DECLARACIÓN DE PHILIP ALSTON, RELATOR ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, SUMARIAS O ARBITRARIAS
He llevado a cabo una misión de investigación sobre ejecuciones extrajudiciales
a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009. Estuve en Bogotá, Antioquia (Medellín),
Santander (Bucaramanga) y Meta (Villavicencio). Estoy muy agradecido con el
gobierno de Colombia por haberme invitado, y por su cooperación plena y sostenida
para con mi misión. Estoy particularmente agradecido con el Presidente Álvaro Uribe
Vélez por haber tenido una discusión muy extensa y comprometida conmigo, acerca de algunos de los temas clave.
También me reuní con el Vicepresidente y con los Ministros de Asuntos
Exteriores, Defensa, los Viceministros de Defensa y de Justicia. También celebré
reuniones con la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo
Superior de la Judicatura, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la
Nación, el Defensor del Pueblo, y la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación.
Me reuní con el Comandante del Ejército y con los Comandantes de la Segunda,
Cuarta y Séptima divisiones, como también con asesores jurídicos militares y jueces
militares. Asimismo me reuní con el gobernador de Antioquia, personeros provenientes de todas partes del país, varios senadores y congresistas, y numerosas organizaciones de la sociedad civil. Llevé a cabo más de 100 entrevistas con testigos, víctimas y supervivientes. Estoy particularmente agradecido con los oficiales tan competentes, dedicados y ponderados de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia por la ayudada brindada a mi misión. Sin embargo, éstos no tienen responsabilidad alguna por las conclusiones a las que yo he llegado.
Como experto independiente que presenta informes al Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas mi mandato consiste en investigar los homicidios
cometidos en violación de los derechos humanos o del derecho humanitario; determinar la extensión y las causas de la impunidad de dichas matanzas; y proponer reformas específicas y constructivas para disminuir los homicidios y promover la rendición de cuentas. En Colombia me he centrado en los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad, paramilitares y otros agentes armados no estatales, y examiné la eficacia de los sistemas de justicia penal, civil y militar en relación a esos homicidios. Cabe
destacar desde el principio, que las ejecuciones perpetuadas por estos actores.
Los hallazgos que presento hoy son preliminares. Mi informe completo se
publicará dentro de unos 4 a 5 meses, y tendrá en cuenta la información que el gobierno suministrará en el transcurso de aproximadamente un mes como parte de un diálogo continuo. Hoy me dedicaré a una gama limitada de temas.
Quiero comenzar repercuten de manera desproporcionada en las poblaciones
rurales y pobres, pueblos indígenas, afrocolombianos, sindicalistas, defensores de
derechos humanos, y líderes comunitarios reconociendo la mejora dramática en la
situación de la seguridad desde el 2002. La cantidad total de homicidios ha disminuido mucho, y se han transformado los niveles de seguridad en muchas partes del país. Sin embargo queda mucho por hacer.
Ejecuciones extrajudiciales por los grupos de la guerrilla.
Los guerrilleros de las FARC y del ELN siguen llevando a cabo cantidades
significativas de homicidios ilegales, especialmente para controlar y sembrar el miedo en las poblaciones, rurales, intimidar a los oficiales elegidos, y castigar a aquellos que se supone colaboran con el gobierno, o para promover objetivos criminales. Su uso indiscriminado e inhumano de minas antipersonales también mata y atemoriza a numerosas personas.
Ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad.
La preocupación más preponderante es la incidencia de los llamados “falsos
positivos”, y los ejemplos que más publicidad han recibido, es decir, los homicidios de jóvenes de Soacha en 2008.
El fenómeno es muy conocido. Un “reclutador” engaña a la víctima con falsas
pretensiones y la lleva a una localidad remota. Allá, al poco tiempo de llegar, miembros del ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate. A menudo se hace una fotografía en la que sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes , y los asesinos son premiados por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla.
Sin embargo hay dos problemas con el relato que se centra en los falsos
positivos y en Soacha. El primero se debe a que la expresión “falsos positivos” brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio. El segundo es que el enfoque en torno al caso de Soacha fomenta la percepción de que se trata de un fenómeno limitado, tanto geográficamente, como en el tiempo. Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg. He entrevistado a testigos y a supervivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello.
