—¿Emilio Hellín Moro?
—Yo soy Luis Enrique Hellín…
—Perdone, pero ¿no es usted Emilio Hellín, el autor del asesinato de Yolanda González, la joven de 19 años que murió en 1980?
—No… Emilio Hellín murió hace tres o cuatro años… Somos familia.
—No sabía que tuviera un hermano llamado Luis Enrique.
—Es una historia complicada porque somos hijos de la misma madre, 
pero de distinto padre. Luego juntamos los apellidos… ¿Sabe? Líos de 
familia que prefiero no comentar.
—¡Se parecen ustedes muchísimo! ¡Y los dos eran informáticos! Usted 
se ha cambiado el apellido y aparece su currículo en Linkedin [web de 
contactos profesionales] como Luis Enrique Helling. Se ha añadido una g 
al apellido.
—Es que nuestro abuelo era de origen inglés.
—¿Sabe de qué murió Emilio? ¿Dónde puedo localizar a su familia?
—No lo sé.
—¿De qué pueblo son ustedes? ¿Puede enseñarme su DNI para demostrar que no es usted Emilio Hellín?
—La conversación ha terminado…
Luis Enrique Hellín Moro, de 63 años, es un tipo alto y corpulento, 
tiene una frente despejada y pelo blanco en las sienes. No rehúye la 
mirada y habla con aparente calma y frialdad. Viste una camisa de lana 
clásica de cuadros, pantalón de pana 
beige y zapatos marrones. 
De su cuello cuelgan unas pequeñas gafas graduadas. El encuentro con el 
periodista tiene lugar en la oficina de su empresa, New Technology 
Forensics, especializada en peritaje criminal, en una tranquila calle en
 el barrio madrileño de San Isidro, frente a un colegio público. El 
local, de tres alturas, es una desordenada oficina de 30 metros 
cuadrados repleta de ordenadores y teléfonos móviles, la especialidad de
 este técnico superior de sistemas de telecomunicaciones e informáticos.
 Junto a la puerta blindada de hierro, siempre cerrada, un cartel exhibe
 su nombre y el de dos de sus colaboradores, uno de ellos apellidado 
Hellín Asensio. Emilio Hellín estaba casado con María del Carmen 
Asensio.
En el departamento de defunciones del 
Registro Civil de Madrid, en el número 66 de la calle de Pradillo, no consta el presunto óbito de Emilio Hellín Moro, el militante de 
Fuerza Nueva —partido de extrema derecha que dirigía 
Blas Piñar—
 que protagonizó en 1980 uno de los asesinatos más brutales de la 
Transición; tampoco la Dirección General de la Policía ha expedido en 
los últimos años ningún carné de identidad a su nombre. Sí lo ha hecho, 
en cambio, a nombre de Luis Enrique Hellín Moro, el experto informático 
que niega ser el excriminal pese a su extraordinario parecido físico.
Emilio Hellín Moro, condenado a 43 años de cárcel por el 
asesinato en Madrid de Yolanda González Martín, una joven militante del Partido Socialista de los Trabajadores (
PST),
 ha cambiado su nombre por el de Luis Enrique, según ha comprobado 
ELPAÍS en su acta de nacimiento, depositada en el Registro Civil de 
Torre de Miguel Sesmero, un pueblo de unos 1.200 habitantes en Badajoz. 
El cambio se oficializó hace 16 años, el 25 de enero de 1996, en virtud 
de un auto dictado por el Registro Civil de Madrid en el expediente 
402/95. Desde entonces, este es su secreto mejor guardado.
Con este cambio de nombre que permite la ley “si se demuestra una 
causa justa y no perjudica a terceras personas” el ultra Hellín Moro 
disfrazó su pasado criminal poco después de cumplir condena —permaneció 
entre rejas 14 años, con el paréntesis de 
una espectacular fuga a Paraguay—,
 de los 30 de pena máxima que contemplaba el Código Penal. Y al salir de
 la cárcel de Jaén 2 se construyó una nueva vida centrada precisamente 
en el mundo de la investigación criminal y judicial, un escenario del 
que él mismo fue protagonista estelar después de secuestrar a Yolanda 
González en su casa de Madrid y descerrajarle dos tiros en la cabeza en 
un descampado con el argumento de que ella era miembro de 
ETA, una falsedad.
