Acusación de prevaricación contra el Gobierno en pleno
La
Liga Anticorrupción ha presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía
General del Estado contra el presidente del Gobierno y su gabinete por
la falta de abstención a la hora de tomar decisiones que entren en
conflicto con sus propios intereses.
María Batalla 06.09.12
La Liga Anticorrupción presentaba esta mañana una denuncia por
prevaricación ante la Fiscalía General del Estado, según ha sabido
Diario El Aguijón en exclusiva. Esta organización, presidida por uno de
los sobrinos del que fuera Presidente del Gobierno Adolfo Suárez, había
enviado con anterioridad, el 5 de julio de este año, un escrito al
Congreso que no obtuvo ningún tipo de respuesta tratando este mismo
asunto. Esta denuncia se fundamenta en el incumplimiento por el Gobierno
en pleno de la Ley que regula los conflictos de intereses de los
miembros del Gobierno y los Altos Cargos de la Administración General
del Estado que estipula la obligación de abstenerse en la toma de
decisiones que afecten a sectores en los que se tengan intereses
privados, tal y como ocurre en la totalidad de miembros del Gobierno.
No
se ha producido ningún tipo de abstención por parte de ningún miembro
del Gobierno, a pesar de que, según las informaciones publicadas por los
compañeros de El Confidencial,
muchos tienen intereses que entran en conflicto con las últimas
decisiones tomadas. A continuación detallamos los datos más relevantes.
El
presidente Mariano Rajoy tiene una importante cantidad de dinero
invertido en Bolsa que el año pasado le reportó 7.779 euros en
dividendos. Un interesante rendimiento del 5,4% sobre los 143.181 euros
que posee en acciones, según su declaración de bienes, que no especifica
los valores en los que ha depositado su confianza.
Nuestro
presidente del Gobierno cuenta con 59.909 euros en cuentas corrientes,
que el año pasado le reportaron 1.959 euros de intereses, y, finalmente,
tiene 80.572 euros depositados en seguros de ahorro. En “rendimientos
de operaciones de capitalización”, sin más concreción, declara 5.528,26,
en números redondos, 600.000 euros.
La cosa no
se queda ahí, los ministros también tienen su historial inversor, por
ejemplo, Miguel Arias Cañete, el ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente tiene 4.209 acciones del Banco de Santander y 16.640
del Banco Bilbao Vizcaya (BBVA), entre otras entidades, por valor de
72.041 euros. En Petrolifa Ducar S.L tiene invertidos 165.120 euros en
participaciones, y 160.979 euros más en Petrologis Canarias S.A.
La
ministra de Trabajo, Fátima Báñez, no se queda atrás, con una inversión
de 326.884 euros en bonos del Tesoro y 78.523 participaciones en la
empresa familiar Grupo Báñez S.L., sin valorar.
José
Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, tiene
invertidos 270.000 euros, más otros 50.598 euros en acciones del BBVA y
76.680 euros más en participaciones en la sociedad Tarundanta.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, tiene tres fondos de pensiones que suman 119.429 euros.
Jorge
Fernández, el ministro del Interior, es de los ministros que menos
inversiones ha hecho, sólo tiene 4 títulos de una sociedad valorados en
18,16 euros, y 338 de otra por 5.100 euros, además de obligaciones de
Caixabank (2.288 euros).
La vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría tiene dos fondos de inversión, que suman en total
99.817 euros. Por su parte, Ana María Pastor, ministra de Fomento, que
tiene dos cuentas corrientes con 65.507 euros, pero ninguna inversión
conocida. Los que menor cantidad de dinero declaran, son el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que declara solo 26.443 euros en una
cuenta corriente en el Banco de Santander y Ana Mato, ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que declara 5.019 euros en bolsa
y 2.222 euros en acciones y fondos de inversión.
Los
ministros Luis de Guindos (Economía y Competitividad), Pedro Morenés
(Defensa), José Ignacio Wert (Educación, Cultura y Deporte) y José
Manuel García Margallo (Asuntos Exteriores y Competitividad) no han
presentado declaración de bienes en el Congreso porque no están
obligados al no ser diputados.
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