A partir de ahora CAPIO (España) ya no se llamará CAPIO, sino IDC Salud

Nos ha llegado la siguiente información:

A partir de ahora CAPIO (España) ya no se llamará CAPIO, sino IDC Salud (Ibérica de Diagnóstico y Cirugía).

La empresa de gestión de hospitales Capio cambia su nombre por IDC Salud (Elena García Sevillano, El País, 11-IV-2013)

Conviene publicitarlo no vaya a ser que los más despistados y, sobre todo los más “interesadamente biempensantes”, nos quieran confundir afirmando que, al fin y al cabo, en los próximos episodios del "saqueo", no le han adjudicado ningún nuevo contrato a CAPIO.

CAPIO (España) ahora bajo la denominación IDC Salud-  sigue siendo titular del boyante y cuasi delictivo negocio de la Fundación Jiménez Díaz (“la Concha”),  del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y del Hospital Infanta Elena de Valdemoro, además de la ilegal ocupación (sin pagar) de los inmuebles de algunos Centros de Salud como Pontones y (creo) Quintana.

También es titular del Hospital (nunca inaugurado) de Collado-Villalba que, aunque a día de hoy no ha recetado ni siquiera una aspirina nos cuesta de momento 30.000 Euros diarios.

IDC es el mismo perro al que le han cambiado la etiqueta del collar.

Que se sepa.

Saludos.

Al parecer este cambio de denominación viene obligado por la exigencia de CAPIO (la de verdad) que no quiere permitir que se siga usando su nombre por parte de un chiringuito financiero-político (disfrazado de empresa de importación-exportación de regales) de propietarios desconocidos y emboscados en un paraíso fiscal (islas Caimán) al que, cada día que pasa, se le descubre una nueva irregularidad.

¿Quién es Capio? (11-I-2013)

¿Es Capio (España) una tapadera de algunos políticos españoles? (8-III-2013)

Muchos directores de los institutos públicos madrileños dimitirán en bloque el 18 de noviembre si Figar no dimite

    El próximo martes, 15 de noviembre, los directores de los institutos públicos madrileños van a hacer una entrega colectiva en las cinco Áreas Territoriales de los ROC, documento en el que se incluyen los horarios de los profesores y que van a ir firmados con un “no conforme”. Estos horarios, que son provisionales hasta que los apruebe el Director de Área Territorial, ya están dando lugar a innumerables reclamaciones.

Además, un grupo numeroso de directores viene planteando desde que comenzaron las huelgas su intención de sumarse, situación que es posible tras las consultas que han realizado. La última medida propuesta por algunos directores es la de dar un ultimátum a la Consejería: si el día 17 de noviembre no se ha reunido la mesa sectorial, el 18 presentarán la dimisión en bloque directores, equipos directivos y todos los cargos con el apoyo de los claustros y de los consejos escolares. La reivindicación es: retirada de las Instrucciones, dimisión de la Consejera y convocatoria de la mesa sectorial.

Como es conocido, el Gobierno regional del PP de Esperanza Aguirre mandó a los directores unas instrucciones para organizar el curso con una reducción del profesorado en un 10% y un incremento de horas lectivas del profesorado. Las instrucciones afectaban a elementos principales de la organización de los centros como son las horas complementarias, las tutorías o la asignación de materias afines. El resultado ha sido la desorganización del comienzo de curso que se salta los proyectos de los directores, los proyectos de los centros y les obliga a los jefes de estudio a hacer unos horarios fuera de la ley.

Los directores de institutos, desde su asociación ADIMAD, pidieron la retirada de las Instrucciones de principio de curso y la dimisión de Lucía Figar, lo que dio pie a amenazas de Esperanza Aguirre y Lucía Figar contra directores que denunciaban irregularidades. Además, Lucía Figar se ha negado a reunirse con ADIMAD.

