¿Amantes de la deuda?, ¿quiénes?

Viernes, 02 de Septiembre de 2011


Juan Torres López

El candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba acaba de afirmar que ha descubierto que hay  "amantes de la deuda y el déficit".

Como no se puede referir a la derecha que ha votado con él la reforma constitucional, cabe pensar que hace referencia a quienes nos hemos opuesto a ella pero, si es así, cabe decirle que hace un juicio muy demagógico e injusto.

Quienes rechazamos la reforma aprobada por el Partido Popular y el Partido Socialista nos oponemos a que se incorporen en la Constitución un principio neoliberal de estabilidad presupuestaria que no todo el mundo comparte, que se renuncie a un instrumento de política económica que en muchísimas ocasiones se ha mostrado como imprescindible y que se obligue al pueblo español y a nuestro Estado a renunciar a la doctrina de inmunidad soberana que establece que nadie puede forzar a un Estado a pagar su deuda. Pero quienes defendemos esto somos precisamente quienes venimos reclamando políticas económicas que, en lugar de las que aplican quienes ahora reforman la Constitución, no provoquen tanta deuda global sino que sean capaces de generar ingresos productivos sostenibles y evitar la deuda del Estado generando más ingresos públicos.

Y quienes hemos rechazado ahora la reforma constitucional que PP y PSOE han puesto en bandeja a los grandes financieros somos precisamente quienes venimos subrayando desde hace mucho tiempo que la desregulación de la actividad financiera, el privilegio de creación de dinero bancario del que disponen los bancos y la complicidad de las autoridades con los grandes poderes financieros estaba generando un crecimiento de la deuda que antes o después hará que salte por los aires la economía internacional. .......

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LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CONTRA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Y POR LA CONVOCATORIA DE UN REFERÉNDUM

Las organizaciones sociales abajo firmantes acuerdan manifestar públicamente su rechazo a la propuesta de reforma de la Constitución Española elaborada por los responsables de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, pedir a los diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios que no la voten favorablemente y que, en el caso de que la propuesta fuera aprobada, se convoque un referéndum para su ratificación.

Consideramos que por su contenido y por sus plazos de aplicación esta reforma no va a ayudar a la reducción de los niveles actuales de déficit público que sólo puede lograrse sin deteriorar gravemente el tejido económico y social de nuestro país, mediante la promoción del crecimiento económico y el empleo, una reforma fiscal equitativa y progresiva y un permanente rigor en el uso del gasto público.

Al mismo tiempo impone una grave limitación a la autonomía de los gobiernos democráticos y a la capacidad de autogobierno presupuestario de las diferentes administraciones públicas.  Esto afectará gravemente a su capacidad de utilizar la política presupuestaria al servicio de los objetivos de la política general. Supuestamente motivada por los ataques especulativos a las deudas soberanas, la reforma introduce en nuestra máxima norma jurídica  un factor económico de carácter netamente procíclico que puede llegar a impedir la acción de los gobiernos para que nuestra economía no entre, en el futuro, en una recesión. Constituye también una amenaza permanente para las prestaciones e instituciones del Estado de bienestar, las políticas sociales y la cooperación para el desarrollo.

Si el contenido es rechazable, el procedimiento que se va a adoptar para su aprobación es inaceptable: se va a producir con la legislatura agotada, se anuncia en pleno período de vacaciones, se quiere aprobar definitivamente transcurridos sólo quince días desde que el Presidente del Gobierno la propusiera el 23 de agosto, se quiere realizar sin debate político ni social de ninguna clase y, finalmente, sin que la reforma sea sometida a referéndum.

Por todo ello y teniendo en cuenta que su contenido –la constitucionalización de la obligación de equilibrio presupuestario y límite de la deuda en las cuentas de las administraciones públicas- es una opción ideológica y política que además de ser errónea e inútil tiene un carácter marcadamente conservador, podemos afirmar que esta reforma rompe el consenso constitucional sobre el que se basó la elaboración de nuestra Carta Magna.

