Y ahora, ¿donde están los medios de comunicación? Gracias a todos los colaboradores del Proyecto Goliath…
La web “Contra la Impunidad Ya” ha
denunciado la existencia de 48 políticos y ex políticos que manejan el
14.6% del IBEX, lo que supone un control de 58.048 millones de euros. El
IBEX está formado por las 35 empresas con más liquidez que cotizan en
el Sistema de Interconexión Bursátil Electrónico (SIBE) en las cuatro
Bolsas Españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia). En la lista
figuran políticos de PP, PSOE, IU, CiU, PNV y ERC, siendo la mayor parte
de ellos muy conocidos:
PP: Luis de Guindos,
Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Matías Rodríguez Inciarte, Abel Matutes,
Isabel Tocino, Marcelino Oreja, Luis Alberto Salazar Simpson, Fernando
Becker, José Folgado, Tristán Garel Jones (ex ministro conservador
inglés), Francisco Ruiz Risueño (Albacete), José Manuel Fernández
Norniella, José Pedro Pérez Llorca, John Snow (ex secretario del Tesoro
de EE.UU), Enrique Martínez Robles, José Lladó, Juan M. Villar Mir, Jose
R. Álvarez Rendueles, Benita Ferrero Waldner (Partido Popular de
Austria), Felipe Fernández (Asturias), Estanislao Rodríguez Ponga.
PSOE: Felipe González,
Narcís Serra, Miguel Boyer, Nicolás Redondo, José Borrell, Luis Atienza,
Ángeles Amador, Guillermo de la Dehesa, Luis Carlos Croissier, Braulio
Medel, Luis Fernando Furlan (ex ministro de Lula en Brasil), Javier de
Paz, Manuel Amigo (Extremadura), Arantxa Mendizábal (País Vasco), Ramón
Pérez Simarro (socio de Carlos Solchaga y Claudio Aranzadi), Javier
Gómez Navarro, José Barreiro Seoane.
CiU: Miquel
Roca, Inmaculada Juan Franch, David K. P. Li (Caixabank, miembro
del Consejo Legislativo de la Región Administrativa Especial de Hong
Kong), Miquel Noguer Planas, Carlos Jorge Ramalho (Caixabank, Portugal).
PNV: Joseba Andoni Aurrekoetxea.
IU: José A. Moral Santín.
ERC: Joan Hortalá.
La web denuncia también que ”muchos de
nuestros políticos que son acusados por irregularidades administrativas o
delitos diversos están en libertad a pesar de haber sido no solo
imputados, sino en muchos casos procesados. Tenemos que plantear la
necesidad de una Ley de Transparencia Política que ponga en práctica el
Código Europeo para las Buenas Prácticas de Conducta de las autoridades
locales y regionales, y que debe ser extensible a cualquier cargo
político”.
Por ello, demandan “una Ley que no solo
busque limpiar la vida política de escenarios comprometidos, sino que
mediante las oportunas garantías establezca un procedimiento de garantía
sumaria para que cualquier juez de lo Contencioso, o Tribunal
competente pueda mediante audiencia y un auto en un plazo no superior a
dos o tres meses, declarar en el cese de la actividad política y en el
cargo a cualquier político que acusado y procesado por delitos graves,
no pone su cargo a disposición del partido o coalición que sea, y
dimite”.
“Los pleitos y procedimientos en un
sistema garantista se eternizan, y la justicia retrasada, como dice el
refrán castellano, ni es justicia ni nada. Y la presunción de inocencia
queda quebrada en un proceso donde el cargo político se encuentra
claramente incriminado y hay claras pruebas de ello. Por ello esa Ley de
la Transparencia puede y debe apostar porque la deontología de los
militantes de partidos que ocupen cargos públicos exhiban la bandera de
la honestidad absoluta y no de la sospecha”.
Y concluye: “Así mismo debería existir un
Registro Público de la Transparencia Política y de las Buenas
Prácticas, donde puedan acceder los ciudadanos y conocer de primera mano
los delitos por los que un cargo público está procesado en el caso de
delitos graves y públicos, o ha sido condenado por sentencia firme,
aunque esté recurrida, y que tales delitos no hayan prescrito. Existen
los mecanismos legales oportunos para controlar y aplicar la
transparencia a la vida pública, y que de una vez por todas la opinión
pública esté informada de quiénes son los que no hacen sus deberes, o
deben por coherencia y honestidad dimitir”.
Reproduzco aquí unas palabras de D. Pío Baroja que nos pueden servir para la reflexión
“La verdad es que en España hay siete clases de españoles… sí, como los siete pecados capitales. A saber:
“La verdad es que en España hay siete clases de españoles… sí, como los siete pecados capitales. A saber:
1] los que no saben;
2] los que no quieren saber;
3] los que odian el saber;
4] los que sufren por no saber;
5] los que aparentan que saben;
6] los que triunfan sin saber, y
7] los que viven gracias a que los demás no saben.
Unamuno y Benito Pérez Galdós aplaudieron a Baroja. Sobre todo por el último punto, el que dice “los que viven gracias a que los demás no saben”.
2] los que no quieren saber;
3] los que odian el saber;
4] los que sufren por no saber;
5] los que aparentan que saben;
6] los que triunfan sin saber, y
7] los que viven gracias a que los demás no saben.
Unamuno y Benito Pérez Galdós aplaudieron a Baroja. Sobre todo por el último punto, el que dice “los que viven gracias a que los demás no saben”.