La Comunidad de Madrid impide un festival de hip hop a favor de la educación pública

Los profesores ven esta acción como un ejemplo claro de censura y dentro de la política de presión de la Comunidad de Madrid

 

España | Tercera Información | 02-10-2011 |

El viernes 30 de septiembre era el día señalado para que tuviera lugar un concierto de hip hop en Alcalá de Henares (en el que estaba previsto las actuaciones de entre otros Radien, Chakal, Rime, Solitario de mentes, etc..) en beneficio de una educación pública frente a los recortes que está perpetrando la Comunidad de Madrid en dicha esfera.

El evento fue consensuada entre el propio alumnado, que hizo todo el trabajo de promoción y de contacto con las bandas, y la Asociación de Profesores de Alcalá, lo que llevó al apoyo de la comunidad educativa del IES Ignacio Ellacuría que ofreció sus instalaciones para la celebración. 

El problema surgió cuando el centro educativo recibió orden expresa de La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección de Área Territorial Este, para que no cediera las instalaciones para tal evento. Dicha denegación fue comunicada a última hora a los sindicatos UGT y CCOO que han mostrado su apoyo a los convocantes.

La Asamblea de Profesores de Alcalá por medio de un comunicado han calificado la medida de “gravísima y atentatoria contra los principios democráticos más elementales y los derechos de toda la Comunidad Educativa, se suma a otras no menos graves, pero más sutiles, de amenazas y presiones a los directores de los centros para que se retiren las pancartas y los carteles informativos de los mismos o para que se impidan las actividades relacionadas con cualquier crítica al Gobierno o a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid".

Ahora queda buscar un día y lugar alternativo que según han comunicado los convocantes con una probabilidad del 90%, el festival se celebrará en la Pista Florida o la Plaza de la Juventud el día 7 de octubre. El cambio de fecha hace que se caigan Rayden y Chakal pero, en cambio, ya han confirmado su presencia Bako, Thot Shou y, tal vez, Duo Kie. En breve se sabrá si el Chojin y El Langui pueden acudir o no.

El grupo de Economía Sol convoca una manifestación contra esta reforma de la Constitución

26 agosto, 2011

“No a esta reforma de la Constitución, ni un paso atrás”. Es el lema consensuado en la asamblea extraordinaria del grupo de Economía de Sol que ha convocado una manifestación este domingo 28 en contra de la reforma de la Constitución. La marcha saldrá a las 18 horas de Atocha y se dirigirá a la Puerta del Sol, donde tendrá lugar a partir de las 20h la Asamblea General de Sol.

En este encuentro también se ha debatido una postura común frente a la reforma y se han planteado estrategias y más acciones de protesta, como una jornada ‘de lucha’el viernes 2 de septiembre(día en que el Congreso vota la propuesta de reforma de la Carta Magna) en la que todas las personas están invitadas a participar. También que los grupos de trabajo elaboren propuestas de acción concretas durante los próximos días.

Asamblea extraordinaria de Economía Sol. Foto: Cebotwit

Participantes del grupo de Economía han expuesto que limitar el gasto y la deuda pública, “lejos de sacarnos de la crisis, nos va a hundir“. “No permite aumentar el consumo ni generar riqueza”, han añadido.
Bajo esta premisa ha continuado una asamblea en la que han participado unas 600 personas. El GT de Economía ha explicado que en los últimos años se han privatizado más de 100 empresas públicas, lo que quiere decir que ha desaparecido una importante fuente de ingresos del estado. El paro también ha contribuido a empeorar la situación.

“En España había superávit antes de la crisis provocada por la burbuja inmobiliaria. Con la crisis se han recortado los derechos sociales y se han reducido los ingresos. Al Estado solo le quedaba la vía de emitir deuda”, han contado, “los bancos y las aseguradoras han prestado dinero y están exigiendo a los ciudadanos y ciudadanas que paguemos la crisis”.

Así, han señalado que la deuda pública española ronda el 70%, lejos del 200% de Japón y del 80% de la deuda de Francia o Alemania. “Nos piden medidas de austeridad en nuestro estado del bienestar y la deuda pública no es el problema”. En ese sentido, Economía ha resaltado que destinar presupuesto a sanidad, educación y a los servicios públicos es una inversión, no un gasto, y que algunas medidas que puede tomar el Estado es subir los impuestos de las grandes fortunas, luchar contra el fraude, acabar con los paraísos fiscales y la corrupción y luchar contra el 20% de paro.

