En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle. Gandhi.


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martes, 23 de diciembre de 2014

CIA: contrainsurgencia a la medida

19 de diciembre de 2014

El portal de filtraciones Wikileaks difundió ayer un documento titulado Las mejores prácticas en contrainsurgencia: cómo hacer de las operaciones de ataque a objetivos de alto nivel una herramienta efectiva, elaborado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en julio de 2009, es decir, durante la primera presidencia de Barack Obama. En el texto referido se formulan diversas recomendaciones a gobiernos del mundo que enfrentan conflictos armados con grupos insurgentes para realizar operaciones contra objetivos de alto nivel (HVT, por sus siglas en inglés), que incluyen el asesinato político, las capturas, la remoción de liderazgos, la neutralización y la marginación de dirigentes guerrilleros.

El informe cita como una de las operaciones más exitosas de los casos de estudio el asesinato del ex dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Raúl Reyes, ocurrido en en marzo de 2008 en un campamento ubicado en territorio ecuatoriano, en el que perecieron 22 integrantes de esa organización político-militar y cuatro estudiantes mexicanos.

Al igual que como ocurrió con la difusión del informe del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, en el que se documenta el uso sistemático de la tortura por parte de Washington, el informe difundido ayer por la organización fundada por Julian Assange tiene la virtud de documentar y dar sustancia a un hecho que venía siendo un secreto a voces desde hace décadas: que un gobierno formalmente constituido, como es el de Estados Unidos, recurre, recomienda y sistematiza el asesinato de insurgentes como una práctica común, a contrapelo de las nociones humanitarias más elementales.

El documento constituye un agravante adicional al descrédito del gobierno estadunidense no sólo porque comprueba el injerencismo grotesco de Washington en países que viven conflictos armados internos, sino porque coloca a ese gobierno, que se suele presentar a escala planetaria como defensor de la legalidad y los derechos humanos, como un régimen ilegal e inhumano, que ni siquiera se plantea llevar a juicio a las personas consideradas discrecionalmente como insurgentes y objetivos de alto nivel, sino que asume como función principal su exterminio físico.

Se comprueba, asimismo, que a contrapelo de su prédica de combate al terrorismo, Washington no ha dudado en recurrir a actividades que podrían ser calificadas de terroristas cuando así ha convenido a la defensa de sus intereses geopolíticos, económicos, diplomáticos o militares.

Si el grueso de la opinión pública estadunidense no ha podido ver esta dolorosa realidad se debe, en buena medida, al poderío de un aparato mediático que suele distorsionar la información y encubrir el rostro más impresentable del poder público estadunidense, cuando no lo hace aparecer como comprometido con la democracia, los derechos humanos y la paz internacional.Por contraste, esta última consideración revela la importancia de la labor informativa que realiza Wikileaks a escala planetaria y explica en buena medida la inquina que en su contra mantienen la mayoría de los gobiernos occidentales, empezando por el de Washington.

domingo, 25 de agosto de 2013

Manning y el alto precio de vivir en una sociedad libre

Amy Goodman y Denis Moynihan
“Ninguna bandera es lo suficientemente grande como para cubrir la vergüenza del asesinato de personas inocentes”, escribió el historiador Howard Zinn, autor del libro “La otra historia de los Estados Unidos”. Sus palabras fueron citadas en la declaración que escribió el soldado Manning tras el anuncio de que sería condenado a pasar 35 años en una prisión militar por haber filtrado cientos de miles de documentos al sitio web de denuncia WikiLeaks. La declaración, que fue leída por su abogado, David Coombs, durante una conferencia de prensa, acompaña una solicitud de indulto de Manning al Presidente Barack Obama.
Del otro lado del Océano Atlántico, David Miranda, la pareja del periodista del periódico The Guardian Glenn Greenwald, fue detenido en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, en virtud de la ley antiterrorismo de Gran Bretaña. Antes de dejarlo en libertad, confiscaron sus dispositivos electrónicos, lo interrogaron y amenazaron con enviarlo a prisión.
Ambos acontecimientos intensificaron el ya alto nivel de cuestionamiento al creciente grado de intervención y vigilancia, aparentemente sin límites, del Gobierno de Estados Unidos. Miranda sufrió un fuerte impacto, pero permanece en libertad. Manning pronto será enviado, con las manos encadenadas, al lugar donde deberá cumplir su condena. El informante de la NSA Edward Snowden permanece en algún lugar incierto de Rusia, donde recibió asilo político temporal, mientras que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, continúa viviendo en el exilio, cerca de Heathrow, encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres. Es sorprendente que este variado conjunto de individuos haya hecho tambalear el actual estado de vigilancia y guerra global impulsado por el gobierno de Estados Unidos.
Manning escribió en el comunicado de prensa leído por su abogado David Coombs: “Fue recién en Irak, tras leer los informes militares secretos a diario, que comencé a cuestionar la moralidad de lo que estábamos haciendo. Fue en ese entonces que me di cuenta de que en el intento de combatir la amenaza del enemigo, nos olvidamos de nuestra humanidad. Decidimos conscientemente desvalorizar la vida humana tanto en Irak como en Afganistán. Al atacar a quienes percibimos como el enemigo, muchas veces matamos a civiles inocentes. Cada vez que matamos a civiles inocentes, en lugar de asumir la responsabilidad de nuestros actos, decidimos ocultarnos bajo el velo de la seguridad nacional y la información clasificada para evitar asumir la responsabilidad pública”.
Como dijo al comienzo del consejo de guerra iniciado en su contra, Manning publicó los documentos confidenciales para “generar un debate nacional sobre el papel de las fuerzas armadas y nuestra política exterior”. El ejemplo más claro de ello fue la publicación del video de la masacre cometida desde un helicóptero Apache en Irak, en el que al menos una docena de civiles fueron asesinados. El video contiene comunicaciones entre los soldados, que bromean acerca de los actos violentos que están cometiendo.
Mientras el video, publicado por WikiLeaks con el título “Asesinato colateral”, es muy gráfico, los otros documentos filtrados por Manning arrojan luz sobre las guerras clasificadas que el Gobierno estadounidense está librando lejos de la mirada pública. Los Diarios de la Guerra (http://wardiary.wikileaks.org) incluyen cientos de miles de informes en el terreno de las guerras de Afganistán e Irak. En jerga militar, los documentos clasificados revelan el nivel de brutalidad de la guerra, la violencia sistemática y el asesinato diario de civiles.
David Coombs continuó leyendo la declaración de Manning: “En nuestro afán por matar al enemigo, debatimos internamente acerca de la definición de tortura. Detuvimos a personas en Guantánamo durante años sin cumplir con el debido proceso. Hicimos la vista gorda a la tortura y las ejecuciones del Gobierno iraquí y toleramos muchos otros actos en nombre de la guerra contra el terrorismo”.
Glenn Greenwald y Laura Poitras son dos periodistas que colaboraron en el proceso de difusión de las filtraciones de Snowden desde el comienzo. El fin de semana pasado, David Miranda, un ciudadano brasileño, fue detenido por las autoridades británicas durante nueve horas en virtud del artículo 7 de la Ley Antiterrorista de Gran Bretaña del año 2000.
El ex Secretario de Estado británico Lord Charles Falconer, que co-auspició el proyecto de ley en la Cámara de los Lores de Gran Bretaña, afirma que la detención de Miranda fue un abuso de la ley. “La publicación en The Guardian no constituye una instigación al terrorismo”, Falconer escribió en el periódico. Y agregó: “Quizá el Estado pretenda que los periodistas no publiquen materiales sensibles, pero depende de los periodistas, y no del Estado, determinar dónde establecer el límite”. Si bien Miranda no es periodista, ha ayudado durante mucho tiempo a su pareja, Glenn Greenwald, en su trabajo, y las autoridades británicas sabían muy bien que no se trataba de un terrorista, entre ellas, el Primer Ministro David Cameron, que supuestamente tenía conocimiento previo de la detención de Miranda.
La violación de los derechos de Miranda generó una tormenta política en Gran Bretaña, donde el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ, por sus siglas en inglés), el equivalente a la Agencia de Seguridad Nacional en Estados Unidos, ha sufrido cuestionamientos similares por realizar espionaje generalizado.
En Estados Unidos, David Coombs terminó de leer la declaración de Manning durante la conferencia de prensa posterior a su condena: “Soy consciente de que mis actos fueron contrarios a la ley. Lamento si mis actos perjudicaron a alguien o provocaron algún daño a Estados Unidos. No era mi intención dañar a nadie, simplemente quería ayudar a la gente. Cuando decidí revelar la información clasificada, lo hice por amor a mi país y por un sentido de deber hacia los demás”. David Coombs continuó leyendo la declaración de Manning, que concluye con un pedido directo al Presidente Obama: “Si rechaza mi solicitud de indulto, cumpliré la condena sabiendo que a veces hay que pagar un precio muy alto por vivir en una sociedad libre. Pagaré ese precio con gusto si significa que podremos vivir en un país realmente concebido sobre la base de la libertad y dedicado al principio de que todos, mujeres y hombres, somos iguales”.
La mañana posterior a la sentencia, Manning emitió otro comunicado, en el que informó: “Al iniciar esta nueva etapa de mi vida, quiero que todo el mundo conozca quién soy realmente. Soy Chelsea Manning. Soy una mujer. Por la forma en que me siento y en que me he sentido desde la infancia, deseo comenzar una terapia hormonal en cuanto sea posible. Espero que me apoyen en esta transición".