Ante la gravedad de este proceder, las organizaciones sociales abajo firmantes consideran necesario que la ciudadanía exprese públicamente:

1.      Su rechazo a la reforma constitucional que se propone

2.      La petición a los/as diputados/as y senadores/as de que no la voten favorablemente en el trámite parlamentario.

3.      La exigencia de que si la propuesta es aprobada por el Parlamento sea sometida a referéndum

Para ello, las organizaciones abajo firmantes llaman a la ciudadanía y a las fuerzas políticas y sociales a que participen en las movilizaciones que se convoque. Conscientes de la necesidad de trabajar por la convergencia de todas las organizaciones y plataformas que estamos contra esta reforma de la Constitución, acuerdan en particular:

1.      Convocar concentraciones y manifestaciones los días 31 de agosto y 1 de septiembre en las distintas localidades del Estado español

2.      Apoyar la participación en las demás concentraciones y movilizaciones que se convoquen estos días contra la reforma de la Constitución y por la convocatoria de un referéndum

3.      Apoyar iniciativas de diferente naturaleza, en particular la recogida electrónica de firmas

4.      Culminar con una manifestación en Madrid el próximo martes, 6 de septiembre a las 19:00 entre Cibeles y Sol

Madrid, 29 de agosto de 2011

-      CCOO

-      UGT

-      USO

-      Paz con Dignidad

-      Consejo de la Juventud de España

-      Sindicato de Estudiantes

-      Paz Ahora

-      Confederación Intersindical

-      Habitáfrica

-      Coordinadora de ONGs para el Desarrollo (CONGDE)

-      Plataforma 2015 y +

-      Asamblea de Cooperación por la Paz

-      Socialismo 21

-      Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)

-      Comisión Promotora de las Mesas Ciudadanas para la Convergencia y la Acción

Un referéndum necesario

Vicenç NavarroCatedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Patrick Thomas

Resultado de una Transición inmodélica de la dictadura a la democracia (realizada bajo el enorme dominio de las fuerzas conservadoras herederas del régimen dictatorial anterior), el sistema democrático español es escasamente representativo, no sólo por estar basado en un proceso electoral muy poco proporcional (que se aleja mucho del principio de que cada ciudadano debiera tener la misma capacidad de decisión en la gobernanza del país), sino también por el escasísimo espacio que se ofrece a la ciudadanía para participar en las decisiones públicas que afectan el bien común. La democracia queda limitada en España a votar cada cuatro años sin que se le ofrezca a la ciudadanía la oportunidad de participar en referéndums vinculantes y otras formas de democracia directa que permitieran una mayor capacidad de incidencia de los ciudadanos en el quehacer común. Es cierto que hay posibilidades de hacer referéndums a nivel del Estado central, pero no es ni fácil ni frecuente, como demuestra la escasez de referéndums que ha habido en España durante el periodo democrático. La única expresión de desaprobación que los representados tienen a su alcance es dejar de votar o votar por opciones distintas cada cuatro años. Ello es un indicador de lo enormemente limitada que es la democracia española.
Hemos estado viendo recientemente cómo partidos gobernantes (tanto a nivel central como autonómico) están aprobando medidas altamente impopulares, que no estaban incluidas en sus propuestas electorales, y que se están llevando a cabo supuestamente por mandato de los mercados financieros, a quienes nadie ha elegido. El 82% de la ciudadanía estaba en contra, por ejemplo, del retraso de la edad de jubilación; el 86% en contra de la congelación de las pensiones; el 68% en contra de los recortes del gasto sanitario, y así un largo etcétera, lo cual no fue un obstáculo para que la mayoría de las Cortes españolas aprobaran tales medidas. Una consecuencia de ello es la enorme distancia que se está creando entre representados y representantes, con la pérdida de legitimidad de los últimos. No es de extrañar que la clase política dominante esté considerada por la población como el tercer gran problema que tiene el país.
Y estamos a punto de ver otro caso en el que una decisión de enorme trascendencia (la reforma de la Constitución, para garantizar un límite al gasto público) se está proponiendo por la dirección de los dos partidos mayoritarios, medida que no estaba en el programa electoral de ninguno de ellos (y que afectará negativamente a la calidad de vida de la mayoría de la población). Y ello sin que se haya consultado al pueblo español, argumentándose, además, que el Estado –como ha dicho en varias ocasiones Rajoy (el dirigente político español que ha promocionado tal medida de limitación de gasto público con mayor frecuencia)– no puede vivir por encima de sus posibilidades. En realidad, España se gasta mucho menos en su sector público (del cual, el capítulo más grande es el del Estado del bienestar) de lo que debiera por su nivel de desarrollo económico. El PIB per capita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15, mientas que el gasto público social por habitante (que incluye gasto en pensiones, en sanidad, en educación, en servicios domiciliarios a personas con dependencia, en escuelas de infancia, en servicios sociales, en ayudas a las familias, en vivienda social, entre otros) es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Si fuera el 94% (como debiera ser), nos gastaríamos 66.000 millones de euros más en nuestro Estado del bienestar de lo que nos gastamos ahora.
El problema del sector público (del cual el mayor componente es el Estado del bienestar) no es que sea excesivo, sino que está poco desarrollado. España está a la cola de la Europa social (su gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15). Como resultado de ello, sólo uno de cada diez españoles adultos trabaja en los servicios públicos (primordialmente en los servicios públicos del Estado del bienestar). En Suecia, sin embargo, es uno de cada cuatro. Si en España fueran cuatro, se crearían casi cinco millones de puestos de trabajo, eliminándose el desempleo.
Y no nos engañemos. Lo que desean las fuerzas conservadoras, lideradas por Merkel y Sarkozy en la UE, y por Rajoy en España (y ahora por Zapatero), es salir de la crisis a base de reducir todavía más los ya escasamente financiados estados del bienestar de los países periféricos de la eurozona, incluyendo España. De ahí su propuesta de escribir en piedra (poniéndolo en la Constitución) la limitación del gasto público exigiendo una eliminación del déficit público. Su aplicación a España significaría un obstáculo para la corrección de su enorme déficit social. Exigir limitaciones de tal gasto (en un contexto de escaso crecimiento y de reducción de impuestos) no es sólo un suicidio económico (pues se pierde la oportunidad de estimular la economía), sino también una condena a mantener subfinanciado el Estado del bienestar español.
Los ingresos al Estado español son de los más bajos de la eurozona, representando sólo un 34% del PIB (el promedio de la UE-15 es un 44%, y en Suecia un 54%) y ello resultado de una política fiscal sumamente regresiva que favorece enormemente a las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo (en las que se incluye a la mayoría de la ciudadanía). De ahí el bajo gasto público, incluyendo el social. Querer frenar este gasto significa, en la práctica, congelar (por mucho que lo nieguen los que proponen tal medida) cualquier corrección de este enorme déficit.
De ahí que se necesite una movilización popular para que tal medida pueda ser confirmada o rechazada por la población española, de la cual deriva todo el poder del Estado. Es importante que a los representantes se les recuerde este principio básico de cualquier democracia.