El nuevo Luis Enrique Hellín Moro es ahora uno de los principales asesores del Servicio de Criminalística de la 
Guardia Civil,
 participa en investigaciones judicializadas sobre terrorismo y 
delincuencia, imparte cursos de formación a agentes de este cuerpo, de 
la 
Policía Nacional, el 
Ministerio de Defensa, 
Ertzaintza y 
Mossos d’Esquadra,
 da conferencias a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del
 Estado en organismos oficiales y cobra por sus servicios del Ministerio
 del Interior, según ha comprobado este periódico. También asiste como 
perito a la Audiencia Nacional y a numerosos juzgados de distintas 
ciudades españolas. Su especialidad es el rastreo de pruebas en 
teléfonos móviles, ordenadores y dispositivos digitales que han 
intervenido en actos terroristas, crímenes, homicidios, secuestros, 
delitos económicos, financieros o informáticos, según consta en su 
currículo y confirman varias fuentes oficiales y judiciales. Jamás 
confiesa que el hábil y frío experto en telecomunicaciones, teléfonos 
espías, localización de llamadas, intervención de comunicaciones, 
recuperación de SMS o móviles activadores de explosivos es, en realidad,
 el ultra que a los 33 años, casado y con tres hijos, dio “un paseo a 
Yolanda González por una España grande, libre y única”, tal y como 
reivindicó el asesinato el 
Batallón Vasco Español,
 antecesor de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Desde su 
aparición, el 24 de mayo de 1978, los comandos paralelos del Batallón 
Vasco Español asesinaron a 12 personas en atentados dentro y fuera de 
España. La diferencia entre este y otros crímenes del grupo parapolicial
 es que la víctima no tenía nada que ver con ETA.
El comandante Ramón García Jiménez, exdirector del departamento de 
ingeniería, electrónica e informática del Servicio de Criminalística de 
la Guardia Civil, explica así el trabajo de Hellín para este Cuerpo: 
“Nos asesoraba en cómo resolver y orientar algunos casos forenses. 
Nosotros no abarcamos todos los campos. Le pedíamos apoyo sobre cómo 
rescatar información de teléfonos móviles en casos judicializados que 
estaban bajo nuestra custodia y control. También colaboraba, y me 
imagino que sigue colaborando, en la formación de nuestros hombres. Es 
uno de los técnicos civiles más formados y va más adelantado en 
determinados campos de investigación”.
¿Sabe usted algo del pasado de este colaborador? “No conozco el 
pasado de este señor, solo sé que ha respondido siempre a todo lo que le
 hemos pedido”, responde el comandante García, destinado en el 
Ministerio del Interior.
El renacido Luis Enrique Hellín participó en 2008 en un seminario 
sobre nuevas tecnologías en la lucha contra el delito del Instituto 
Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP) que 
dirigía José Antonio García Sánchez-Molero, subdirector del organismo y 
entonces coronel jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia 
Civil. Virginia Galero, directora del IUICP, asegura que a Hellín se le 
invitó por “su especialidad”, y añade que el curso perseguía mejorar los
 medios de la policía científica y del servicio de criminalística de la 
Guardia Civil. Este instituto mixto depende de la Universidad de Alcalá y
 de la Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del 
Interior.
El coordinador de este seminario y subdirector del IUICP, José Miguel
 Otero, comisario jefe de la Unidad central de Investigación Científica y
 Técnica de la Comisaría General de Policía Científica, asegura no 
conocer a Hellín y afirma no recordarlo. “Vendría invitado por otros 
miembros del instituto”, dice. Junto a Hellín participaron también en la
 formación de policías y guardias civiles el juez 
Eloy Velasco,
 hoy en la Audiencia Nacional, y Matías Bevilaqua, un informático 
detenido recientemente e imputado en la trama de compra y venta de datos
 confidenciales desarticulada por la policía en la que hay implicados 
varios detectives. El 
hacker asegura que aquel programa fue 
“del más alto nivel” y apostilla que la empresa de Hellín trabaja “muy 
bien”. El exconvicto ha impartido numerosos cursos y talleres de 
formación en la Dirección General de la Guardia Civil sobre “teléfonos 
espías”, obtención de evidencias en Mac, iPhone e iPod, e interpretación
 de datos binarios obtenidos de teléfonos móviles. Su último trabajo 
conocido es el rastreo de llamadas en 
el caso José Bretón, los dos niños supuestamente asesinados por su padre en Sevilla
El asesinato de Yolanda González en 1980 conmocionó a todo el país. La joven nació en Deusto (
Vizcaya)
 en el seno de una familia trabajadora. Era la mayor de tres hermanos y 
obtenía notas brillantes en el colegio público donde estudió el 
bachiller. A los 16 años se afilió a las juventudes socialistas. 
Comprometida con sus ideas repartía de madrugada propaganda 
revolucionaria a las puertas de fábricas como en las que trabajaba su 
padre, un emigrante burgalés y soldador metalúrgico en Nife.
