Manifiesto contra la intervención militar en Libia, firmado  por más de 30 personas ligadas a centros de investigación por la paz y  relacionadas con el movimiento pacifista.
Existen muchas razones, políticas, sociales, racionales y emocionales  para apoyar una intervención en Libia, pero también las hay para  rechazar tal actuación, especialmente por la necesidad de cuestionar el  modelo en que se basa la intervención.
Los abajo firmantes, por las razones que más abajo explicitamos, nos  mostramos solidarios con el pueblo libio en su proceso de  democratización y, por esto, con el derrocamiento del coronel Gadafi,  defendemos que las intervenciones internacionales sean de tipo político y  no militar, y estén insertas en procesos que garanticen una paz real y  duradera. Por estas razones, nos parece oportuno introducir en el debate  que se está produciendo algunas preguntas y precisiones.
Antes de dar nuestro apoyo a la utilización de la fuerza militar en  cualquier conflicto que puede derivar en guerra, la primera pregunta que  nos deberíamos formular es: ¿qué complicidades existen desde la  comunidad internacional o desde nuestro propio Estado? ¿Se encuentran  estas entre las causas que han motivado el conflicto? Es decir, se trata  de preguntarnos si existen intereses económicos o políticos por parte  de nuestros propios Estados respecto del país que se pretende atacar.
La segunda pregunta no es de menor enjundia, pues también apunta a una  cuestión decisiva para un comportamiento ético en política. ¿Se ha  prestado ayuda militar o vendido armas por parte de los Estados  intervinientes a ese gobierno despótico al que ahora se pretende  derrocar?
Resulta evidente que, en el caso de Libia, hace apenas unas semanas,  numerosos países occidentales firmaban convenios comerciales,  establecían negocios conjuntos, prestaban ayuda financiera, instalaban  industrias de extracción de hidrocarburos y, además, le vendían armas.  Todo ello a sabiendas de que se beneficiaba a Gadafi y a su círculo más  íntimo y no a la población libia, y a pesar del historial criminal del  dictador, quien no mostró mejores maneras con el pueblo libio tras su  acercamiento a Occidente, ni dejó de proporcionar armas y apoyos de todo  tipo a grupos rebeldes y regímenes totalitarios y colaborar y financiar  ataques contra población civil en numerosos países. Pese a ello, el  dictador Gadafi se convirtió en un firme aliado y fue recibido con  honores por buena parte de los países y dirigentes que hoy le demonizan.
Pero hay más preguntas, también importantes: ¿se habían agotado todos  los medios políticos al alcance de la comunidad internacional para  resolver el conflicto?, ¿No existen dudas razonables de que la medida  militar adoptada tiene muchas probabilidades de provocar una mayor  escalada de violencia y un mayor sufrimiento?
Además, resulta de una enorme hipocresía esgrimir el derecho a  proteger a la población de Libia mediante el uso de la fuerza, mientras  existen un sinfín de escenarios en el mundo donde no se hace  absolutamente nada. Pues en la mayoría de países árabes donde existen  duras dictaduras y algunas están masacrando a su pueblo, como en Yemen o  Siria; o se pasa por alto el envío de tropas de Arabia Saudí a Bahréin  para reprimir las revueltas de su población; o el angustioso caso de  Palestina, que no hace falta detallar por ser demasiado conocido; por no  mencionar la parálisis de la comunidad internacional en los casos de  Chechenia, Guinea Ecuatorial, R.D. del Congo, Zimbabue y tantos otros.  Y, en definitiva, ¿dónde se encuentra la responsabilidad de proteger  cuando conocemos que, cada día, decenas de miles de personas mueren como  consecuencia de la desnutrición o enfermedades fácilmente curables?  ¿Son estas últimas maneras de morir menos dramáticas? ¿Es la  responsabilidad de las autoridades menor? ¿Nos importa acaso más quién  mata que quién muere?
