La industria terrorista y el proyecto de formar el gran medio oriente

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Para explorar las causas del terrorismo de última generación, asociadas por geografía y forzadamente, con cierto fundamentalismo islámico, en el residual histórico del análisis tiende a omitirse la influencia del proyecto para reformar el medio oriente y una amplia zona adyacente.

Este proyecto adquiere cuerpo legal en el congreso de Estados Unidos a partir de las gestiones del senador republicano estadounidense Richard Lugar en 2004, para crear un gran fondo fiduciario y así lanzar el plan para formar un Gran Medio Oriente. Dijo Lugar en junio de 2004: “Se deben obtener las metas de reforma de los sistemas económicos, a la cual dichos estados se han resistido por décadas. Estas metas incluyen reformar el sistema económico, reducir el control del Estado de las economías, diversificar las industrias y reformar los mercados laborales… también se incluirán reformas políticas”. También consistía en la formación de una fuerza de control del terrorismo con la intervención de la OTAN. (Brookings.edu. marzo, 2004).

El proyecto coordinado desde el congreso de Estados Unidos, recibe un apoyo importante con el lanzamiento en abril de 2005, del Tercer Informe de Desarrollo Humano para el Mundo Árabe preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esto ocurre a dos años de la ocupación militar en Irak lo que indica un proceso acelerado en una especie de “ahora o nunca” para reestructurar el medio oriente en un formato ampliado con democracias previsibles y proclives a formar alianza con el orden transatlántico. El informe del PNUD divulgado el 7 de abril del 2005 se centraba en las libertades políticas en las naciones árabes: “De acuerdo a los estándares del siglo XXI, los países árabes no han resuelto las aspiraciones de desarrollo del pueblo árabe, la seguridad y la liberación, a pesar de las diversidades entre un país y otro a este respecto…hay un consenso en que existen graves carencias en el mundo árabe, y que éstas se sitúan específicamente en la esfera política”. (PNUD. 2005)

Estas recomendaciones empalman con el esfuerzo de consolidar la unidad transatlántica. En un trabajo compilado por Ronald Asmus, (The Washington Quarterly. 2005), se indica la necesidad de una estrategia transatlántica para promover la democracia bajo el diseño de un Gran Medio Oriente. La invasión a Irak de 2003 fue el gran detonante y facilitador para implementar esta idea precedida por un ambicioso plan de Naciones Unidas elaborado en 2002, y que contemplaba democratizar los regímenes políticos autoritarios, incluyendo el cambio de régimen. Con el advenimiento de un grupo expandido de ideólogos neoconservadores durante la administración de George W. Bush, que se apodera virtualmente de la política exterior de Estados Unidos, los componentes básicos de este proyecto menos radical en cuanto a la acción unilateral, se transforman en vías rápidas de generar condiciones para el intervencionismo, eufemísticamente desestabilizar para intervenir. En el corazón del pensamiento neoconservador, la ONU no sirve para la transformación de países en clave de mundo desregulado y menos atado a la burocracia estatal que es la esencia del funcionamiento de la ONU.

La idea de democratizar “a la occidental” el mapa político del Medio Oriente y el Norte de África, proviene de los imperativos del sistema financiero mundial. El objetivo es transferir los valores del estado liberal a los países árabes e incorporar a una gran zona de recursos, principalmente los energéticos (más del 60% de las reservas petroleras del mundo) y humanos, que entregarían nuevo vigor a la economía global en crisis, pero no solucionarían los problemas políticos del estado liberal que bajo la globalización han aumentado, por la creciente desigualdad y concentración de poder en ciertas regiones. Es así que la incorporación de nuevos capitales y mercados con democracias “a la occidental”, deberían funcionar como dos tenazas en pos de la supremacía global en un capitalismo comandado bajo la doctrina neoconservadora y en clave de gobernabilidad totalitaria.

Pero la estrategia a través del control político ideológico del mundo árabe e islámico promoviendo democracias “a la occidental” falló y por tanto había que directamente intervenir con medidas de más coerción acudiendo a la violencia política y social. El neoconservadurismo que se maneja desde los cuarteles centrales del gran capital internacional y de sus delegados en los países, no ha encontrado un campo más fértil de reclutamiento que el que ofrecen las zonas más pobres y desafectadas del mundo islámico, incluyendo a los países de Europa Occidental con población islámica marginalizada, para generar una industria del terrorismo en función de provocar pánico político y social en determinados países.

