23 ORGANIZACIONES DENUNCIAN MAS DE 2000 VIOLACIONES CONTRA DEFENSORES/AS DE DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS

Describen una situación alarmante y exigen la creación de un mecanismo efectivo para la protección de los defensores/as

Washington D.C, 29 de marzo de 2011 – El clima de inseguridad en el que trabajan los y las defensores/as de derechos humanos en las Américas ha alcanzado niveles alarmantes. Esta situación responde a la persistencia de ataques por parte de actores estatales o que actúan con su respaldo o tolerancia, como paramilitares, y a la aparición de nuevas formas de hostigamiento por parte del crimen organizado y empresas extractivas con intereses económicos en la región. Así lo denunciaron hoy 23 ONGs de 11 países reunidas en Washington D.C para el 141 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un informe de 2010, Naciones Unidas señaló que entre 2004 y 2009 se registraron más de 146 denuncias de amenazas a defensores/as de derechos humanos en las Américas. Según este organismo, los países donde más denuncias se producen son Colombia, México, Guatemala, Brasil y Perú (en ese orden).

Las organizaciones de defensores/as denunciaron una realidad aún más preocupante. Según sus investigaciones, en Colombia entre 2002 y 2009 más de 1000 defensores fueron víctimas de agresiones incluyendo asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias y torturas ;y sólo en el 2010 se registraron al menos 32 asesinatos de defensores. Son especialmente preocupantes las violaciones contra quienes trabajan por los derechos de las personas desplazadas, lideresas de grupos de mujeres, los/las que trabajan por la restitución de tierras y sindicalistas. Así, 46 líderes de desplazados activos en procesos de restitución de tierras fueron asesinados entre el 2002 y el 2011.

En Guatemala se registraron 1072 agresiones de 2007 a 2010, de las cuales 45 fueron asesinatos y el 98% quedaron impunes. Mientras tanto, en Honduras por lo menos 50 defensores/as han sido asesinados desde que se produjo el golpe de Estado.

Los representantes de la sociedad civil reunidos en Washington D.C hicieron particular hincapié en el incremento de actividades ilegítimas de inteligencia por parte de los Estados contra los defensores/as de derechos humanos.

Las organizaciones solicitaron a la CIDH crear una relatoría u oficina específica encargada de la protección de los defensores/as. También pidieron a este organismo que exija a los Estados que implementen medidas efectivas de protección y mejores políticas públicas que garanticen el trabajo de defensores/as, y la investigación de los actos de violencia y amenazas realizados en contra de personas que ponen en riesgo su vida para denunciar situaciones de injusticia social.

Listado de organizaciones: Amazon Watch/ Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) / Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) / Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, México/ Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, México/ Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)/ Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (CODEPU) /Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) / Comité de Defensa integral de Derechos Humanos “Gobixha”, AC. / Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) / Comité de Familiares de Víctimas (COFAVIC)/Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) / Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)/ / Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) / Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (IDHUCA) / Global Rights Partners for Justice/ Observatorio Ciudadano, Chile/ Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) / Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) / Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) / Washington Office on Latin America (WOLA) /

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Islandia enjaula banqueros Analisis en TVC Neuquen Argentina

Noticias sobre Islandia

Islandia rechaza en referéndum pagar por los errores de sus bancos

El 'no' vence en la consulta celebrada ayer para aprobar la indemnización de 4.000 millones de euros que exigen Reino Unido y Holanda por la quiebra de una entidad

CLAUDI PÉREZ - Madrid - 10/04/2011

¿Qué haría usted si uno de los grandes bancos españoles hubiera quebrado en Reino Unido y el Gobierno británico exigiera a España un pago de 50.000 euros por familia para saldar esa deuda? Islandia, que ya se había negado en una ocasión a pagar esa factura, se enfrentó ayer a un segundo referéndum sobre si aprueba -o no- devolver a Reino Unido y Holanda 4.000 millones de euros por la bancarrota de una de sus entidades financieras. Y han vuelto a decir no: según los resultados aún parciales, con el 70% de las papeletas escrutadas, el 57,7% de los votantes han rechazado hacerlo, frente al 42,3% que lo han aprobado.

• Islandia enjaula a sus banqueros
• Para qué sirve un rescate
• Reino Unido y Holanda amenazan con demandar a Islandia ante los tribunales
• Cubierto de mierda y de sangre ajena

Islandia
A FONDO
Capital:
Reykjavík.
Gobierno:
República.
Población:
304,367 (est. 2008)

La noticia en otros webs

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El resultado puede interpretarse como un triunfo de la denominada revolución de las cacerolas:sí habría empañado el ejemplo islandés, al que se agarra cada vez más gente en la periferia de Europa, por la irritación que provoca el empeño de Bruselas y el BCE en defender a los bancos aun a costa de una oleada de austeridad y recortes draconianos.

"Es una decisión difícil. Probablemente lo mejor sea votar no, pero eso va a acarrear enormes problemas a corto y medio plazo". Interrogado por el referéndum, el economista Magnus Skulasson no tenía aún nada claro, a media tarde de ayer, el sentido de su voto. Las encuestas tampoco dan un ganador con seguridad: el sí -es decir, pagar por los desmanes de la banca- parecía claro ganador hace dos meses, pero los sondeos se han dado la vuelta en los últimos días.

El referéndum fue convocado hace dos meses por el presidente islandés, Oláfur Ragnar Grímsson, que se negó a firmar una ley del Parlamento que estipulaba las condiciones del acuerdo: un pago con intereses del 3% a 37 años. Grímsson es reincidente: en diciembre de 2009 ya forzó una consulta similar, cuando contra todo pronóstico se negó a firmar una ley que obligaba a pagar con intereses del 5,5% en 15 años. El no ganó entonces de forma arrolladora. "Las antiguas condiciones de pago eran muy injustas: las nuevas son mejores, pero si los islandeses van a tener que cargar con una deuda de sus bancos deben tener derecho a decidir. Islandia es una democracia, no un sistema financiero", declaró Grímsson a este diario hace unos días.

La disputa viene de lejos. A mediados de la pasada década, uno de los grandes bancos islandeses, Landsbanki, abrió una filial por Internet en Reino Unido, Holanda y Alemania que tuvo un éxito fulgurante por los altos intereses que pagaba en una cuenta llamada Icesave. A principios de octubre de 2008, apenas 15 días después de la quiebra de Lehman Brothers, el Reino Unido detectó que los bancos islandeses estaban traspasando dinero de las cuentas británicas a Reikiavik y les aplicó la ley antiterrorista: congeló todos sus fondos. Los bancos estaban sobreendeudados (sus activos suponían 12 veces el PIB), y esa decisión, junto a la crisis internacional, les llevó a la bancarrota. El Estado no los rescató. Los dejó caer, y posteriormente los nacionalizó e inyectó dinero para que siguieran operando, pero solo en Islandia. Londres y Ámsterdam pagaron a los depositantes de Icesave (unas 300.000 personas) el 100% de los depósitos y desde entonces reclaman ese dinero. Eso suma 4.000 millones: tal vez no parezca una cifra desorbitada, pero es un tercio del PIB islandés.

El Gobierno, en cambio, defendía el sí en el referéndum aduciendo que los activos del banco quebrado, cuando se liquiden, permitirán pagar la mayoría de la deuda. Los partidarios del no argumentaban que la gente no debería pagar por las locuras de sus bancos, y aducen que la legislación internacional -llena de sombras- no obliga a ningún país a asumir deudas astronómicas que sobrepasan con mucho el importe acumulado en los fondos de garantía.

Frágil recuperación

Islandia sigue sumida en una profunda crisis, tras los acontecimientos que acabaron en laquiebra del sistema bancario y que obligaron al país a acudir al FMI. Entonces la Bolsa se desplomó, la corona islandesa perdió el 80% de su valor y la caída del PIB ha sido del 15%. El paro ha pasado del 1% al 8%, hay controles de capital -corralito-, ha habido fuertes subidas de impuestos y recortes del gasto público. La incipiente recuperación es aún muy frágil. Y esa fragilidad puede aumentar en caso de que el no salga vencedor: el Ejecutivo avisó a la población de que el rechazo llevaría el caso a los tribunales, donde la factura puede llegar a ser mucho mayor. Además, si los activos del banco quebrado son menores de lo esperado y la corona vuelve a caer, las cifras se dispararían.

La consulta tendrá también efectos colaterales en el ámbito político. La negativa deja en una difícil posición al Gobierno de coalición entre socialdemócratas y rojiverdes, y complicaría el acceso de Islandia a la UE y los créditos con el FMI y otros países nórdicos. Los islandeses saben todo eso, y aun así ha ganado el no. "Tenemos la opción de acabar con este desafortunado asunto con dignidad, o embarcarnos de nueva en un periodo de incertidumbre", avisó ayer el ministro de Finanzas, Steingrimur Sigfusson. "De acuerdo: pero la crisis ya está siendo lo suficientemente dura. No quiero pagar más", terció el director de cine Arni Sveinsson.