© 2013 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

lunes, 11 de marzo de 2013

John Brennan, el asesinato de civiles y la obstrucción en el Senado


Amy Goodman

Se podría decir que cuando un senador habla durante horas en una sesión, estamos frente a un intento de obstrucción. El problema esta semana en el Senado de Estados Unidos es que fueron muy pocos los senadores que hablaron sobre el programa de asesinatos con aviones no tripulados.

La confirmación del polémico nombramiento realizado por el Presidente Barack Obama de John Brennan como director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) fue postergada el miércoles por la tarde debido a la obstrucción del Senado. El motivo: el papel desempeñado por Brennan en los asesinatos programados con aviones no tripulados y el supuesto poder del Presidente Obama de matar a ciudadanos estadounidenses sin que medie el debido proceso, si plantean una “amenaza inminente”. El senador republicano por el estado de Kentucky y miembro del ‘Tea Party’ Rand Paul lideró la obstrucción del nombramiento de Brennan en el Senado, a la que se sumaron varios de sus colegas republicanos. Desde las filas demócratas, al momento de escribir esta columna, tan solo el senador Ron Wyden, de Oregon, se ha sumado a esta anticuada y legítima técnica del obstruccionismo, que consiste en postergar las actividades del Senado mediante el discurso de un senador.

Los miembros del Congreso, que están a cargo de supervisar los asuntos militares y de inteligencia, le solicitaron a la Casa Blanca, en reiteradas oportunidades, los documentos que detallan el fundamento legal del programa de aviones no tripulados, y en todas las oportunidades los documentos les fueron negados. El nombramiento de Brennan inició el debate y obligó al gobierno de Obama a realizar algunas concesiones formales. Las respuestas brindadas hasta el momento no satisfacen al senador Paul.

Cuando ya llevaba casi seis horas de discurso, el senador Paul reconoció: “Realmente no tengo la capacidad de impedir este nombramiento, ya estoy comenzando a cansarme y no sé por cuánto tiempo más podré seguir haciendo esto. De modo que, en definitiva, no podré impedir el nombramiento, pero puedo intentar llamar la atención sobre este tema y tratar de obtener una respuesta… Sería importante obtener una respuesta del presidente y creo que todos nos sentiríamos más tranquilos si él dijera explícitamente que en Estados Unidos no se asesinará a no combatientes con aviones no tripulados. El motivo por el que es necesaria una respuesta es porque nuestro programa de ataques con aviones no tripulados en el extranjero mata a personas que no son combatientes. Podrán alegar que están conspirando o que algún día podrán convertirse en combatientes, pero si vamos a aplicar el mismo criterio en Estados Unidos se trata de un país completamente diferente del que conozco”.

El problema de las ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos estadounidenses, ya sea en Estados Unidos o en el extranjero, es, sin duda, un asunto muy importante. Pero también es importante el problema del asesinato, cada vez más frecuente, por parte del gobierno estadounidense de civiles en todo el mundo, ya sea mediante ataques con aviones no tripulados, redadas nocturnas realizadas por las fuerzas de operación especiales o a través de otros medios letales.

El discurso obstruccionista de Rand Paul siguió un camino bastante llamativo, que incluye referencias a “Alicia en el país de las maravillas” y citas al destacado abogado constitucionalista progresista y columnista de The Guardian Glenn Greenwald y al escritor Kevin Gosztala, autor del blog Firedoglake.

El Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, envió una carta al senador Paul el 4 de marzo que decía lo siguiente: “Supongo que es posible imaginarse circunstancias extraordinarias en las cuales sería necesario y adecuado, en virtud de la Constitución y de las leyes en vigor de Estados Unidos, que el Presidente autorice a las fuerzas armadas a aplicar fuerza letal en territorio estadounidense”.

Holder aclaró que la pregunta de Paul era “totalmente hipotética”. De modo que Paul presentó en el Senado el caso real de dos ciudadanos estadounidenses que fueron asesinados en ataques con aviones no tripulados: Anwar al-Awlaki y su hijo, Adbulrahman. Anwar al-Awlaki murió en un ataque con avión no tripulado de Estados Unidos en Yemen el 30 de septiembre de 2011. Dos semanas más tarde, también en Yemen, su hijo de 16 años, Adbulrahman, nacido en Denver, murió en un ataque con avión no tripulado.

El senador Paul declaró: “Uno de los casos más conocidos de ciudadanos estadounidenses asesinados en el extranjero es el de al-Awlaki. Lo asesinaron con el argumento de que era simpatizante [del enemigo]. Creo que no hay duda de que era un simpatizante. Era un mal tipo que simpatizaba con el enemigo. Sin embargo, su hijo de 16 años fue asesinado dos semanas después en otro ataque con avión no tripulado y no tengo conocimiento de que estuviera en alguna lista de enemigos. Se niegan a brindar esta información. Creo que la respuesta del portavoz del presidente es reprobable. Realmente debería ser llamado a declarar. Es decir, creo que este tipo de respuesta poco seria demuestra la falta de consideración por los derechos individuales o de los estadounidenses. Como recordarán, el portavoz del presidente declaró: ‘Bueno, el chico debería haber elegido a un padre más responsable’. ¿Es ese el criterio que quisieran que su gobierno aplicara en Estados Unidos? Hay muchos delincuentes en nuestro país, hay mucha gente mala, pero si Ud. fuera el hijo de una mala persona, ¿sería ese motivo suficiente para que lo mataran?”

Mientras Paul obstruía el nombramiento de Brennan en el Senado, Will Fitzgibbon escribía desde la Oficina de Periodismo de Investigación en Londres: “El mes pasado lanzamos un nuevo proyecto relacionado con los aviones no tripulados denominado: ‘Ponerle nombre a los muertos’. La finalidad de este proyecto es identificar la mayor cantidad posible de las 2.500 víctimas de ataques estadounidenses con aviones no tripulados en Pakistán. Debido a que actualmente desconocemos la identidad de un 80% de los que fueron asesinados, creemos que es un paso crucial y necesario para librar un debate más transparente sobre los aviones no tripulados. …A raíz de la atención que recientemente se ha prestado a los ciudadanos estadounidenses que han muerto en ataques con aviones no tripulados, y como consecuencia del creciente debate sobre los aviones no tripulados, consideramos que sería un buen momento para recordar las historias personales de todas las víctimas de los ataques con aviones no tripulados, de las que conocemos y de las que no”.
Barack Obama y John Brennan supervisan los ataques con aviones no tripulados que están matando a miles de civiles y que no nos dan más seguridad, sino que, por el contrario, engendran el odio hacia Estados Unidos por parte de poblaciones enteras, como las de Yemen y Pakistán. La indignación del senador Paul ante el presunto derecho del presidente de matar a ciudadanos estadounidenses es completamente legítima, aunque también es vergonzoso y peligroso que el asesinato de miles de personas en todo el mundo no provoque la misma indignación.

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2012 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

domingo, 24 de febrero de 2013

El ‘ultra' Emilio Hellín Moro fue condenado en 1982 a 43 años por asesinar a Yolanda González Trabaja para la Guardia Civil y la policía en terrorismo y crimen organizado

La vida oculta del asesino de Yolanda

 

 Un excriminal de la ultraderecha condenado a 43 años por asesinato trabaja para los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado en casos judicializados y forma a sus agentes en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático.