Aunque el término “industria del terrorismo” suene extravagante, es lo que es. En notas anteriores para ARGENPRESS, analizando la crisis internacional en torno a la guerra que libra Siria contra el terrorismo desde 2011, me he referido a esa industria no estatal, (aunque recibe fondos estatales de varias naciones), que ha utilizado a Siria como una probeta de ensayo. Esta intervención se sitúa en el tipo de intervencionismo unilateral que se ubica al centro de la doctrina en política exterior del partido republicano y que ha sido capaz de insertarlo en la política exterior de Estados Unidos como parte de su estrategia por la supremacía global.

Ese tipo de intervencionismo unilateral ha sido utilizado en la operación “Contras”, en Nicaragua, para desestabilizar el gobierno Sandinista en la década de 1980, y que estuvo ligado a al affaire Irán-Contras durante la guerra de Irán con Irak, en plena presidencia de Ronald Reagan un mentor del neoconservadurismo.

La historia es muy conocida. Estados Unidos le vendió secretamente armas a Irán violando las propias normas del bloqueo a Irán. Los ingresos por esa venta incrementaría los fondos de la guerrilla anti gobierno sandinista llamada Contras, pese a existir una expresa disposición del congreso de suspender el apoyo financiero a los Contras, debido a una fuerte presión internacional.

Este tipo de intervención unilateral y violando todas las normas del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, tuvo otra expresión distintiva en la actividad terrorista que el régimen del Apartheid introdujo en los movimientos políticos para desestabilizar a los gobiernos no alineados con la Alianza Transatlántica en Mozambique y Angola, en la década de 1980. Estas intervenciones también operaron bajo el rótulo de guerras o guerras civiles. Esas guerras, a otra escala, en un contexto histórico diferente, con otras variables en juego y con la Unión Soviética como factor de contención, también fueron escenario de los desmanes, las decapitaciones y otras aberraciones que se practican hoy bajo la fachada del EIL o DAESH en Siria e Irak.

La diferencia de estas intervenciones con las anteriores consiste no tanto en los niveles del daño a la población, sino en la escasa información al público de las atrocidades porque la industria mediática en Estados Unidos y Europa Occidental principalmente, no había anticipado el inmenso lucro que se podría obtener con la exposición de la barbarie. También existía en esa misma industria mediática, cierto decoro en mantener alguna equidistancia respecto a favorecer uno u otro bando.

Hoy, ese escenario mediático ha cambiado radicalmente. Los medios de mayor alcance en occidente toman partido y el caso más patente ha sido el apoyo abierto de muchos de esos medios, al plan de derrocar al gobierno en Siria. Buenos ejemplos han sido CNN, Al Jazeera, Le Monde, El País de España, y The New York Times, hasta cierto punto. The New Yorker que hasta los reportajes de Seymour Hersh, (hoy, desaparecido de sus páginas) mantenía una postura para un análisis más abierto, bajo la dirección de David Remnick se ha transformado en una publicación deformadora de la verdad de lo que sucede en Siria, con el uso de reporteros propios de la revista y locales, que entregan una visión parcial dirigida a mantener el clima de derrocamiento de un gobierno.

Todo esto ocurre por el predominio de idea neoconservadora en política internacional que se administra desde Estados Unidos pero que atraviesa fronteras y latitudes. La idea central en el neoconservadurismo es re-posicionar a EEUU como la mayor potencia política y militar. La segunda consiste en profundizar a escala mundial los ejes del ajuste económico estructural de la década de 1980: privatizar, desregular, abrir zonas de libre mercado, desestatizar la gestión económica y social. La idea es un mundo convertido en un “Tea Party” para todos, con la refundación del estado liberal desde las bases neoconservadoras.

La palabra fascista asusta, neoconservadurismo no. La empresa privada y el libre mercado desregulado, aunque maltraten a los trabajadores y se relacionen con ellos en todos los estamentos en un sistema cercano a la esclavitud, expresamente no es asociada con el fascismo. De allí que el neoconservadurismo aparezca como una vuelta de tuerca a la sofisticación del fascismo en la actualidad.