Estos últimos se llaman a sí mismos “políticos” y a veces hasta “intelectuales”
Seguimos a la espera de lo que ocurra con el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que fue remitido a la Cámara en Julio y se tramita en la Comisión Constitucional del Congreso.
Texto aprobado en el Consejo de Ministros de 27 de julio de 2012
Muchos de nuestros políticos que son
acusados por irregularidades administrativas o delitos diversos están en
libertad a pesar de haber sido no solo imputados sino en muchos casos
procesados.
Tenemos que plantear la necesidad de una
Ley de Transparencia Política que ponga en práctica el Código Europeo
para las Buenas Prácticas de Conducta de las autoridades locales y
regionales, y que debe ser extensible a cualquier cargo político.
Por ello, una Ley que no solo busque
limpiar la vida política de escenarios comprometidos, sino que mediante
las oportunas garantías establezca un procedimiento de garantía sumaría
para que cualquier juez de lo Contencioso, o Tribunal competente pueda
mediante audiencia y un auto en un plazo no superior a dos o tres meses,
declarar en el cese de la actividad política y en el cargo a cualquier
político que acusado y procesado por delitos graves, no pone su cargo a
disposición del partido o coalición que sea, y dimite.
Los pleitos y procedimientos en
un sistema garantista se eternizan, y la justicia retrasada, como dice
el refrán castellano, ni es justicia ni nada. Y la presunción de
inocencia queda quebrada en un proceso donde el cargo político se
encuentra claramente incriminado y hay evidentes pruebas de ello.
Por eso esta Ley de la
Transparencia debe y puede apostar porque la deontología de los
militantes de partidos que ocupen cargos públicos exhiban la bandera de
la honestidad absoluta y no de la sospecha.
Así mismo debería existir un
Registro Público de la Transparencia Política y de las Buenas
Prácticas, donde puedan acceder los ciudadanos y conocer de primera mano
los delitos por los que un cargo público está procesado en el caso de
delitos graves y públicos, o ha sido condenado por sentencia firme,
aunque esté recurrida, y que tales delitos no hayan prescrito.
Existen los mecanismos legales
oportunos para controlar y aplicar la transparencia a la vida pública, y
que de una vez por todas la opinión pública esté informada de quiénes
son los que no hacen sus deberes, o deben por coherencia y honestidad
dimitir.
Ese objetivo corre el
peligro de irse al traste, según denuncia en un documento enviado a los
diputados la Coalición Pro Acceso, un grupo de 60 organizaciones y
expertos, creada en 2006 para promover una legislación de acceso a la
información. . http://www.proacceso.org/
“La Coalición Pro Acceso es una
plataforma que se creó en octubre de 2006 con el fin de promover la
adopción e implementación de una Ley de Acceso a la Información en
España, ya que España es el único país de la Unión Europea con más de un
millón de habitantes que no tiene una ley específica reguladora del
derecho de acceso a la información.
El derecho de acceso a la información
es un derecho fundamental, reconocido por la legislación internacional,
por muchas constituciones y por más de 80 leyes nacionales de todo
mundo. Es también conocido como el derecho a saber o libertad de
información.
Implica el derecho de toda persona a
solicitar y recibir información de entidades públicas. A su vez, obliga a
las entidades públicas a publicar información sobre sus funciones y
gastos de manera proactiva. ”
En realidad, los españoles no
elegimos a ningún político, sólo y en muchos casos una lista llena de
“presuntos implicados”, muchos de ellos ya imputados en graves delitos:
los que están en la lista “A” o en la lista “B”.
Además, hay muy pocas listas y
fuertes barreras de entrada, de forma que es muy difícil que entren
nuevos competidores. Porque va todo junto, la corrupción de este país no
es solo económica, también es social y moral. Hay que ir a la raíz de los problemas, para entender por qué sucede lo que sucede y por qué estamos como estamos.
ACTUALIZION CON NUEVOS DATOS:
Políticos actuales que han fichado por empresas de sectores regulados
| político | empresa/organismo |
|---|---|
| elena salgado | endesa |
| ángel acebes | bankia |
| josep piqué | grupo ferrocarril, vueling, applus… |
| josé maría michavila | jp morgan |
| pedro solbes | enel, barclays |
| josé maría aznar | endesa (también holding murdoch) |
| felipe gonzález | gas natural |
| eduardo zaplana | telefónica |
| rodrigo rato | lazard, santander y bankia |
| isabel tocino | banco santander |
| josu jon imaz | petronor |
| alfredo timmermans | telefónica |
| luis de guindos | lehman brothers |
casos de anteriores generaciones de políticos
| político | empresa/organismo |
|---|---|
| adolfo suárez | telefónica |
| leopoldo calvo sotelo | moto vespa, banco central hispano americano, ferrovial, dragados… |
| miguel boyer | banco exterior, fcc, clh… |
| josé antonio ardanza | euskaltel |
| narcís serra | caixa catalunya, gas natural… |
políticos fichados por empresas con menor dependencia regulatoria
| político | empresa/organismo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| miguel ángel moratinos | qatar | ||||
| adolfo suárez yllana | bufete ramón hermosilla & gutiérrez de la roza | ||||
| juan costa | ernst & young | ||||
| manuel pimentel | baker & mckenzie | ||||
| manuel pizarro | baker & mckenzie | ||||
| jordi sevilla | pricewaterhouse coopers (pwc) | ||||
| eduardo serra | everis | ||||
| david taguas | seopan | ||||
| juan manuel eguiagaray |
eads |
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