—¿Emilio Hellín Moro?
—Yo soy Luis Enrique Hellín…
—Perdone, pero ¿no es usted Emilio Hellín, el autor del asesinato de Yolanda González, la joven de 19 años que murió en 1980?
—No… Emilio Hellín murió hace tres o cuatro años… Somos familia.
—No sabía que tuviera un hermano llamado Luis Enrique.
—Es una historia complicada porque somos hijos de la misma madre, pero de distinto padre. Luego juntamos los apellidos… ¿Sabe? Líos de familia que prefiero no comentar.
—¡Se parecen ustedes muchísimo! ¡Y los dos eran informáticos! Usted se ha cambiado el apellido y aparece su currículo en Linkedin [web de contactos profesionales] como Luis Enrique Helling. Se ha añadido una g al apellido.
—Es que nuestro abuelo era de origen inglés.
—¿Sabe de qué murió Emilio? ¿Dónde puedo localizar a su familia?
—No lo sé.
—¿De qué pueblo son ustedes? ¿Puede enseñarme su DNI para demostrar que no es usted Emilio Hellín?
—La conversación ha terminado…
Luis Enrique Hellín Moro, de 63 años, es un tipo alto y corpulento, tiene una frente despejada y pelo blanco en las sienes. No rehúye la mirada y habla con aparente calma y frialdad. Viste una camisa de lana clásica de cuadros, pantalón de pana beige y zapatos marrones. De su cuello cuelgan unas pequeñas gafas graduadas. El encuentro con el periodista tiene lugar en la oficina de su empresa, New Technology Forensics, especializada en peritaje criminal, en una tranquila calle en el barrio madrileño de San Isidro, frente a un colegio público. El local, de tres alturas, es una desordenada oficina de 30 metros cuadrados repleta de ordenadores y teléfonos móviles, la especialidad de este técnico superior de sistemas de telecomunicaciones e informáticos. Junto a la puerta blindada de hierro, siempre cerrada, un cartel exhibe su nombre y el de dos de sus colaboradores, uno de ellos apellidado Hellín Asensio. Emilio Hellín estaba casado con María del Carmen Asensio.
DETENIDOS
La portada de EL PAÍS: El asesinato en Madrid de Yolanda González Martín, de 19 años, conmocionó a España. Semanas antes de su ejecución a manos de un comando de ultraderechistas había muerto otro joven. El 12 de febrero de 1980 este periódico informó de que dos militantes de Fuerza Nueva eran los asesinos de la joven y de que habían sido detenidos por la policía tras incautarles gran cantidad de armas y explosivos.
En el departamento de defunciones del Registro Civil de Madrid, en el número 66 de la calle de Pradillo, no consta el presunto óbito de Emilio Hellín Moro, el militante de Fuerza Nueva —partido de extrema derecha que dirigía Blas Piñar— que protagonizó en 1980 uno de los asesinatos más brutales de la Transición; tampoco la Dirección General de la Policía ha expedido en los últimos años ningún carné de identidad a su nombre. Sí lo ha hecho, en cambio, a nombre de Luis Enrique Hellín Moro, el experto informático que niega ser el excriminal pese a su extraordinario parecido físico.
Emilio Hellín Moro, condenado a 43 años de cárcel por el asesinato en Madrid de Yolanda González Martín, una joven militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), ha cambiado su nombre por el de Luis Enrique, según ha comprobado ELPAÍS en su acta de nacimiento, depositada en el Registro Civil de Torre de Miguel Sesmero, un pueblo de unos 1.200 habitantes en Badajoz. El cambio se oficializó hace 16 años, el 25 de enero de 1996, en virtud de un auto dictado por el Registro Civil de Madrid en el expediente 402/95. Desde entonces, este es su secreto mejor guardado.
Con este cambio de nombre que permite la ley “si se demuestra una causa justa y no perjudica a terceras personas” el ultra Hellín Moro disfrazó su pasado criminal poco después de cumplir condena —permaneció entre rejas 14 años, con el paréntesis de una espectacular fuga a Paraguay—, de los 30 de pena máxima que contemplaba el Código Penal. Y al salir de la cárcel de Jaén 2 se construyó una nueva vida centrada precisamente en el mundo de la investigación criminal y judicial, un escenario del que él mismo fue protagonista estelar después de secuestrar a Yolanda González en su casa de Madrid y descerrajarle dos tiros en la cabeza en un descampado con el argumento de que ella era miembro de ETA, una falsedad.
EXPLOSIVOS Y GRANADAS
Planeaban otros atentados: Los agentes encontraron en el registro 50 kilos de goma 2, dos granadas de mano, mechas para explosivos, cebos electrónicos, detonadores, scanner VHF y un receptor de las emisoras policiales y de la Guardia Civil.
El nuevo Luis Enrique Hellín Moro es ahora uno de los principales asesores del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, participa en investigaciones judicializadas sobre terrorismo y delincuencia, imparte cursos de formación a agentes de este cuerpo, de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra, da conferencias a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado en organismos oficiales y cobra por sus servicios del Ministerio del Interior, según ha comprobado este periódico. También asiste como perito a la Audiencia Nacional y a numerosos juzgados de distintas ciudades españolas. Su especialidad es el rastreo de pruebas en teléfonos móviles, ordenadores y dispositivos digitales que han intervenido en actos terroristas, crímenes, homicidios, secuestros, delitos económicos, financieros o informáticos, según consta en su currículo y confirman varias fuentes oficiales y judiciales. Jamás confiesa que el hábil y frío experto en telecomunicaciones, teléfonos espías, localización de llamadas, intervención de comunicaciones, recuperación de SMS o móviles activadores de explosivos es, en realidad, el ultra que a los 33 años, casado y con tres hijos, dio “un paseo a Yolanda González por una España grande, libre y única”, tal y como reivindicó el asesinato el Batallón Vasco Español, antecesor de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Desde su aparición, el 24 de mayo de 1978, los comandos paralelos del Batallón Vasco Español asesinaron a 12 personas en atentados dentro y fuera de España. La diferencia entre este y otros crímenes del grupo parapolicial es que la víctima no tenía nada que ver con ETA.
ARMAS Y EXPLOSIVOS
La escuela-bomba: En el registro de la escuela de electrónica de Hellín, en Madrid, donde el militante de Fuerza Nueva impartía clases desde hacía 11 años, la policía encontró las armas del crimen, una pistola Walther y una Star, un subfusil marca Comando, un bolígrafo pistola y abundante munición, entre otro material.
El comandante Ramón García Jiménez, exdirector del departamento de ingeniería, electrónica e informática del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, explica así el trabajo de Hellín para este Cuerpo: “Nos asesoraba en cómo resolver y orientar algunos casos forenses. Nosotros no abarcamos todos los campos. Le pedíamos apoyo sobre cómo rescatar información de teléfonos móviles en casos judicializados que estaban bajo nuestra custodia y control. También colaboraba, y me imagino que sigue colaborando, en la formación de nuestros hombres. Es uno de los técnicos civiles más formados y va más adelantado en determinados campos de investigación”.
¿Sabe usted algo del pasado de este colaborador? “No conozco el pasado de este señor, solo sé que ha respondido siempre a todo lo que le hemos pedido”, responde el comandante García, destinado en el Ministerio del Interior.
El renacido Luis Enrique Hellín participó en 2008 en un seminario sobre nuevas tecnologías en la lucha contra el delito del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP) que dirigía José Antonio García Sánchez-Molero, subdirector del organismo y entonces coronel jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Virginia Galero, directora del IUICP, asegura que a Hellín se le invitó por “su especialidad”, y añade que el curso perseguía mejorar los medios de la policía científica y del servicio de criminalística de la Guardia Civil. Este instituto mixto depende de la Universidad de Alcalá y de la Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior.
EL JUICIO Y LA CONDENA
Asesinato con alevosía: El juicio contra los asesinos de Yolanda González levantó una gran expectación. Emilio Hellín fue condenado a 43 años de prisión. En la fotografía, sus abogados Fernando Muñoz Perea, Dimas Sanz y José Luis Díaz Echegaray, en la puerta de la Audiencia Nacional. Foto: Bernardo Pérez

