un 2,65% del total de víctimas. Este es el resultado de la Justicia en la medida de lo posible. Entonces, debemos decir que hay pacto de silencio y que todos los poderes del Estado han actuado en favor de los perpetradores. Que la impunidad se ha visto favorecida con leyes que convierten la información pública en secreto.
El no castigo a los graves crímenes cometidos ha generado una cultura de impunidad que produce nuevas impunidades. Ya no sólo se trata de impunidad a la tortura y a la muerte, sino el no castigo a los delitos económicos cometidos por militares y policías; la no justicia a la corrupción, colusión, elusión y evasión que realizan los poderes económicos; la no legitimidad de leyes que se aprueban en un parlamento capturado por el empresariado, en un sistema político corrupto que transgrede día a día los derechos de las personas.
Impunidad que se asocia a la pérdida de memoria y que insulta el clamor de justicia tildándolo de venganza. Impunidad que consagra una justicia aplicada a destiempo, a veces con tardanza de más de 40 años, con condenas que no dicen relación con los delitos cometidos y que tampoco puede mostrar la igualdad ante la ley de criminales de lesa humanidad y delincuentes.
Decimos basta y tal como ayer reclamamos por VERDAD, JUSTICIA y REPARACION INTEGRAL para los sobrevivientes de tortura.
Juicio y castigo a los criminales y que de una vez por todas rompan los pactos de silencio, las leyes que consagran impunidad y nos DIGAN DONDE ESTÁN LOS DESAPARECIDOS y asuman como soldados que dicen que son sus responsabilidades ante los atroces crímenes que cometieron.
COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA
Santiago, Septiembre de 2017

COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA
16 años luchando contra el crimen de la tortura
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La Comisión Ética contra la Tortura adhiere al movimiento
DECLARAMOS ILEGAL LA POBREZA,
forma de tortura permanente que ataca a miles de seres humanos

viernes, 2 de junio de 2017

Por la paz y contra la guerra: Llamado para 24 horas de acción en solidaridad feminista en todo el mundo Marcha Mundial de las Mujeres

Minga Informativa de Movimientos Sociales
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Por la paz y contra la guerra:
Llamado para 24 horas de acción en solidaridad feminista en todo el mundo 
Marcha Mundial de las Mujeres


El sábado 3 de junio, de 12:00 a 13:00h, únete a nosotras en una acción solidaria por la paz en todo el mundo. Puedes manifestarte, escribir un mensaje… o solo sacar una foto o grabar un vídeo y colgarlo en nuestro facebook https://www.facebook.com/marchemondialedesfemmes/y enviárnoslo al correo electrónico: info@marchemondiale.org
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Ser mujer es vivir constantemente en un periodo de guerra. Repetimos esta frase durante nuestra Cuarta Acción Internacional en 2015 al explicar el contexto en el que vivimos las mujeres en nuestros hogares, comunidades y territorios. Durante nuestro X Encuentro Internacional en Maputo, que se celebró en octubre de 2016, existió consenso sobre que la violencia y el terrorismo se están extendiendo en el mundo a pasos agigantados. La ofensiva conservadora y la militarización de la vida cotidiana de las mujeres han pasado a ser una tendencia habitual en todos lados.

De norte a sur, de este a oeste, las mujeres sufren los efectos y las consecuencias de la ocupación territorial por parte de los regímenes imperialistas coloniales, que subyuga los pueblos en condiciones infrahumanas y a través de asesinatos y encarcelamientos traumáticos mientras el resto del mundo contempla en silencio. Esto es una guerra.

Estamos siendo testigas de la subida de los gobiernos de extrema derecha y populistas de derecha en muchos países del globo, que imponen un retroceso en los derechos conquistados durante muchas décadas gracias a luchas populares por la justicia, la libertad y la igualdad. Por un lado, incitan a la intolerancia, el odio y la guerra contra minorías, migrantes, negras, indígenas y personas disidentes. Por otro, estos gobiernos están forzando la entrada de unas agendas neoliberales mucho más radicales que defienden los intereses de corporaciones transnacionales que han apoyado sus campañas electorales.

