REBELATE CONTRA AL EURO POR RECETA: YO NO “REPAGO”

YO NO “REPAGO”.           http://movimientoyonopago.blogspot.com.es/

Hay que tener claro que cobrar 1€ por receta es una injusticia. Quieren obligar a pagar algo que ya se ha pagado. Quieren liquidar el Sistema Público de Salud y el derecho a una Sanidad Pública. Un derecho conquistado con muchos sacrificios y que hay que preservar para las generaciones futuras. Mientras hacen pagar, no persiguen la corrupción y el amiguismo que se aprovecha de la  Sanidad. Con ello no ahorran, sólo castigan a los que menos tienen.

Para no pagar el euro por receta se necesita:

1)      La receta,

2)      El DNI y una fotocopia del mismo.

3)      La tarjeta sanitaria.

En ningún caso se actúa contra las farmacias, sino contra su función recaudatoria forzosa.

En la farmacia hay que decir:

- No quiero “REpagar”

- … Pues ha de rellenar este formulario.

• El formulario tiene 3 copias.

- Dos para la farmacia.

- Una para el usuario.

Una vez relleno y entregadas las dos copias a la farmacia: ¡Ya se tiene el CERTIFICADO DE INSUMISIÓN!

Datos que piden:

● N.I.F., nombre, apellidos, dirección, código postal y teléfono.

● El CIP (el código marcado en rojo de la tarjeta sanitaria).

- Pedir el tique y decir 'Gracias, adiós' con toda la cortesía, determinación y firmeza que acompaña a quien tiene toda la razón.

¿Qué pasa si en la farmacia se niegan a tramitar este procedimiento?

- Sanidad ha ordenado facilitar los impresos descritos. Si se da un caso de negativa a suministrar los medicamentos, desatención o maltrato verbal, hay que denunciarlo. Se trataría de un caso de Denegación de Asistencia que constituye un delito. Se puede denunciar.

- Otra posibilidad es la de no realizar la compra e irse a otra farmacia.

¿Qué puede pasar si ponen en marcha medidas acusando de ser deudor/a de una tasa?

Se pasa a ser deudor/a de la Comunidad Autónoma, y pueden iniciar un procedimiento llamado de “Liquidación y recaudación de tasas y apremio”. Prevé un recargo del 20% de la cantidad demandada. El euro que no se paga puede acabar convirtiéndose en 1,20 € (es decir, el equivalente a 33 Ptas. más). Hay que recordar que varios grupos de abogados, y también algunos grupos políticos, y el propio Presidente del Gobierno estudian como alegar y litigar contra estas injustas medidas.

¿Qué puede pasar si son miles quienes se niegan a REpagar?

Si son muchos los miles de personas que NO repagan, la tramitación burocrática será inviable. Deberán replantearse la utilidad recaudatoria de la medida punitiva contra las personas enfermas. CiU y PP tendrán que “reconsiderar” retirar la RE-tasa.

Esta lucha es por los derechos sociales, por el estado del bienestar, por la dignidad y la sanidad universal, por vergüenza, contra los abusos del poder y en defensa del Sistema Público Nacional de Salud. ¡Es para ganarla!

DIFUNDE ESTE MENSAJE (O HAZ FOTOCOPIAS) EN TODAS LAS PÁGINAS, BLOGS, MUROS, CONOCID@S AMIG@S, Y ENEMIG@S .

¡LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE NO SE EMPRENDE O SE ABANDONA!-- 

Campaña contra modificación del Código Penal que penenaliza los Derechos Humanos

Apoyar y difundir:

Ministro de Justicia: Salvemos la Hospitalidad 

 Somos un grupo de personas que durante años hemos acogido en nuestras casas a personas “sin papeles” que llegaban a España buscando un futuro mejor. Si se aprueba la reforma del Código Penal que ha propuesto el Gobierno, nos convertiremos en criminales. Hasta dos años de cárcel me pueden caer por comportarnos humanamente con quien lo necesita. ......