¿Cómo se han atrevido a plantear una reforma constitucional?
Es la pregunta de uno de los participantes, que ha iniciado el debate después de la intervención de Economía. La propuesta de reforma constitucional atenta, en su opinión, contra el artículo 1 de la Constitución, que dicta que España se constituye en un Estado de derecho. “Todos contribuimos al sistema tributario según principios de igualdad y progresividad, pero le falta un principio: el sistema tributario tiene que ser suficiente para que funcione el estado social“.

En esa línea, en otra intervención han llamado la atención sobre que los recortes “no son a partir de 2020, sino que se van a empezar a aplicar ya”. Según ha estimado el grupo de Política de la Asamblea de Alcorcón, el recorte será de más de 70.000 millones de euros al año (equivalente a un 7% del PIB)
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Contra una reforma de urgencia
Precisamente esta madrugada PP y PSOE, después de 24 horas de negociación, han acordado la reforma que limita el déficit público. “¿Por qué no un acuerdo rápido para reformar ley electoral?“, se ha preguntado un participante, quien ha destacado que el Movimiento 15M pide democracia participativa, y esta reforma “empeora situación democrática”. “Habría que plantear a los ciudadanos dónde queremos recortar, como en el gasto militar o en los rescates a los bancos”.

“Estamos ante una crisis de legitimidad de los representantes. El Parlamento no cuenta con legitimidad para llevar adelante esta reforma, no es lo mismo la legalidad que la legitimidad”, ha reivindicado otra persona.

TRIBUNA: JESÚS MOTA La política del sonajero

Las recetas económicas que se adivinan tras el discurso del PP recuperan el fraude místico de estimular el crecimiento con rebajas fiscales. Con tales pócimas, el país corre el riesgo de una nueva burbuja inmobiliaria 

JESÚS MOTA 23/08/2011 

Los dirigentes del Partido Popular (PP), procedentes en gran número de sectas católicas de extrema derecha y de la burbuja del ladrillo, ya echan cuentas de las prebendas públicas a su alcance cuando gobierne Mariano Rajoy, ese intelecto aristocrático que se autodestruye cuando entra en contacto con la realidad. El retorno al Gobierno del PP es un acontecimiento que entusiasma a sus afiliados, pero no deja de provocar escalofríos a quien recuerde la gestión de la economía durante los dos mandatos de José María Aznar y eche un vistazo a las fatuas propuestas económicas de Mariano Rajoy. Aznar, soplado con vanidades de estadista, infló una burbuja inmobiliaria que fundamentó el crecimiento en la mano de obra barata hasta que estalló y se llevó por delante más de dos millones de empleos; desmanteló la estructura fiscal del Estado, reduciendo impuestos al buen tuntún solo por creer a pie juntillas en los prospectos de propaganda económica de la extrema derecha de Reagan y Thatcher; oscureció o mutiló estadísticas; privatizó de boquilla empresas públicas con el resultado de que la gestión privada ha degradado sus resultados y cotizaciones respecto de las empresas públicas originales; y dejó para las generaciones venideras otros cadáveres en descomposición, como Aves trazados sobre socavones o arenas movedizas, autopistas radiales en curso de quiebra por los cálculos chapuceros de sus impulsores y un mercado eléctrico en situación de déficit crónico.