La industria terrorista que asola a Siria e Irak bajo la fachada del islamismo fundamentalista, la que ha golpeado a Francia con el último atentado, forma parte del mismo proyecto de formar el gran medio oriente, que fracasó con la idea democratizadora. Ahora se trata de desestabilizar directamente, de generar más tensión y nuevas crisis para justificar intervenciones invasivas. Los errores de ese tipo de intervenciones en Afganistán, Irak y ahora que se contienen en Siria, se pagan caro a todos los niveles, incluyendo una revista satírica. La industria terrorista que opera en la actualidad, es una invención neoconservadora que se fue formando a medida que el proyecto de formar el gran medio oriente no prosperaba.

Informe corrupción

Radiografía de la corrupción en España

Redacción Irispress 06/01/2015 9:56 PM

 

Dos vicepresidentes del Gobierno, una infanta y su marido, el que fuera jefe de los patronos, sindicalistas, ex ministros, parlamentarios, consejeros, alcaldes… La cifra, a día de hoy, supera los1.900 imputados en causas por corrupción en España. O Dicho de otra forma, Rodigro Rato, Juan Pedro Moltó, Francisco Granados, Narcis Serra, Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, Jaume Mata, Maria Antonia Munar, Carlos Fabra, Julián Muñoz, Isabel Pantoja, José María del Nido… ¿Es España un país donde la corrupción política campa a sus anchas?

Según la memoria del Consejo General del Poder Judicial de 2013 Judicial de 2013 los juzgados están colapsados con la instrucción de 1.661 causas que tienen que ver con la corrupción política en todos sus aspectos: de blanqueo a soborno pasando por prevaricación o tráfico de influencias.
Son casi el 70% de los casos considerados de especial complejidad que se investigan en los juzgados. Si afinamos un poco más, miles de esas causas se agrupan en los 302 denominados macroprocesos como la Operación Malaya o la Trama Gürtel, EREs falsos de Andalucía, Caja Madrid, caso Pujol o la Operación Púnica.

En lo que llevamos de legislatura, es decir en los últimos tres años, al menos 170 personas han sido condenadas. Pero la mayoría no han entrado en prisión, ya sea por los pocos años de condena de las sentencias, porque sencillamente fueron inhabilitados o multados o porque la condena está pendiente del fallo de algún recurso pendiente.

Sensación de impunidad por la corrupción

Los inspectores fiscales agrupados en torno a la Organización de Inspectores de Hacienda apuntan a tres como las causas principales de que se haya extendido el fenómeno de la corrupción: “los casos que se descubren se deben a meras casualidades o denuncias” y no por el control del Estado.

Una vez descubiertos, las condenas “que se producen no suponen el ingreso en prisión, salvo algún caso excepcional” y, la causa más llamativa, que nunca se devuelve el dinero porque suele “estar siempre a buen recaudo en los paraísos fiscales, a la espera de que tarde o temprano llegue una amnistía fiscal”.

Un caldo de cultivo que fomenta la sensación de “impunidad”. Hay muchas probabilidades de que la única pena que tenga que sufrir el presunto corrupto sea la llamada “pena del telediario”. Pero, a cambio, el corrupto tiene solucionada su vida”.

Legislación y medios para combatir la corrupción

La opinión pública exige transparencia y el funcionamiento de la Justicia. Y tanto fiscales, jueces como inspectores piden cambios legislativos y acabar de una vez por todas con los indultos y amnistías fiscales que actúan de hecho como una ley de punto y final.

Los que solicitan cambios apuntan directamente a ampliar el plazo de prescripción, introducir el delito de enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato y el de financiación ilegal de partidos políticos y agravar las penas por tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otros.

Defienden asimismo reducir la cuota defraudada en delitos contra la Hacienda Pública, agravar penas por omisión del deber de denunciar y perseguir determinados delitos, introducir una modalidad de delito de obstrucción a la justicia por no remitir al juez la documentación requerida o enviarla incompleta, agravar la desobediencia a la autoridad judicial cometido por funcionario, limitar o prohibir suspender o sustituir penas por corrupción y despenalizar faltas.

Plantean igualmente agilizar que la justicia asegure que los presuntos puedan cautelarmente hacer frente a las responsabilidades pecuniarias desde el inicio de la investigación y “facilitar la actuación contra testaferros” y la colaboración con la Agencia Tributaria, Banco de España, Patrimonio e Intervención, así como mejorar la hasta ahora “ineficaz” Ley de Protección de Testigos y Peritos.
Pero la ley, por sí sola no basta, la corrupción política, como los llamados delitos de ‘cuello blanco’, puede ser altamente sofisticada y se requieren medios materiales y personal altamente cualificado para combatirla. No es una cuestión sólo de alterar los contratos públicos al alza y cobrar una comisión.