Dominio público

Cientos de personas debaten en Madrid sobre la reforma constitucional

21:52h | lainformacion.com

 

Madrid.- Unas cuatrocientas personas han participado hoy en una asamblea en la que han debatido sobre la reforma constitucional que pretende fijar la disciplina presupuestaria de las administraciones públicas.

Asistentes a la asamblea convocada por el grupo de trabajo de Economía Sol para tratar la reforman constitucional para incluir el techo de gasto, esta tarde en la Plaza del Carmen de Madrid. EFE

Madrid.- Unas cuatrocientas personas han participado hoy en una asamblea en la que han debatido sobre la reforma constitucional que pretende fijar la disciplina presupuestaria de las administraciones públicas.

El encuentro, que ha sido convocado por el grupo de trabajo de Economía de Sol, ha tenido lugar en la Plaza del Carmen, muy próxima a la Puerta del Sol y se ha celebrado sin presencia policial alguna.
Antes de que diese comienzo la asamblea, se ha pedido un minuto de silencio por el joven fallecido en las protestas de Chile, donde miles de manifestantes reclaman mejoras en la educación pública.
En el orden del día de la reunión se ha fijado, en primer lugar, debatir cómo puede afectar la reforma; en segundo lugar, acordar un posicionamiento común de los asistentes; y en tercer lugar, establecer las acciones que se van a llevar a cabo.

En un primer momento, varios organizadores han tomado la palabra para explicar en qué consiste esta reforma constitucional y porqué la rechazan.

"La medida que nos están proponiendo no es para salir de la crisis, sino para alimentar a los que la crearon: bancos, aseguradoras y fondos de inversión, entre otros", ha manifestado uno de los integrantes del grupo de economía.

Otro ha indicado que "la deuda y el déficit se originan por mala gestión, por lo tanto, hay que controlar las políticas fraudulentas y no la capacidad de endeudamiento".