Es de temer que el retorno del PP al Gobierno de la nación traiga nuevas raciones de economía vudú y misticismo de garrafón, tipo "el milagro económico soy yo", frase inmortal de José María Aznar para describir una tendencia a la recuperación económica que se explicaba mejor por el descenso de los tipos de interés en España (que él no decidió) y por la relajada política monetaria primigenia en la zona euro. Hay signos ominosos que confirman la vuelta de este tipo de curanderismo económico que tanto gusta a la extrema derecha (en versión republicano estadounidense o en la modalidad thatcherista continental). El primero de estos estigmas es la creencia de que, con solo su presencia en el Gobierno, el santero Rajoy y sus ayudantes expulsarán los demonios del paro y las empresas volverán a crear cientos de miles de empleos. "Cuando gobierna el PSOE, sube el paro; cuando gobierna el PP sube el empleo, y eso volverá a pasar", proclama Rajoy como el que enuncia de carrerilla el principio de Arquímedes. Igual que los súbditos del rey de Francia creían que el roce del manto del monarca curaba las escrófulas, Rajoy sostiene que su aura presidencial acabará con el crash financiero mundial. Los mistagogos populares canturrean por toda España el gorigori "lo hicimos (en 1996) y lo volveremos a hacer".

Aunque no lo proclaman con claridad, se conoce el ungüento que aplicarán para "volver a hacerlo". Los brujos de Génova volverán a La Moncloa con la martingala favorita de la economía vudú: las rebajas de impuestos no solo multiplican la recaudación; también impulsan la actividad económica y crean empleo. Apoyados en las curvas de Laffer y demás cacharrería neoliberal de los ochenta, hoy mandada retirar, el PP destruyó gran parte del tejido fiscal durante sus ocho años de Gobierno; con los mismos artilugios y redomas, los nuevos milagreros, como Cospedal en Castilla-La Mancha o Aguirre en Madrid pretenden crear empleo; y los mismos tenderetes se abrirán en los ministerios económicos del predicador silbante Rajoy (si gana las elecciones). Una vez aplicada la poción mágica de Panoramix, los puestos de trabajo florecerán como setas después de la lluvia.

Véase una prueba práctica del modelo de santería económica que gusta entre los linces económicos del PP. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado públicamente su intención (por cierto, delante del constructor Florentino Pérez) de sacar a subasta suelo público industrial para que se instalen nuevas empresas en la región. "La idea es eliminar las cargas del suelo, para abaratar la urbanización. No queremos hacer negocio con esto". Cierto, la Administración madrileña no hará negocio con su suelo industrial (más de ocho millones de metros cuadrados); lo harán quienes lo compren a bajo precio, sin que exista garantía alguna del destino de ese suelo. Rajoy camina por la misma senda. En la campaña electoral de las autonómicas, anunció que rebajará el impuesto de sociedades del 30% al 20% y el IVA para el sector turístico. "El país no está para bromas", dijo sin asomo de ironía. ¿Y no es una broma bajar un impuesto cuyo tipo efectivo de cotización apenas llega al 10%?

Pero tanto la enfática declaración ("sabemos lo que hay que hacer") que el portavoz González Pons suele declamar con el tono monocorde del abducido por una secta destructiva, como la pócima milagrosa con la que pretenden hacerlo, son un fraude. El PP no dispone de una política económica más efectiva que la actual. La política económica pactada con Bruselas consiste en la fijación de un objetivo fundamental (un plan de reducción del déficit hasta el 3% en 2013) y la definición de los instrumentos para conseguir ese objetivo (reducción del gasto público estatal y autonómico, quizá aumentos de impuestos, reforma para recapitalizar las entidades financieras). El vudú fiscal del PP es contradictorio con las exigencias de esa política económica obligada por la solvencia exterior de España. No existen resortes fiscales eficaces para recuperar la actividad, se vistan con el ropaje verbal de "rebaja selectiva" de impuestos para las pequeñas y medianas empresas o como una reducción de otros tributos, sean IVA o renta. Un análisis de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) explicaba que el coste recaudatorio de las rebajas en el IRPF necesarias para impulsar el crecimiento hasta el 2,5% del PIB (el umbral aproximado para crear empleo neto) tendría un coste recaudatorio de unos 25.000 millones. Ningún Gobierno en su sano juicio osaría reducir los ingresos del Estado; y menos de esa intensidad.