Decepción británica

La reacción de Reino Unido no se ha hecho esperar. El secretario jefe del Tesoro británico, Danny Alexander, ha expresado hoy su decepción ante la negativa de los islandeses a pagar por el colapso de

los bancos:"Está claro que el rechazo declarado por el pueblo islandés a lo que era un acuerdo negociado ha sido obviamente decepcionante", declaró Alexander. "Por supuesto que respetamos su decisión, pero ahora vamos a hablar con nuestros socios internacionales, y parece que este proceso terminará en los tribunales", añadió

El País

Portugal no se puede resistir a la oferta

8 abril 2011 The Guardian Londres

Estamos aquí para ayudar. Escena de la serie Los Soprano (HBO, 1999-2007).

HBO

Los ciudadanos irlandeses, griegos y, ahora también los portugueses, son testigos de que caer en las garras de la Comisión Europea a través de un plan de rescate es como aceptar una invitación de la mafia. Así lo afirma un columnista del diario Guardian.

 

Michael Burke

En uno de los episodios de la excelente serie Los Soprano, el gángster Tony Soprano le explica a un jugador de poca monta la razón por la que le dejaba participar y perder en partidas con apuestas elevadas. “Sabía que no podrías pagar, pero tu mujer tenía la tienda de deportes”, le dice tras liquidar los activos del negocio y dejarlo en bancarrota.

Los Soprano está disponible en portugués y, ahora que Portugal es la última economía que ha caído en las garras de la Comisión Europea —y, posiblemente, del FMI—,los espectadores podrán saber más sobre lo que les espera siguiendo dicha serie que lo que podrían saber mediante los medios de comunicación. Caer en manos de la Comisión, como bien saben los ciudadanos irlandeses y griegos, es como entrar en un círculo mafioso.

Según las últimas informaciones, el Gobierno portugués ha solicitado un préstamo urgente por valor de 80.000 millones de euros, tras una subasta de bonos públicos cuyos tipos de interés alcanzaron niveles exorbitantes. Sin embargo, a juzgar por la experiencia en otros lugares de Europa, el tipo de interés que aplicará la UE no será inferior al valor insostenible que pedían los mercados de bonos.

Crece el riesgo de impago de Irlanda y Grecia

 Los rescates irlandés y griego se presentaron como una medida extrema, pero necesaria, para mantener la solvencia de los Estados. Han fracasado. Desde que se anunciaron los rescates, ambas economías han ido de mal en peor en las clasificaciones de las agencias de calificación crediticia internacionales, y los mercados financieros continúan fijando los precios en previsión de probables impagos.

Seguramente, el Gobierno de Lisboa —igual que los de Dublín y Atenas—acabará viendo que ha sustituido la incierta y cara deuda de los mercados financieros por la incierta y desorbitada deuda de la UE y el FMI. A resultas de ello, el Estado perderá capacidad de devolución de la deuda a largo plazo y no tardará en tenerlo más difícil para cubrir los costes de revisión de la deuda.

Ahí no acaba todo. A cambio de los fondos de rescate, se le pedirá al Gobierno que aplique mayores recortes del gasto público y más impuestos sobre las clases medias y bajas; lo cual ahogará la actividad económica y hará que desciendan los ingresos por impuestos, de los cuales depende la revisión de la deuda. Lo más probable es que aumente el déficit, con lo cual crecerá también el riesgo de impago. En Grecia e Irlanda, los ingresos por impuestos están cayendo.

Rescates al estilo Tony Soprano

Aunque públicamente desmentido, no cesan de circular informaciones según las cuales el FMI estaría instando a Grecia a declarar un impago parcial de su deuda. Sea cual sea su veracidad, la opinión mayoritaria —véase la de The Economist, Financial Times y prestigiosos economistas como Joseph Stiglitz, Paul Krugman o Kennet Rogoff— se ha pronunciado a favor de que Irlanda o Grecia incurran en un impago parcial, por la sencilla razón de que la acumulación de intereses es insostenible.

El motivo por el cual los cuantiosos rescates efectuados incrementan la probabilidad de impago es que se trata de rescates al estilo Tony Soprano. Los países no reciben ni un solo céntimo; todo beneficia directamente a los acreedores, que son bancos europeos y —cada vez más— fondos de inversión libres estadounidenses. Es una réplica de los rescates de bancos a los que tanta resistencia se ha opuesto en todo el mundo, esta vez en el panorama internacional. Los contribuyentes de las llamadas economías “periféricas” están rescatando a los mayores bancos europeos.

 Los bancos británicos también se están beneficiando. Entre ellos, el que más, es el nacionalizado Royal Bank of Scotland. Economías “periféricas” es una de las denominaciones más respetuosas de entre las que se utilizan para identificar a los países en el punto de mira. Se dice que la clasificación se basa en los niveles de deuda, pero no es cierto. Tanto Italia como Bélgica tenían una deuda pública en proporción a su PIB superior a la de las economías rescatadas, exceptuando Grecia. Tampoco es cierto que todas ellas padezcan una propensión crónica a déficits elevados: antes de la crisis, Irlanda y España tenían superávit.

La banca determina si un país recibe ataques concertados

La banca es quien realmente determina si un país recibe ataques concertados por parte de los mercados financieros, las agencias de calificación crediticia, la UE y el Banco Central Europeo. Según datos del Bank for International Settlements, los activos netos del sector bancario de Alemania, los Países Bajos y Francia suman más de dos billones de dólares, mientras que el grupo de países mediterráneos alcanza un pasivo externo total de más de 400.000 millones de dólares. Irlanda pasó de ejemplo de austeridad a caso perdido para la UE y el FMI en el momento en que la insolvencia de los bancos irlandeses fue evidente, a finales de 2010.

Los políticos de cada país también son responsables. La crisis afecta a todos los Estados, pero algunos la han capeado mucho mejor que otros, principalmente a través de incrementos del gasto público que han repercutido en una recuperación de la economía. Lo que ha determinado la gravedad de la crisis es la debilidad de los ingresos fiscales. En una clasificación de economías europeas con impuestos bajos, figurarían en cabeza seis países: Irlanda, Estonia, Eslovaquia, Grecia, España y Portugal. Los especuladores de sus sistemas bancarios y sectores inmobiliarios jugaron y perdieron. Ahora llega la poderosa mafia a liquidar los activos y cargar a los contribuyentes con más deuda. Como dice Tony, “¿y qué le vamos a hacer?”.

Opinión

Un rescate a puerta cerrada

En el último post que publicará en el blog del EUobserver como corresponsal del Daily Telegraph en Bruselas, Bruno Waterfield se despide con un ataque contra el inminente rescate de 80.000 millones de euros y el programa de austeridad para Portugal confeccionado por la UE y el FMI.

“Uno de los mantras burocráticos que se escuchan aquí, en Bruselas”, escribe, “es que la UE trata ‘con Estados, no con Gobiernos’”.
“El axioma traiciona las reglas del juego de la UE como una unión de burocracias estatales (funcionarios, reguladores, agentes de policía, cargos y diplomáticos) no pueblos”.
“Es acatar el pacta sunt servanda o el proceso de encuadrar ámbitos significativos de la toma política de decisiones, desde la economía a la justicia y la seguridad (controlando nuestras libertades civiles), dentro de un área burocrática sin público que se encarga de la gobernanza de la UE sin gobierno”.

Tras el colapso del Gobierno socialista de José Sócrates, por el rechazo del Parlamento de su propuesta de un plan de austeridad marcado por los estándares europeos, “las 'autoridades' portuguesas, la burocracia no electa del Estado, negociarán con sus 'colegas' en Bruselas”.

“El trato –piénsese simplemente en lo impopular e injusto del diktat de austeridad de Irlanda – se apalabrará, se cerrará y será vinculante antes de que los portugueses tengan opción a acudir a las urnas el próximo 5 de junio”.

presseurop

• Artículo original – The Guardian 

Islandia - Una salida plácida de la crisis

8 abril 2011 Mediapart París

Reikiavik, abril de 2011.

Bloomberg via Getty Images

Mientras en el continente los países europeos víctimas de la crisis de la deuda multiplican planes de austeridad impopulares, Islandia, que ha decidido dejar que sus bancos quiebren, sale lentamente de la encrucijada. Y, con el referéndum del 9 de abril, los islandeses podrían negarse a devolverles el dinero a los acreedores internacionales del banco Icesave.