Han explicado además que "existen alternativas" y así lo han hecho saber a través de un texto que han repartido entre los asistentes en el que apuestan por "el lado del ingreso" y no el del "recorte" y apuntan que "el fraude, que existe gracias a los paraísos fiscales, supera por mucho la deuda pública".
Tras la intervención de los organizadores, un participante ha inaugurado el turno de palabra y ha apostillado que "el poder económico está por encima del poder político, así como la Unión Europea está supeditada al capitalismo internacional".

Los encargados de apuntar el nombre de quienes deseaban intervenir en la asamblea no daban abasto ante el gran número de personas que deseaban expresar su opinión.

Uno de los integrantes del grupo de economía de Sol ha recordado que el próximo domingo continuarán debatiendo sobre el asunto en "los veranos de economía" que organizan semanalmente en el Parque del Retiro.

La Constitución debe reformarse para que el derecho a la vivienda y a la salud puedan exigirse en los tribunales

España (26-08-11)
Peticiones de Amnistía Internacional al presidente del Gobierno y al líder de la oposición ante la reforma de la Constitución española

Madrid.- Ante el anuncio de la reforma de la Constitución en España, Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, y al principal lider de la oposición, Mariano Rajoy, para solicitarles que aprovechen esta oportunidad, o se comprometan para el futuro, incluyendo en la reforma dos cuestiones que afectan a la protección de los derechos humanos.

En primer lugar, la organización considera que la Constitución debe garantizar la máxima protección de todos los derechos económicos, sociales y culturales, sin establecer distinciones ni prioridades, tal y como reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos y numerosos instrumentos internacionales ratificados por España.

Amnistía Internacional solicita que el derecho a la vivienda y a la salud aparezcan recogidos en la Constitución española bajo el epígrafe de los derechos fundamentales algo que mejoraría su protección, garantías y exigibilidad. La situación actual impide, por ejemplo, la posibilidad de que estos derechos se exijan directamente ante los tribunales cuando se ven vulnerados.

En España, donde la pobreza afecta a unos nueve millones de personas, derechos económicos, sociales y culturales como la vivienda y la salud no están protegidos igual que otros. Y sin embargo, son derechos de igual rango que el derecho a la libertad de expresión o a un juicio justo.

Derecho a la vivienda

La organización solicita esta reforma constitucional en el contexto de crisis económica en el que muchas personas han perdido su vivienda. Desde 2007, año de inicio de la crisis, hasta finales del 2010 se han iniciado 271.570 ejecuciones hipotecarias.

Y muchas más carecen de una vivienda digna. Según el censo de 2001, en España hay aproximadamente 1.500.000 infraviviendas. Además, la Encuesta sobre personas sin hogar de 2005 estima que 21.900 personas se encuentran en esta situación, mientras que organizaciones como Feantsa, que trabajan por el derecho a la vivienda y combaten la exclusión de las personas sin hogar, estiman que la cifra asciende a 38.000 personas.

Esta situación tiene  un grave impacto en el disfrute de otros derechos humanos. A esto se suma la indefensión de las personas que son objeto de desalojos forzosos.

Derecho a la salud

En España se estima que entre 90.000 y 180.000 personas que no han trabajado nunca o que no han recibido ningún tipo de prestación por desempleo carecen de cobertura asistencial sanitaria pública y gratuita. Unas cifras que podrían ser mayores debido a la crisis económica.

Y en cuanto a salud mental, los recursos del Estado para atender a estas personas son limitados, lo que dificulta que se puedan conseguir diagnósticos tempranos y tratamientos adecuados y eficaces. Según datos de 2008 de la Organización Mundial de la Salud, España se encuentra en los últimos lugares con respecto al resto de países europeos en lo que se refiere a recursos destinados a la atención de la salud mental, con 6.1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.

Pena de muerte

Por otra parte, a pesar de que la pena de muerte quedó abolida en España en 1995 con la supresión de la misma del Código Penal Militar, la Constitución sigue haciendo mención a ella en el artículo 15 para tiempos de guerra. Amnistía Internacional considera que la reforma debería eliminar la mención a la pena de muerte en la Constitución e incluso prohibir expresamente su aplicación.

Una iniciativa en esta línea sería además coherente con el impulso que el gobierno español ha dado a la abolición de la pena capital en el mundo, liderando la creación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.