Los supuestos estímulos a través de otros impuestos resultarían igualmente delirantes. Las rebajas del impuesto sobre sociedades carecen de efectos reales sobre las decisiones de los empresarios. Y si el as que se guarda Rajoy bajo la manga es una recuperación de la deducción fiscal por la compra de vivienda, que se sepa que con una decisión tan errónea estaría inflando una nueva burbuja inmobiliaria y la economía española quedaría condenada durante otro lustro al menos a crecer sobre la mano de obra barata. El país debería renunciar a un patrón de crecimiento industrial o tecnológico y volver al ladrillo querido por los especuladores y corruptos en las Administraciones locales y autonómicas.

Con estas intenciones de partida, un Gobierno del PP (si gana las elecciones) estará obligado a practicar una divertida esquizofrenia política. La cara real de la política económica será similar a la actual. Pero, para explicar la distancia sideral entre los decepcionantes resultados de los elixires mágicos que generan "confianza y empleo", y la descarnada realidad de un 2012 con bajo crecimiento y una tasa de paro que se resistirá a bajar, los santeros de Génova disponen de otras dos recetas fraudulentas: la "herencia recibida", que ya adelantan "será la peor de la democracia" (bellaco eslogan viniendo de quien viene) y lo que podríamos denominar, siguiendo la definición de la prosa estomagante de Francisco Umbral hecha por Juan Marsé, política del sonajero. Igual que se distrae a los niños con el sonsonete del sonajero, con luces de colores y chucherías, el PP entretendrá a la ciudadanía con grandes aspavientos ministeriales y la glosa permanente de las disposiciones milagrosas mencionadas. Se aprobarán "paquetes económicos definitivos", con liberalizaciones de papel y estímulos de cartón piedra como los mencionados, muy sonoros, pero ineficaces. Proliferarán las declaraciones de (falsa) austeridad y se anunciarán recortes triviales de gasto público. Volverá la contabilidad creativa. Cualquier mejora en la EPA o en la Contabilidad Nacional será saludada, desde los boletines económicos del ministerio hasta las páginas de la prensa adicta, como prueba irrefutable del éxito del vudú popular. Y multitud de simposios glosarán las novedades de la política económica.

En resumen, lucirán mucho, arreglarán poco o nada y estropearán bastante. Y la ciudadanía, entretenida con el sonajero.

REPORTAJE ¿Separada de su hija por darle el pecho?

Una madre acogida por el Instituto Madrileño del Menor denuncia que le han retirado la custodia de su hija de 15 meses por negarse a destetarla.- La Consejería de Familia afirma que la joven carece de las "habilidades necesarias para cuidar del bebé" 

El Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) vuelve a protagonizar una polémica, que en este caso se ha extendido como la pólvora por Internet. En el centro, una niña de 15 meses obligada a separarse de su madre, a la que han retirado la tutela por razones como "cierta inestabilidad mental" o carecer de las "habilidades necesarias" para cuidar del bebé. La mujer asegura que la han separado de su hija por negarse a destetarla, pese a las presiones en este sentido en el centro de acogida para madres sin recursos en el que vivían ambas. El Defensor del Pueblo y el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid investigan el caso.

Habiba, nombre ficticio con el que esta madre marroquí es conocida en el grupo de apoyo creado en Facebook, lleva separada de su hija desde el pasado lunes 30 de mayo, cuando le comunicaron que le retiraban la tutela de la niña, a la que trasladaron a otro centro. "No le dejaron despedirse de ella", relata Ibone Olza, psiquiatra del hospital público Puerta de Hierro (Majadahonda) y profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, que la ha evaluado en distintas ocasiones.

"No tiene ninguna patología psiquiátrica ni consume sustancias tóxicas", afirma esta médica, que conoció el caso a través de la Fundación Raíces, que ampara y se encarga de la defensa legal de la mujer. Según Olza, Habiba, de 22 años, es una "madre perfectamente capaz" de cuidar de la niña "sensible y amorosa y vinculada de forma saludable a su hija". La separación forzosa y abrupta no solo ha provocado en la madre un "transtorno de estrés agudo", sino que supone "un grave daño para el bebé que puede producir secuelas", como "ansiedad de separación, incontinencia de esfínteres, tartamudeo, inhibición u otras patologías", advierte Olza, especializada en psquiatría infantil.
Tras separarlas, los responsables del centro comunicaron a la mujer que se tenía que marchar, pues se trataba de una residencia para madres con niños, según le contó a la psiquiatra. Fuera del centro, Habiba acudió a algunos conocidos, que la pusieron en contacto con la Fundación Raíces. La organización, que ya ha denunciado con éxito otras irregularidades del IMMF, ha solicitado al juzgado de familia número 85 una medida cautelar para que "se devuelva a la niña a la madre de forma inmediata, o en su defecto, cualquier otra medida tendente a restablecer el vínculo, como visitas, comunicaciones y lactancia", explica su abogado, Juan Ignacio de la Mata. También se ha solicitado por vía administrativa la revocación de la declaración de desamparo dictada por el IMMF.