Del cuello de Yolanda colgaba una cruz Lauburu regalada por el comité
 de empresa de una factoría vasca. A los 18 años se trasladó a 
Madrid
 para estudiar electrónica en el centro de Formación Profesional de 
Vallecas. Vivía en un modesto piso en la calle del Tembleque, en el 
barrio de Aluche, y limpiaba casas particulares para no pedir ayuda a 
sus padres. “Era una persona lista, con una gran fuerza vital y 
entusiasta de las cosas y las personas. Siempre pensando en ayudar a los
 demás”, recuerda ahora Alejandro Arizcun, de 61 años, su novio de 
entonces y hoy profesor de Historia de la Economía en una universidad 
pública.
La vida de Yolanda en Madrid giraba entre sus clases en Vallecas, su 
trabajo de limpiadora y la sede del PST, una escisión del PSOE. Durante 
la segunda quincena de enero de 1980 participó en una huelga general de 
enseñanza, según reflejan fotografías en las que aparece a la cabeza de 
las manifestaciones estudiantiles. El viernes 1 de febrero de 1980, los 
militantes de Fuerza Nueva Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad Velázquez, 
estudiante de Químicas, se presentaron en el domicilio de Yolanda, en el
 número 101 de Tembleque, con la intención de secuestrarla e 
interrogarla. No estaba, por lo que volvieron sobre las doce de la 
noche. En la calle contaban con el apoyo de otros dos militantes de 
Fuerza Nueva, Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto, y del policía 
nacional Juan Carlos Rodas, que les aguardaban en un turismo. La joven 
intentó impedirles el paso, pero no lo logró. La redujeron con 
violencia, registraron el piso y la obligaron a acompañarles hasta el 
coche de Hellín. Se dirigieron por la carretera de Alcorcón hacia San 
Martín de Valdeiglesias, a las afueras de Madrid. En el trayecto, 
gritos, insultos y preguntas sobre un supuesto comando de ETA que no 
existía salvo en la imaginación de los dos matones. Acusaciones a las 
que Yolanda, que acababa de cumplir 19 años, no podía responder. En un 
descampado frío y solitario, Hellín obligó a la joven a descender de su 
coche y le disparó dos tiros en la cabeza a menos de un metro de 
distancia. Abad, de orden de Emilio, la remató en el suelo. Su disparo 
impactó en un brazo. “Cuando vi caer a Yolanda, quedé atontado y no me 
di cuenta de que disparaba”, relató el primero a preguntas del fiscal 
durante la celebración del juicio. La versión de Abad, en la que implicó
 a su compañero y dio todo lujo de detalles sobre el secuestro y 
asesinato, fue idéntica a la del fiscal.
Días después, el agente que colaboró en el crimen confesó el 
asesinato al comisario Francisco de Asís. Hellín descansaba en Vitoria 
alojado en la casa de un amigo, inspector de policía. El ultra se 
jactaba de sus contactos en la Brigada Operativa de la policía. Además, 
tenía un hermano en la Guardia Civil, y entonces los vínculos entre 
miembros de la 
ultraderecha y los sectores más reaccionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado eran frecuentes.
El 7 de febrero, Hellín y Abad fueron detenidos y confesaron el 
asesinato. Ambos aseguraron que lo hicieron en venganza por el asesinato
 de seis guardias civiles en el País Vasco y porque sospechaban que 
Yolanda militaba en ETA. En el registro de la escuela de electrónica de 
Emilio, en la que impartía clases desde hacía 11 años, en el número 1 de
 la calle de San Roque, se descubrió un arsenal de armas y explosivos. 
Con una gran antena, un Scanner VHF y un receptor captaban las emisoras 
de la policía y de la Guardia Civil. Era el material del denominado 
Grupo 41 de Fuerza Nueva, que dirigía Hellín, destinado a otros 
atentados.