http://www.change.org/petitions/ministro-de-justicia-salvemos-la-hospitalidad


*La Plataforma Salvemos la Solidaridad está formada por: Pilar Sánchez Álvarez. Abogada; José Luis Segovia Bernabé. Profesor de Universidad; Higinio Pi Pérez, sacerdote jesuita; Andrés Martínez Arrieta, Magistrado; María Dolores Rodríguez López-Peláez, ciudadana; Manuel Gallego Díaz. Profesor de Universidad; Javier Baeza Atienza, cura; Juan Medina, Fotoperiodista; Margarita Martinez Escamilla, Catedrática de Derecho Penal Universidad Complutense; Roberto Borda de la Parra, Voluntario asociación; Daniel Villanueva Lorenzana, Trabajador en Cooperación al Desarrollo; Siro López. Artista; Chelo Millán, Educadora de calle; Miguel Santiago. Profesor de Instituto; Ramón Saez Valcárcel, Magistrado; Seve Lázaro, Pueblos Unidos; Daniel Izuzquiza Regalado, Profesor de Universidad; Josep Buades Fuster, Sacerdote; Iván Pérez del Río, Estudiante; Elías López Pérez, Psicólogo; Miguel Angel Tocino, Ciudadano; Brígida Moreta Velayos, Responsable proyectos de acogida de población africana; Julián Ríos Martín, Profesor de Universidad.

Manifiesto

 

Para:
Alberto Ruíz-Gallardón, Ministro de Justicia

Salvemos la Hospitalidad
He tenido conocimiento de que el Anteproyecto de modificación del Código penal en su art. 318 bis) castiga con penas de prisión a quien:

1. El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo vulnerando la legislación de dicho Estado sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de seis meses a dos años. “El Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido sea únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate”. Si los hechos se cometen con ánimo de lucro se impondrá en su mitad superior.

2.- El que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que no sea nacional de un estado Miembro de la Unión europea a permanecer en el territorio de Estado miembro de la Unión Europea, vulnerando lo legislación de dicho Estado sobre estancia de extranjeros será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de seis meses a dos años.

Si entra en vigor la reforma del Código penal en estos términos supondrá criminalizar a:

1º.- Las personas o instituciones que apoyen, ayuden, acojan en sus domicilios de forma altruista a las personas extranjeras en situación irregular que transiten por España, serán considerados criminales: detenidas, juzgadas y en su caso, condenadas.

2º.- Las personas que ayuden a personas extranjeras en situación irregular a permanecer en España con ánimo de lucro, es decir, el que contribuya mediante el alquiler de una habitación o dispense el menú del día a una persona inmigrante en situación administrativa irregular conociendo esta condición.

3º.- Por otro lado, las personas extranjeras en situación irregular quedarán en la calle. Nadie podrá apoyarles ni altruistamente, ni cobrando por los servicios básicos prestados.

CONCLUSIONES

1.- El nuevo art. 318 bis del Anteproyecto de reforma del Código Penal, aun con la pretensión contraria, confunde socialmente conductas ilícitas e inmorales de trata de seres humanos y abusos sobre las personas vulnerables migrantes con las prácticas humanitarias de solidaridad, hospitalidad y asistencia hacia aquellas personas que transitan “sin papeles” por España. El bien jurídico de estos delitos “contra lo derechos de los ciudadanos extranjeros” no queda afectado por estas conductas.

2.- El objetivo de esta norma es intimidar a los ciudadanos españoles o extranjeros con papeles para que nieguen toda forma de apoyo a la persona en situación irregular y ésta se quede sin ningún tipo de ayuda, es decir, en la calle, sin comida, ni vestido, ni dinero, para que mediante la presión de esta situación de precariedad absoluta, vuelva a su país.
2.- La equívoca trasposición de la previsión del art. 1.2 de la Directiva 2002/90/CE debe subsanarse considerando penalmente atípica cualquier forma de ayuda altruista que impida la criminalización de la solidaridad y de la hospitalidad debida entre unos seres humanos que tienen “el deber de comportarse fraternalmente los unos para con los otros” (art.1 DUDH), especialmente si se considera el derecho a la movilidad recogido en el art. 13 de la misma Declaración Universal.

3.- Se deja en manos del Ministerio Fiscal la posibilidad de acusar. Algo grave, pues como denuncia esta institución (Consejo Fiscal) en el informe que ha elaborado sobre el anteproyecto, esta forma de criminalización tiene que ser una opción del legislador, pues el art. 1.2 de la Directiva 2009/52 señala que “los estados miembros podrán decidir en aplicación de su regulación y de sus prácticas internas no imponer sanciones a la conducta … en que el objeto de esta conducta sea prestar ayuda humanitaria”. En suma: debe desaparecer tanto la tipificación como el principio de oportunidad reglada que deja en manos de la Fiscalía y de sus particulares criterios perseguir penalmente o no la ayuda a una persona sin papeles cuando concurran razones humanitarias. El principio de humanidad no puede ser criminalizado. La asistencia humanitaria y la solidaridad no se pueden penalizar en ningún caso cuando son movidas por sentimientos de hospitalidad y altruismo. Con el pretexto de proteger a los extranjeros sin papeles frente al abuso y las mafias, se incrementa exponencialmente su vulnerabilidad y se les priva de toda suerte de apoyo social solidario. Esta reforma legal tiene una enorme trascendencia ético-política: crea una norma que convierte en ilegal un principio-valor tan estructuralmente necesario en un Estado como es la solidaridad.

