A finales de 2008 se establece en Santa Cruz de Barillas, Guatemala, la empresa española Econer-Hidralia para poner en marcha un proyecto hidroeléctrico en territorio de comunidades indígenas.
A raíz de las protestas de oposición, dos líderes han sido asesinados, otros han sido encarcelados durante meses, otros secuestrados, cientos de policías han reprimido violentamente las manifestaciones, y según varios informes, las mujeres son las que están sufriendo las peores consecuencias
ONG españolas y guatemaltecas denuncian estos hechos.
Concentración en Santa Cruz de Barillas (Amigos de la Tierra / Flickr)
El pasado 7 de abril el líder indígena
Daniel Pedro Mateo de la comunidad de Santa Eulalia, fue secuestrado y
posteriormente asesinado por oponerse a la construcción de una
hidroeléctrica de capital español de la transnacional Hidralia Energía
en Santa Cruz de Barillas. No se trata de un caso aislado ya que en mayo
de 2012 otro líder comunitario fue asesinado y hubo 11 detenidos, uno
de los cuales, Rubén Herrera, todavía sigue encarcelado por ello. Ese
mismo año, en 2012, en una represión contra una movilización de pueblos
indígenas mayas en el departamento de Totonicapán, 7 indígenas fueron
asesinados.Son algunos de los casos concretos que denuncian la
Confluencia Nuevo Baqtun (en la que están representadas más de 50
organizaciones), Amigos de la Tierra y Mujeres de Guatemala. Las líderes indígenas Natalia Atz Sunuc, coordinadora de CEIBA/Amigos de la Tierra Guatemala, y Paula del Cid Vargas, de la Asociación Feminista La Cuerda,
han exigido al Parlamento Europeo el cese de unas políticas
devastadoras y responsabilidad ante las acciones de las empresas
europeas en el país centroamericano.
Natalia Atz Sunuc, coordinadora de CEIBA (RMH)
En junio de 2011, cuarenta Parlamentarios
europeos de cinco grupos políticos, ya habían denunciado esta situación
ante la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior
y de Seguridad, Catherine Ashton. Hoy, dos años después, la Unión
Europea sigue sin pronunciarse públicamente sobre estos hechos.
“Lo llaman conflicto cuando la verdad es
que han sido las propias empresas quienes han creado esta situación al
tratar de imponer sus megaproyectos sin tener en cuenta la opinión y las
necesidades de las comunidades indígenas que habitan esas tierras”,
comenta Natalia Atz Sunuc que está de visita por Europa -con una parada
especial en España- para denunciar las consecuencias de las políticas de
las empresas extractivas europeas establecidas en Guatemala. “Creemos
que nuestros gobiernos tendrían que garantizar antes de que las empresas
entren en Guatemala, el cumplimiento de los derechos humanos”, comenta.
“En este marco de crisis europea nuestros países están siendo refugio
de la introducción de megaproyectos que menoscaban la soberanía
alimentaria de las comunidades indígenas y perjudican el medio
ambiente”.
A pesar de que el Producto Interior Bruto
(PIB) de Guatemala es uno de los más elevados de Centroamérica, este
país ocupa el cuarto lugar en desnutrición mundial y el primero en
América Latina. De acuerdo al último Índice de Desarrollo Humano
elaborado por el Programa de las Naciones Unidas, un 14,5% de la
población se encuentra en la pobreza extrema y un 51% en la pobreza.
El pasado febrero, el exgeneral y
presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, pronunció un discurso en el
Foro Nueva Economía, en el que se centró en hablar sobre la inversión
extranjera en su país y, en menor medida, sobre la posición del gobierno
guatemalteco en cuanto a otros temas como el narcotráfico, la justicia,
la seguridad y la paz. De aquella intervención salieron ideas como las
siguientes: “la mejor política social es la inversión extranjera
directa”; “La flexibilización del mercado laboral es básica para
asegurar el crecimiento”; “Guatemala sigue creciendo económicamente y
hoy podemos decir que es un país emergente”.
Además afirmó en aquella conferencia Otto
Pérez Molina, que la inversión española en Guatemala era la primera del
país y contaba con 80 empresas, que su gobierno les asegura seguridad
jurídica, estabilidad fiscal e incentivos de inversión.