Algunos funcionarios siguen afirmando que muchos de los casos son bajas
legítimas de guerrilleros u otros. Pero las pruebas –incluyendo informes de balística y forenses, declaraciones de testigos oculares, y el testimonio de soldados- indican
firmemente que ese no es el caso. Entre los “peligrosos guerrilleros” que fueron dados de baja hay adolescentes de 16 y 17 años, un hombre joven con una edad mental de 9 años, un padre de familia abnegado, cuyos dos cuñados están en servicio militar activo, y un joven soldado de licencia por vacaciones, que visitaba a su familia. No puedo descartar la posibilidad que algunos falsos positivos fueran de hecho, guerrilleros, pero aparte de afirmaciones contundentes, el gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido. Las pruebas que muestran a las víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada, o calzando botas de campo 4 tallas más grandes que su tamaño, o zurdos llevando una pistola en su mano derecha, u hombres con una única bala disparada en el cuello, menoscaban aún más la sugerencia de que se trata de guerrilleros muertos en combate.
Un problema adicional tiene que ver con el hostigamiento sistemático de los
militares hacia los supervivientes. Una mujer de Soacha relató como en el 2008 unos de sus hijos había desaparecido y luego dado de baja en combate dos días después. Otro de sus hijos empezó a llevar adelante el caso con ahínco y recibió una serie de amenazas de muerte. Murió de un disparo hace unos meses. Desde entonces la madre también ha recibido amenazas de muerte, igualmente. Esto forma parte de un patrón común.
La pregunta clave es ¿quién es responsable de estas matanzas premeditadas? Por
una parte, no he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del gobierno, o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del Presidente o de los sucesivos Ministros de Defensa. Por otra parte, la explicación que prefieren muchos en el gobierno – que las matanzas fueron llevadas a cabo a pequeña escala por unas cuantas pocas “manzanas podridas” –es igualmente insostenible. Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidas militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército.
A partir del 2007, el gobierno ha tomado medidas importantes para parar y
responder a estos homicidios. Entre ellas hay medidas disciplinarias, una mayor
cooperación con el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) y la ONU, la
incorporación de asesores jurídicos operacionales para asesorar acerca de operaciones militares específicas, una mayor supervisión de los pagos efectuados a informantes, el nombramiento de la Comisión provisional Especial Suárez, el nombramiento de inspectores delegados a divisiones del ejército, la exigencia de que las bajas en combate sean investigadas primero por la policía judicial, la modificación de los criterios para premios, y la creación de una unidad especial en la Fiscalía.
Estas medidas alentadoras demuestran el esfuerzo de buena fe que despliega el
gobierno para hacer frente a los homicidios del pasado y para prevenir que sucedan en el futuro. Sin embargo sigue habiendo una brecha preocupante entre las políticas y la práctica. La cantidad en enjuiciamientos exitosos sigue siendo muy baja, aunque se espera que haya mejores resultados en el próximo año. Cabe destacar tres problemas. El primero es que la Fiscalía, y sobre todo su unidad de derechos humanos no tiene suficiente personal, recursos o formación.
Es esencial aumentar sustancialmente sus recursos. El segundo es que en algunas
zonas los jueces militares hacen caso omiso a los dictámenes de la Corte Constitucional y hacen todo lo que está en su poder para impedir la transferencia de casos claros de derechos humanos al sistema de justicia ordinaria. Se demora u obstruye la transferencia de información, se arreglan los enfrentamientos de jurisdicción cada vez que se encuentra la oportunidad, y las tácticas de dilación son de uso común. Como resultado de todo esto hay demoras, que frecuentemente son de meses o años y ponen en peligro el valor de los testimonios y de las pruebas.
Hay una buena noticia: ha habido una reducción significativa en la cantidad de
alegatos de ejecuciones extrajudiciales registrados por la justicia militar en los últimos 6 a 9 meses. Si se confirma esta tendencia supondría un cambio de rumbo, que cabría celebrar,aunque todavía tiene que abordarse el problema de la impunidad en relación a las matanzas del pasado.
Ejecuciones extrajudiciales por paramilitares y otros grupos armados ilegales
A pesar de las importantes medidas que el gobierno ha tomado para reducir la violencia paramilitar, las ejecuciones llevadas a cabo por esos grupos, que incluyen a paramilitares desmovilizados, continúan produciéndose en gran número a través del país. El gobierno tiene que abordar la resurgencia de estos grupos con políticas
exhaustivas que se centren en el cumplimiento de la ley (incluyendo el fortalecimiento de las funciones de investigación y de persecución) y la protección y participación sostenida de las comunidades afectadas.