4.- Esta normas deben subsanarse sacando del Código penal estas conductas (el artículo 318 bis del Código Penal), tanto la criminalización de conductas altruistas y humanitarias, como las que se realicen con ánimo de lucro, para que las personas que llegan o se encuentren en España puedan tener unos mínimos para subsistir –alimentos, casa, sanidad-.

5.- La criminalización de cualquier ayuda o apoyo a una persona extranjera en situación irregular, incluso con ánimo de lucro, supondría que los ciudadanos, para poder respetar esa norma penal, tendrían que infringir otra. Se trata de la establecida como delito de omisión del deber de socorro en el art. 195 del Código penal. Se puede llegar a una situación paradójica en que unos ciudadanos denuncien a otros por atender a inmigrantes y a su vez, estos a los otros, por no socorrer a quien se encuentre desamparado y en peligro manifiesto y grave sin que exista riesgo propio ni de terceros (esta descripción del delito coincidirá plenamente con la situación en que quedarán muchas personas).

Por todo ello le pido que retire del anteproyecto el art. 318 bis y:

1.- NO DEMONICE LA SOLIDARIDAD y SALVE LA HOSPITALIDAD DE LA CRIMINALIZACIÓN no persiguiendo penalmente estos comportamientos movidos por razones humanitarias y altruistas,

2.- Que no CASTIGUE PENALMENTE A QUIENES, CON ANIMO DE LUCRO OFREZCAN SERVICIOS DE SUBSISTENCIA A ESTAS PERSONAS.

Crímenes

Cuando un político confiesa su impericia para aquello para lo que es llevado y traído en un coche oficial, debería dimitir o, en su defecto, deberíamos dimitirlo ipso facto

JUAN JOSÉ MILLÁS 21 DIC 2012 - 00:01 CET

Si el ministro del Interior, tras declararse incapaz de gestionarlo por sí mismo, le vendiera el orden público a Construcciones y Contratas, nos parecería un escándalo. Lo mismo que si el de Defensa, tras declarar públicamente su aversión a las armas de fuego, adjudicara su ministerio a Prosegur, y quien dice Prosegur dice Massimo Dutti o Mercadona. De modo que cuando un político confiesa su impericia para aquello para lo que es llevado y traído en un coche oficial como un bebé en su carrito, debería dimitir o, en su defecto, deberíamos dimitirlo ipso facto.Regalarle la sanidad pública a tu cuñado (metafóricamente hablando, todos los beneficiarios son cuñados) es un modo de corrupción, y el más difícil de denunciar, pues como en el cuento La carta robada,de Poe, se lleva a cabo delante de nuestras narices.

Así que vamos a empezar a llamar a las cosas por su nombre. Enriquecer a una empresa privada con el dinero público destinado a la sanidad o a la educación o la justicia, por no citar de nuevo el orden público o la defensa nacional, es pura y llanamente un crimen, más condenable si el criminal, a modo de coartada, confiesa que es un idiota al que no le salen los números, excepto cuando se trata de cobrar comisiones. Si es idiota, que lo retiren y pongan a otro capaz de gestionar el departamento.

Las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros de los viernes no son una muestra de talento moral, ni siquiera de inteligencia escénica. Pero a Sáenz de Santamaría no se le ha ocurrido todavía vendérselas a Miguel Rodríguez, que tiene una empresa de publicidad y es más que un cuñado. Quizá sea una cuestión de tiempo: después de todo, el presidente del Gobierno se ha privatizado a sí mismo al venderle su gestión a la banca alemana. Él mismo lo proclamó en sede parlamentaria: no soy más que un mandado.

 http://elpais.com/elpais/2012/12/20/opinion/1356009446_145156.html

Carta abierta al Presidente del Gobierno: Compromiso con la Justicia

En la presente Legislatura se está produciendo una indeseable avalancha de reformas legislativas, impuestas por el Ministerio de Justicia en el ámbito de la Justicia. Dicha imposición se está realizando sin consenso con el resto de fuerzas políticas presentes en el Parlamento y despreciando los criterios técnicos de todas las organizaciones representativas directamente implicadas en el posterior desarrollo práctico de la reformas (jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores y funcionarios). Por supuesto, despreciando los intereses más legítimos de los ciudadanos, que desconocen alcance social de las reformas puestas en marcha por el Ministerio de Justicia.