Pero, además, antes de optar por la vía militar, existían medidas  políticas de presión para frenar el conflicto, aislar al gobierno de  Libia y expulsar a Gadafi del poder, si es que de eso se trata. Como  arbitrar la congelación inmediata de todas las cuentas bancarias e  intereses en empresas de Gadafi y su gobierno en el exterior (todavía no  ha sido el caso en Italia y en otros lugares, a pesar de la  obligatoriedad de las sanciones). Embargos económicos que debían  paralizar todas las transacciones comerciales, incluidas las armas y los  hidrocarburos; así como el reconocimiento de los rebeldes; y  especialmente, presionar para convocar una conferencia regional en que  participaran, además de gobierno y rebeldes, otros muchos actores  representativos libios y los países árabes de la región, que  posibilitara la resolución del conflicto. Conferencia que debería tener  como objetivo terminar con la dictadura y facilitar una transición  política.
Una vez expuestos los argumentos que deberían hacernos reflexionar  sobre las bondades de una intervención militar por causas humanitarias  liderada por muchos de quienes formaron parte del problema, queremos dar  nuestro apoyo a los escasos pacifistas y gentes que han levantado su  voz frente al obsceno espectáculo de guerra desplegado en Libia. Así  como denunciar el coro farisaico y la impostura intelectual de quienes  se dedican a menospreciar, reírse o insultar a los que critican esta  nueva guerra. El valor moral de la noviolencia es muy superior al  pragmatismo de la violencia como forma de solucionar los conflictos,  como han mostrado los valientes luchadores contra la tiranía de Egipto o  Túnez.
Firmantes:
Alejandro Pozo, investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Alfons Banda, presidente de la Fundació per la Pau de Barcelona
Anna Bastida, profesora de didáctica y educación para la paz de la Universidad de Barcelona
Anna Monjo, directora de la editorial Icaria
Antoni Pigrau, Profesor de Derecho Internacional Público de la Universitat Rovira i Virgili
Arcadi Oliveres, presidente de Justícia i Pau de Barcelona y profesor de  economía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona
Carles Riera, profesor de sociología de la Universdad de Barcelona
Carlos Taibo, profesor de ciencia política de la Universidad Autónoma de Madrid
Carlos Arturo Velandia Jagua, investigador de la Escola de Cultura de Pau de la UAB
Carmen Magallón, directora del Seminario Internacional por la Paz de Zaragoza
Eduardo Melero, profesor de derecho administrativo de la Universidad  Autónoma de Madrid e investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Elena Grau, miembro del colectivo de mujeres de En pie de Paz
Fernando Armendáriz, Instituto de Promoción de Estudios Sociales de Pamplona
Francesc Tubau, portavoz de la Plataforma Aturem la Guerra
Francisco A. Muñoz, profesor de filosofía del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada
Francisco Fernández Buey, profesor de filosofía política de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
Gabriela Serra, activista del movimiento por la paz
Jaume Botey, profesor de historia contemporánea de la Univesidad Autónoma de Barcelona
Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau
Jordi Calvo Rufanges, investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
José Luís Gordillo, profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Barcelona y miembro de la Plataforma Aturem la Guerra
José María Tortosa, profesor de sociología de la Universidad de Alicante
Manuel Dios, presidente del Seminario Galego de Educación para la Paz
María Oianguren, directora del Centro de Investigación por la Paz Paz Gernika Gogoratuz
Neus Sotomayor, directora de la Universitat Internacional per la Pau de Sant Cugat del Vallès
Pepe Beunza, primer objetor de conciencia de España
Pere Ortega, coordinador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Rafael Grasa, presidente del Institut Català Internacional per la Pau y  profesor de relaciones internacionales de la Univesidadf Autónoma de  Barcelona
Teresa de Fortuny, miembro de la Plataforma Aturem la Guerra
Tica Font, directora del Institut Català Internacional per la Pau
Tomás Gisbert, investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Vicent Martínez Guzmán, president de la Cátedra Unesco de Filosofía para la Paz de la Universidad de Castellón
Xavier Badia, profesor de Instituto
Xavier Bohigas, profesor de física de la Universidad Politécnica de Catalunya e investigador del Centre Delàs
Público 
LA CONSTITUCIÓN ACTUAL PROHÍBE BASES MILITARES EXTRANJERAS EN TERRITORIO 
NACIONAL – Carlos Castro Riera
                      -
                    
"la Constitución vigente, en su artículo 5, establece que: “El Ecuador es 
un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares 
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