También señaló que Guatemala tiene
abundantes recursos mineros e hidroeléctricos que necesitan la inversión
extranjera directa (IED) para ser explotados y ello ha llevado algunos
problemas en varias comunidades. A su parecer, el problema suscitado por
la instalación de la empresa hidroeléctrica Hidralia Santa Cruz en el
municipio de Santa Cruz Barillas fue producido por un grupo minoritario
de 200 comunitarios, malinformados por grupos ambientalistas. Ello llevó
a declarar, por un mes, el Estado de excepción. “A día de hoy el
problema está resuelto por un acuerdo entre la comunidad, representada
en la alcaldía, y la empresa”, afirmaba.
Protesta contra el proyecto de Hidralia Santa Cruz de Barillas, Guatemala
El caso de la empresa española Hidralia S.A.
A finales de 2008 se establece en Barillas
la empresa española Econer-Hidralia,convertida en Hidro Santa Cruz, para
poner en marcha el proyecto que denominan Cambalam, una hidroeléctrica a
filo de agua con capacidad de generar 4.9 megavatios en cada una de sus
fases.
Este proyecto se instala en un área rural utilizada tradicionalmente como centro de recreación y como centro ceremonial de las comunidades indígenas autóctonas, limitando el uso doméstico y agrícola del agua y alterando un entorno ya frágil de por sí por la cercanía de la cabecera municipal. Ninguna de las comunidades afectadas por el mencionado proyecto fueron consultadas, como establece la ley y los Convenios Internacionales como el Convenio 169, entre otros.
Este proyecto se instala en un área rural utilizada tradicionalmente como centro de recreación y como centro ceremonial de las comunidades indígenas autóctonas, limitando el uso doméstico y agrícola del agua y alterando un entorno ya frágil de por sí por la cercanía de la cabecera municipal. Ninguna de las comunidades afectadas por el mencionado proyecto fueron consultadas, como establece la ley y los Convenios Internacionales como el Convenio 169, entre otros.
A raíz de informaciones sobre la concesión
de licencias para explotación de recursos naturales renovables y no
renovables en territorio Q’anjob’al, la población de Santa Cruz
Barrillas se organiza para promover una Consulta Comunitaria. Ésta es
aprobada mediante Acuerdo Municipal y fue de participación masiva. (Las
Consultas Comunitarias de Buena Fe son un mecanismo ancestral de toma de
decisión de los pueblos indígenas de forma participativa, abierta y
transparente en la que las comunidades y pueblos indígenas pueden hacer
ejercer sus derechos mediante la democracia directa. En el ámbito
jurídico las Consulta Comunitarias están reconocidas en Guatemala en la
Constitución Política de la República y en el Código Municipal, y a
nivel internacional en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas).
En el año 2008 se consolidan
organizativamente las comunidades cercanas al río, en el área de
construcción de la hidroeléctrica, conformando el Comité de Defensa de
los Recursos Naturales. Este comité es elegido en asamblea
de comunidades activas en defensa del territorio y queda inscrito en
la Municipalidad.
En el año 2009 miembros de la empresa presentan el proyecto de la hidroeléctrica en una reunión del Consejo Municipal de Desarrollo, COMUDE. El COMUDE rechaza la construcción de este proyecto, constando este rechazo en el Acta de la reunión el 12 de abril de 2011. Esta resolución se mantiene vigente hasta la fecha, a pesar de que la empresa ha continuado construyendo.
Según un informe elaborado por Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco,
para llevar a cabo su proyecto, la empresa no dudará en contratar a
exmilitares como encargados del área de promoción social ante la
oposición de la población indígena. A algunos de ellos se les indica que
amenacen a la población. “Son rutinarios los disparos al aire y la
agresión sexual verbal a las mujeres. Continúa además la intimidación
vía celular a los dirigentes y las personas opositoras al proyecto”, tal
y como se lee en el informe de Hegoa.
En este contexto, el primero de mayo de
2012, asesinan a Andrés Francisco uno de los líderes opuestos a la venta
de tierras. El asesinato del líder comunitario exacerba los ánimos y
produce una respuesta de indignación. El gobierno decreta el Estado de
Sitio y envía 400 policías y 500 militares a Barillas. “Los cateos, las
listas negras y las detenciones arbitrarias que se sucederán los días
posteriores a estos hechos recuerdan a los peores momentos del Estado
contrainsurgente que debería haber desaparecido con la Firma de los
Acuerdos de Paz en 1996″, según se lee en el informe de Hegoa.
Según dicho informe, el registro
empresarial de Ecoener-Hidralia Energía -que en Guatemala se denomina
Hidro Santa Cruz- y en general de las decenas de sociedades vinculadas a
Luis y David Castro Valdivia, sus propietarios, está plagado
de irregularidades. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y
el Consello de Contas de Galicia documentan prácticas del grupo
empresarial en el límite de lo legal o abiertamente ilegales.