De esta forma, se disgusta a la ciudadanía, que cada vez se siente menos representada en las instancias que organizan la vida y la convivencia en el país y más alejada del Ministerio de Justicia, al que día a día viene valorando más negativamente. Pero al mismo tiempo, el Ministerio de Justicia, centrando su actuación en un mero ejercicio del poder por la vía de la imposición sin consenso y sin diálogo, olvida no ya la mejora efectiva del sistema que administra, sino también las condiciones de vida en general de los administrados y de todos los españoles.

La situación se ha agravado sensiblemente en los últimos meses, en los que el discurso oficial ha ido por cauces y derroteros divergentes con los problemas y sensibilidades sociales. En ningún momento se ha atisbado en el ministro responsable la más mínima intención de acercamiento al mundo real de la gente y al papel vital que la Administración de Justicia juega en la democracia y en la defensa de la libertad.

De hecho, el Ministerio de Justicia no ha conseguido organizar un programa de reformas capaz de sintonizar con la realidad social ni con la situación de la Justicia. Y, mucho menos, capaz de entusiasmar a la sociedad con propuestas veraces, transparentes y bien comunicadas para restablecer la estabilidad perdida, la confianza y el empuje necesario con el que superar la gravísima crisis económica, social y política en que está embarcada España. Una crisis que no es necesario describir de manera más prolija, pues está en la mente de todos y en todas las conversaciones.

El cuadro sintomático en materia de Justicia se resume, hasta el momento, en este conjunto de despropósitos:

- Intento de reforma del Consejo General del Poder Judicial, promovido por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con la finalidad de cercenar la división de poderes y de quebrantar la independencia judicial.

- Ley de tasas, con fijación de cuantías desproporcionadas, que atentan al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

- Privatización de la justicia, reduciendo las competencias del marco judicial y traspasándolas a otros colectivos.

- Inexistencia de inversiones en materia de justicia, donde se mantienen ratios de población con jueces y fiscales en rangos ínfimos, equiparándolos a niveles de países de segundo orden.

- Ausencia de agilidad en las normas procesales.

- Endurecimiento innecesario del Código Penal, donde se introducen nuevos tipos penales, devenidos de asuntos puntuales con impacto en la opinión pública. Esta reforma sobresaturará las Fiscalías y los juzgados con competencias penales, con una reducción de los medios personales para poder afrontar dichos asuntos.

- Carencia de propuestas que solucionen las problemáticas mas acuciantes de los ciudadanos como serían los desahucios hipotecarios.

- Falta de modernización en la Administración de Justicia.

En relación con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que cumplirá su tramitación legislativa el próximo martes 18 de diciembre en el Parlamento, denunciamos la falta de audiencia real que han tenido al respecto las asociaciones profesionales correspondientes, su inadecuación a las normativas europeas, su innecesaria tramitación por vía de urgencia y, en definitiva, su imposición mediante un ejercicio de fuerza sin escuchar a quienes, conocedores de primera mano de la situación, van a proceder a su aplicación. Se trata de una interpretación de la política que consideramos carente de sentido de Estado.

Ante la falta de respuesta a nuestros requerimientos por parte del Ministerio de Justicia, solicitamos el voto negativo o la abstención de los grupos parlamentarios en la votación correspondiente. Y anunciamos la promoción de todos los recursos y procedimientos disponibles en derecho para que sea derogada lo antes posible y sustituida por otra ley más razonable, más razonada y debidamente consensuada, en coherencia con nuestro compromiso con la Justicia y en defensa del interés general de la sociedad española.

Instamos tanto al Presidente del Gobierno como al Ejecutivo en pleno que asuman un compromiso real en defensa de la Administración de Justicia, para que esta pueda cumplir las elevadas funciones constitucionales que tiene asignadas. Los representantes de las asociaciones de jueces y de fiscales continuaremos reclamando soluciones para que nuestro sistema judicial pueda seguir garantizando los derechos fundamentales en el marco de nuestro Estado Constitucional.