Hellín no se resignó a cumplir los 43 años de condena (asesinato con 
alevosía, delito de depósito de armas y seis delitos de falsificación de
 documentos de identidad). Meses después de su ingreso en prisión 
preventiva se escapó de la cárcel de Alcalá de Henares en compañía de 10
 presos comunes, aunque fue detenido horas después. Fue clasificado como
 interno especialmente peligroso y trasladado a Herrera de la Mancha, la
 cárcel más segura del país. Pero no cejó en su empeño y lo intentó de 
nuevo cuando le llevaron a la prisión de Cartagena, y lo logró al 
aprovechar un polémico permiso de seis días de libertad concedido el 20 
de febrero de 1987 por el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid
 José Donato cuando estaba en la cárcel de Zamora. Hellín huyó a 
Paraguay con su mujer y sus tres hijos. Y de nuevo volvió a su pasión: 
la informática y la inteligencia. Creó el Centro de Estudios 
Profesionales de Asunción, dedicado a las clases de informática, y 
trabajó para los servicios secretos policiales y militares paraguayos 
formando a agentes en la instalación de micrófonos y rastreo de 
llamadas. Cambiaba de domicilio y utilizaba solo su segundo apellido 
hasta que fue descubierto por un reportero de la revista 
Interviú que denunció su paradero. En julio de 1989, la 
Interpol
 lo detuvo y el 21 de septiembre de 1990 fue entregado a España y 
devuelto a su celda de la prisión de Zamora. Su aventura en Paraguay 
bajo la protección del régimen de 
Alfredo Stroessner
 duró tres años. El dictador había invitado a su toma de posesión en 
Asunción a Blas Piñar, dirigente de Fuerza Nueva, y a León Cordón, entre
 otros ultras.
Los padres y hermanos de Yolanda González ignoraban la nueva vida del
 asesino de su hija. Eugenio tiene 79 años y Lidia, 72. Siguen viviendo 
en Deusto y no han conseguido olvidar. Asier, de 39 años, el hermano 
pequeño, no oculta su malestar. “Estoy perplejo. Es indignante que este 
hombre realice esa actividad. No sé si se habrá arrepentido; todo el 
mundo tiene derecho a una nueva oportunidad, pero, si lo hace con una 
nueva identidad, solo ratifica el tipo de personaje que es. Está claro 
que en este país las personas vinculadas a la extrema derecha gozan de 
privilegios”. Alejandro Arizcun, el novio de Yolanda, responde atónito 
con una palabra: “Tremendo”. Y añade: “Lo que usted me cuenta demuestra 
los lazos que Hellín tenía entonces con los cuerpos policiales y que 
todavía mantiene vivos. Nunca se investigó a fondo la implicación de 
algunos policías en el asesinato”.
Tras la visita del periodista a su oficina en Madrid, Luis Enrique Hellín ha suprimido de su biografía en 
Linkedin
 la g de su “abuelo inglés”. En su currículo de perito todavía queda una
 huella muy profunda de su oscuro pasado: asesor en telecomunicaciones e
 informática (1988-1989) del comandante en jefe de Estado Mayor del 
Ejército y del director general de la Policía Nacional de Paraguay. 
¿Nadie en la Guardia Civil y la policía sabe quién es este experto 
forense informático que colabora en investigaciones criminales y forma a
 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado?
La sombra de Fuerza Nueva
J.M.I.
David Martínez Loza, guardia civil en excedencia y jefe de seguridad 
de Fuerza Nueva, fue la persona que ordenó el arresto, interrogatorio y 
ejecución de la joven Yolanda González, de 19 años, según aseguró al 
tribunal Emilio Hellín Moro, el autor material del asesinato, durante el
 juicio en la Audiencia Nacional. Hellín señaló que nada más ser 
detenido se había confesado autor porque le habían pedido que cargara 
con toda la culpa y que le ayudarían. “La propia policía me dijo que no 
merecía la pena implicar a más personas”. Hellín aseguró que la ayuda de
 su partido, del que fue expulsado tras el asesinato, nunca llegó. 
Cuando el fiscal le preguntó quién dio la orden de secuestrar a Yolanda,
 el 
ultra respondió: David Martínez Loza. Hellín implicó a 
dirigentes de Fuerza Nueva, así como a funcionarios de policía, pero 
Ignacio Abad, el otro autor material, descargó sobre él toda la 
responsabilidad. Martínez Loza fue condenado solo por inducción a 
secuestro. “No se quiso tirar del hilo y buscar la implicación de 
policías en el secuestro de mi hermana. Las conexiones de Hellín y de 
Fuerza Nueva con la policía eran escandalosas”, recuerda ahora Asier, de
 39 años, hermano de la víctima. “No se investigó la implicación de 
Fuerza Nueva”, se lamenta también Alejandro Arizcun, de 61 años, el 
novio de Yolanda.
Alfonso Guerra, entonces diputado socialista, afirmó que los 
minicomputadores PET 201 que utilizaba Hellín eran usados como 
terminales de conexión telefónica con un ordenador que la Guardia Civil 
tenía en un chalet camuflado en la colonia de El Viso, en el centro de 
Madrid, donde operaba un capitán adscrito al servicio de información del
 citado cuerpo.