Nos enfrentamos a nuevas formas de colonialismo, donde esos gobiernos, en connivencia con Corporaciones Transnacionales (TNC), invaden naciones en África, Asia y América Latina aduciendo inversiones directas y cooperación al desarrollo. Manipulan a gobiernos nacionales cuyas elecciones han financiado a través de mecanismos de ayuda y bajo el paraguas de los Tratados de Libre Comercio y políticas neoliberales. Acaparan tierras; despoja y desplaza familias y comunidades enteras de su forma de ganarse la vida y de todos los recursos naturales que son esenciales para la vida. En estos contextos, las comunidades tienen que soportar extrema pobreza, violencia y miedo sobre su presente y futuro. Las mujeres lo pagan caro mientras luchan para asegurar medios de supervivencia para sus familias, son explotadas en trabajos no remunerados y muchas veces acaban en prostitución, matrimonios tempranos y forzosos con un futuro embargado.

La militarización de nuestras vidas cotidianas ha pasado a ser habitual en todo el mundo. Las superpotencias producen armamento y se lo venden a países donde poseen intereses económicos sólidos. Las naciones africanas son sus mercados preferidos, en particular los países de África Occidental y otros países como República Centroafricana, la República Democrática del Congo, y Mozambique. Fomentan la deuda al proveer armas a los gobiernos nacionales y grupos rebeldes, que a su vez siembran guerras civiles y ataques terroristas en todo el territorio.

Mientras los pueblos luchan entre ellos, las TNC intensifican sus operaciones extractivistas y recuperan el poco dinero que pagan como impuestos en forma de pagos de deuda. En este contexto, los gobiernos nacionales carecen de capacidad para ofrecer servicios básicos, como sanidad, educación, agua y saneamiento, vivienda, transporte público; no queda espacio para el proceso de construcción de instituciones democráticas. Aumentan la violación de los derechos de las mujeres y crímenes generales cuando los sistemas judiciales solo defienden y protegen los intereses de élites políticas y la impunidad de las TNC. Esto es una forma de guerra.

Democracia ha sido denostada y no ha conseguido que se celebren unas elecciones justas, manteniendo gobiernos dictatoriales en el poder durante muchos años. Los derechos constitucionales y las leyes se manipulan y cambian conforme a los intereses de unas élites minoritarias. Hemos sido testigas de detenciones y asesinatos de activistas políticas y del cierre de sus organizaciones en Turquía, Burundi y en muchas otras partes del mundo. Las instituciones regionales y mundiales no han conseguido mediar en los conflictos ni fomentar la rendición de cuentas. En lugar de eso, siguen legitimando esas dictaduras.

Miles de personas se ven forzadas a migrar. Vivimos un periodo histórico de movilidad de las personas en busca de un lugar donde salven la vida y la vida de sus familias. África es el continente que recibe mayor número de migrantes: niños, mujeres y hombres de zonas rurales a urbanas, y de un país a otro.

Miles de migrantes de África y Oriente Medio mueren en el mar Mediterráneo intentando llegar a Europa para salvar la vida, intentando escapar de toda la brutalidad que causan las guerras, el hambre y las persecuciones provocadas por las mismas fuerzas capitalistas que se han mencionado antes. Las migrantes viven en unas condiciones muy vulnerables y se enfrentan a todas las formas de discriminación: no se les reconoce la ciudadanía, no tienen acceso a empleos, no pueden vivir con sus familias, están expuestas a la hambruna, a enfermedades y a muchas otras cosas. Las personas migrantes son seres humanos con conocimientos, cultura, valores y tienen un papel que desempeñar en el proceso de construir un mundo mejor para todas.

Nosotras, militantes de la Marcha Mundial de las Mujeres, hacemos un llamado a todas las activistas, compañeras y aliadas de todo el mundo para que se unan a nosotras en una acción solidaria por la paz el sábado 3 de junio, de 12:00 a 13:00h. Colgad vuestros mensajes o vuestras fotos en nuestra página de Facebook:


Comparte tus mensajes/ demandas en solidaridad por la paz, contra la guerra, por los derechos de las migrantes, por mujeres que viven en territorios ocupados, por los pueblos afectados por las TNCs…

¡Seguiremos en Marcha hasta que todas seamos libres!





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Minga Informativa de Movimientos Sociales
http://movimientos.org/