Madrid, 17 de diciembre de 2012

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA

ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA

JUECES PARA LA DEMOCRACIA

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE

ASOCIACIÓN DE FISCALES

UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES

ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES

Una web descubre que 48 políticos españoles manejan 58.000 millones de euros en empresas del IBEX

 Proyecto Goliath

Y ahora, ¿donde están los medios de comunicación? Gracias a todos los colaboradores del Proyecto Goliath…

La web “Contra la Impunidad Ya” ha denunciado la existencia de 48 políticos y ex políticos que manejan el 14.6% del IBEX, lo que supone un control de 58.048 millones de euros. El IBEX está formado por las 35 empresas con más liquidez que cotizan en el Sistema de Interconexión Bursátil Electrónico (SIBE) en las cuatro Bolsas Españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia). En la lista figuran políticos de PP, PSOE, IU, CiU, PNV y ERC, siendo la mayor parte de ellos muy conocidos:

PP: Luis de Guindos, Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Matías Rodríguez Inciarte, Abel Matutes, Isabel Tocino, Marcelino Oreja, Luis Alberto Salazar Simpson, Fernando Becker, José Folgado, Tristán Garel Jones (ex ministro conservador inglés), Francisco Ruiz Risueño (Albacete), José Manuel Fernández Norniella, José Pedro Pérez Llorca, John Snow (ex secretario del Tesoro de EE.UU), Enrique Martínez Robles, José Lladó, Juan M. Villar Mir, Jose R. Álvarez Rendueles, Benita Ferrero Waldner (Partido Popular de Austria), Felipe Fernández (Asturias), Estanislao Rodríguez Ponga.

PSOE: Felipe González, Narcís Serra, Miguel Boyer, Nicolás Redondo, José Borrell, Luis Atienza, Ángeles Amador, Guillermo de la Dehesa, Luis Carlos Croissier, Braulio Medel, Luis Fernando Furlan (ex ministro de Lula en Brasil), Javier de Paz, Manuel Amigo (Extremadura), Arantxa Mendizábal (País Vasco), Ramón Pérez Simarro (socio de Carlos Solchaga y Claudio Aranzadi), Javier Gómez Navarro, José Barreiro Seoane.

CiU: Miquel Roca, Inmaculada Juan Franch, David K. P. Li (Caixabank, miembro del Consejo Legislativo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong), Miquel Noguer Planas, Carlos Jorge Ramalho (Caixabank, Portugal).

PNV: Joseba Andoni Aurrekoetxea.

IU: José A. Moral Santín.

ERC: Joan Hortalá.

La web denuncia también que  ”muchos de nuestros políticos que son acusados por irregularidades administrativas o delitos diversos están en libertad a pesar de haber sido no solo imputados, sino en muchos casos procesados. Tenemos que plantear la necesidad de una Ley de Transparencia Política que ponga en práctica el Código Europeo para las Buenas Prácticas de Conducta de las autoridades locales y regionales, y que debe ser extensible a cualquier cargo político”.

Por ello, demandan “una Ley que no solo busque limpiar la vida política de escenarios comprometidos, sino que mediante las oportunas garantías establezca un procedimiento de garantía sumaria para que cualquier juez de lo Contencioso, o Tribunal competente pueda mediante audiencia y un auto en un plazo no superior a dos o tres meses, declarar en el cese de la actividad política y en el cargo a cualquier político que acusado y procesado por delitos graves, no pone su cargo a disposición del partido o coalición que sea, y dimite”.

“Los pleitos y procedimientos en un sistema garantista se eternizan, y la justicia retrasada, como dice el refrán castellano, ni es justicia ni nada. Y la presunción de inocencia queda quebrada en un proceso donde el cargo político se encuentra claramente incriminado y hay claras pruebas de ello. Por ello esa Ley de la Transparencia puede y debe apostar porque la deontología de los militantes de partidos que ocupen cargos públicos exhiban la bandera de la honestidad absoluta y no de la sospecha”.

Y concluye: “Así mismo debería existir un Registro Público de la Transparencia Política y de las Buenas Prácticas, donde puedan acceder los ciudadanos y conocer de primera mano los delitos por los que un cargo público está procesado en el caso de delitos graves y públicos, o ha sido condenado por sentencia firme, aunque esté recurrida, y que tales delitos no hayan prescrito. Existen los mecanismos legales oportunos para controlar y aplicar la transparencia a la vida pública, y que de una vez por todas la opinión pública esté informada de quiénes son los que no hacen sus deberes, o deben por coherencia y honestidad dimitir”.