 

Ludovic Lamant

Es imposible no reparar en ella en las calles de Reikiavik, ya que la obra es enorme y desentona en una capital con arquitectura baja: una catedral de hormigón negro y cristal recubierta de celdas reflectantes está en proceso de ensamblaje frente al mar. El Harpa, ideada por el célebre artista danés Olafur Eliasson, servirá al mismo tiempo de sala de ópera y palacio de congresos para Islandia. A pesar de los temores que anunciaban la interrupción de los trabajos, el edificio será inaugurado por fin el próximo 4 de mayo.
Tras el hundimiento bancario de la isla en octubre de 2008, el grupo Portus, el inversor privado que financiaba este proyecto estimado en un principio en 12.000 millones de coronas (74 millones de euros), ha tenido que pedir ayuda al Gobierno y al ayuntamiento de Reikiavik para que la obra pudiese continuar. El Ejecutivo no se ha resistido y este florón arquitectónico verá finalmente la luz del día. Pero, ¿adónde se ha ido la crisis islandesa?

Islandia, todavía afectada por su casi quiebra, no se ha lanzado de cabeza a una austeridad de tomo y lomo. A contracorriente de las tendencias dominantes en el continente, la isla ha decidido tomarse un poco más de tiempo que otros para realizar su “ajuste presupuestario”. De modo que aquí los proyectos siguen avanzando. Sus medidas de ahorro conciernen al 10% del Producto interior bruto (PIB) en tres años. Nada que ver con otra isla con la que se la compara a menudo, también fuertemente golpeada por la crisis. Irlanda prevé reducir su déficit del 32 al 9% solo durante el año 2011.

Islandia está saliendo a flote

En la actualidad, Reikiavik dice haber restablecido el crecimiento, esperado en torno a un 3% este año, y reduce su deuda sin forzar demasiado. ¿Cómo ha conseguido salir a flote esta minúscula economía (320.000 habitantes) en dos años? Los economistas adelantan tres explicaciones: la devaluación de la corona islandesa. La divisa se hundió un 40% a finales de 2008 y las exportaciones de aluminio y de pescado cayeron acto seguido. El principio del “too big to save” (demasiado grande para ser salvado): es exactamente lo contrario del “too big to fail” (demasiado grande para quebrar), que prevalecía tanto en Estados Unidos como en Europa hasta la actualidad, y que obliga a los Estados a salvar a los bancos más importantes de su sistema bancario para evitar las quiebras en cadena.

En Islandia, los activos de los tres grandes bancos de la isla eran demasiado grandes (hasta diez veces el PIB de 2007…) para ser salvados en su totalidad, y el Estado se limitó a recomprar los activos “internos”, es decir, los préstamos de los particulares y de las empresas de Islandia. Los accionistas tuvieron que asumir las pérdidas sobre los activos extranjeros, los más numerosos. Una austeridad menos severa que en otros lugares, decidida de acuerdo con los agentes sociales. En 2009 se firmó un pacto de “estabilidad social” dirigido a evitar los recortes en el sector social.Si bien se perfila la recuperación, impulsada por las exportaciones de esta economía tan abierta, las familias endeudadas aún están lejos de recuperar el aliento.

El consumo disminuye, situándose un 20% por debajo de los niveles anteriores. La tasa de paro ha vuelto a caer en torno al 7%, tras haberse disparado hasta el 9,7%. Nada que ver con Irlanda, cuya tasa de paro supera el 14%. Sigridur Gudmunsdottir forma parte de estos miles de islandeses víctimas de una crisis que ellos no han provocado. Ella tenía un “2007 job”, un trabajo cómodo y bien pagado de la época de la euforia de la primera década del siglo XXI. “Oímos decir que hemos festejado demasiado, que hemos consumido demasiado, que hemos pedido demasiados préstamos. Pero esto es falso: solo una ínfima parte de los islandeses ha realmente disfrutado de todo eso”, dice con nerviosismo.

Un abismo entre la clase política y los ciudadanos atrapados

Despedida en el momento más fuerte de la recesión, Sigridur ha retomado a los 50 años sus estudios universitarios. “Esto me permite beneficiarme de ayudas a estudiantes, que son más elevadas que las ayudas para los desempleados”, explica. En 2006 contrató un préstamo inmobiliario de 11 millones de coronas (68.000 euros) para comprarse una casa. Indexado en parte a la inflación, el préstamo que había contratado se disparó tras la crisis a 14 millones de coronas (86.000 euros). A lo largo de los meses se encontró acorralada: por un lado, el volumen de su préstamo aumentaba, mientras que por el otro, el valor real de su casa se desplomaba.

A día de hoy, Sigridur todavía no sabe muy bien cómo va a conseguir pagar sus deudas, pero no se queja: “Algunos islandeses están en situaciones mucho peores. Todos los que habían contratado préstamos en divisas extranjeras están realmente mal”. En Islandia no se refunfuña. Después de todo, la vida en las islas siempre ha sido dura. ¿Exiliarse como muchos otros? “Es imposible, estoy demasiado unida a mis raíces islandesas”. ¿La recuperación islandesa? “Pregunten en la calle, nadie cree en eso, en la recuperación…”.

Al escuchar las conversaciones en Reikiavik se observa que existe un gran abismo entre una clase política convencida de que ya ha pasado la página de la crisis, y los ciudadanos atrapados en la casi quiebra de la isla y que se esfuerzan por reactivarse. En la Islandia post colapso se sigue hablando de PIB, de déficit público, y de convertirlos en los únicos indicadores pertinentes de las políticas en curso. Aquí al igual que en Europa. Pero tras haber obligado a ir a la quiebra a ciertos bancos y de haber adoptado una austeridad “ligera”, será necesario que la isla se decida a adoptar instrumentos de medida alternativos para valorar el bienestar de su población.

Referéndum

¿Hacia una exclusión de la comunidad internacional?

Un acto “indigno de un jefe de Estado en una democracia representativa”: el diario Svenska Dagbladet está muy molesto con el presidente islandés, Ólafur Ragnar Grímsson, que se ha negado por segunda vez a rubricar el acuerdo de indemnización a Gran Bretaña y los Países Bajos por los millones que ambos países tuvieron que pagar a los ahorradores del banco en línea arruinado Icesave. Resultado: un nuevo “referéndum que provoca división y con un desenlace arriesgado” [el 9 de abril], tras el rechazo del más del 90% de los islandeses al primer acuerdo negociado el año pasado. Sin embargo, insiste el diario sueco, el Gobierno insular ha “dedicado, con éxito, todas sus energías durante el pasado otoño a la negociación de un acuerdo más favorable para Islandia”. En caso de victoria del “no”, la isla se hallaría ante “dos escenarios draconianos: o bien la amenaza de una exclusión de la comunidad internacional, o bien un proceso judicial laborioso con Gran Bretaña y los Países Bajos”. Para Die Presse, este referéndum “le hace sombra a las relaciones bilaterales” con la Unión Europea, ya que las negociaciones de adhesión comenzaron en junio de 2010. Pero el diario vienés indica que “Islandia quiere sustituir lo más rápidamente posible la corona por el euro”. La moneda única “aportaría más estabilidad” a una isla que lucha por recuperar su prosperidad pasada.

pressurop 

• Artículo original – Mediapart fr

Manifiesto sobre la intervención “humanitaria” en Libia

Manifiesto contra la intervención militar en Libia, firmado por más de 30 personas ligadas a centros de investigación por la paz y relacionadas con el movimiento pacifista.

Existen muchas razones, políticas, sociales, racionales y emocionales para apoyar una intervención en Libia, pero también las hay para rechazar tal actuación, especialmente por la necesidad de cuestionar el modelo en que se basa la intervención.

Los abajo firmantes, por las razones que más abajo explicitamos, nos mostramos solidarios con el pueblo libio en su proceso de democratización y, por esto, con el derrocamiento del coronel Gadafi, defendemos que las intervenciones internacionales sean de tipo político y no militar, y estén insertas en procesos que garanticen una paz real y duradera. Por estas razones, nos parece oportuno introducir en el debate que se está produciendo algunas preguntas y precisiones.

Antes de dar nuestro apoyo a la utilización de la fuerza militar en cualquier conflicto que puede derivar en guerra, la primera pregunta que nos deberíamos formular es: ¿qué complicidades existen desde la comunidad internacional o desde nuestro propio Estado? ¿Se encuentran estas entre las causas que han motivado el conflicto? Es decir, se trata de preguntarnos si existen intereses económicos o políticos por parte de nuestros propios Estados respecto del país que se pretende atacar.

La segunda pregunta no es de menor enjundia, pues también apunta a una cuestión decisiva para un comportamiento ético en política. ¿Se ha prestado ayuda militar o vendido armas por parte de los Estados intervinientes a ese gobierno despótico al que ahora se pretende derrocar?

Resulta evidente que, en el caso de Libia, hace apenas unas semanas, numerosos países occidentales firmaban convenios comerciales, establecían negocios conjuntos, prestaban ayuda financiera, instalaban industrias de extracción de hidrocarburos y, además, le vendían armas. Todo ello a sabiendas de que se beneficiaba a Gadafi y a su círculo más íntimo y no a la población libia, y a pesar del historial criminal del dictador, quien no mostró mejores maneras con el pueblo libio tras su acercamiento a Occidente, ni dejó de proporcionar armas y apoyos de todo tipo a grupos rebeldes y regímenes totalitarios y colaborar y financiar ataques contra población civil en numerosos países. Pese a ello, el dictador Gadafi se convirtió en un firme aliado y fue recibido con honores por buena parte de los países y dirigentes que hoy le demonizan.

