FIDH
A una semana de las elecciones presidenciales, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) publica un informe acerca de las actividades ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia que depende directamente de la Presidencia de la República.
Este informe, resultado de un monitoreo de varios meses, presenta las actividades ilegales llevadas a cabo por el DAS, así como los procesos y juicios en curso. Destaca en particular una profunda preocupación por la continuación de estas actividades criminales, así como por el desarrollo de las investigaciones y de los procesos, debido a las amenazas que giran en torno a éstos.
Lo que comenzó siendo un escándalo de “chuzadas” o interceptación de comunicaciones se ha revelado como un auténtico programa de seguimientos, recopilación de información privada, bancaria y de impuestos, trazado de perfiles psicológicos, persecución, amenazas, torturas psicológicas, chantajes y ataques. El objetivo perseguido, tal y como expresa el propio organismo, ha sido desestabilizar y neutralizar a “personas u organizaciones con tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales”, llegando hasta amenazar de muerte o facilitar homicidios. Así lo demuestran las pruebas recopiladas en el marco del juicio que se está desarrollando contra Jorge Noguera Cotes, uno de los ex directores del DAS, por los delitos de “homicidio agravado” y “concierto para delinquir agravado”.
Entre las víctimas del DAS se destacan en particular la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, los partidos de la oposición y las organizaciones de derechos humanos. La FIDH y su organización miembro, el CCAJAR -Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo-, han sido especialmente afectadas y se han constituido como parte civil en el proceso penal abierto contra los miembros del DAS responsables de estas prácticas. Organizaciones e instancias internacionales que gozan de especial protección diplomática, como las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también han sido objeto de seguimientos.
Si bien el gobierno ha buscado eximir su responsabilidad, la FIDH tiene serias dudas acerca de esta alegación, tanto por la subordinación directa del DAS al Presidente como por los testimonios recientes que afirman lo contrario.
La FIDH está convencida de que las informaciones que han salido a la luz con años de retraso no son más que la punta del iceberg. La FIDH está particularmente preocupada por la continuación de estas actividades criminales. En efecto, informaciones obtenidas durante reuniones con el actual director del DAS, Felipe Muñoz, y amenazas recientes demuestran que estas actividades siguen perpetrándose.
La FIDH llama a todas las agencias de inteligencia del Estado colombiano, en particular del DAS, para que entreguen a la Fiscalía General de la Nación, todos los archivos de inteligencia que tienen en su poder sobre defensores de derechos humanos y sus familias, así como sobre las demás víctimas en las causas que se siguen por el espionaje ilegal desarrollado por el gobierno colombiano. Asimismo insiste para que cese toda labor de espionaje y de persecución sobre personas que desarrollan actividades legítimas.
De igual manera la FIDH solicita que se investiguen disciplinaria y penalmente a los altos responsables del Gobierno colombiano que han dirigido o patrocinado estas prácticas ilegales para asegurar que las mismas no queden impunes.
La FIDH llama a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a considerar esta persecución política, en el contexto de los crímenes de lesa humanidad que debería investigar en Colombia, para que active el principio de complementariedad establecido en el Estatuto de Roma en caso de que la justicia colombiana no actúe en la individualización y sanción de los más altos responsables de estos gravísimos hechos que han vulnerado no sólo derechos fundamentales sino el Estado de Derecho en sí.
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