Según la posición del gobierno, estos grupos son bandas criminales y tienen que
ser tratadas como tales. Aunque este enfoque sea el apropiado para ciertos lugares, no aborda plenamente la naturaleza y la amenaza que plantean estos actores no estatales en distintas regiones. Independiente del nombre que se les dé, el descuidar las razones por las cuales han surgido estos grupos y la medida en que se infiltran en las instituciones del Estado y aterrorizan a la población civil, amenaza con poner en peligro los importantes logros de seguridad alcanzados por el gobierno. Deben mejorarse de manera urgente los esfuerzos para investigar, enjuiciar y castigar las ejecuciones cometidas por estas fuerzas con eficacia y celeridad.
Según todos los indicios, los paramilitares desmovilizados forman una parte
preponderante de los grupos armados ilegales. Las desmovilizaciones efectuadas
después del 2003 y las políticas de reintegración no han logrado evitar que antiguos
paramilitares maten y participen en otros actos criminales. Aunque han sido detenidos paramilitares de alto nivel, no parece ser que se hayan desmantelado completa y eficazmente las estructuras económicas, de mando y de control de los paramilitares.
Además hay un nivel alarmante de impunidad en relación a antiguos
paramilitares, y la investigación y enjuiciamiento de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas por ex paramilitares dejan mucho que desear.
Las instituciones del Gobierno.
La Fiscalía tiene un papel fundamental dentro de la compleja y sofisticada
estructura jurídica de Colombia. La Corte Suprema de Justicia nombra al Fiscal General a partir de una terna que propone el Presidente. Es esencial, habida cuenta de la función central y clave de la Fiscalía, que el próximo Fiscal General sea una persona independiente, fuerte y de prestigio.
Defensores de derechos humanos.
La sociedad civil colombiana es vibrante y diversa. Hace contribuciones de valor
inconmensurable al discurso público y a la concientización en derechos humanos. Sin embargo, los defensores de derechos humanos suelen ser intimidados y amenazados, y a veces asesinados, a menudo por actores privados. Hay funcionarios de alto nivel que los acusan de ser guerrilleros o terroristas, o de ser cercanos a ellos. Estas declaraciones también se han hecho contra fiscales y jueces. Estas declaraciones estigmatizan a aquellos que trabajan para promover los derechos humanos, y propician un entorno en el que pueden llevarse a cabo actos específicos de amenazas o asesinatos por parte de actores privados. Es importante que los funcionarios de alto rango pongan fin a la estigmatización de estos grupos.
También es importante que se fomente un espacio constructivo para que en el
mismo se puedan comunicar las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. Me llamó la atención la polarización que existe en Colombia en relación a las posiciones de las ONG y del gobierno.
Compensación a las víctimas.
Tengo entendido que el actual proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas
–que fue aprobado por la Comisión creada para reconciliar los textos en el Senado y en la Cámara de Representantes– contiene una definición de víctima que incluye a las víctimas de agentes estatales y en general las coloca en pie de igualdad con las víctimas de los paramilitares. Es imperativo que al llevar adelante el proyecto de ley las víctimas tanto de actores estatales, como no estatales sigan siendo tratadas con igualdad.
Otras cuestiones.
En mi informe completo abordaré varias reformas, entre ellas:
- directrices presidenciales al sistema de justicia militar para que cumpla con la
letra y el espíritu de la ley de competencia de jurisdicción.
- la realización de una investigación independiente de los procedimientos y
resultados del sistema de justicia militar en casos de derechos humanos.
- la supresión de todo tipo de incentivo para los militares por ejecuciones.
- la necesidad de promover una mayor coordinación, especialmente en cuanto al
seguimiento y rastreo de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre las
instituciones encargadas de investigar dichos alegatos.
- la no prescripción de los procedimientos civiles contra funcionarios en casos de
ejecuciones extrajudiciales.
- la necesidad de seguir respaldando firmemente a la oficina del Fiscal General
de la Nación , con más personal, apoyo y formación.
Bogotá, Junio 19 de 2009
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