El coordinador de este seminario y subdirector del IUICP, José Miguel Otero, comisario jefe de la Unidad central de Investigación Científica y Técnica de la Comisaría General de Policía Científica, asegura no conocer a Hellín y afirma no recordarlo. “Vendría invitado por otros miembros del instituto”, dice. Junto a Hellín participaron también en la formación de policías y guardias civiles el juez Eloy Velasco, hoy en la Audiencia Nacional, y Matías Bevilaqua, un informático detenido recientemente e imputado en la trama de compra y venta de datos confidenciales desarticulada por la policía en la que hay implicados varios detectives. El hacker asegura que aquel programa fue “del más alto nivel” y apostilla que la empresa de Hellín trabaja “muy bien”. El exconvicto ha impartido numerosos cursos y talleres de formación en la Dirección General de la Guardia Civil sobre “teléfonos espías”, obtención de evidencias en Mac, iPhone e iPod, e interpretación de datos binarios obtenidos de teléfonos móviles. Su último trabajo conocido es el rastreo de llamadas en el caso José Bretón, los dos niños supuestamente asesinados por su padre en Sevilla
PROTEGIDO EN PARAGUAY
La fuga: En 1987, Hellín aprovechó un permiso para huir a Paraguay, donde recibió protección de Stroessner. Abajo, la casa en la que residió. En la fotografía de arriba, con el ministro de Justicia de Paraguay, Hugo Estigarribia. Fue extraditado en 1990. Fotos: Reuters / J. García
El asesinato de Yolanda González en 1980 conmocionó a todo el país. La joven nació en Deusto (Vizcaya) en el seno de una familia trabajadora. Era la mayor de tres hermanos y obtenía notas brillantes en el colegio público donde estudió el bachiller. A los 16 años se afilió a las juventudes socialistas. Comprometida con sus ideas repartía de madrugada propaganda revolucionaria a las puertas de fábricas como en las que trabajaba su padre, un emigrante burgalés y soldador metalúrgico en Nife.
LA ANTESALA DE LA LIBERTAD
Polémicos permisos: En la imagen, Emilio Hellín sale de la cárcel de Jaén en septiembre de 1993 para disfrutar de siete días de libertad. Había cumplido la cuarta parta de la condena y su permiso fue muy criticado a causa de sus antecedentes: una evasión y dos intentos de fuga.
Del cuello de Yolanda colgaba una cruz Lauburu regalada por el comité de empresa de una factoría vasca. A los 18 años se trasladó a Madrid para estudiar electrónica en el centro de Formación Profesional de Vallecas. Vivía en un modesto piso en la calle del Tembleque, en el barrio de Aluche, y limpiaba casas particulares para no pedir ayuda a sus padres. “Era una persona lista, con una gran fuerza vital y entusiasta de las cosas y las personas. Siempre pensando en ayudar a los demás”, recuerda ahora Alejandro Arizcun, de 61 años, su novio de entonces y hoy profesor de Historia de la Economía en una universidad pública.
La vida de Yolanda en Madrid giraba entre sus clases en Vallecas, su trabajo de limpiadora y la sede del PST, una escisión del PSOE. Durante la segunda quincena de enero de 1980 participó en una huelga general de enseñanza, según reflejan fotografías en las que aparece a la cabeza de las manifestaciones estudiantiles. El viernes 1 de febrero de 1980, los militantes de Fuerza Nueva Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad Velázquez, estudiante de Químicas, se presentaron en el domicilio de Yolanda, en el número 101 de Tembleque, con la intención de secuestrarla e interrogarla. No estaba, por lo que volvieron sobre las doce de la noche. En la calle contaban con el apoyo de otros dos militantes de Fuerza Nueva, Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto, y del policía nacional Juan Carlos Rodas, que les aguardaban en un turismo. La joven intentó impedirles el paso, pero no lo logró. La redujeron con violencia, registraron el piso y la obligaron a acompañarles hasta el coche de Hellín. Se dirigieron por la carretera de Alcorcón hacia San Martín de Valdeiglesias, a las afueras de Madrid. En el trayecto, gritos, insultos y preguntas sobre un supuesto comando de ETA que no existía salvo en la imaginación de los dos matones. Acusaciones a las que Yolanda, que acababa de cumplir 19 años, no podía responder. En un descampado frío y solitario, Hellín obligó a la joven a descender de su coche y le disparó dos tiros en la cabeza a menos de un metro de distancia. Abad, de orden de Emilio, la remató en el suelo. Su disparo impactó en un brazo. “Cuando vi caer a Yolanda, quedé atontado y no me di cuenta de que disparaba”, relató el primero a preguntas del fiscal durante la celebración del juicio. La versión de Abad, en la que implicó a su compañero y dio todo lujo de detalles sobre el secuestro y asesinato, fue idéntica a la del fiscal.
Yolanda González Martín.
Días después, el agente que colaboró en el crimen confesó el asesinato al comisario Francisco de Asís. Hellín descansaba en Vitoria alojado en la casa de un amigo, inspector de policía. El ultra se jactaba de sus contactos en la Brigada Operativa de la policía. Además, tenía un hermano en la Guardia Civil, y entonces los vínculos entre miembros de la ultraderecha y los sectores más reaccionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado eran frecuentes.
El 7 de febrero, Hellín y Abad fueron detenidos y confesaron el asesinato. Ambos aseguraron que lo hicieron en venganza por el asesinato de seis guardias civiles en el País Vasco y porque sospechaban que Yolanda militaba en ETA. En el registro de la escuela de electrónica de Emilio, en la que impartía clases desde hacía 11 años, en el número 1 de la calle de San Roque, se descubrió un arsenal de armas y explosivos. Con una gran antena, un Scanner VHF y un receptor captaban las emisoras de la policía y de la Guardia Civil. Era el material del denominado Grupo 41 de Fuerza Nueva, que dirigía Hellín, destinado a otros atentados.
Ficha policial de Emilio Hellín.
Hellín no se resignó a cumplir los 43 años de condena (asesinato con alevosía, delito de depósito de armas y seis delitos de falsificación de documentos de identidad). Meses después de su ingreso en prisión preventiva se escapó de la cárcel de Alcalá de Henares en compañía de 10 presos comunes, aunque fue detenido horas después. Fue clasificado como interno especialmente peligroso y trasladado a Herrera de la Mancha, la cárcel más segura del país. Pero no cejó en su empeño y lo intentó de nuevo cuando le llevaron a la prisión de Cartagena, y lo logró al aprovechar un polémico permiso de seis días de libertad concedido el 20 de febrero de 1987 por el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid José Donato cuando estaba en la cárcel de Zamora. Hellín huyó a Paraguay con su mujer y sus tres hijos. Y de nuevo volvió a su pasión: la informática y la inteligencia. Creó el Centro de Estudios Profesionales de Asunción, dedicado a las clases de informática, y trabajó para los servicios secretos policiales y militares paraguayos formando a agentes en la instalación de micrófonos y rastreo de llamadas. Cambiaba de domicilio y utilizaba solo su segundo apellido hasta que fue descubierto por un reportero de la revista Interviú que denunció su paradero. En julio de 1989, la Interpol lo detuvo y el 21 de septiembre de 1990 fue entregado a España y devuelto a su celda de la prisión de Zamora. Su aventura en Paraguay bajo la protección del régimen de Alfredo Stroessner duró tres años. El dictador había invitado a su toma de posesión en Asunción a Blas Piñar, dirigente de Fuerza Nueva, y a León Cordón, entre otros ultras.
CAMBIO DE NOMBRE
De Emilio a Luis Enrique: Tal y como consta en su acta de nacimiento Emilio Hellín Moro cambió su nombre por el de Luis Enrique mediante un auto dictado por el Registro Civil de Madrid de fecha 22 de enero de 1996, poco después de salir de la cárcel. El ultraderechista nació el 8 de abril de 1947 en Torre de Miguel Sesmero, un pueblo de Badajoz. En el DNI de Luis Enrique Hellín Moro figura la misma fecha de nacimiento y en la misma localidad.
Los padres y hermanos de Yolanda González ignoraban la nueva vida del asesino de su hija. Eugenio tiene 79 años y Lidia, 72. Siguen viviendo en Deusto y no han conseguido olvidar. Asier, de 39 años, el hermano pequeño, no oculta su malestar. “Estoy perplejo. Es indignante que este hombre realice esa actividad. No sé si se habrá arrepentido; todo el mundo tiene derecho a una nueva oportunidad, pero, si lo hace con una nueva identidad, solo ratifica el tipo de personaje que es. Está claro que en este país las personas vinculadas a la extrema derecha gozan de privilegios”. Alejandro Arizcun, el novio de Yolanda, responde atónito con una palabra: “Tremendo”. Y añade: “Lo que usted me cuenta demuestra los lazos que Hellín tenía entonces con los cuerpos policiales y que todavía mantiene vivos. Nunca se investigó a fondo la implicación de algunos policías en el asesinato”.
Tras la visita del periodista a su oficina en Madrid, Luis Enrique Hellín ha suprimido de su biografía en Linkedin la g de su “abuelo inglés”. En su currículo de perito todavía queda una huella muy profunda de su oscuro pasado: asesor en telecomunicaciones e informática (1988-1989) del comandante en jefe de Estado Mayor del Ejército y del director general de la Policía Nacional de Paraguay. ¿Nadie en la Guardia Civil y la policía sabe quién es este experto forense informático que colabora en investigaciones criminales y forma a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado?