Categorías: Derechos económicos, sociales y culturales, Desalojo fozado, Discriminación, España, Europa y Asia Central, Pena de muerte, Pobreza, Salud, Vivienda
Más información
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf.,             91 310 12 77      
Centro de Documentación de AI: doc.es.amnesty.org.

El profesor Navarro pide a las Cortes Españolas que convoquen un referéndum sobre la propuesta que ha hecho el gobierno español con el apoyo del Partido Popular del establecimiento de un límite al déficit público, siguiendo las normativas propuestas por la Sra. Merkel para la Eurozona

Es muy importante que se movilice la población para que se exija que una medida de tal envergadura se vote en referéndum por la población española. Esta medida afectaría muy negativamente al Estado del Bienestar español que está hoy financiado predominantemente a nivel de las CCAA. Limitar su gasto implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar. Animo a mis amigos del movimiento 15-M, así como a todos los demócratas en España a que se movilicen. La democracia española es de las menos participativas de las existentes en la Unión Europea y es escasamente democrático que una medida de tal envergadura se apruebe por las Cortes Españolas sin haber sido consultado el pueblo español. Esta medida puede significar un ataque frontal al Estado del Bienestar español que tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea. Aunque se habla genéricamente de gasto público, la realidad es que este gasto constituye la mayoría del gasto público y los recortes que se han hecho han sido predominantemente en las pensiones y en el empleo de los servicios del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, pensiones de vejez y otras, así como otros componentes del Estado del Bienestar.

Una décima parte de los Diputados o de los Senadores puede solicitar un referéndum vinculante sobre el establecimiento de un límite al déficit público

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho un anuncio inesperado este martes en el pleno extraordinario: reformar la Constitución para introducir un límite al déficit público.
El límite al déficit no es algo abstracto: es lo que va a determinar que tengas o no acceso a la educación o a la sanidad, entre otras muchas cosas. Limitar el déficit es limitar la inversión en la sociedad. Con esto, el Gobierno podrá dejar a personas como tú en la cuneta. Pero podemos detener esta iniciativa.
La Constitución no exige que esta modificación sea aprobada por referéndum vinculante. Para que los ciudadanos seamos consultados sobre esta cuestión fundamental que va a afectar al resto de nuestras vidas es necesario que una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras lo solicite tras su aprobación en el Congreso y el Senado.
Los ciudadanos debemos poder votar en un asunto tan fundamental como este. Pide a los Diputados y Senadores de todos los grupos políticos que se comprometan a solicitar la celebración del referéndum para su ratificación como permite la Constitución en su artículo 167.3.
Es muy importante que se movilice la población para que se exija que una medida de tal envergadura se vote en referéndum por la población española. Esta medida afectaría muy negativamente al Estado del Bienestar español que está hoy financiado predominantemente a nivel de las CCAA. Limitar su gasto implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar.
Animo a mis amigos del movimiento 15-M, así como a todos los demócratas en España a que se movilicen. La democracia española es de las menos participativas de las existentes en la Unión Europea y es escasamente democrático que una medida de tal envergadura se apruebe por las Cortes Españolas sin haber sido consultado el pueblo español.
Esta medida puede significar un ataque frontal al Estado del Bienestar español que tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea. Aunque se habla genéricamente de gasto público, la realidad es que este gasto constituye la mayoría del gasto público y los recortes que se han hecho han sido predominantemente en las pensiones y en el empleo de los servicios del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, pensiones de vejez y otras, así como otros componentes del Estado del Bienestar.

Para más información: http://www.vnavarro.org/

Pide un referéndum para ratificar la para ratificar la reforma de la Constitución
 

Al firmar la petición estarás enviando esta carta

Destinatario: Todos los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado

Señorías,
El Presidente ha anunciado su intención de promover la reforma constitucional para incluir un límite al déficit público.
Se trata de una modificación que de acuerdo con la Constitución Española no exige necesariamente la celebración de un referéndum vinculante.
Este asunto es de tal importancia y va a ser tan determinante para nuestro futuro que le pido que si esta modificación es finalmente aprobada por las cámaras, su grupo parlamentario se comprometa a solicitar que esta reforma sea sometida a referéndum para su ratificación tal y como recoge el artículo 167.3 de la Constitución Española.
Atentamente,