Operaciones como la operación Malaya, la trama Gürtel o las investigaciones sobre la fortuna de los Pujol han puesto al descubierto auténticas tramas de ingeniería financiera, multitud de sociedades pantalla y movimientos de cuentas en paraísos fiscales de complicado rastreo o seguimiento

Una lucha asimétrica que solo se combate reforzando o creando las instituciones que actualmente velan por la limpieza y buen funcionamiento del Sistema. En nuestra reciente historia democrática, la corrupción política aparece ligada a la financiación de los partidos políticos, auténticas maquinarias electorales y de poder que consumen una ingente cantidad de recursos y al urbanismo.
Una sombra que ha perseguido a todos los partidos, dado los escasos controles a los que han sido sometidos sus finanzas.

Y más allá de las frases de acusación vertidas contra los jóvenes dirigentes socialistas del recién estrenado PSOE de Felipe González, por haberse nutrido de “combolutos” procedentes de la socialdemocracia alemana (caso Flick) o las presuntas comisiones cobradas por el expresidente Suarez procedentes de la remodelación de los estadios de fútbol con la instalación de los marcadores electrónicos, las primeras vergüenzas del sistema de partidos estallaron en 1979 con el llamado ‘caso Puerta’.

El ‘saqueo de las instituciones’ sale a la luz pública por la denuncia puesta por el socialista Alonso Puerta, ex segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, sobre supuesta corrupción en las contratas municipales del servicio de limpieza urbano. El municipio ‘privatizaba’ servicios que eran adjudicados a contratas privadas. Las comisiones presuntamente iban a la caja del PSOE. Puerta fue expulsado del partido.

El control recaía sobre el Tribunal de Cuentas. Pero resulta complicado creer que este tribunal pueda detectar cualquier tipo de fraude en su labor fiscalizadora. Su prioridad no es luchar contra la corrupción, sino verificar que el presupuesto que se aprueba tiene su destino. Es decir, son más auditores que otra cosa que trabajan con pocos medios. El retraso en sus informes se contabiliza por años.

Además, sus integrantes son designados por el propio parlamento como representantes de los partidos políticos mayoritarios, es decir, sus informes mayoritariamente son un fiel reflejo de la aritmética parlamentaria del momento. Eso por no hablar de el propio escándalo que ensombrece al propio Tribunal.

La carga de la prueba -la honradez tanto del partido como la de sus cargos públicos- recae sobre los principales partidos políticos quienes sistemáticamente se amparan en la presunción de inocencia hasta que una sentencia diga lo contrario para no modificar leyes ni estatus.

Y los escándalos seguían saliendo a la luz, un contable mal despedido, una mujer despechada por un divorcio y la casualidad en una investigación por tráfico de drogas tiró de la alfombra de los tres casos más sonoros en los años ochenta y noventa:

El caso Filesa -financiación irregular del PSOE- el caso Juan Guerra – uso del despacho del vicepresidente del Gobierno para hacer negocios privados y tráfico de influencias- y caso Naseiro -financiación ilegal del PP- que a su vez dio paso a otro juicio donde resultó condenado el constructor burgalés Fernández Pozo en Castilla y León -una comunidad donde por cierto es estrenaba como presidente un bisoño José María Aznar-.

En este clima enrarecido por la corrupción, salpicado además por otros escándalos como el caso Roldán, caso Gescartera o los GAL, Felipe González toma una decisión: La creación de la Fiscalía Anticorrupción. Carlos Jiménez Villarejo dirigía un equipo pionero en Europa para perseguir a los corruptos a través de libros contables, sociedades pantalla y paraísos fiscales.

Han pasado 20 años (se creó en 1995) y los fiscales anticorrupción siguen reclamando más medios. Dieciséis fiscales conforman la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad organizada en Madrid, especializada en perseguir estos delitos.

Anticorrupción también cuenta con tres inspectores de la Intervención General del Estado que fiscalizan los contratos públicos de los casos que recaen en esta fiscalía. Este equipo especializado se completa con dos unidades de policía judicial dependientes específicamente del organismo.
Sin embargo, Anticorrupción se enfrenta a una parte muy pequeña de los delitos de corrupción, entre un 10% y un 20% de este tipo de casos, el resto recae sobre las fiscalías ordinarias.

