Carta para alcaldes de las ciudades del mundo

Carta para alcaldes de las ciudades del mundo

EMMP

Estimados Alcaldes y público presente.

Hoy en cada urbe, dos ciudades coexisten… coexisten pero no conviven. Una ciudad aplasta a la otra. Los expulsados del campo, los descartados por el mercado laboral, somos arrojados a las periferias como desechos humanos, a merced de las peores formas de precariedad y explotación.

En ese contexto de alta vulnerabilidad que afecta a 2000 millones de personas, la moderna esclavitud se expande en forma escandalosa. Es un negocio donde la sangre la ponemos los pobres pero el dinero se acumula en bancos del norte.

La respuesta de los Estados suele ser reduccionista. En ocasiones se persigue cruelmente a los migrantes incluso so pretexto de protegerlos. El muro entre EEUU y México, los náufragos del Mediterráneo o la violencia contra trabajadores informales son ejemplos de una hipocresía criminal que debe cesar.

La moderna esclavitud no es un problema meramente policial sino la consecuencia de un sistema excluyente. Para frenar este crimen aberrante no se necesita gastar más en patrulleros ni sistemas biométricos. Muchas veces, las policías son parte de las estructuras criminales. No necesitamos darles más poder.

Para cambiar estas realidades destructoras -además de castigar a los peces gordos y sus cómplices - hay que escuchar a los pueblos que se organizan y luchan por su dignidad. Hay que darles poder a los pobres. Esclavitud y exclusión son dos caras de una moneda. ¡Hay esclavos porque hay excluidos!

Desde el Comité Organizador del Encuentro Mundial de Movimientos Populares que recientemente reunió al Papa con miles de organizaciones de 40 países, queremos hacer llegar 10 propuestas para construir ciudades sin esclavos ni excluidos.

1.    Poder y participación al pueblo. El poder político debe escuchar el clamor de los pobres que, pese a ser mayoría, casi nunca acceden a cargos públicos. Los funcionarios, como indica el Papa, “viven y reflexionan desde la comodidad de un desarrollo y de una calidad de vida que no están al alcance de la mayoría”. Así, nuestras democracias suelen ser meramente formales. La participación de las organizativas populares (grassroots organizations) es fundamental para revitalizarlas. Proponemos crear mecanismos permanentes de consulta y presupuesto participativo, consejos populares por sector (vivienda, trabajo, etc.) y otras formas de democracia directa. La protesta es un derecho y no debe ser reprimida. El Papa reconoce que el futuro de la humanidad está en gran medida en manos de los pobres organizados. Es hora de que los Estados también lo hagan.

2.    Priorizar las periferias. El Papa indica que los excluidos  “a la hora de la actuación concreta, quedan frecuentemente en el último lugar”. Esto es evidente cuando se analizan los presupuestos municipales. La inclusión debe ser una prioridad política y presupuestaria. Es urgente invertir en las periferias, especialmente los asentamientos informales (slums) donde hoy vive un tercio de la humanidad. El Papa afirma “ni erradicación ni marginación: Hay que seguir en la línea de la integración urbana”. En ese sentido, hacemos nuestra su propuesta de que “todos los barrios tengan una infraestructura adecuada” y “seguridad en la tenencia”. Negar derechos básicos como el agua potable es un crimen cualquiera sea la situación legal del asentamiento. Proponemos su regularización y crear millones de puestos de trabajo mediante cooperativas de vecinos en el marco del planeamiento urbano participativo para el desarrollo de infraestructura social, apertura de calles, colocación de luminarias, redes hídricas y cloacales, desagües, mejoramiento habitacional, mantenimiento de plazas, limpieza de arroyos y construcción de espacios comunitarios

3.    Techo para todos. Es un escándalo que haya familias sin vivienda cuando hay tantas viviendas sin familias. Para garantizar el derecho al techo hay que frenar la especulación inmobiliaria que crea ganancias pero no hogares. Se debe proteger al inquilino y evitar el rentismo abusivo. No pueden permitirse desalojos a familias, menos sin una alternativa habitacional. Cuando el trabajador no tiene techo, está expuesto los explotadores en talleres que proveen cama. Proponemos la crear millones de puestos de trabajo con programas de autoconstrucción, provisión de “lotes con servicios” y tierras de propiedad comunitaria, y reutilizar edificios abandonados para viviendas. Esto puede financiarse con impuestos a inmuebles ociosos. ¡Ni una familia sin techo!