La sombra de Fuerza Nueva

J.M.I.
David Martínez Loza, guardia civil en excedencia y jefe de seguridad de Fuerza Nueva, fue la persona que ordenó el arresto, interrogatorio y ejecución de la joven Yolanda González, de 19 años, según aseguró al tribunal Emilio Hellín Moro, el autor material del asesinato, durante el juicio en la Audiencia Nacional. Hellín señaló que nada más ser detenido se había confesado autor porque le habían pedido que cargara con toda la culpa y que le ayudarían. “La propia policía me dijo que no merecía la pena implicar a más personas”. Hellín aseguró que la ayuda de su partido, del que fue expulsado tras el asesinato, nunca llegó. Cuando el fiscal le preguntó quién dio la orden de secuestrar a Yolanda, el ultra respondió: David Martínez Loza. Hellín implicó a dirigentes de Fuerza Nueva, así como a funcionarios de policía, pero Ignacio Abad, el otro autor material, descargó sobre él toda la responsabilidad. Martínez Loza fue condenado solo por inducción a secuestro. “No se quiso tirar del hilo y buscar la implicación de policías en el secuestro de mi hermana. Las conexiones de Hellín y de Fuerza Nueva con la policía eran escandalosas”, recuerda ahora Asier, de 39 años, hermano de la víctima. “No se investigó la implicación de Fuerza Nueva”, se lamenta también Alejandro Arizcun, de 61 años, el novio de Yolanda.
Alfonso Guerra, entonces diputado socialista, afirmó que los minicomputadores PET 201 que utilizaba Hellín eran usados como terminales de conexión telefónica con un ordenador que la Guardia Civil tenía en un chalet camuflado en la colonia de El Viso, en el centro de Madrid, donde operaba un capitán adscrito al servicio de información del citado cuerpo.

El País

martes, 17 de mayo de 2011

Los crímenes de la OTAN, de sus Estados Miembros y de sus gobernantes

Alejandro Teitelbaum
Argenpress/CEPRID

El Tratado de la Alianza del Atlántico Norte, más tarde Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fue celebrado en abril de 1949.

Según su artículo 5º con finalidades puramente defensivas y de ayuda mutua en el caso de un ataque contra alguno de los Estados miembros. Y precisando en su artículo 6º los territorios y lugares donde rige la alianza defensiva.

Cuando Nasser nacionalizó el Canal de Suez en 1956, Francia y Gran Bretaña quisieron embarcar a la OTAN en su primera acción agresiva fuera de la zona definida en el artículo 6 del Tratado, pero Estados Unidos se opuso y la agresión militar contra Egipto y la ocupación del canal de Suez corrió por cuenta exclusiva de Francia y Gran Bretaña.

Con la desaparición del bloque soviético algunos pensaron que también desaparecería la OTAN pero no fue así, sino que ocurrió lo contrario: se incorporaron a la OTAN los países del Este de Europa y extendió su radio de acción que pasó de teóricamente defensiva a claramente ofensiva y más allá de los territorios de sus Estados Miembros.

La ampliación de la OTAN constituyó en primer lugar un negocio para los fabricantes de armas, pues los nuevos Estados Miembros tuvieron que que adaptarse a los “standards” militares de la OTAN y modernizar su armamento, comprándolo en Estados Unidos o en algunos países de Europa Occidental.

En 1989, el abogado John Hadley se convirtió en Asistente para Políticas de Seguridad Internacional del Secretario de Defensa de Estados Unidos Dick Cheney y en oficial de enlace entre el Departamento de Defensa y el Consejero de Seguridad Nacional Brent Scowcroft. En esa posición, fue el principal responsable en el Pentágono de las políticas referidas a la OTAN y a Europa Occidental. En 1993 volvió al sector privado, donde trabajó como consejero de The Scowcroft Group, firma de asesoría estratégica fundada por Brent Scowcroft, y como abogado de Lockheed Martin, líder mundial de la industria militar. 

