Eloy Velasco, magistrado al frente del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional de Madrid, emitió el pasado 7 de marzo de 2011 un auto de procesamiento en el que corrige las acusaciones que contra Remedios García Albert y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela realizaba hace ahora justamente un año, en un auto que sirvió para alimentar una campaña propagandística que presentaba a Venezuela como un "santuario para los terroristas" y al Gobierno venezolano como "facilitador" de la supuesta conexión entre ETA y la guerrilla de las FARC en su territorio, con Remedios García como "pieza clave de enlace" entre ambas organizaciones.
Las mentiras se han publicado y la calumnia se ha repetido como un mantra durante este tiempo -un año desde el procesamiento por parte del juez Velasco, dos años y medio desde el primer procesamiento de Remedios por el juez Garzón- sin que Remedios haya sido llamada a declarar ante ningún juez, ni haya podido defenderse de las acusaciones contenidas en ambos autos.
Finalmente, a Velasco no le queda más remedio que reconocer que no tiene causa contra Remedios ni contra Omar Arturo Zabala, y por tanto deja sin efecto el procesamiento acordado en auto de 24/02/2010 y las medidas cautelares acordadas contra ambos. Y Remedios comparecerá para declarar en condición de testigo y no de imputada, el 21 de marzo.
También se extrae de la lectura del auto emitido el 7 de marzo por el juez Velasco, que no hay absolutamente ningún sustento para alegar que haya existido colaboración institucional por parte de Venezuela con el entrenamiento y actividades de ningún miembro de ETA en su territorio, tal y como se publicó irresponsablemente hace un año.
El auto afirma, textualmente:
"Remedios García Albert y Omar Arturo Zabala Padilla, miembros de la Comisión Internacional de las FARC que en diversas ocasiones visitaron los campamentos de esta organización terrorista, no participaron en la gestión ni en la organización de los cursillos sobre armamento y explosivos con miembros de la ETA que Arturo Cubillas propició, limitando su labor en los mismos al adiestramiento en labores de uso de telecomunicaciones con los guerrilleros de las FARC, así como propaganda, adoctrinamiento político, confección de materiales para su publicación en webs, reportajes y la revista Resistencia, labores a las que se debe añadir las de apoyo logístico material, principalmente desde España, que se enjuician en las DP 261/08 del JCI 5 AN".
De esta forma, el juez Velasco reconoce que no tiene elementos para acusar a Remedios García y Omar Arturo Zabala de colaboración con ETA, pero plantea que el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, donde se instruye la causa abierta en julio de 2008 por el juez Baltasar Garzón, debe imputarles el delito de "integración en organización terrorista", basándose en las siguientes "pruebas":
- Los presuntos "correos electrónicos" (no hay ni un sólo correo electrónico, sino documentos de texto) supuestamente encontrados en el ordenador mágico, presuntamente incautado al comandante de las FARC Raúl Reyes, asesinado el 1 de marzo de 2008 en una operación conjunta de la Fuerza Aérea Colombiana con el Ejército estadounidense de bombardeo contra el territorio de Ecuador, violatorio de la soberanía de este país y que constituyó un crimen de guerra.
- Los testimonios de presuntos ex guerrilleros arrepentidos de quienes solamente se proporcionan los alias, y que afirman haber visto a Remedios en tal o cual campamento, y realizan diveras acusaciones contra su persona.
Se trata de la mismas y únicas pruebas que la Fiscalía colombiana tiene para judicializar y perseguir al periodista William Parra, y a la socióloga y defensora de derechos humanos Liliana Obando (actualmente en prisión, engrosando la lista de los más de 7.500 presos políticos del régimen colombiano). Tras la masacre cometida en el campamento de Raúl Reyes, el Gobierno colombiano trató de sostener una campaña propagandística para acallar el escándalo de la parapolítica, y construyeron el escándalo de la "Farc política", pero con el tiempo ninguna de las acusaciones que hicieron contra los políticos, periodistas y activistas que desde la izquierda señalaban sus crímenes, se pudo sostener en un tribunal. ¿La razón? Esas pruebas, que ahora se esgrimen contra Remedios en un auto judicial y en la prensa, sin darle opción a defenderse, sencillamente no resisten el menor contraste, y los montajes judiciales se caen al primer careo con la realidad.
Acusar sin pruebas
El "Informe Forense de Interpol sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisados por Colombia", supuestamente incautados en la incursión militar del 1 de marzo de 2008, cuestiona la posibilidad de su uso ante los tribunales de justicia.