Pero hay más preguntas, también importantes: ¿se habían agotado todos los medios políticos al alcance de la comunidad internacional para resolver el conflicto?, ¿No existen dudas razonables de que la medida militar adoptada tiene muchas probabilidades de provocar una mayor escalada de violencia y un mayor sufrimiento?
Además, resulta de una enorme hipocresía esgrimir el derecho a proteger a la población de Libia mediante el uso de la fuerza, mientras existen un sinfín de escenarios en el mundo donde no se hace absolutamente nada. Pues en la mayoría de países árabes donde existen duras dictaduras y algunas están masacrando a su pueblo, como en Yemen o Siria; o se pasa por alto el envío de tropas de Arabia Saudí a Bahréin para reprimir las revueltas de su población; o el angustioso caso de Palestina, que no hace falta detallar por ser demasiado conocido; por no mencionar la parálisis de la comunidad internacional en los casos de Chechenia, Guinea Ecuatorial, R.D. del Congo, Zimbabue y tantos otros. Y, en definitiva, ¿dónde se encuentra la responsabilidad de proteger cuando conocemos que, cada día, decenas de miles de personas mueren como consecuencia de la desnutrición o enfermedades fácilmente curables? ¿Son estas últimas maneras de morir menos dramáticas? ¿Es la responsabilidad de las autoridades menor? ¿Nos importa acaso más quién mata que quién muere?

Pero, además, antes de optar por la vía militar, existían medidas políticas de presión para frenar el conflicto, aislar al gobierno de Libia y expulsar a Gadafi del poder, si es que de eso se trata. Como arbitrar la congelación inmediata de todas las cuentas bancarias e intereses en empresas de Gadafi y su gobierno en el exterior (todavía no ha sido el caso en Italia y en otros lugares, a pesar de la obligatoriedad de las sanciones). Embargos económicos que debían paralizar todas las transacciones comerciales, incluidas las armas y los hidrocarburos; así como el reconocimiento de los rebeldes; y especialmente, presionar para convocar una conferencia regional en que participaran, además de gobierno y rebeldes, otros muchos actores representativos libios y los países árabes de la región, que posibilitara la resolución del conflicto. Conferencia que debería tener como objetivo terminar con la dictadura y facilitar una transición política.

Una vez expuestos los argumentos que deberían hacernos reflexionar sobre las bondades de una intervención militar por causas humanitarias liderada por muchos de quienes formaron parte del problema, queremos dar nuestro apoyo a los escasos pacifistas y gentes que han levantado su voz frente al obsceno espectáculo de guerra desplegado en Libia. Así como denunciar el coro farisaico y la impostura intelectual de quienes se dedican a menospreciar, reírse o insultar a los que critican esta nueva guerra. El valor moral de la noviolencia es muy superior al pragmatismo de la violencia como forma de solucionar los conflictos, como han mostrado los valientes luchadores contra la tiranía de Egipto o Túnez.

Firmantes:
Alejandro Pozo, investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Alfons Banda, presidente de la Fundació per la Pau de Barcelona
Anna Bastida, profesora de didáctica y educación para la paz de la Universidad de Barcelona
Anna Monjo, directora de la editorial Icaria
Antoni Pigrau, Profesor de Derecho Internacional Público de la Universitat Rovira i Virgili
Arcadi Oliveres, presidente de Justícia i Pau de Barcelona y profesor de economía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona
Carles Riera, profesor de sociología de la Universdad de Barcelona
Carlos Taibo, profesor de ciencia política de la Universidad Autónoma de Madrid
Carlos Arturo Velandia Jagua, investigador de la Escola de Cultura de Pau de la UAB
Carmen Magallón, directora del Seminario Internacional por la Paz de Zaragoza
Eduardo Melero, profesor de derecho administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Elena Grau, miembro del colectivo de mujeres de En pie de Paz
Fernando Armendáriz, Instituto de Promoción de Estudios Sociales de Pamplona
Francesc Tubau, portavoz de la Plataforma Aturem la Guerra
Francisco A. Muñoz, profesor de filosofía del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada
Francisco Fernández Buey, profesor de filosofía política de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
Gabriela Serra, activista del movimiento por la paz
Jaume Botey, profesor de historia contemporánea de la Univesidad Autónoma de Barcelona
Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau
Jordi Calvo Rufanges, investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
José Luís Gordillo, profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Barcelona y miembro de la Plataforma Aturem la Guerra
José María Tortosa, profesor de sociología de la Universidad de Alicante
Manuel Dios, presidente del Seminario Galego de Educación para la Paz
María Oianguren, directora del Centro de Investigación por la Paz Paz Gernika Gogoratuz
Neus Sotomayor, directora de la Universitat Internacional per la Pau de Sant Cugat del Vallès
Pepe Beunza, primer objetor de conciencia de España
Pere Ortega, coordinador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Rafael Grasa, presidente del Institut Català Internacional per la Pau y profesor de relaciones internacionales de la Univesidadf Autónoma de Barcelona
Teresa de Fortuny, miembro de la Plataforma Aturem la Guerra
Tica Font, directora del Institut Català Internacional per la Pau
Tomás Gisbert, investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Vicent Martínez Guzmán, president de la Cátedra Unesco de Filosofía para la Paz de la Universidad de Castellón
Xavier Badia, profesor de Instituto
Xavier Bohigas, profesor de física de la Universidad Politécnica de Catalunya e investigador del Centre Delàs

Público

HUNGRÍA - La temporada de caza de gitanos no ha acabado

6 abril 2011 LE MONDE PARIS

Gyöngyöspata (Hungría), el 12 de marzo 2011. Miembros de Szebb Jövoert rodean la casa de una familia gitana.

En un momento en el que la Unión Europea insta a los Estados miembros a realizar esfuerzos suplementarios para integrar a las comunidades gitanas que viven dentro de sus fronteras, las intimidaciones de la extrema derecha magiar contra la "delincuencia gitana" continúan ante la inacción del Gobierno de Viktor Orbán, que preside en estos momentos la UE.

Joëlle Stolz

A finales de marzo, durante varias semanas, milicianos miembros de Jobbik, la extrema derecha húngara, patrullaron por una localidad para protegerla en contra de “la delincuencia gitana”. Una inquietante manifestación de fuerza que fue ignorada por el Gobierno de Viktor Orbán. Mientras tanto, la Unión Europea instaba a los Estados miembros a actuar a favor de los la comunidad gitana europea, integrada por unos 10 o 12 millones de personas.

Si omitimos su iglesia medieval y las bodegas enclavadas en el flanco de la colina, Gyöngyöspata podría pasar por muchas otras aldeas húngaras: el ayuntamiento de la era comunista, el supermercado Coop, los jardincillos bien cuidados donde despuntan los primeros jacintos, las calles fangosas del gueto gitano…

Sin embargo, en marzo, algo del futuro de Europa se decidió en esta localidad de 2.850 habitantes, a una hora en coche de al noreste de Budapest. Apoyada por el partido Jobbik (que accedió al Parlamento con un 16,8 % de los votos en abril de 2010, pero que está bajando según las encuestas), la extrema derecha convirtió Gyöngyöspata en un laboratorio contra la “delincuencia gitana”, patrulló las calles noche y día con el apoyo de numerosos autóctonos que alojaron y alimentaron a los milicianos durante más de dos semanas.

Maniobras de intimidación contra la minoría gitana

El 6 de marzo, el líder nacional del Jobbik, el diputado Gabor Vona, pronunció allí un discurso ante 1.500 paramilitares. La mayoría llevaban el uniforme negro de la Szebb Jövoert ("Para un futuro mejor"), una organización bajo el paraguas legal de las milicias locales de autodefensa. También podía verse a individuos agresivos, uniformados y con la cabeza rapada, portando hachas o fustas, flanqueados por perros pitbull. Los primeros días, las familias gitanas ni siquiera se atrevieron a llevar a sus hijos al colegio.

La policía local no intervino, a pesar del parecido de la Szebb Jövoert con la Guardia Magiar, una milicia próxima al Jobbik que se había dedicado a las mismas maniobras de intimidación de la minoría gitana, antes de ser disuelta por el Tribunal Constitucional en julio de 2009. Fue necesario esperar a que los milicianos abandonasen los enclaves por su propia voluntad, el 16 de marzo, para que el Gobierno del primer ministro conservador Viktor Orbán empezase a reaccionar.

El 15 de marzo, día de la fiesta nacional húngara, Orbán pronunció un discurso en Budapest en el que exaltaba el valor magiar frente a los dictados de las potencias extranjeras, considerando entre ellas a la Unión Europea (UE), de la que él mismo ocupa la presidencia rotatoria este semestre. Ni siquiera mencionó Gyöngyöspata.

