Corrupción, impunidad y derechos humanos

Los cargos públicos electos exigen el respeto de la ciudadanía por decreto, cuando abusan de su condición usufructuando del dinero público para sus asuntos personales, de forma que llega agredir la buena fe de sus votante y ciudadanos, negando hacer público los ingresos y gastos, alegando que coarta su libertad.

Dichos fondos públicos tiene como objetivo la realización exclusiva de actividades que vayan en beneficio de la población del estado español.
Por lo cual la tanto las partidas destinadas para uso individual como las de los grupos políticos deben ser públicas y justificadas hasta el último céntimo.
Y no menos importante, la publicación de los resultados obtenidos por cada partida de dinero gastado.

No dudo que habrán excepciones que actúan con la ética correspondiente a su cargo lo cual no merece loa alguna porque es inherente a su función. Pero falta una mayor vigilancia de los actuaciones de los otros porque tienen la obligación de servir al estado y sus ciudadanos evitando actuaciones que perjudiquen su bienestar.

La falta de ética y las justificaciones que esgrimen resultan insultantes y los ilegitiman como representantes de la soberanía del pueblo.

Esta situación se extiende al gobierno de la nación, ya que proceden de un partido que ha vulnerado la legalidad de forma continua y cuyo objetivo mas que el servicio público parece ser el enriquecimiento ilícito de sus cargos, militantes y amigos. Donde las buenas prácticas parecen una excepción.

La corrupción que en estos momentos parece inundar toda la actividad política no es algo que venga de los últimos años, tiene como sustrato el estado fascista representado por Franco -que como cualquier régimen que surja de un golpe de estado es en si mismo corrupto- durante el cual se despojo de bienes y derechos a la gran mayoría de los españoles, reservándolos para élites (oligarcas, militares e iglesia) que ostentaban el poder.

La impunidad en todos los ámbitos, de los que ejercieron el poder durante la dictadura fascista, ha continuado sin cortapisas durante la transición hasta el día de hoy que siguen ejerciendo el poder tanto desde las instituciones del estado como las privadas.

Lamentablemente continuará si no toman medidas radicales para logra su erradicación.

Esto no implica solo medidas coercitivas, que pueden cumplir un papel 

positivo siempre que realmente sean adecuadas y que son a las que mas importancia se les da pero que no son la solución de fondo.

Un punto que sin lugar duda sería fundamental, es la no prescripción de los delitos relacionados con la corrupción publica, entiendo se incluye la empresa privada que gestiona, realiza, actúa, etc. por contratos u otras formas vinculantes.

Fundamental es la educación desde la infancia, en valores democráticos y derechos humanos a lo largo de toda la formación, no solo con la teoría, sino con la práctica continua de participación en los distintos niveles de enseñanza.

Transparencia absoluta de la gestión y  gestores del estado a todos los niveles.

Acceso público simple a la información de las actuaciones de las instituciones de cualquier índole que reciban dinero público, partidos políticos, fundaciones, sindicatos, etc. incluyendo la corona, la iglesia católica, y otras instituciones religiosas. Y control de los aportes privados a  las mismas.

Hay que considerar como una violación a los derechos humanos el mal uso del dinero público que termina conllevando limitaciones en el acceso a la salud, a la alimentación, vivienda, educación y otros servicios fundamentales para la vida y el buen desarrollo humano.

Sorprende la inconsciencia por parte de los actores, del nivel de devaluación al que han llevado al estado, al que dicen respetar por sobre todo. 

MMiranda