4.    Hospitalidad con migrantes y refugiados. Pretender combatir la trata y adoptar una política de desprecio hacia los migrantes es una gran hipocresía. Los traficantes de personas se nutren de la xenofobia institucional de algunos Estados. Las ciudades que pretendan erradicar el trabajo esclavo deben recibir con amor a los migrantes, proveerles documentación, oportunidades laborales y plenos derechos. Proponemos la regularización migratoria de todos. Ninguna persona es ilegal. Ser migrante no es un crimen. Criminales son las causas que los obligaron a migrar.

5.    Trasporte público digno y ecológico. La utilización individualista del automóvil destruye la convivencia y el ambiente: debe restringirse. La alternativa pública suele ser una verdadera tortura. Proponemos la utilización de ciclovias, fuertes inversiones en metro, trenes y formas trasporte colectivo, integrando a trasportistas informales. Reclamamos su gratuidad o tarifas sociales diferenciadas.  La movilidad urbana facilita la libertad ambulatoria. El aislamiento engendra esclavitud.

6.    Dignificar el sector informal. Perseguir a los vendedores, artesanos, feriantes, recicladores, etc. es robar el pan a los pobres. Hoy la economía popular emplea a 1.500 millones de excluidos. El espacio público es su principal medio de producción: quitárselos es arrojarlos a la desesperanza y eso engendra violencia. La penalización de estas actividades solo favorece a organizaciones criminales porque terminan monopolizándolas en complicidad con las policías. Proponemos institucionalizar la economía popular. Crear con participación popular regulaciones inclusivas del espacio público que garanticen convivencia armónica y trabajo digno para nuestros compañeros. Fomentar las “empresas recuperadas” y los polos productivos populares como alternativa contra el trabajo esclavo. Los bienes de las quiebras y activos incautados en procesos judiciales deben ser socialmente reutilizados para crear trabajo. Las compras públicas deberían potenciar la economía popular y no el “capitalismo de amigos”.

7.    Ecología integral y popular.  Los cartoneros (wastepickers) son los máximos recicladores del mundo pero en muchas ciudades son perseguidos. En otras, su lucha ha conquistado sistemas de reciclado mixtos que les brindan condiciones laborales dignas. Proponemos multiplicar y profundizar las políticas de reciclado con inclusión. La gestión de los residuos no debe ser un “eco-negocio” sino una oportunidad para incluir a los recicladores y crear millones de “cooperativas verdes” ¡Sin Cartoneros no hay Basura 0! Ellos demuestran que “un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social”.

8.    Integración campo-ciudad. En los municipios rurales se debe favorecer la agricultura campesina, indígena y agroecológica. Recordemos como el Papa que la reforma agraria es “una obligación moral”. Los problemas de la ciudad nunca se resolverán si sigue la expulsión de campesinos. La trata también se alimenta del desarraigo rural. Por cada desarraigado hay un nuevo pobre urbano y posiblemente un nuevo explotado. Los alimentos que producimos pueden contribuir a una dieta sana para los niños de las ciudades, mal nutridos por carencia o la comida chatarra. Proponemos redes de distribución y compras públicas para garantizar ingresos a los campesinos y llevar sin intermediarios alimentos de calidad a las periferias urbanas.

9.    Cultura popular ecológica. Debemos frenar el consumismo, machismo y cosificación de la mujer que se promueve en los grandes medios fomentando la trata. La cultura popular es el mejor antídoto. Proponemos: apoyar los medios de comunicación populares: radios, televisión y revistas comunitarias que expresan una cultura solidaria. Incluir en las escuelas contenidos ecológicos y que cada una tenga huerta orgánica. Proteger los espacios culturales autogestionados que se desarrollan en edificios abandonados y están en riesgo de desalojo. Cerrar calles céntricas para espacios de arte popular (domingos y feriados).