En el propio informe se asegura, en diversos puntos, y en la conclusión 2b, que entre el 1 y el 3 de marzo hubo irregularidades y no se siguió el protocolo internacional que admitiría un tribunal:
“Conclusión no 2b: Entre el 1 de marzo de 2008, fecha en que las autoridades colombianas incautaron a las FARC las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, y el 3 de marzo de 2008 a las 11.45 horas, momento en que dichas pruebas fueron entregadas al Grupo Investigativo de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia, el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley. ” (Pag. 8, Párr. 5)
Incluso en otro punto se pone en duda que un tribunal lo admita:
“77. Cuando los funcionarios de los organismos encargados de la aplicación de la ley acceden directamente a las pruebas electrónicas decomisadas sin hacer en primer lugar una copia imagen de los datos, el acceso a las pruebas y su visualización quedan registrados. El acceso directo puede complicar en gran medida el proceso de validación de las pruebas para presentarlas ante los tribunales, porque en este caso los funcionarios de las fuerzas del orden deben demostrar o probar que el acceso directo que efectuaron no afectó materialmente a la finalidad de las pruebas.” (Pág. 31, Apdo. 77)
En ningún apartado de este informe, se hace alusión a qué procedimientos llevó adelante el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, DAS, entre el 3 de marzo a las 11:45 y el día 10 de marzo, en que las supuestas pruebas fueron entregadas a la INTERPOL. Las pruebas fueron obtenidas ilegalmente y sin respetar la debida cadena de custodia y, por tanto, no debería ser válidas ante ningún tribunal.
Según el mismo informe de la INTERPOL se modificaron, crearon y borraron archivos de sistema.
El informe asegura que entre el 1º y el 3 de marzo se modificaron, crearon y borraron archivos de sistema. Indica, asimismo, que de los archivos de usuario sólo se hicieron aperturas, o sea que sólo se leyeron sin supuestamente modificar sus contenidos. Sin embargo, no indica qué archivos de sistema son los afectados y por qué, particularmente, fueron borrados algunos de ellos. Aparecen miles de documentos con fechas a futuro que, según el mismo informe, puede que se generaran desde otras computadoras con estas fechas erróneas. Esta misma argumentación sería válida para asegurar que cualquier documento con fechas pasadas también podría haber sido modificado y transferido desde otras computadoras.
La Justicia española, vergonzosamente al servicio de la guerra en Colombia
Durante el último año hemos asistido a una ofensiva por parte del Gobierno colombiano encabezado por Juan Manuel Santos, que ha recurrido a los montajes judiciales para criminalizar a periodistas y activistas sociales, y para quitar del camino voces molestas. En septiembre de 2010 El Procurador colombiano (ente supuestamente encargado de controlar a los servidores públicos), Alejandro Ordóñez Maldonado, sancionó disciplinariamente a la senadora liberal Piedad Córdoba, con destitución e inhabilidad por 18 años "por haber promocionado y colaborado con las Farc".
El delito que realmente se persigue en todos estos casos es el haber promovido el intercambio humanitario de prisioneros entre las FARC y el Estado colombiano, las dos fuerzas beligerantes de una guerra que el Estado colombiano se niega a reconocer mientras bombardea a población civil y millones de campesinos son desplazados por el narco-paramilitarismo auspiciado y amparado por el Estado (como pone en evidencia, por ejemplo, el escándalo del DAS y la sentencia contra su director, Jorge Noguera Cotes).
Perseguir y promover un diálogo político para allanar el camino de la paz con justicia social en Colombia. Ese es el crimen también de Remedios, aunque no solamente de ella...
En el año 2000 Eduardo Zaplana recibió a Raúl Reyes y a una delegación de las FARC en un viaje que hicieron a Europa. Les recibió en el Palau de la Generalitat con honores de Jefe de Estado. Hasta ahora, no hemos visto ninguna acusación contra Zaplana ni conocemos su "alias" de guerrillero, pero a juzgar por el razonamiento del juez Velasco en su auto, debería ser igualmente imputado por "integración en organización terrorista", ya que uno de los delitos de Remedios habría sido ser "favorecedora de responsables de las FARC en foros internacionales".
Pero claro, era el año 2000, las FARC eran consideradas una organización beligerante en un conflicto armado que nadie se atrevía a poner en duda, y del que se pensaba que no había otra salida que el diálogo político. No había habido 11 de septiembre de 2001, ni la UE se había plegado a la estrategia estadounidense de "guerra global contra el terrorismo", ni se había aprobado por parte del Consejo de Europa una lista construida arbitrariamente y sin ningún sustento judicial ni parlamentario, de organizaciones consideradas "terroristas", en la que se incluyó a las FARC.
Una injusticia muy lenta
Hace dos años y ocho meses que Remedios García Albert dejó de ser una ciudadana con plenos derechos para pasar a un limbo legal y un linchamiento mediático del que no puede defenderse, porque mientras dan por buenas las "evidencias" fabricadas por el Estado genocida de Colombia, que se ha permitido incluso espiar e intervenir comunicaciones a diputados, europarlamentarios y abogados de media Europa, ningún juez la está juzgando.
Cuando el gobierno libio bombardea a su población civil, se toman sanciones internacionales. ¿Y en Colombia?
Cuando determinados sectores de esa población se levantan en armas y reivindican cambios, se les llama "rebeldes", "insurgentes", pero no he visto que ningún medio los tilde de "terroristas". ¿Y en Colombia?
En una empresa, cuando un trabajador es negligente, y no hace aquello para lo que se le paga, se le despide. ¿Y en la Audiencia Nacional?
¿Cómo puede ser que las actuaciones de los jueces no solamente no sirvan para restituir absolutamente nada, sino que sean en sí mismas una causa de injusticia y oprobio contra ciudadanos inocentes?
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