COORDINADORA DE EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE MADRID (CEAPM)
RECLAMACIÓN:
Las reclamaciones oficiales por Internet hacen daño pues hay que registrarlas y contestarlas. Enviadlo como usuario (con copia oculta) a todos vuestros amigos y contactos y pedirles que se extienda.
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Expone:
He leído el Plan de Sostenibilidad para la Sanidad de la CAM a través de medios oficiales (gerencia de Dirección Asistencial Centro) y estoy en total desacuerdo con lo que va a suponer para mi asistencia, ya que a pesar de seguir siendo "gratuita" (se paga con los impuestos de todos) va a tener una gestión privada o externa que va a presionar a los profesionales que me atienden a reducir el gasto en mi persona como paciente, al primar la economía como empresa privada y no mi salud como hasta el momento.
Solicita:
Que se paralice el Plan de sostenibilidad actual y se negocie con los que realmente entienden de salud, que son los profesionales de salud, para llegar a la manera en que se puede gestionar mejor los recursos sin que ninguna empresa privada priorice en el dinero y no en la salud. Si realmente siguen adelante con este plan lo único que afirman es ser ustedes unos gestores incompetentes para seguir en el cargo ya que no son capaces de gestionar dinero público y se lo tienen que dar a manos privadas. Esta reclamación con su número de registro irá a manos de medios de comunicación.
Quedo en espera de su respuesta.
COMUNICADOS
COMUNICADO DE LAS SOCIEDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA SEMERGEN, SEMFYC y SEMG. ANTE LA SITUACION CREADA POR EL “PLAN DE MEDIDAS DE GARANTÍA DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID” Las Sociedades Españolas de Atención Primaria, SEMG, SEMERGEN SEMFYC, observan con enorme preocupación la situación de la atención sanitaria en la Comunidad de Madrid tras hacerse público el “Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del Sistema Sanitario público de la Comunidad de Madrid”, promovido por el gobierno regional, y quieren ponen de manifiesto lo siguiente:
1. La primera obligación de los médicos es preservar y defender los intereses de los pacientes, por encima incluso de los suyos propios, y orientar todas las decisiones al bien común.
2. Hasta ahora los pilares del Sistema Nacional de Salud (SNS) se basaron en unos principios fundamentales de equidad social y solidaridad, como gran patrimonio colectivo y derecho irrenunciable de todos los ciudadanos, por lo que cualquier modificación de calado en el SNS debe nacer del consenso, tras el diálogo con los agentes sociales y los representantes legales y legítimos de los profesionales sanitarios; su principal objetivo, por tanto, debe ser la implicación de los profesionales sanitarios.
3. Existen numerosas pruebas que avalan que es difícil, por no decir imposible, poner en marcha cualquier tipo de reforma sin la participación activa de los profesionales, mucho más cuando estas reformas están fundamentadas tan solo en criterios economicistas y se orientan a escenarios que rompen el modelo basado en la universalidad y la equidad, que pueden producir pérdidas en la calidad y afectar especialmente a los más pobres, indefensos y vulnerables.
4. La legitimidad otorgada por las Urnas no puede convertirse en ningún caso en patente de corso para adoptar decisiones que afectan negativamente al conjunto de la sociedad, dificultan el acceso equitativo de los ciudadanos a los servicios públicos y ponen en peligro el futuro y la continuidad de las prestaciones sanitarias.
5. Las medidas anunciadas por parte del gobierno regional, y en su nombre por la Consejería de Sanidad, no aportan datos objetivos que permitan inferir la mayor eficiencia del modelo que se propone y ni siquiera existe ningún estudio económico que demuestre que se va a producir el ahorro que se proclama. En el documento se parte de premisas interesadas en objetivos poco relacionados con la calidad clínica y más con la gestión estrictamente economicista de los recursos.
6. Dichas medidas son arriesgadas, de eficacia dudosa para el fin que supuestamente persiguen, y conllevan la descapitalización irreversible de los recursos materiales y humanos del sistema sanitario público madrileño; por otra parte, suponen un expolio de los derechos
adquiridos de los profesionales sanitarios.
7. La oferta que se hace a los profesionales de participar directamente en la gestión de los centros de salud es un “brindis al sol”, pues les obliga a la creación de estructuras asociativas que en la actual coyuntura económica representan aventuras empresariales de alto riesgo y por consiguiente difícilmente financiables.
8. En el Plan no se detalla ni la asignación capitativa por paciente, ni los factores correctores a aplicar, ni las normas jurídicas a implementar sobre las relaciones laborales en las nuevas entidades… La lectura de tan escueto documento induce irremisiblemente sentimientos de inseguridad legal, laboral y profesional. Por tanto, es más que improbable que se generen solicitudes de adjudicación que provengan directamente de los profesionales.
9. Tomando en consideración la ausencia de datos objetivos que las apoyen, las entidades firmantes estiman que las medidas planteadas son arbitrarias y los ajustes presupuestarios una simple coartada para proceder a transferir la gestión de los centros de salud a organizaciones empresariales con ánimo de lucro. La Consejería de Sanidad emplea el eufemismo de “externalización de la gestión” y rechaza de forma beligerante el de “privatización”; sin embargo, más allá de disquisiciones semánticas, ambos términos implican exactamente las mismas consecuencias finales sobre la organización y la gestión de los centros de salud y el estatus laboral y profesional de quienes en ellos trabajen.