Su labor, formalmente reforzaba la actividad de la Audiencia Nacional, creada en 1977 como sustitución del Tribunal de Orden Público, que entre otras materias, se encarga de delitos de crimen organizado como terrorismo, narcotráfico, falsificación de moneda, y de delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando conforme a las Leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles. En ella trabajan la mayoría de los ‘superjueces’ que entienden persiguen a las grandes tramas corruptas.

Tres décadas después y ante la magnitud de la corrupción política, los profesionales de la Magistratura reclaman exclusividad en los juzgados. Coinciden en la necesidad de unificar los esfuerzos y los escasos medios materiales, y hacerlo en todos los juzgados, Piden que haya jueces que se dediquen “en exclusiva a este asunto las 24 horas del día”, así como la “revisión y, en su caso, supresión de aforamientos”, al considerar que “entorpecen y ralentizan de forma evidente y clara la instrucción de los procedimientos”.

Una sola policía contra la corrupción

La especialización pasa por ser la base en la lucha contra la corrupción y, necesariamente -los actores coinciden- confluye en la creación de una policía fiscal. En la actualidad, existen hasta 11 unidades en la Policia Nacional y 6 en la Guardia civil, además del personal que maneja la propia AEAT, el Ministerio Fiscal o el SEPBLAC del Banco de España dedicados a perseguir este tipo de delitos. Unas unidades que trabajan de manera “escasamente integrados y coordinados”.

Dentro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hay un Departamento de Delincuencia Económica que a su vez tiene un grupo de delitos económicos, de fraude y urbanísticos y una unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción.

También hay un grupo especializado dentro del Servicio de Información. En las unidades periféricas hay personas dedicadas a este tipo de delitos dentro de las unidades orgánicas de policía judicial. En total, unos 700 agentes, de los cuales 200 se dedican en exclusiva a corrupción. El resto se ocupan de asuntos conexos como blanqueo o narcotráfico.

Por otro lado, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF) está formada por 299 personas. Teóricamente, cualquier agente de la plantilla de policía judicial (11.500) podría investigar, casos de corrupción, pero no se dedican a ellos con carácter de exclusividad.

A estos profesionales habría que añadir los 189 -altamente especializados- de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude Fiscal (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria y las 60 personas que persiguen el blanqueo de capitales en el Banco de España a través del Sepblac. Esta unidad funciona como la “unidad de inteligencia financiera española”.

Fomentar y premiar la denuncia por corrupción

Los inspectores de Hacienda, en su decálogo, insisten en que hay que generar instrumentos que premien comportamientos de denuncia. En la mayoría de las tramas resulta imprescindible ese ‘colaborador necesario’.

Pero resulta que ese testigo vital acaba siendo un testigo acosado, como en el caso de Ana Garrido Ramos.

Todos los profesionales, magistrados, policías, fiscales abogan limitar los indultos y acabar con los aforados , así como por contar con tribunales y juzgados especializados en asuntos económicos a nivel autonómico e incluso provincial, por potenciar la cooperación jurídica internacional para eliminar paraísos fiscales y por crear “una policía judicial auténtica” y un cuerpo de peritos contables que asesoren a los jueces.

Medios, personal, cambios legislativos… Medidas que dependen de la voluntad política y de un pacto de estado entre las fuerzas políticas para terminar con un problema que crece entre las preocupaciones de los españoles.

De momento, ni está ni se le espera.

Comentarios

http://irispress.es/reportajes/2015/01/06/radiografia-corrupcion-espana/

LA PEOR EMPRESA DEL MUNDO

Gustavo Duch. Diari ARA, 

Desde que se iniciara el campeonato, el trofeo que se otorgará este mes de enero, será el más preciado porque en esta ocasión las seis candidatas que compiten han sido seleccionadas entre las 10 premiadas en años anteriores. Es como si se votara entre los últimos 10 ganadores de la bota de oro futbolera para ver entre todos ellos quien es el mejor entre los mejores. Sí, desde hace unos días esta abierta la página webdel premio Public Eye Awards que dictaminará cuál es la peor empresa del mundo si las miramos con ojos críticos, con esos ojos que se irritan cuando observan como tan grandes multinacionales se permiten violar repetidamente derechos humanos y laborales; son exitosas en sus operaciones de corrupción; o llevan adelante todo tipo de terribles prácticas que destruyen el medio ambiente.