"Somos húngaros antes que gitanos"

No obstante, ese día, se encontraron con un puñado de contramanifestantes enfrente, encabezados por Aladar Horvath, del Movimiento por los Derechos Cívicos de la comunidad gitana. Entre ellos, el pastor Gabor Ivanyi y dos diputados del LMP, el partido minoritario liberal verde (que obtuvo únicamente 314 votos en las legislativas de 2010, a pesar de los 6.000 electores potenciales de la comunidad gitana). “Aquí, hemos votado masivamente por Fidesz [el partido de Orbán, que goza de una mayoría de dos tercios en el Parlamento]”, reconoce Janos Farkas, el líder de la comunidad gitana de Gyöngyöspata, es decir, de unas 500 personas. “Nos habían prometido trabajo”, añade.

Un año después, la tasa de paro en Hungría no ha bajado, salvo que se sólo se recibe un subsidio por familia. Y el Gobierno ha reducido el presupuesto consignado para las “administraciones autónomas” de las minorías. Tras la reprivatización de los bosques, en 1992, los gitanos ya no tienen derecho a recoger champiñones, ni leña para calentarse. "Hemos ofrecido, en contraprestación a este pago en especias, asegurar la limpieza de los espacios forestales. Los propietarios lo han rechazado”, explica Farkas. “Pero nosotros vivimos aquí desde hace cinco siglos, nuestros ancestros han defendido este bello país frente a los turcos, somos húngaros antes que gitanos".

La delincuencia crece en las zonas rurales, donde los habitantes se sienten abandonados. Algunas muertes han sobresaltado profundamente a la opinión pública, como la del profesor linchado a finales de 2006 en Olaszliszka (al noroeste) en presencia de sus hijos, por haber rozado de refilón con su coche a una niña gitana. El partido Jobbik ha erigido un monumento en su honor. En el sentido contrario, los ataques mortales contra la comunidad gitana perpetrados en 2009 por un grupo de neonazis, que está siendo juzgado en Budapest, apenas han conmovido a la población.

La natalidad de los gitanos supone una amenaza

En Gyöngyöspata, la fuente del conflicto parece residir en la compra por parte de la Cruz Roja húngara de casas para realojar a las familias de la comunidad gitana afectadas por las inundaciones de 2010. La perspectiva de que se instalasen en el centro de la localidad despertó una gran resistencia. “Los habitantes han escrito a Gabor Vona”, explica Oszkar Juhasz, el presidente de la delegación local del Jobbik (con un 26 % de los votos en las legislativas de 2010).

Juhasz es viticultor, descendiente de una de las familias de la baja nobleza que vivía antaño apenas algo mejor que sus propios siervos, pero que creían ser la encarnación de la Hungría milenaria. En la entrada de su casa, cuelga un mapa del país con las fronteras anteriores a las trazadas en 1920. Para la extrema derecha, obsesionada con la pérdida histórica de los dos tercios del territorio nacional, la natalidad de los gitanos supone una amenaza: “Después de 1898, su número se ha multiplicado por más de cien”, recalca. “No somos racistas, pero la política de integración de la comunidad gitana significa muy a menudo rebajar el nivel de vida del resto".

El sábado 2 de abril, ataviado con su uniforme negro, Oszkar Juhasz desfiló por las calles de Hejöszalonta (al noreste del país), de 900 habitantes, junto a otros "patriotas húngaros". La víspera, el jefe de la representación  parlamentaria del Fidesz, Janos Lazar, había mencionado ante los periodistas la posibilidad de suavizar la legislación en materia de armas, para favorecer la autodefensa. Una reivindicación del Jobbik.
 

EN LA UE

Discriminaciones: una hoja de ruta a gusto de cada Estado

"La integración de los gitanos en los países miembros será supervisada por la Comisión Europea"; así resume Hospodářské noviny la hoja de rutapresentada el 4 de abril por la comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, para luchar contra las discriminaciones que sufren los roms. La Comisión quiere que cada país adopte una nueva estrategia de integración que tenga en cuenta las especificidades de las distintas comunidades gitanas. En la misma intervención, Reding reconoció que los Estados miembros no parecen tener prisa en emplear los recursos disponibles: de los 2.600 millones de euros asignados a proyectos para la integración de los gitanos, tan solo se han gastado 100 millones. La mayor parte de los 12 millones de gitanos residentes en la UE son víctimas de discriminaciones, especialmente en Rumanía y Bulgaria. Así lo constata un reciente estudio realizado en seis países de la UE (Bulgaria, Hungría, Letonia, Lituania, Rumanía y Eslovaquia), según el cual sólo el 42% de los niños romaníes completan los estudios primarios, frente al 97,5% de media que alcanzan el resto de los niños europeos. El comunicado de la Comisión afirma que, si bien la integración de los gitanos en los distintos países debería ocuparse antes que nada de la educación, no pueden olvidarse las cuestiones relativas a la vivienda, la salud y el empleo. La información del diario Hospodářské noviny cita un estudio del Banco Mundial según el cual "la plena integración podría reportar a los países implicados cerca de 500 millones de euros anuales, gracias a los beneficios en términos de productividad, a la reducción del gasto social y al aumento de los ingresos fiscales". Las asociaciones que trabajan por la integración de los gitanos, por su parte, han manifestado su decepción con la hoja de ruta. Un representante de la red  ERGO ha declarado a EUobserver que considera francamente "decepcionante" el comunicado de la Comisión, ya que —tal como explica el sitio web bruselense— "deja en manos de cada Estado miembro la labor de abordar las discriminaciones que afectan a las distintas minorías; una tarea que algunos Gobiernos, como el de Budapest, no tienen voluntad real de garantizar". 

presseurop

Soberbio Discurso de un Veterano de Guerra, Mike Prysner

Texto de la intervención

Muere a tiros un actor y activista israelí en Yenín

Julian Mer-Kamis, de 53 años, era un conocido activista político y defensor de los derechos de los palestinos.- En 2006 fundó en el campo de refugiados el Teatro de la Libertad

ANA CARBAJOSA | Jerusalén 04/04/201

Hombres armados y enmascarados han disparado a bocajarro hasta dar muerte al actor y director teatral israelí Juliano Mer-Khamis en la ciudad palestina de Yenín.

Mer-Kamis, de 53 años, era un conocido activista político y defensor de los derechos de los palestinos, que vivía a caballo entre Haifa, en Israel, y Yenín. En el momento de su muerte se dirigía al llamado Teatro de la Libertad; el que fundó en 2006, siguiendo la estela familiar, en el campo de refugiados de Yenín. Su madre, Arna Mer, también militante propalestina, casada con un líder cristiano-palestino del partido comunista montó un grupo de teatro para los niños de Yenín, una ciudad conocida por las violentas incursiones del ejército israelí y considerada a menudo la cantera de los suicidas palestinos.

El teatro que fundara su madre fue destruido por los tanques israelíes y años más tarde Juliano Mer-Khamis lo volvió a poner en pie junto a Zakaria Zubeidi, antiguo miliciano de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, que entregó las armas a cambio de una amnistía.

El Teatro de la Libertad ha sido desde entonces escenario de numerosas obras teatrales, pero también ha servido de punto de encuentro de activistas internacionales defensores de los derechos de los palestinos.
La policía de Yenín ha indicado que han puesto en marcha una investigación para dar con los culpables. Mer-Khamis había recibido amenazas en el pasado y el teatro había sido incendiado en un par de ocasiones. Parte de la programación y de la troupe que desfilaba por el Teatro de la Libertad no era del agrado de los sectores más extremistas locales. Recelaban además de un proyecto puesto en pie por un israelí y que, pensaban, desvía la atención de los más jóvenes de la lucha contra la ocupación.

Michael Handesaltz, crítico teatral del diario israelí Haaretz, ha considerado a Mer-Kahmis "un gran actor y un ser humano extraordinario, cuya historia vital es parte de la trágica realidad de este país".

El País

Entrevista a Noam Chomsky Libia y las crisis que se avecinan

Stephen Shalom y Michael Albert

Znet

Traducción: S. Seguí

1. ¿Cuáles son las razones que mueven a EE.UU. en las relaciones internacionales, en el sentido más amplio? Es decir, ¿cuáles son las razones dominantes y los temas que se pueden detectar casi siempre en las opciones de las políticas de EE.UU., en cualquier lugar del mundo? ¿Cuáles son las razones más concretas, aunque también dominantes, y los temas de las políticas de EE.UU. en Oriente Próximo y el mundo árabe? Y, por último, ¿cuáles cree usted que son los objetivos más inmediatos de la política de EE.UU. en la situación actual en Libia?