Reproduzco aquí unas palabras de D. Pío Baroja que nos pueden servir para la reflexión
“La verdad es que en España hay siete clases de españoles… sí, como los siete pecados capitales. A saber:

1] los que no saben;
2] los que no quieren saber;
3] los que odian el saber;
4] los que sufren por no saber;
5] los que aparentan que saben;
6] los que triunfan sin saber, y
7] los que viven gracias a que los demás no saben.


Unamuno y Benito Pérez Galdós aplaudieron a Baroja. Sobre todo por el último punto, el que dice “los que viven gracias a que los demás no saben”.

Estos últimos se llaman a sí mismos “políticos” y a veces hasta “intelectuales”

Seguimos a la  espera de lo que ocurra con el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que fue remitido a la Cámara  en Julio y se tramita en la Comisión Constitucional del Congreso. 

Texto aprobado en el Consejo de Ministros de 27 de julio de 2012

• http://www.leydetransparencia.gob.es/anteproyecto/index.htm 

Muchos de nuestros políticos que son acusados por irregularidades administrativas o delitos diversos están en libertad a pesar de haber sido no solo imputados sino en muchos casos procesados. 

Tenemos que plantear la necesidad de una Ley de Transparencia Política que ponga en práctica el Código Europeo para las Buenas Prácticas de Conducta de las autoridades locales y regionales, y que debe ser extensible a cualquier cargo político.

Por ello, una Ley que no solo busque limpiar la vida política de escenarios comprometidos, sino que mediante las oportunas garantías establezca un procedimiento de garantía sumaría para que cualquier juez de lo Contencioso, o Tribunal competente pueda mediante audiencia y un auto en un plazo no superior a dos o tres meses, declarar en el cese de la actividad política y en el cargo a cualquier político que acusado y procesado por delitos graves, no pone su cargo a disposición del partido o coalición que sea, y dimite.

Los pleitos y procedimientos en un sistema garantista se eternizan, y la justicia retrasada, como dice el refrán castellano, ni es justicia ni nada. Y la presunción de inocencia queda quebrada en un proceso donde el cargo político se encuentra claramente incriminado y hay evidentes pruebas de ello.

Por eso esta Ley de la Transparencia debe y puede apostar porque la deontología de los militantes de partidos que ocupen cargos públicos exhiban la bandera de la honestidad absoluta y no de la sospecha.

Así mismo debería existir un Registro Público de la Transparencia Política y de las Buenas Prácticas, donde puedan acceder los ciudadanos y conocer de primera mano los delitos por los que un cargo público está procesado en el caso de delitos graves y públicos, o ha sido condenado por sentencia firme, aunque esté recurrida, y que tales delitos no hayan prescrito.

Existen los mecanismos legales oportunos para controlar y aplicar la transparencia a la vida pública, y que de una vez por todas la opinión pública esté informada de quiénes son los que no hacen sus deberes, o deben por coherencia y honestidad dimitir.

 Ese objetivo corre el peligro de irse al traste, según denuncia en un documento enviado a los diputados la Coalición Pro Acceso, un grupo de 60 organizaciones y expertos, creada en 2006 para promover una legislación de acceso a la información. . http://www.proacceso.org/

“La Coalición Pro Acceso es una plataforma que se creó en octubre de 2006 con el fin de promover la adopción e implementación de una Ley de Acceso a la Información en España, ya que España es el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no tiene una ley específica reguladora del derecho de acceso a la información.

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental, reconocido por la legislación internacional, por muchas constituciones y por más de 80 leyes nacionales de todo mundo. Es también conocido como el derecho a saber o libertad de información.

Implica el derecho de toda persona a solicitar y recibir información de entidades públicas. A su vez, obliga a las entidades públicas a publicar información sobre sus funciones y gastos de manera proactiva. ”

En realidad, los españoles no elegimos a ningún político, sólo y en muchos casos una lista  llena de “presuntos implicados”, muchos de ellos ya imputados en graves delitos: los que están en la lista “A” o en la lista “B”.