10.    Los únicos privilegiados deben ser niños y ancianos. Como señaló el Papa hablar de “niños en situación de calle” es un eufemismo criminal: ¡son niños abandonados! Los jóvenes pobres, en vez de amados, son vistos como peligrosos y caen victimas de “gatillo fácil”. A los ancianos se los deja morir. Proponemos garantizar espacios comunitarios de contención y crear millones de puestos de trabajo en los cuidados para nuestros niños y ancianos. También, crear guarderías infantiles en las periferias urbanas como reclaman las madres trabajadoras. ¡Ningún niño sin infancia, ningún joven sin oportunidades, ningún anciano sin una venerable vejez!

Estimados Alcaldes. Más allá de estas propuestas que esperamos analicen, les pedimos vocación de servicio, coraje y compromiso presupuestario con los excluidos. Recuerden: ¡Sin exclusión no hay trata!  También les rogamos lean nuestro documento de Santa Cruz y el Discurso del Papa ante los Movimientos Populares.

Gracias.

Encuentro Mundial de Movimientos Populares - EMMP
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El Plan Cóndor, la red internacional terrorista más grande del Siglo XX.-

 

En la sangrienta época de las dictaduras militares en América Latina fue creada la red internacional terrorista más grande del Siglo XX bajo el nombre de “El Plan Cóndor” cuyo nombre hacía temblar de terror a los exiliados y perseguidos brasileños, argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos y bolivianos.

Este plan, que remeció al mundo cuando fue descubierto, fue un acuerdo firmado en 1975 para la represión política entre los gobiernos de Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú. Consistía en el intercambio de información sobre los disidentes de cada uno de estos países para posteriormente secuestrarlos, intercambiarlos, desaparecerlos, llevarlos a su país de origen o asesinarlos in situ. Ya en Argentina y Chile los autores de estos delitos están siendo juzgados y en estos días el largo brazo de la justicia está llegando al Brasil.

Los autores del golpe de Estado en el Brasil en 1964, Mariscal Humberto Castello Branco y los generales Arthur da Costa Silva, Emilio Garastazú Médici Ernesto Geisel y Joao Baptista Figueiredo, que gobernaron el país a base del terror hasta 1985, jamás se imaginaron que la rueda de la historia les jugaría una broma y que sus perseguidos llegarían alguna vez a ser presidentes del país.

Pero así sucedió. En 1995 el Dr. Enrique Cardoso, expulsado por la junta militar del país llegó a ser elegido presidente. Lo reemplazó en 2003, un ex detenido y encarcelado dirigente del Partido de los Trabajadores, Luis Inácio Lula da Silva y finalmente este año una ex guerrillera arrestada, encarcelada y torturada durante la dictadura, Dilma Vana Rousseff fue elegida la presidenta del Brasil.

Frecuentemente el retorno a la democracia no significa inmediatamente la aplicación de la justicia a los crímenes cometidos en el pasado. Los militares brasileños antes de dejar el poder promulgaron la Ley de Amnistía que los exoneraba de toda la responsabilidad por la represión entre 1964 y 1985 y en especial por su participación en el “Plan Cóndor”.

En el contexto de la Guerra Fría entre los EEUU y la URSS, Brasil ocupaba un lugar especial. Fue uno de los pocos países que tenía relaciones diplomáticas con la Unión Soviética que consideraba que solamente Cuba y el Brasil de Goulart eran “países progresistas” en América Latina, lo que producía una irritación en Washington. Después del golpe de Estado estas relaciones con la URSS se enfriaron hasta los setenta y muchos comunistas brasileños, incluyendo al Secretario General del Partido Comunista Luiz Carlos Prestes, se exiliaron en Moscú.

Sin embargo, a partir de 1975 justamente cuando empezó a volar el Cóndor represivo sobre América Latina hubo un acercamiento pragmático y estrictamente comercial entre el Brasil que empezó a buscar independencia económica de los EEUU y la URSS que estaba detrás de nuevos mercados y proveedores de trigo durante el bloqueo estadounidense. Así los intereses económicos se sobrepusieron a los ideológicos cerrando los ojos el Comité Central del Partido Comunista de la URSS frente a la persecución de sus camaradas brasileños.