Una manera útil de abordar la cuestión es preguntarse cuáles NO son las razones de EE.UU. Podemos averiguarlas de diferentes maneras. Una de ellas es leer la literatura profesional sobre relaciones internacionales: con bastante frecuencia, su relato de la política es lo que la política no es, un tema interesante que no voy a desarrollar aquí.

Otro método, muy relevante en este caso, es escuchar a los líderes y comentaristas políticos. Supongamos que se dice que las razones de la acción militar han sido humanitarias. En sí misma, esta afirmación no contiene información: prácticamente todos los recursos a la fuerza se justifican en esos términos, incluso lo hacen los peores monstruos, que pueden, con total irrelevancia, llegar a convencerse de la verdad de lo que están diciendo. Hitler, por ejemplo, pudo creer que se estaba apoderando de partes de Checoslovaquia para poner fin a los conflictos étnicos y llevar a su pueblo los beneficios de una civilización avanzada, y pudo creer también que su invasión de Polonia iba a poner fin al “terror salvaje” de los polacos. Los fascistas japoneses que arrasaron China probablemente creían que estaban su desinteresada iniciativa iba a para crear un “paraíso terrenal” y proteger a la doliente población de los “bandidos chinos”. Incluso Obama puede haber creído lo que dijo en su discurso presidencial el 28 de marzo sobre las razones humanitarias para su intervención en Libia. Y otro tanto puede decirse de los comentaristas.

Se las puede someter, sin embargo, a una prueba muy simple, para determinar si las nobles intenciones pueden ser tomadas en serio: ¿llaman los autores a la intervención humanitaria y la “responsabilidad de proteger” a las víctimas de sus propios crímenes o a las de sus clientes? Tomemos, por ejemplo, a Obama: ¿convocó a una zona de exclusión aérea durante la asesina y destructora invasión israelí, respaldada por Estados Unidos, de Líbano, en 2006, sin ningún pretexto creíble? ¿Acaso, no explicó con orgullo durante su campaña presidencial que él había patrocinado una resolución del Senado de apoyo a la invasión, en la que se pedía el castigo de Irán y Siria por impedirla? Fin de la discusión. De hecho, prácticamente toda la literatura de la intervención humanitaria y el derecho a proteger, escrita o hablada, desaparece tras esta prueba sencilla y adecuada.

Por el contrario, de las razones REALES poco se habla, y uno tiene que escudriñar los archivos documentales e históricos para descubrirlas, sea el Estado que sea.

¿Cuáles son entonces las razones de EE.UU.? A un nivel muy general, la evidencia me parece que demuestra que no han cambiado mucho desde los estudios de planificación de alto nivel iniciados durante la Segunda Guerra Mundial. Los planificadores en tiempo de guerra daban por sentado que EE.UU. saldría de la guerra en una posición de dominio abrumador, e instaron al establecimiento de una Gran Zona en la que EE.UU. mantuviera un “poder incuestionable” con “supremacía militar y económica”, que garantizase al mismo tiempo la “limitación de cualquier ejercicio de la soberanía” por parte de otros Estados, que pudiera interferir con sus designios globales. La Gran Zona debía incluir el Hemisferio Occidental, el Lejano Oriente, el Imperio británico (que incluía las reservas de energía de Oriente Próximo) y la parte de Eurasia que fuera sea posible, al menos su centro industrial y comercial en el Oeste del continente europeo. Está muy claro, basándose en registros documentales que “el presidente Roosevelt tenía por objetivo la hegemonía de Estados Unidos en el mundo de la posguerra”, para citar la precisa valoración del respetable historiador británico Geoffrey Warner. Y, más importante, los minuciosos planes de tiempo de guerra se llevaron a la práctica poco después, como podemos leer en los documentos desclasificados de los años siguientes, y como podemos observar en la práctica. Las circunstancias han cambiado, por supuesto, y las tácticas se han ajustado en consecuencia, pero los principios básicos son bastante estables, hasta el presente.

Con respecto a Oriente Próximo –la “región de mayor importancia estratégica del mundo”, en palabras del presidente Eisenhower– la principal preocupación ha sido y sigue siendo sus incomparables reservas energéticas. El control de éstas daría el “control sustancial del mundo”, como vio muy pronto el influyente asesor liberal A.A. Berle. Estas preocupaciones suelen ocupar un lugar prominente en los asuntos relativos a esta región.

En Iraq, por ejemplo, cuando las dimensiones de la derrota de Estados Unidos. ya no podían ocultarse, la retórica fue desplazada por un honesto anuncio de los objetivos de la política. En noviembre de 2007, la Casa Blanca emitió una declaración de principios en la que insistía en que Iraq debía conceder a las fuerzas militares de EE.UU. el acceso por tiempo indefinido, y también en que se debía dar preferencia a los inversores estadounidenses. Dos meses más tarde, el presidente informó al Congreso que iba a pasar por alto cualquier legislación que pudiera limitar el estacionamiento permanente de las fuerzas armadas de EE.UU. en Iraq o “el control por parte de Estados Unidos de los recursos petrolíferos de Iraq”, exigencias que abandonó poco después ante la resistencia iraquí, al igual que tuvo que abandonar los objetivos anteriores.

Si bien el control del petróleo no es el único factor en la política de Oriente Próximo, ofrece en cambio algunas directrices bastante acertadas, antes como ahora. En un país rico en petróleo, a un dictador de confianza se le garantiza una libertad de acción casi total. En las últimas semanas, por ejemplo, no ha habido reacción alguna cuando la dictadura de Arabia Saudí utilizó la fuerza masiva para aplastar cualquier signo de protesta. Otro tanto en Kuwait, donde unas pequeñas manifestaciones fueron aplastadas al instante. Y en Bahrein, cuando las fuerzas armadas dirigidas por Arabia Saudí intervinieron para proteger al monarca de la minoría sunita de las demandas de reformas por parte de la población chií reprimida. Las fuerzas gubernamentales no solo desmantelaron el campamento de la Plaza de la Perla –la Plaza Tahrir de Bahrein– sino que llegaron a demoler la estatua de la Perla que es el símbolo de Bahrein y de la que se habían apropiado los manifestantes. Bahrein es un caso particularmente sensible, ya que alberga la Sexta Flota de EE.UU. la fuerza militar más poderosa, con mucho, de la región, y también porque el Este de Arabia Saudita, en la puerta de al lado, es también en gran parte chií y tiene las mayores reservas petroleras del reino. Por un curioso accidente de la geografía y la historia, la mayor concentración de hidrocarburos del mundo rodea la parte norte del Golfo, en regiones de mayoría chií. La posibilidad de una alianza tácita chií ha sido la pesadilla de los planificadores desde hace mucho tiempo.

En los estados que carecen de grandes reservas de hidrocarburos, las tácticas varían, aunque por lo general se ajustan siempre al mismo esquema estándar cuando uno de nuestros dictadores tiene problemas: apoyarlo el mayor tiempo posible y, cuando resulta imposible, hacer pública declaración de amor a la democracia y los derechos humanos, tratando a la vez de salvar la mayor parte del régimen que sea posible.

El escenario es aburridamente familiar: Marcos, Duvalier, Chun, Ceasescu, Mobutu, Suharto y muchos otros. Y hoy, Túnez y Egipto. Siria es un hueso duro de roer y no hay una alternativa clara a la dictadura que apoye los objetivos de EE.UU. Yemen es un cenagal en el que la intervención directa probablemente crearía problemas aún mayores a Washington. Así que ahí la violencia estatal sólo produce declaraciones piadosas.

Libia es un caso diferente. Libia es rica en petróleo, y aunque EE.UU. y el Reino Unido han proporcionado con frecuencia un apoyo notable a su cruel dictador, hasta ahora, éste no es de confianza. Preferirían un cliente más obediente. Además, el vasto territorio de Libia está poco explorado, y los especialistas de la industria petrolera creen que puede haber abundantes recursos petrolíferos sin explotar, que un gobierno más previsible podría abrir a la explotación occidental.

Cuando comenzó un levantamiento no violento, Gadafi lo aplastó violentamente y estalló una rebelión que liberó Bengazi, la segunda ciudad más grande del país, y parecía a punto de asediar la fortaleza de Gadafi en el Oeste. Sus fuerzas, sin embargo, cambiaron el curso del conflicto y llegaron a las puertas de Bengazi. Una masacre era probable, y como el asesor de Obama para Oriente Próximo, Dennis Ross, señaló “todo el mundo nos culparía por ello.” Eso sería inaceptable, al igual que una victoria militar que potenciase el poder y la independencia de Gadafi. Ante esta tesitura, EE.UU. se unió a las Naciones Unidas en la resolución 1973, que establece una zona de exclusión aérea a cargo de Francia, el Reino Unido, y EE.UU., en la que este país podría tener un papel secundario.

No se hizo ningún esfuerzo para limitar la acción a la creación de una zona de exclusión aérea o siquiera a mantenerse en el mandato más amplio de la resolución 1973.