Junto a Bruce P. Jackson, vicepresidente de Lockheed Martin, ayudó a establecer en 1996 el Comité Estadounidense para la Ampliación de la OTAN, una organización privada para presionar en favor de la integración de los países del Este de Europa a la OTAN y promover entre los dirigentes de esos Estados la compra del material militar a Lockheed Martin.

El pasaje de la OTAN a un estatuto ofensivo extraterritorial marcó el comienzo de su participación en agresiones armadas caracterizadas por la violación sistemática del derecho internacional humanitario contenido en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1973. Ya sea emprendidas oficialmente como OTAN o como “coaliciones” de algunos potencias occidentales.

El desprecio de la condición humana del otro, propio de las acciones militares de la OTAN no son una novedad dentro del capitalismo desarrollado occidental, pues constituyen una característica permanente del mismo desde sus albores. Se podría comenzar por la primera arma bacteriológica (mantas contaminadas con viruela) utilizada por los ingleses contra los indios Delaware en 1763, seguir con las masacres que cometieron en distintos continentes en el Siglo XVIII y XIX y así hasta la actualidad.

Pero nos limitaremos a mostrar que la agresión actual contra Libia responde a los métodos que emplean regularmente la OTAN y, colectiva o individualmente, sus principales Estados Miembros: Panamá, (entre 1000 y 4000 civiles muertos, según las fuentes); Guerra del Golfo (varias decenas de miles de muertos civiles); Afganistán, (3700 civiles muertos ya en 2001 a causa de los bombardeos yanquis, 2700 muertos civiles en 2010 y en febrero de 2011 la OTAN asesinó en la provincia de Kunar a 64 civiles, la mayoría mujeres y niños); guerra contra Irak (varios cientos de miles de muertos civiles).

Crimen de agresión
Como se dijo en la sentencia del Tribunal de Nuremberg de 30 de setiembre de 1946: "Desencadenar una guerra de agresión no es solamente un crimen internacional: es el crimen internacional supremo y sólo difiere de los otros crímenes de guerra por el hecho de que los contiene todos".

Aún admitiendo por hipótesis la legitimidad de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad que ordenó el establecimiento de una zona de exclusión aérea en Libia, a esta altura, después de casi dos meses de bombardeos sistemáticos y de la participación en el terreno de fuerzas especiales de varios países occidentales, es evidente que dicha resolución ha sido groseramente violada.

Sin embargo, ningún Estado ni grupo de Estados pide lo mínimo en estas circunstancias: la convocatoria del Consejo de Seguridad de conformidad con lo establecido por el art 54 de la Carta de las Naciones Unidas: “Se deberá mantener en todo tiempo al Consejo de Seguridad plenamente informado de las actividades emprendidas o proyectadas de conformidad con acuerdos regionales o por organismos regionales con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales”.

Crímenes de guerra
Los actos de guerra realizados en el curso de una agresión son crímenes de guerra, como se dijo en la sentencia del Tribunal de Nuremberg de 1946.

Pero además, en el curso de la agresión contra Libia se están cometiendo diversos crímenes de guerra sancionados por el derecho internacional humanitario (Convenios de La Haya de 1889 y 1907, el Reglamento anexo a este último sobre leyes y costumbres de la guerra terrestre (R.G.T.), los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos facultativos I y II de 1977, etc.)

1. Ataques a la población civil.
Los ataques a la población civil en sus viviendas en medio rural o urbano no son errores.
Estos hechos constituyen una violación de la "Regla fundamental" del artículo 48 del Protocolo I de 1977: hacer siempre la distinción entre población civil y combatientes y entre los bienes de carácter civil y los objetivos militares y dirigir las operaciones solamente contra objetivos militares.

2. Utilización de armas prohibidas
Algunas fuentes indican que se están utilizando bombas con una aleación que contiene uranio empobrecido (como se hizo en Yugoslavia y en la Guerra del Golfo).
Existen múltiples estudios y la experiencia de la primera guerra del Golfo que afirman que la explosión de tales bombas provocan graves daños a largo plazo en el medio ambiente y en el ser humano. Aun admitiendo la controversia sobre tales efectos, son aplicables los artículos 35 (3) y 55 (1) del Protocolo I: métodos o medios de guerra que causan o se puede esperar que causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural.

3. Bombardeos masivos y prolongados
Los bombardeos reiterados sobre Trípoli constituyen un crimen de guerra, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra , particularmente su inciso 5 (los bombardeos que traten como un objetivo militar único cierto número de objetivos militares espaciados y diferentes situados en una ciudad).

4. Destrucción de las infraestructuras civiles
La destrucción de infraestructuras civiles son crímenes de guerra, pues violan el artículo 54, inc. 2 del Protocolo I: prohibición de poner fuera de uso bienes indispensables a la supervivencia de la población civil.

5. Ataques a los medios de comunicación
Los agresores bombardearon la TV libia. Los ataques a los medios de difusión (emisoras de televisión, etc.) constituyen crímenes de guerra, de conformidad con el art. 79 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra (Medidas de protección de los periodistas). Los precedentes no faltan: durante la invasión a Panamá en 1989, una de las primeras operaciones de la aviación estadounidense consistió en destruir con un misil la estación de TV panameña. Durante la guerra contra Yugoslavia en 1999 bombardearon la TV de Belgrado, causando 14 muertos, en 2001 bombardearon la sede de la TV Al Jazira en Kabul y en Bagdad bombardearon también la TV Al Jazira, donde murió un periodista.

Las responsabilidades
1. Crimen de agresión. Son responsables del crimen de agresión quienes tomaron la decisión y la están llevando a cabo es decir los gobernantes de los Estados agresores, las autoridades de la OTAN y sus jefes militares.

2. Crímenes de guerra. Son autores quienes dieron las órdenes y quienes las ejecutaron, a lo largo de toda la cadena de mandos. Son cómplices por acción quienes facilitan la comisión de los mismos, entre ellos los jefes de Gobierno que permiten el uso de bases militares en su jurisdicción y los que autorizan el tránsito por su espacio aéreo de los aviones de los Estados agresores en misión de ataque.

Son cómplices por omisión de la agresión y de los crímenes de guerra (art. 86 del Protocolo I: omisión contraria al deber de actuar) quienes tienen el deber de actuar para tratar de poner fin a los hechos y no lo hacen: los miembros de Consejo de Seguridad que, ante la agresión, se abstienen de solicitar la convocatoria del mismo y el Secretario General de las Naciones Unidas, que se abstiene de convocar al Consejo de Seguridad ante la manifiesta violación de la Resolución 1973.