Olza cuenta que tras conocer a Habiba, contactó con el centro, con el que había trabajado en ocasiones previas, para interesarse por el caso. "La directora no me dijo nada indicativo de malos tratos a la niña. Sí me dijo que la madre le daba el pecho de forma caótica y no alimenticia, por ejemplo, cada vez que llora o se da un golpe". Es decir, explica la médica, que también es consultora de lactancia materna, lo normal en el amamantamiento a demanda que recomiendan hasta los dos años de edad la Organización Mundial de Salud, Unicef, la Asociación Española de Pediatría y las autoridades sanitarias, incluida la madrileña, aunque tampoco es raro que los propios profesionales del sector den consejos contradictorios al carecer de formación específica. También habló con la pediatra que atendía habitualmente a la niña, según la cual, estaba "bien de salud y bien nutrida", asegura Olza.

Desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, se niega categóricamente que la separación de madre e hija se deba a la negativa a abandonar la lactancia, aunque Habiba asegura que en el centro la presionaron mucho en ese sentido, hasta el punto de que le dieron pastillas para que dejara de producir leche. Según la resolución de la Comisión de Tutela que declara en desamparo a la menor, "la madre presenta cierta inestabilidad mental y problemas de adaptación en el centro. Tampoco ejerce de manera adecuada sus obligaciones maternales en cuanto al cuidado y cobertura de las necesidades básicas de la menor". Una fuente de la Consejería añade que tenía "problemas de agresividad con las compañeras, con un comportamiento bastante complicado".

El caso de Habiba ha levantado un gran revuelo en blogs de maternidad y redes sociales como Facebook, donde Olza creó el sábado un grupo de apoyo que cuenta con cerca de 3.000 seguidores (Que el IMMF permita que Habiba amamante a su niña YA). También se ha promovido una petición pública a la gerente del IMMF, Paloma Martín, que cuenta con más de 4.300 firmas, así como cartas y mensajes a instituciones como el Defensor del Pueblo y el Defensor del Menor de la Comunidad, que confirman que se ha abierto una investigación sobre el tema.

Ante esta situación, la Comunidad de Madrid contestó ayer a través de un mensaje en la página del grupo de apoyo de Facebook: "En las residencias de madres sin recursos (...) no se impone ningún sistema de alimentación de los bebes, dejando esta a la libre elección de las progenitoras pero velando en todo momento por el beneficio del bebé". Según el comunicado, "la retirada de la tutela (...) está siempre justificada por los informes sociales que realizan los profesionales de servicios sociales y sanitarios", que llevan trabajando con esta familia un año. A la vez, indica que la medida es "provisional". "Si la madre desarrolla las habilidades necesarias para cuidar adecuadamente de la menor y se produce una mejora de sus circunstancias personales, los profesionales podrían recomendar la devolución a su madre".

El abogado de la joven, De la Mata, insiste en que "lo más urgente es que se restaure la unión de la madre y la niña". "No hay nada grave que justifique la separación, como malos tratos. No podemos confundir un problema de convivencia o adaptación en el centro, que no se soluciona con la retirada del niño, con la relación de la madre con su bebé", afirma.

El País 

Nota al margen:
Esta noticia circula desde hace unos días porlas redes internet, a traves de la cual se denunciaba el hecho así como una campaña de apoyo.
Es posivo que periódicos de ámbito nacional traten la noticia.