El triunvirato interpretó inmediatamente la resolución como una autorización para su participación directa del lado de los rebeldes. Se impuso por la fuerza un alto el fuego a las fuerzas de Gadafi, pero no a los rebeldes. Por el contrario, se les dio apoyo militar a medida que avanzaban hacia el Oeste, y enseguida se hicieron con las principales fuentes de producción de petróleo de Libia, y estuvieron listos para seguir adelante.

El flagrante desprecio de la resolución 1973 de las Naciones Unidas pronto comenzó a causarle dificultades a la prensa, ya que era demasiado grave ignorarlo. En el New York Times, por ejemplo, Karim Fahim y David Kirkpatrick (el 29 de marzo) se preguntaban “cómo podrían justificar los aliados sus ataques aéreos contra las fuerzas del coronel Gadafi en torno a [su centro tribal de] Sirte si, como parece ser el caso, goza de amplio apoyo en la ciudad y no representa una amenaza para los civiles.” Otra dificultad técnica es que la resolución 1973 del Consejo de Seguridad exige un embargo de armas que se aplique a todo el territorio de Libia, lo que significa que cualquier aporte externo de armas a la oposición tendría que ser encubierto (pero, de otro modo, no problemático).

Hay quien argumenta que el petróleo no puede ser una razón, porque las compañías occidentales ya disfrutaban de acceso al botín bajo Gadafi. Este razonamiento ignora las preocupaciones de EE.UU. Lo mismo podría haberse dicho de Iraq bajo Saddam, o de Irán o Cuba durante muchos años, y aún hoy en día. Lo que Washington pretende es lo que Bush anunció: control o, por lo menos, clientes de confianza. Documentos internos estadounidenses y británicos subrayan que “el virus del nacionalismo” es su mayor temor, no sólo en el Oriente Próximo sino en todas partes. Regímenes nacionalistas que pudieran llevar a cabo ilegítimos ejercicios de soberanía, violando los principios de la Gran Zona. Y que pudieran tratar de dirigir los recursos a cubrir las necesidades populares, como Nasser amenazaba ocasionalmente con hacer.

Vale la pena señalar que las tres potencias imperialistas tradicionales –Francia, Reino Unido, EE.UU. – están casi aisladas en la realización de estas operaciones. Los dos principales estados de la región, Turquía y Egipto, probablemente podrían haber impuesto una zona de exclusión aérea, pero sólo ofrecen un tibio apoyo a la campaña militar del triunvirato. Las dictaduras del Golfo estarían felices de ver desaparecer al errático dictador libio, pero a pesar de estar sobrecargadas de hardware militar de último modelo (servido generosamente por EE.UU. y Reino Unido para reciclar los petrodólares y asegurar su obediencia), sólo se atreven a ofrecer una participación simbólica (Qatar.)

Si bien apoyan la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU (UNSC), los países africanos –aparte de Ruanda, aliado de EE.UU.– se oponen en general a la forma en que aquélla ha sido interpretada, a toda prisa, por el triunvirato, y en algunos casos esta oposición es muy firme. Para conocer las políticas de cada uno de los estados africanos véase el artículo del keniata Charles Onyango-Obbo (http://allafrica.com/stories/201103280142.html).

Más allá de la región hay poco apoyo. Al igual que Rusia y China, Brasil se abstuvo de en la votación de la ONU de la resolución 1973, instando en cambio a un completo alto el fuego y al diálogo. India también se abstuvo en la resolución, basándose en que las medidas propuestas pueden “agravar una situación ya difícil para el pueblo de Libia”, y también pidió medidas políticas y no el uso de la fuerza. Incluso Alemania se abstuvo. Italia también se mostró reacio, en parte quizá porque es muy dependiente de los contratos petroleros con Gadafi. Además, podemos recordar el genocidio que llevó a cabo Italia en el este de Libia, la zona ahora liberada, tras la primera Guerra Mundial, del que tal vez conserven algunos recuerdos .
2. ¿Puede alguien contrario a las intervenciones, que además cree en la autodeterminación de las naciones y las personas, apoyar una intervención ya sea realizada por la ONU o individualmente por algunos países?
Hay dos casos a considerar: (1) una intervención autorizada por la ONU, y (2), una intervención sin autorización de la ONU. A menos que creamos que los Estados son sagrados en la forma que se han establecido en el mundo moderno (por lo general mediante una violencia extrema), y que están dotados de derechos que anulan todas las consideraciones imaginables, entonces la respuesta es la misma en ambos casos: sí, al menos en principio . Y no veo motivo para discutir esta creencia, por lo que la voy a dejar de lado.

En lo que respecta al primer caso, la Carta (de las Naciones Unidas) y las resoluciones posteriores otorgan al Consejo de Seguridad una considerable latitud para la intervención, y ésta se ha llevado a cabo, por ejemplo, en el caso de África del Sur. Esto, por supuesto, no implica que todas las decisiones del Consejo de Seguridad deban tener la aprobación de “alguien contrario a las intervenciones, que además cree en la autodeterminación de las naciones y las personas”; otras consideraciones entran en juego en casos específicos, pero, una vez más, a menos que otorguemos a los Estados contemporáneos un estatus de entidades prácticamente sagradas, el principio es el mismo.

En cuanto al segundo caso –el que se plantea con respecto a la interpretación que hace el triunvirato de la resolución 1973, junto a otros muchos ejemplos– la respuesta es otra vez afirmativa, al menos en principio, a menos que tomemos el sistema estatal global como algo inviolable en la forma establecida en la Carta de las Naciones Unidas y otros tratados.

Siempre hay, por supuesto, una carga de la prueba muy pesada que es preciso soportar para justificar la intervención por la fuerza, o cualquier otro uso de la fuerza. La carga es especialmente alta en la segunda hipótesis, en casos de violación de la Carta, al menos para los Estados que profesan el respeto de la ley. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que la potencia hegemónica mundial rechaza esta postura, y se autoexcluye de las Cartas de las Naciones Unidas y de la OEA, junto a otros tratados internacionales. Al aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, cuando ésta se estableció (conforme a la iniciativa de EE.UU.) en 1946, Washington se excluyó de los cargos de violación de los tratados internacionales, y posteriormente ratificó el Convenio para la Prevención y la Represión del Genocidio, de 1948. con reservas similares. Todas ellas confirmadas por los tribunales internacionales, ya que su procedimientos requieren la aceptación de la jurisdicción. De manera más general, la práctica de EE.UU. es introducir reservas cruciales a los tratados internacionales que ratifica, eximiéndose en la práctica de los mismos.

¿Es soportable la carga de la prueba? No tiene mucho sentido discutir esto de manera abstracta, pero hay algunos casos reales que podrían ayudarnos. En el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, hay dos casos de recurso a la fuerza que, aunque no pueden considerarse como intervenciónes humanitarias, podrían ser legítimamente compatibles: la invasión por parte de India de Pakistán Oriental, en 1971, y la invasión vietnamita de Camboya, en diciembre de 1978; en ambos casos, para poner fin a atrocidades masivas. Estos ejemplos, sin embargo, no entran en el canon occidental de intervención humanitaria, ya que sufren de la falacia de la institución errónea: no los llevaron a cabo los occidentales. Es más, EE.UU. se opuso a ellos encarnizadamente, en el momento álgido de las atrocidades, y luego castigó severamente a los “malhechores” que terminaron con las matanzas de la actual Bangladesh y de la Camboya de Pol Pot. Vietnam no sólo fue duramente condenado, sino también castigado con una invasión china apoyada por Estados Unidos, y con el apoyo militar y diplomático británico-estadounidense a los jemeres rojos camboyanos en sus ataques desde sus bases de Tailandia.

Si bien la carga de la prueba se puede soportar en ambos casos, no es fácil pensar en otros. En el actual caso de intervención por el triunvirato de potencias imperiales que están violando en estos momentos la resolución 1973 de las Naciones Unidas de 1973, la carga es muy pesada, dado su horrible historial. Sin embargo, sería demasiado fuerte sostener que nunca se puede soportar, en principio. A menos, por supuesto, que consideramos los estados-nación en su forma actual como esencialmente sagrados. La prevención de una masacre probable en Bengazi no es poca cosa, con independencia de lo que uno piense sobre las razones.

3. ¿Puede una persona interesada en que los disidentes de un país no sean masacrados en su búsqueda de la autodeterminación, oponerse legítimamente a una intervención que tiene por objeto, sean cuales sean sus razones, evitar una masacre?

Aun aceptando, por pura hipótesis, que la intención es genuina, que cumple el criterio simple que he mencionado al principio, no veo cómo responder a este nivel de abstracción: depende de las circunstancias. Podríamos oponernos a la intervención podría oponerse, por ejemplo, si ésta es probable que conduzca a una masacre mucho peor. Supongamos, por ejemplo, que los líderes de EE.UU., real y honestamente, hubieran tenido la intención de evitar una masacre en Hungría en 1956 y hubieran bombardeado Moscú. O que el Kremlin, genuina y honestamente, hubiera tenido la intención de evitar una masacre en El Salvador, en la década de 1980, mediante el bombardeo de EE.UU. Teniendo en cuenta las consecuencias previsibles, todos estaríamos de acuerdo en que esas acciones –inconcebibles– podría ser legítimamente contestadas.