Muy pocos saben que el Brasil fue el precursor de aquel siniestro Plan Cóndor, que todavía no tenía este nombre, y empezó a aplicar y perfeccionarlo ya desde 1964. A pesar de tantos años transcurridos y los cambios políticos, los militares brasileños siempre han sabido ocultar o justificar los crímenes de la dictadura, borrar o esconder las estadísticas y proteger tanto a los represores como a toda la institución de la espada de Damocles de la justicia.

Tal es la influencia de las Fuerzas Armadas que en el Brasil hasta ahora no hay ni un condenado por el abuso de los derechos humanos entre 1964 y 1985. De lo poco que se sabe es que más de 600 personas fueron asesinadas, unas 150 desaparecidas, más 50.000, detenidas, unas 2000, torturadas y unos 10.000 brasileños fueron al exilio. Las verdaderas cifras de las víctimas deben ser mucho más altas pero los militares no tienen la voluntad de abrir sus archivos si es que no los destruyeron.

Tal es su poder en el Brasil democrático que ni Lula da Silva en su presidencia (2003 – 2011) se atrevió a crear una Comisión de la Verdad como lo hicieron en la mayoría de los países de América Latina. Recién hace dos semanas la presidenta Dilma Rousseff después de mucha indecisión y bajo la presión del Partido de los Trabajadores al que pertenece, se atrevió a firmar la Ley de la Comisión de la Verdad que da plazo de dos años a sus siete miembros de concluir el informe sobre el abuso de los derechos humanos en el Brasil durante los años de dictadura.

También firmó la Ley del Acceso a la Información que establece límite de 50 años para abrir los archivos ultra secretos. Es decir la verdad final se sabría recién en el 2035. Mientras tanto la Ley de Amnistía para los militares promulgada en 1979 sigue vigente y los protege de todos los abusos de derechos humanos cometidos entre 1946 a 1988.

No quieren los militares que la opinión pública sepa cómo en 1964 recibieron instrucciones del presidente norteamericano Lyndon B. Johnson de sacar del poder al presidente Joao Goulart por su cierta simpatía a la URSS.

El agregado militar norteamericano y uno de los hombres más siniestros e inteligentes de la CIA, coronel Vernon Walters elaboró el plan del golpe de Estado y eligió al general Humberto Castello Branco para ser su líder, seduciéndolo con la idea que el Brasil se convertirá en el brazo derecho de los EEUU en América latina. Lo del “brazo derecho” no sucedió, simplemente el país fue transformado en el laboratorio represivo donde se estrenó el Plan Pre Cóndor.

Para entrenar a los cariocas en las técnicas de tortura fue despachado al país al famoso y siniestro agente del FBI contratado por la CIA, Daniel Mitrione, considerado como el máximo especialista en la tortura. Allí creó su laboratorio para los futuros torturadores latinoamericanos y allí inventó su famosa “Silla de Dragón” utilizando para sus experimentos a los mendigos del Bello Horizonte.
Posteriormente vino la ayuda del general francés Paul Aussaresses que perfeccionó su siniestro arte en Argelia.

Ya desde el año 1964 los agentes brasileños paseaban por Argentina como por su casa secuestrando a los opositores de la dictadura. Henri Kissinger y Walter Vernon decidieron usar su experiencia de persecución de disidentes en otros países para crear en 1975 la internacional del terror bajo el nombre de “Plan Cóndor”.

Sin embargo, ya mucho antes de esto los agentes y “diplomáticos” brasileños estaban trabajando en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia bajo el pretexto de la lucha contra el comunismo que no tenía fronteras, preparando futuros golpes de Estado en América Latina.

Siguen insistiendo las Fuerzas Armadas brasileñas en ocultar la historia, proteger a sus represores y lograr el perdón y el olvido. Solamente surge una pregunta: ¿Y los torturados, podrán a olvidar y perdonarlos, igual como los parientes de los desaparecidos y asesinados?

Yesenia Belandria Chacon