Organizaciones sociales y medios de comunicación visibilizan la
denominada trama energética impulsada por Luis Castro.
Del informe de Hegoa se desprende también
que la empresa es, así, tanto actor principal como instrumento
favorecedor de agendas empresariales globales (por ejemplo, las
vinculadas a la gestión/ privatización del agua), cuya dimensión excede
el proyecto de Hidro Santa Cruz. “Esta segunda lectura justifica la
presencia en Santa Cruz Barillas de la Corporación Interamericana para
el Financiamiento de Infraestructura (Bankia España, Banco Mundial,
Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Interamericano de
Desarrollo), que apoya con 10,7 millones de dólares el proyecto Cambalam
(de los 30 millones de inversión estimada)”.
Vulneración sistemática de los derechos humanos entre las comunidades indígenas: las mujeres las peor paradas
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA)
ha observado que en los últimos cuatro años la conflictividad en el
ámbito rural ha aumentado exponencialmente debido al aumento de la
inserción de los llamados megaproyectos empresariales que se imponen sin
respeto a las consultas populares y la ampliación del control
territorial del crimen organizado. “Estos fenómenos que se combinan con
la ausencia histórica de respuesta del Estado a demandas en materia de
derechos económicos, sociales y culturales y de justicia ante las graves
violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado
interno están generando un polvorín muy preocupante”, tal como señala
UDEFEGUA.
Un estudio de la Unidad de Protección de
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) y El
Observador denominado ‘Análisis Alternativo sobre Política y Economía’,
alerta que la situación de los y las defensoras de derechos humanos que
viven en el ámbito rural guatemalteco atraviesa por un momento
histórico de alta vulnerabilidad debido a múltiples factores: ”La firma
de los Acuerdos de Paz representó formalmente un parteaguas para el
análisis de la conflictividad social, ya que si bien el cese al fuego se
concretó después de diez años de negociaciones entre la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno-Ejército, los
procesos y las condiciones históricas de exclusión, que de fondo
originaron el conflicto armado, no están resueltas y tienden a
agudizarse en la etapa postconflicto. Las agresiones y las violaciones a
los defensores y defensoras de derechos humanos tienen relación, por
una parte, con la operación de estructuras paramilitares o grupos
armados que en la etapa post conflicto están reproduciendo viejas
prácticas de acoso y represión contra actores sociales que están
buscando justicia, esclarecimiento de la memoria histórica y
resarcimiento de graves violaciones a derechos humanos que ocurrieron
durante el conflicto armado”. Por otra parte, señala el estudio que las
empresas que están poniendo en marcha estos megaproyectos se
están apropiando del territorio de las comunidades y los pueblos
indígenas que habitan en las regiones y zonas donde se concretan estas
operaciones por parte de empresas nacionales y extranjeras.
Por otro lado, la violencia contra las mujeres se ha incrementado. Según datos extraídos del INACIF por la Fundación Sobrevivientes, de enero a junio de 2012 el número de muertes violentas de mujeres han sido 313 y según la Procuraduría de Derechos Humanos, la tasa de violencia intrafamiliar en 2011 fue del 15%.
A su vez, Conaprevi, la Coordinadora Nacional para Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, ha sido debilitada y los Centros de Apoyo Integral para las mujeres conocidos como CAIMUS, ya no reciben los fondos estatales.
Cabe destacar además, los datos del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (OSSyR), que señalan que durante el 2012 hubo más de 3.000 niñas menores de 14 años violadas y embarazadas.
Algunas de las propuestas de la Confluencia
Nuevo Baqtun, Amigos de la Tierra y Mujeres de Guatemala al respecto de
todo lo que está sucediendo actualmente en Guatemala son: generación de
redes de solidaridad que ofrezcan acciones de resguardo a la vida de
defensoras y defensores de derechos humanos y recursos para continuar en
la defensa de la vida; vigilancia permanente y activa sobre el respeto a
los derechos humanos en Guatemala; denuncia de la violación de estos y
de los retrocesos democráticos; apoyo a un desarrollo rural definido por
las comunidades y que efectivamente se vincule a la voz de los pueblos y
satisfaga las necesidades existentes; fiscalización de fondos públicos
en inversión social y pública-privada; relación con partidos políticos y
movimientos sociales que permitan generar acciones a favor de las
comunidades y contra la acción irresponsable de compañías
transnacionales; posibilidad de generar juicios nacionales por acciones
irresponsables de compañías en otros países, que incluyen violación a
derechos humanos, violación sexual y acciones violentas por parte de
trabajadores de estas empresas.
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