4. Muchos ven una analogía entre la intervención en Kosovo, de 1999, y la actual intervención en Libia. ¿Puede explicar las principales similitudes, en primer lugar, y también las principales diferencias, en segundo lugar?
De hecho, muchas personas perciben esta analogía, lo que es un homenaje al increíble poder de los sistemas de propaganda occidentales. Da la casualidad de que contamos con excelente documentación de los antecedentes de la intervención en Kosovo, que incluye dos detalladas recopilaciones del Departamento de Estado, extensos informes sobre el terreno de los observadores –occidentales– de la Misión de Verificación de Kosovo, fuentes de la OTAN y la ONU, una comisión de investigación británica y muchos más elementos. Los informes y estudios coinciden estrechamente en los hechos.

En resumen, podemos decir que no se había producido ningún cambio sustancial sobre el terreno en los meses previos al bombardeo. Tanto las fuerzas serbias como la guerrilla del ELK habían cometido atrocidades –las de esta última fuerza, de mayor gravedad, en ataques desde la vecina Albania– durante el período en cuestión, al menos de acuerdo a las más altas autoridades británicas (Gran Bretaña fue el miembro más agresivo de la alianza). Las grandes atrocidades en Kosovo no fueron la causa de los bombardeos de la OTAN sobre Serbia, sino su consecuencia, una consecuencia totalmente previsible. El comandante en jefe de la OTAN, el general estadounidense Wesley Clark, había informado a la Casa Blanca semanas antes de los bombardeos de que éstos provocarían una respuesta brutal por las fuerzas serbias sobre el terreno, y, al comienzo del bombardeo, dijo a la prensa que esta respuesta era “previsible”.

Los primeros refugiados kosovares registrados por la ONU se producen en fechas muy posteriores al comienzo de los bombardeos. Con una sola excepción, la acusación de Milosevic, durante los bombardeos, basada en gran medida en informes de inteligencia anglo-estadounidenses, se limitó a los crímenes cometidos después del bombardeo, y sabemos que no podía ser tomada en serio por los líderes de Estados Unidos y Reino Unido, que en ese mismo momento estaban apoyando activamente crímenes aún peores. Además, había buenas razones para creer que una solución diplomática estaba al alcance; en efecto, la resolución de la ONU impuesta después de 78 días de bombardeo fue más bien un compromiso entre la posición serbia y la de la OTAN al comienzo.

Todo esto, incluso estas impecables fuentes occidentales, lo trato con cierto detalle en mi libro A New Generation Draws the Line. Nuevas informaciones que corroboran todo ello han aparecido desde entonces. Por ejemplo, Diana Johnstone informa de una carta a la canciller alemana, Angela Merkel, el 26 de octubre de 2007, que le envía Dietmar Hartwig, ex jefe de la misión europea en Kosovo antes de que fuera retirado el 20 de marzo con el anuncio del bombardeo, que estaba en una posición muy buena para saber lo que estaba sucediendo. Éste escribe:

“No hay un solo informe presentado en el período comprendido entre finales de noviembre de 1998 y la evacuación en vísperas de la guerra que mencione que los serbios hayan cometido delitos graves o sistemáticos contra los albaneses, ni tampoco ha habido un solo caso que se refiera a incidentes o delitos de genocidio o asimilables a éste. Por el contrario, en mis informes he registrado en repetidas ocasiones que, teniendo en cuenta los ataques del ELK cada vez más frecuentes contra el Gobierno serbio, se ha demostrado que la aplicación de la ley por parte de éste ha sido hecha con una notable moderación y disciplina. El objetivo claro y citado a menudo por el Gobierno serbio ha consistido en observar rigurosamente el acuerdo Milosevic-Holbrooke [de octubre de 1998] para no dar ninguna excusa a la comunidad internacional para intervenir. (...) Hubo enormes “diferencias de percepción” entre lo que las misiones en Kosovo han estado informando a sus respectivos gobiernos y capitales, y lo que éstos han filtrado posteriormente a los medios de comunicación y al público. Esta discrepancia sólo puede ser vista como un elemento de preparación a largo plazo para la guerra contra Yugoslavia. Hasta el momento en que abandoné Kosovo, nunca había ocurrido lo que los medios de comunicación y, todavía más, los políticos afirmaban sin cesar. En consecuencia, hasta el 20 de marzo 1999 no había ninguna razón para la intervención militar, lo que hace ilegítimas las medidas adoptadas posteriormente por la comunidad internacional. El comportamiento colectivo de los Estados miembros antes y después del estallido de la guerra da pie a serias preocupaciones, porque la verdad fue liquidada y la UE perdió fiabilidad.”

La historia no es física cuántica, y siempre hay un amplio margen para la duda. Pero es raro que las conclusiones tengan un respaldo tan firme como en este caso. De un modo muy revelador, es totalmente irrelevante. La doctrina que prevalece es que la OTAN intervino para detener la limpieza étnica, aunque los partidarios de los bombardeos que toleran al menos un guiño a los abundantes elementos fácticos califican su apoyo al decir que los bombardeos eran necesarios para detener las posibles atrocidades: debemos actuar aun produciendo atrocidades a gran escala para detener las que se podrían producir si no bombardeásemos. Y hay justificaciones aún más impactantes.

Las razones de esta práctica unanimidad y pasión son bastante claras. El bombardeo se produjo en una virtual orgía de autoglorificación y pavor por parte de las potencias, que podría haber impresionado a Kim il-Sung. Lo he analizado en otro lugar, y no deberíamos permitir que siga en el olvido este notable momento de la historia intelectual. Después de este espectáculo, el desenlace tenía que ser simplemente glorioso. La noble intervención en Kosovo proporcionó este desenlace, y esta ficción debe ser celosamente mantenida.

Volviendo a la pregunta, hay una analogía entre las representaciones autocomplacientes de Kosovo y Libia: ambas intervenciones están animadas por nobles intenciones, según la versión novelada. El inaceptable mundo real sugiere en cambio analogías bastante diferentes.

5. Del mismo modo, mucha gente ve una analogía entre la actual intervención en Iraq y la intervención en curso en Libia. En este caso, ¿puede explicar las similitudes y las diferencias?
No veo las analogías significativas aquí tampoco, excepto que dos de los Estados participantes son los mismos. En el caso de Iraq, las metas son las que al final acabaron por reconocer. En el caso de Libia, es probable que el objetivo sea similar, al menos en un aspecto: la esperanza de que un régimen cliente fiable apoye los objetivos occidentales y proporcione a los inversores occidentales un acceso privilegiado a la riqueza petrolera rica de Libia, que, como he señalado, puede ir mucho más allá de lo que se conoce actualmente.

6. ¿Qué espera usted, en las próximas semanas, que suceda en Libia y, en ese contexto, ¿cuáles cree usted que deberían ser los objetivos de un movimiento, en Estados Unidos, contra la intervención y la guerra con respecto a las políticas de EE.UU.?

Por supuesto, es incierto, pero las perspectivas probables –hoy, 29 de marzo– son o bien una partición de Libia en una región oriental, rica en petróleo y dependiente en gran medida de las potencias occidentales imperiales, y una región occidental pobre bajo el control de un tirano brutal de limitadas capacidades; o bien una victoria de las fuerzas respaldadas por Occidente. En cualquier caso, lo que el triunvirato presumiblemente espera es un régimen menos problemático y más dependiente en lugar del actual. El desenlace probable es el que se describe con bastante exactitud, creo que por el diario árabe con sede en Londres Al-Quds Al-Arabi, en su número del 28 de marzo. Si bien se reconoce la incertidumbre de la predicción, prevé que la intervención puede dejar en Libia “dos estados, uno para los rebeldes en el Este, rico en petróleo; y uno, pobre, en manos de Gadafi en el Oeste (...) Una vez asegurados los campos de petróleo, podemos encontrarnos ante a un nuevo emirato petrolero en Libia, un país escasamente habitado, protegido por Occidente y muy similar a los estados-emirato del Golfo Pérsico.” O bien, la rebelión apoyada por Occidente podría continuar hasta el final para eliminar al irritante dictador.

Los que se preocupan por la paz, la justicia, la libertad y la democracia debe tratar de encontrar maneras de prestar apoyo y asistencia a los libios que tratan de forjar su propio futuro, libre de las limitaciones impuestas por las potencias extranjeras. Podemos tener esperanzas sobre la dirección a seguir, pero el futuro debe estar en sus manos.

http://www.zcommunications.org/noam-chomsky-on-libya-and-the-unfolding-crises-by-noam-chomsky Rebelión