Campaña contra la Impunidad

Justicia Universal: llamamiento de sindicatos y ongs para enviar cartas a senadores y senadoras.
Transcripción de la rueda de prensa celebrada el 14 de julio de 2009

Madrid. 14 de Julio de 2009. Asociación Paz Ahora y Agencias de Prensa.

Con un titular tan sonoro como “Organizaciones en pie de guerra para no limitar justicia universal” la corresponsal de la Agencia France Press ha resumido la rueda de prensa celebrada en la mañana de hoy, martes 14 de julio de 2009, en la sede confederal de CC.OO.

Como anfitrión de la rueda de prensa actuó Javier Doz, secretario de Internacional de CCOO, que presentó a los demás intervinientes que actuaban en nombre de las primeras 26 organizaciones que se han adherido al manifiesto: Itziar Ruiz-Giménez Arrieta, Presidenta de Amnistía Internacional, Luis Guillermo Pérez, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Antonio López de la secretaría de internacional de UGT, Joan Garcés, Presidente de la Fundación Salvador Allende-España y Premio Nóbel Alternativo y Zara Randan, Presidenta de la Asociación de Mujeres Saharauis de España.

El objetivo de las organizaciones convocantes es conseguir que el Senado español paralice el proceso para limitar el ejercicio de la jurisdicción universal.

Para ello han anunciado las dos primeras iniciativas de esta plataforma:
- Solicitar firmas por todo el Planeta para un “Manifiesto contra la impunidad y en defensa de las jurisdicción universal” que se enviará al Senado.

- Hacer un llamamiento a la ciudadanía para que se dirijan por escrito a las y los miembros del senado, reclamando que no voten a favor de la reforma de la LOPJ aprobada en el Congreso de los Diputados.

Se trata de llamar a las conciencias de las senadoras y los senadores individualmente para que a lo largo de las vacaciones estivales reflexionen sobre las consecuencias negativas que tendrá su voto para los derechos humanos.

Para facilitar el envío de estas cartas personalizadas, la semana entrante se hará pública un página web desde la que escribir automáticamente a las direcciones electrónicas de las y los parlamentarios.

El colombiano Luis Guillermo Pérez, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) aseguró que “La aplicación de la jurisdicción universal en España se ve ahora afectada en este proceso de presiones externas donde el gobierno español no debería ceder”.

Joan Garcés, defensor en España de las víctimas en la causa contra Augusto Pinochet aseguró que la reforma, que limita la actuación de la justicia universal a los casos en los que existan víctimas españolas o los responsables del delito se encuentren en España, ha venido impulsada por presiones políticas de Estados Unidos, Israel y China. “Pensar que las inversiones económicas españolas pueden verse afectadas es surrealista”, señaló, añadiendo que cuanto más de rodillas se pone España, menos respeto nos tendrán.

La reforma, que fue aprobada por el Congreso con el apoyo de PSOE y PP aprovechando el trámite para modificar una ley, de “tapadillo” y sin debate, según señaló Javier Doz, secretario confederal de Internacional de CCOO, significa un retroceso en la lucha para que no queden impunes los responsables de crímenes, torturas y otras violaciones de los
derechos humanos.

Itziar Ruiz-Giménez, presidenta de Amnistía Internacional, afirmó que “El Parlamento español tiene ahora en el Senado la oportunidad de poner a las víctimas por delante de no ofender a países poderosos”, y pidió a la Cámara Alta que “obre en conciencia” y escuche a la sociedad civil “para no retroceder en la Justicia”.

Según la presidenta de la Asociación de Mujeres Saharauis, Zara Randan, es “una vergüenza para los ciudadanos del siglo XXI que ciertos gobiernos aprueben estas leyes que son cómplices de la injusticia”.

Por su parte, Antonio López, de la secretaría internacional confederal de UGT, afirmó que “España es un país vanguardista en la defensa universal de los derechos humanos” y que la modificación de la ley, debería “ampliarla y que sea un ejemplo para otros países”.

Asimismo, las asociaciones convocantes han rechazado el argumento esgrimido acerca de la carga de trabajo que supone investigar causas internacionales y han apuntado que sólo son seis los juzgados con competencias en esta materia.

En la rueda de prensa denunciaron también que el trámite en el Congreso se hizo “de manera urgente” y “a espaldas de la ciudadanía” y según Garcés, las presiones podrían venir también de “determinados centros de poder en España” que no quieren que se investiguen los crímenes de la Guerra Civil Española.

Actualmente la Audiencia Nacional mantiene abiertas una quincena de causas bajo dicho principio de justicia universal, que abarcan desde la investigación de delitos de genocidio en Guatemala o el Tíbet a los crímenes de guerra en Gaza, o las torturas en Guantánamo.

La jurisdicción universal permitió a la justicia española condenar al ex represor argentino de la dictadura Adolfo Scilingo en 2007 a 1.084 años de cárcel.

En los últimos meses la fiscalía, el gobierno y la mayor parte de los grupos parlamentarios de la oposición, se pronunciaron a favor de limitar el ejercicio de la justicia universal en España que los jueces españoles pueden ejercer desde 2005 para todo crimen contra la humanidad cometido en cualquier parte del mundo. Esto llevó a acordar un recorte de la legislación que el Congreso de los Diputados aprobó el 25 de junio y que ahora debe votar el Senado.

Se argumenta por parte de la mayoría del Parlamento que la jurisdicción universal puede causar problemas diplomáticos con otros países. Se mencionan las protestas de las autoridades israelíes por la denuncia de una matanza en Gaza, causa que finalmente la Audiencia Nacional cerró hace dos semanas. Por su parte, el gobierno chino ha pedido a España que cierre una investigación sobre la represión de manifestaciones en Tíbet en 2008.