Los paraísos existen y su listado es extenso, pero disfrutar de sus ventajas sólo está al alcance de las personas o empresas que gozan del mayor nivel de riqueza. Los paraísos fiscales, jurisdicciones especiales ubicadas en territorio continental o en islas lejanas y exóticas, ofrecen a las mayores fortunas del mundo condiciones favorables para atraer su capital. Ventajas como el secreto bancario, un tipo impositivo muy bajo o inexistente para los no residentes, la ausencia de cooperación con las autoridades de otros estados y una desregulación general que posibilita que el dinero fluya con rapidez y escape al 'engorroso' control de las haciendas públicas de los estados tradicionales.
La evasión fiscal y la fuga ilícita de capitales son un problema que pasa factura a la economía global, como quedó patente en el inicio de esta crisis y en las sucesivas cumbres del G-20, que han debatido fórmulas para atajarlas. Es muy difícil calcular la cantidad de dinero que mueven este tipo de jurisdiciones, las preferidas por algunas multinacionales, bancos e incluso redes criminales y grupos terroristas para amasar o blanquear sus ganancias.
Tax Justice Network, una coalición de ONG dedicada a promover la transparencia fiscal, sostiene que un tercio los activos globales y más de la mitad del comercio mundial pasa por paraísos fiscales. Estima que el importe total de los fondos depositados en jurisdicciones secretas es de 11,5 billones de dólares, lo que provoca a los estados una pérdida de ingresos fiscales sobre la renta de dichos activos de unos 250.000 millones de dólares.
Eso es cinco veces más de lo que el Banco Mundial estimó en 2002 que necesita la ONU para implementar los Objetivos del Milenio y reducir a la mitad la pobreza del planeta. Ese capital también bastaría para sufragar el coste de transformar las infraestructuras energéticas del mundo para hacer frente al cambio climático.
Cada vez hay más
El número de paraísos fiscales se ha triplicado en las últimas décadas y ha pasado de 25 en los años setenta a unos 72 en la actualidad, según explica el investigador José Luis Escario, coordinador del área Unión Europea de la Fundación Alternativas, en su estudio 'La lucha contra los paraísos fiscales y la evasión. Avances desde la cumbre del G-20 de Londres y próximos desafíos'.
El trabajo, un informe pormenorizado sobre este fenómeno que verá la luz en forma de libro el próximo 19 de mayo, detalla cómo la mayoría de estos territorios están interrelacionados con los principales centros financieros mundiales, lo que ha ayudado a agrandar la crisis y a debilitar a algunos estados.
«La intencionadamente laxa regulación en los paraísos fiscales ha facilitado la expansión mundial de productos financieros de alto riesgo y ha vuelto muy difícil calcular la salud de las instituciones financieras con actividades y activos en estos territorios», señala Escario.
Los esquemas fiscales de muchos de esos territorios, ansiosos por atraer capital, acentúan también la «competencia fiscal dañina» y desleal entre estados. Un buen ejemplo es la hoy maltrecha Irlanda, que durante los años de bonanza atrajo gran número de inversiones de multinacionales gracias a su bajísimo impuesto de sociedades (12,5% de los beneficios, frente al 30% de media en el resto de Europa).
Pero eso no es todo. La fuga de capitales empeora, además, el déficit de los países y les obliga a recurrir a préstamos del exterior, y a la larga a subir los impuestos a sus ciudadanos y a recortar gasto social. En el caso de Europa, la espiral ha llegado a poner en cuestión la viabilidad de su modelo de bienestar. En los países en desarrollo el impacto es aún más fuerte, pues sus finanzas dependen en mayor medida de los impuestos de las multinacionales. Esos recursos provenientes del pago de tributos no pueden reemplazarse por otras fuentes de financiación como la ayuda oficial al desarrollo o la deuda, dependientes ambas de factores externos y, por tanto, más volátiles.
Países en desarrollo
Global Financial Integrity calculó en otro informe reciente que los flujos ilícitos que salieron de países en desarrollo aumentaron desde 1,06 billones de dólares en 2006 a 1,26 billones en 2008. Las implicaciones de esas 'fugas' sobre la economía son profundas: el importe es diez veces superior al de la ayuda oficial al desarrollo destinada a países necesitados. Eso significa que por cada dólar de ayuda que llega a esos países, diez dólares se escapan a través de los canales ilegales. Pobreza, atraso y falta de acceso a recursos básicos como sanidad y educación son su consecuencia más dramática.
La lucha contra las prácticas nocivas de los paraísos fiscales cobró gran relevancia durante la última recesión, en particular en la cumbre del G-20 de Londres (abril de 2009). Sin embargo, José Luis Escario detecta que desde entonces se ha producido «un paulatino desvanecimiento» del impulso inicial.
Entre las soluciones que propone este experto para luchar contra los territorios no colaboradores está la confección de listas 'negras', la mejora de la cooperación y el intercambio de información entre los estados y la implantación de un sistema de sanciones colectivo, más disuasorio que el actual sistema, que deja en manos de cada gobierno la iniciativa de proponer, de forma particular, 'castigos' a este tipo de territorios.
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