Esta descripción de las responsabilidades no significa que las mismas sean fácilmente justiciables: no existe una instancia judicial capaz de pedir cuentas a los grandes de este mundo por los crímenes que cometen, pues la Corte Penal Internacional no reune los requisitos de independencia, imparcialidad y objetividad para desempeñar esa función.

Para detener la agresión contra Libia, dada la inoperancia del Consejo de Seguridad, queda el recurso de convocar a la Asamblea General de las Naciones Unidas a una sesión especial (arts. 20 y 27.2 de la Carta de las Naciones Unidas).

Puede hacerlo el mismo Consejo de Seguridad con el voto afirmativo de nueve cualesquiera de sus miembros, permanentes o no. En este caso no funciona el veto.

Si el Consejo de Seguridad no lo hace, pueden pedir la convocatoria de la Asamblea General la mitad de los Estados Miembros de las Naciones Unidas (artículo 20 de la Carta). Es decir actualmente unos cien Estados Miembros.

Así convocada, la Asamblea General puede "discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier miembro de las Naciones Unidas." (artículo 11, párr. 2, y artículos 34 y 35 de la Carta) y puede “recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones." (artículo 14).

En ese contexto, el 3 de noviembre de 1950 la Asamblea General adoptó la resolución 377 (V) "Unión para el mantenimiento de la paz", más conocida como "resolución Dean Acheson", donde se establece que cuando se reúnen ciertas condiciones (impotencia del Consejo de Seguridad, decisión de reunir a la Asamblea General, etc.), la Asamblea general "examinará inmediatamente la cuestión a fin de hacer a los miembros las recomendaciones apropiadas sobre las medidas colectivas a adoptar".

La Asamblea General ha utilizado el "procedimiento Acheson" en varias oportunidades y en distintas épocas: intervención militar en Egipto (1956), en Hungría (1956), Líbano (1958), conflicto indo-pakistano (1971), Jordania (1980), Afganistán (1980), Namibia (1981), Bosnia- Herzegovina (1992), etc.
Pero para poner en marcha ese mecanismo hace falta que algunas grandes potencias, como China y Rusia y otras Estados “emergentes” reaccionen y dejen de ser cómplices por omisión.

Los asesinatos
Pese a los desmentidos, es obvia la intención de asesinar a Kadafi.
Y con independencia de los crímenes cuya responsabilidad es atribuible a Ben Laden, su ejecución, si el muerto es realmente Ben Laden, es un asesinato. Calificación confirmada por la información oficial de los Estados Unidos de que Ben Laden no estaba armado.

Obama declaró “se hizo justicia”, olvidando, pese a estar diplomado en derecho en Harvard, que incluso los criminales nazis tuvieron derecho a un juicio público y a contar con abogados defensores.
Obama, con el asesinato de Ben Laden ha dirigido un doble mensaje: al electorado norteamericano presentándose como el “justiciero” y a todo el mundo para decirle que Estados Unidos puede asesinar a quien estime conveniente allí donde se encuentre.

Lo nuevo es que este asesinato ha sido cometido pública y oficialmente y se ha mostrado a todo el mundo a Obama y su plana mayor siguiendo “en vivo y en directo” el operativo del asesinato de Ben Laden.
Pero los asesinatos más o menos clandestinos son una constante de la política estadounidense y de sus principales aliados.

Sobre esto puede consultarse un Informe presentado al Congreso de los Estados Unidos por el senador Church: Comision Church, “Alleged Assassination Plots Involving
Foreing Leaders, An Interim Report”, U.S. Government Printing Office, November 18 1975.
Puede consultarse también The CIA’s Nicaragua Manual, Psychological Operations in Guerrilla Warfare, Vintage Books, Random House, New York, 1985.

El informe Church se refiere a las tentativas de asesinar a Fidel Castro y a los asesinatos, entre otros, del general chileno René Schneider en 1970 y del líder congolés Patrice Lumumba, el 17 de enero de 1961, menos de seis meses después de haber sido elegido primer ministro.

En un documental emitido por el canal de televisión franco alemán ARTE el 3 de octubre de 2007 (Cuba, una odisea africana), se puede ver y oír a Lawrence (Larry) Devlin, jefe de estación de la CIA en el Congo en la época de los hechos, diciendo que la orden de asesinar a Lumumba la habría dado el Presidente Eisenhower personalmente.

Cabe agregar, entre otros, los asesinatos de Juan José Torres, ex presidente de Bolivia, en Buenos Aires en 1976, del general chileno Prats también en Buenos Aires y de Orlando Letelier, ex ministro de Salvador Allende, en Washington en 1976.

A fines de junio de 2007 fueron desclasificados documentos de la CIA, aunque con numerosas tachaduras. En ellos se revela, entre muchas otras cosas, que en setiembre de 1960 la CIA estuvo en tratos con mafiosos de Miami para que asesinaran a Fidel Castro.

En un documento presentado en un coloquio organizado por la revista “Politique aujourd’hui” en junio de 1986 en St. Fons, Francia, con la presencia de dirigentes socialistas de varios países europeos, el señor Bruno Amoroso, profesor de economía de la Universidad de Roskilde, Dinamarca, presentó un documento sobre el tema “El modelo escandinavo frente a la crisis, pleno empleo y política social”, donde se lee:”La ausencia de solidaridad con la OTAN y con los Estados Unidos que demuestran los socialdemócratas escandinavos, por lo demás imputados cada vez con más insistencia de colaboración con los países del Este y acusados en documentos secretos de los servicios de seguridad militar de Dinamarca o en artículos emanados de oficiales superiores del ejército sueco, colocarían a la socialdemocracia y a toda la izquierda en la incapacidad crónica de gobernar, a semejanza de los comunistas italianos hoy. El asesinato de Olof Palme, en Suecia, el proceso por espionaje a Arne Tresholt en Noruega y el “suicidio” político de Kjeld Olesen, en Dinamarca, son signos infalibles”.

Se podrían agregar muchos nombres a esta lista pero solo mencionaremos el secuestro y asesinato en Francia del líder marroquí Ahmed Ben Barka con la participación de los servicios secretos franceses, el asesinato de Martin Luther King en Estados Unidos y el de Aldo Moro en Italia con la complicidad de los servicios secretos italianos, vinculados a la CIA.

El panorama mundial es sombrío. Pero hay que creer en el dicho: “La noche siempre es más oscura justo antes del amanecer”.

CEPRID

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