Ocurre que cuando miras la lista de las seis seleccionadas, te sientes como esos miembros del jurado que repiten — nos ha sido muy difícil escoger, todas son francamente grandes candidatas, por nosotros les daríamos al premio a todas, lo importante es participar. Pues bien, participemos. Estas son las nominadas:

Gazprom, la mayor compañía de gas del mundo, propiedad principalmente del estado ruso, que desatendiendo todas las recomendaciones y sin cumplir con las normativas osó plantificar en medio del Ártico la primera plataforma de perforación petrolera. Sus métodos para controlar posibles vertidos suenan a chiste: “15 palas, 15 cubos, 3 ejes y un martillo”, son sus medidas, explica la propia compañía. La obsesión de Putin para extraer petróleo, como tantos otros mandatarios del mundo, pone en riesgo la frágil y virgen región del Ártico. Los osos blancos votarán por Gazprom, y los peces que han sufrido los temblores de laplataforma Castor frente a las costas del Delta del Ebro, por simpatía, también.

Walmart, la gran superficie que se encuentra por todos los rincones de los EEUU, también es merecedora de este premio, como ya lo fue en el 2005 cuando se alertaba de como ignoraba las condiciones de trabajo de las empresas proveedoras de sus ofertones. Años después la tragedia en la fábrica de Bangla Desh demuestra que, como muchas otras empresas de la alimentación y del textil, nada han hecho en favor de tantas personas explotadas en maquilas, en invernaderos, en pisos francos. Votar por Walmart es votar por Inditex, por Pescanova, por Carrefour o Mercadona, pues no hay diferencias entre quienes se imitan.

El pasado 2 de diciembre se cumplieron 30 años de aquella noche aterradora en Bhopal, en el centro de la India, en el que más de 20.000 personas cayeron muertas en la calle por unos humos tóxicos, y la empresa propietaria de la planta de pesticidas que los emitió, Dow Chemical, aún no ha pagado ninguna compensación, ni ha limpiado la fábrica, ni los barrios, ni se ha hecho cargo de los cuidados que necesitan, incluso, niñas y niños que han nacido después de la tragedia. Votar por Dow Chemical no es votar por 30 años de olvido es votar por 30 años de la digna lucha de las y los afectados. Es el voto de las madres que en Argentina luchan hoy porque se detengan las fumigaciones con pesticidas de Monsantosobre los campos de soja que rodean -y asfixian- sus barrios y pueblos. De alguna manera es votar también por McDonald y todo el modelo de industria cárnica que engorda sus animales enjaulados con esta soja.

Y ¿a quién votan las personas desahuciadas de sus hogares? ¿A quién vota quienes compraron ‘preferentes’? Que voten a Goldman Sachs, responsable de la crisis que ha endeudado a países como Grecia o el nuestro, provocando la quiebra de eso que llamábamos ‘estado del bienestar’. Con dirigentes giratorios especializados en el arte de la especulación, Goldman Sachs tiene en su nómina haber recuperado la práctica de invertir en granos y tierra agraria, causando subidas de precios en los alimentos que instantáneamente llevan a millones de personas a no poder comer. Por eso también hay quien la votará por votar contra sus crímenes.

Que una sola empresa controle, con sus más de 150 minas en el mundo, no menos del 60% del zinc mundial, el 50% del cobre, el 30% del aluminio y el 25% del carbón es suficiente para otorgarle nuestro voto, pero si observamos que en todos los lugares donde están instalados -menos en Suiza donde solo almacenan beneficios- se habla de expulsión del campesinado, contaminación de ríos y de campos, las motivaciones por votar a Glencore se redoblan.

Como Glencore, la sexta nominada, Chevron, tiene un negro currículum medioambiental donde destaca el mayor derrame de crudo, 103 millones de litros de petroleo, en las selvas ecuatorianas imposibilitando la vida de la vida y la vida de las comunidades indígenas. Recientemente Chevron, incansable taladradora, ha firmado un convenio con YPF para avanzar en la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, territorio mapuche dentro de Argentina, mediante la cuestionada técnica del fracking. Votar por estas dos empresas es señalar con el dedo a quienes se dedican en ahondar en la crisis ecológica de un planeta de recursos finitos.

Y la votación ya esta en marcha, y en esta caso, como nos afecta a todas y todos, todas y todos podemos participar. http://publiceye.ch/

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