Por todo lo anterior, las entidades firmantes de este Comunicado manifiestan su oposición al Plan, que nace sin tener en cuenta a los profesionales sanitarios ni a los pacientes, y emplazan al gobierno regional a proceder a retirarlo y a entablar con los representantes profesionales un diálogo leal, sincero y sin posiciones predeterminadas, en aras de pactar las medidas que se estimen oportunas para los fines que se pretenden, pero evitando planteamientos rupturistas, radicales e irracionales.
*Para más información, gabinetes de prensa de SEMERGEN (Guillermo Castilla / 617.905.069), SEMG (Mario Braier / 629.532.600) y semFYC (Luis Pardo / 626.97.84.20)
ARTÍCULOS
La colaboración público-privada es sinónimo de privatización de la sanidad
Repuesta de la FADSP al comunicado oficial del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), entidad que representa de forma mayoritaria al sector sanitario privado en España publicado hoy mismo en los medios de comunicación, con respecto a la supuesta defensa del sistema sanitario público por parte de esta entidad representativa de la patronal sanitaria privada
- El IDIS trabaja para impulsar el crecimiento de los seguros sanitarios privados, y apoya encarecidamente su desgravación fiscal[1], lo que además de injusto e insolidario con las personas que no pueden pagárselo, contradice sus afirmación de defensa de un sistema público y gratuito para todos los ciudadanos.
-Entre los socios del IDIS se encuentran las empresas privadas del sector y los fondos de inversión extranjeros que se están quedando con el sistema sanitario español: Capio, Grupo Quirón, USP hospitales, Sanitas y Adeslas, junto a farmaindustria y la industria de las tecnologías y otras empresas que actúan de patrocinadoras y ejercen directamente su influencia sobre el sistema sanitario a través del IDIS en detrimento de otras empresas del sector,cuestionando la “libre competencia” como son la General Electric, y Philips, las CF Sanofi, Novartis y Zeltia.
-Únicamente la propia constitución del IDIS echa por tierra el primer punto del comunicado, dado que un sistema sanitario público está gestionado por la administración pública y los hospitales del IDIS están gestionados por empresas privadas y por fondos de inversión, cuyo único objetivo es ganar dinero por medios especulativos,como todo el mundo sabe y su propio nombre indica: Capio, del fondo de inversión británico CVC, el grupo USP-Quirón, del fondo de inversión británico Doughty Hanson,Sanitas, de BUPA, la mayor compañía privada de asistencia sanitaria del Reino Unido, además de los hospitales de Adeslas, que pertenecen a la sociedad Goodgrower (80%) y a Criteria de Caixa Catalana. (20%).
Así que estos movimientos especulativos, si significan “privatizar la sanidad”
-La opacidad y los intereses cruzados de estas ventas y la imposibilidad de control democrático por parte de los ciudadanos sobre esta gestión sanitaria privada, cedida a empresas como Capio, que se permiten el lujo de ni tan siquiera hacer públicos los nombres de sus asociados y cuadros directivos, suponen una clara merma de derechos de la población y de transparencia en el control de las instituciones pública.
-Las empresas financiadoras y las constructoras de los hospitales de gestión privada de Madrid han sido rescatadas o tienen graves dificultades financieras: ACS y Abertis (primer accionista de Capio) forman parte, junto a la antigua Caja Madrid de la concesionaria “Accesos a Madrid” en preconcurso de acreedores, así como FCC, que forma junto a Bankia y otras entidades, globavía, también en preconcurso de acreedores. Las Acciones de ACS, Acciona y FCC han caído en picado en los últimos años y se encuentran en mínimos históricos[2] Solo ACS pierde 1.099 millones de euros en los 9 primeros meses de 2012[3] BEGAR y PLODER están en situación de concurso de acreedores desde hace más de 2 años[4]
Ante estos datos parece que el único objetivo para invertir en sanidad de estas empresas es la de “hacer negocio”
-Por otra parte y según los indicadores del Ministerio de Sanidad, los Hospitales del Sistema nacional de Salud tienen 67 médicos y 126 enfermeras/100 camas y los Centros privados: 16 médicos y 43 enfermeras/100 camas,es decir 76% menos médicos y 66% menos enfermeras, por lo que desde la FADSP podemos asegurar quelos modelos de colaboración público-privada y la gestión de la sanidad por empresas privadas si implican una merma en la calidad asistencial que reciben los ciudadanos y conlleva necesariamente la pérdida de miles de puestos de trabajo y como consecuencia mayor precariedad y menor calidad asistencial.
-No tardaremos en comprobar que los problemas de salud pasarán a los primeros puestos en las preocupaciones de la población, sobre todo de las personas más enfermas y con menos recursos, tradicionalmente “menos interesantes" para la iniciativa privada.
En la FADSP consideramos el comunicado del IDIS como una agresión a la inteligencia de la ciudadanía, y apelamos a la responsabilidad de sus asociados, para que trabajen en la búsqueda de otras alternativas que resuelvan sus problemas de tesorería, y cumplan el mandato de la Ley General de Sanidad que ha permitido la creación de un SNS con financiación y gestión pública, universal y gratuito en el momento del uso y envidiado por los países de nuestro entorno.
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
2 de Diciembre de 2012
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