Además, hay muy pocas listas y fuertes barreras de entrada, de forma que es muy difícil que entren nuevos competidores. Porque va todo junto, la corrupción de este país no es solo económica, también es social y moral. Hay que ir a la raíz de los problemas, para entender por qué sucede lo que sucede y por qué estamos como estamos.

ACTUALIZION CON NUEVOS DATOS:

Políticos actuales que han fichado por empresas de sectores regulados

político	empresa/organismo
elena salgado	endesa
ángel acebes	bankia
josep piqué	grupo ferrocarril, vueling, applus…
josé maría michavila	jp morgan
pedro solbes	enel, barclays
josé maría aznar	endesa (también holding murdoch)
felipe gonzález	gas natural
eduardo zaplana	telefónica
rodrigo rato	lazard, santander y bankia
isabel tocino	banco santander
josu jon imaz	petronor
alfredo timmermans	telefónica
luis de guindos	lehman brothers

casos de anteriores generaciones de políticos

político	empresa/organismo
adolfo suárez	telefónica
leopoldo calvo sotelo	moto vespa, banco central hispano americano, ferrovial, dragados…
miguel boyer	banco exterior, fcc, clh…
josé antonio ardanza	euskaltel
narcís serra	caixa catalunya, gas natural…

políticos fichados por empresas con menor dependencia regulatoria

político	empresa/organismo
miguel ángel moratinos	qatar
adolfo suárez yllana	bufete ramón hermosilla & gutiérrez de la roza
juan costa	ernst & young
manuel pimentel	baker & mckenzie
manuel pizarro	baker & mckenzie
jordi sevilla	pricewaterhouse coopers (pwc)
eduardo serra	everis
david taguas	seopan
juan manuel eguiagaray	eads

La privatización del Estado

Este interesante artículo deja medianamente claro la "privatización de los estados", la privatización y venta de los bienes y recursos de los países despojando la propiedad de esos bienes a los que son los reales propietarios: los ciudadanos/as.

Esta forma que impera en Centro y Sudamerica  (si tocar los extremos a los que llega en Africa) no es intrínsecamente diferente al despojo de los recursos y derechos de los ciudadanos europeos. La privatización de bienes y servicios creados básicamente con el trabajo de la mayoria de la población que es la que aporta cerca del 70% de los ingresos que mantiene el estado, no difiere de la apropiación que se realiza en los países ajenos a los de la Comunidad Europea, salvo en la forma aún.

Esto nos lleva al papel del estado actual - un ente vacío- cuya función se reduce a la subordinación al poder económico aplicando políticas discriminatorias a la población trabajadora de todos los ámbitos, limitando el acceso a derechos básicos y despojándolo de los bienes que se crearon como producto de su trabajo.

Las directrices de los gobiernos vienen de los grandes poderes económicos ( en torno a 20 corporaciones)que determinan la economía mundial coludidos con los poderes económicos nacionales, (si hay aun algo semejante) nos han llevado a un fascismo económico de echo.

AMFB

  Panamá subasta sitios Ramsar; Honduras privatiza territorios indígenas; Costa Rica vende un paraíso natural y Chile licita sus recursos pesqueros.

El capital financiero internacional se apodera de las mejores tierras sudamericanas

 Redacción Bolpress

Se estima que el 25% del territorio uruguayo y paraguayo y al menos el 10% del argentino están en manos de empresarios extranjeros, mientras que en otros países de la región los latifundios privados se multiplican como hongos. Esta nueva forma de conquista neocolonial se intensificó en los últimos cinco años y afecta sobre todo a los países de América del Sur.

Desde de 2007/2008, transnacionales y gobiernos intensifican el acaparamiento de enormes superficies de tierras de cultivo en África, Asia y América Latina, lo que supone “el riesgo de crear un pacto neo colonial de provisión de materias primas sin valor agregado”, alertó el ex director de la FAO Jacques Diouf.

Arabia Saudí, Kuwait y otros países desérticos compran o arriendan tierras para cultivar alimentos; mientras que las transnacionales y los grupos financieros acaparan predios para lucrar y especular con materias primas agroindustriales.El capital financiero ve a Sudamérica como la principal zona para comprar y arrendar tierras agrícolas. [1]
En septiembre de 2008 grandes procesadoras de aceite vegetal de India solicitaron tierras a los gobiernos de Uruguay y Paraguay para cultivar oleaginosas, trigo y lentejas. La principal refinadora de azúcar y productora de alcohol de India Shree Renuka Sugars adquirió 130 mil hectáreas en Brasil, en tanto que el grupo Walbrook compró cerca de 600 mil hectáreas en Argentina. [2]

“Hay un masivo resurgimiento del interés por invertir en tierras en la región. Es mucho más de lo que se asumía anteriormente, sea en términos de inversión de tierras o de acaparamiento”, subrayó el profesor del Instituto de Estudios Sociales de La Haya Saturnino Borras, uno de los autores de un estudio realizado en 17 países latinoamericanos y caribeños, por encargo de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). [3]

Los investigadores de la FAO concluyeron que la compra de tierras destinadas a la producción de alimentos afecta a gran parte de la región. En América del Sur “estamos ante una nueva ola de un proceso de extranjerización de las tierras importantes”, alertó el especialista Martine Dirven. Por ejemplo, un informe oficial estima que en la última década se vendieron al menos 5,5 millones de hectáreas en Uruguay, el 25% de las áreas productivas del país, a sociedades anónimas privadas. [4]

En Paraguay ascienden a 1,8 millones de hectáreas las compradas entre 2006 y 2010 por empresarios brasileros, franceses, alemanes, portugueses, japoneses y españoles, según el investigador del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos Luis A. Galeano, quien calcula que en las últimas dos décadas las empresas extranjeras adquirieron entre nueve y 10 millones de hectáreas de tierras paraguayas, es decir entre el 25 y 30% de la superficie productiva del país.

En Bolivia se estima que al menos 700 mil hectáreas están en manos de agroindustriales brasileros, argentinos, peruanos y colombianos, la mayoría destinada a la producción de soya transgénica. [5]

Para el director del Centro Peruano de Estudios Sociales Fernando Eguren la concentración de tierras “es también una concentración de influencias, de poder político en las esferas territoriales donde está ocurriendo y, también tiene que ver con restricciones en la democracia”. [6]

Legalizan la venta de tierras fiscales en Panamá
Pese al fuerte rechazo popular, el 19 de octubre de 2012 el presidente de Panamá Ricardo Martinelli sancionó la Ley N. 72 que autoriza la venta de terrenos fiscales en la Zona Libre de Colón (ZLC), un área libre de impuestos creada en 1948 para aprovechar comercialmente el enclave del canal de Panamá, de donde parten rutas hacia Japón, Estados Unidos y otros países latinoamericanos.

Compañías de todo el mundo tienen una base de operaciones en la ZLC, que generó transacciones por 29 mil millones de dólares en 2011. El diputado Miguel Salas denunció que el Ejecutivo pretende privatizar terrenos de la ZLC para cubrir el déficit fiscal y recolectar fondos para la campaña oficialista de 2014.

Varios sectores sociales, empresariales y parlamentarios solicitaron a la Asamblea Nacional que rechace la propuesta privatizadora, y luego de que ésta fue aprobada solicitaron al presidente que la vetara, pero Martinelli desoyó el clamor popular.

Miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Colón para protestar contra la ley de Martinelli y el 19 de octubre el niño de nueve años José Betancourt perdió la vida por un impacto bala en el abdomen, y alrededor de 30 resultaron heridas en enfrentamientos con la Policía. El 21 de octubre cientos de ciudadanos vestidos de negro en señal de luto marcharon desde la Iglesia Paulino San José hacia el centro de la ciudad para rechazar la venta de tierras de la zona franca.

Por otro lado, es motivo de gran preocupación la aprobación de obras de “desarrollo” que no cumplen con los requisitos exigidos por ley, y con la aparente complicidad de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). La directora ejecutiva de la organización ecologista Panamá Sostenible Raisa Banfiel recordó que durante la campaña presidencial Martinelli dijo que la ANAM “estorbaba y atrasaba el desarrollo” nacional.

La preocupación estriba en que a pesar de decenas de denuncias y conflictos ambientales suscitados en los últimos años, la ANAM actuó con negligencia, como en el caso de los humedales de la Bahía, uno de los cinco sitios Ramsar de Panamá, creado por resolución de la ANAM el 3 de febrero de 2009. [7]

Recientemente la propia ANAM y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) acordaron suspender el estatus del sitio natural con el fin de viabilizar la construcción de una planta de tratamiento en la bahía de Panamá, y del proyecto Panamá Bay Country Club, decisión que fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

No obstante, ya suman seis las demandas judiciales interpuestas contra la decisión de la CSJ de anular la protección al humedal de la Bahía. En la lista de demandantes figuran la Fundación MarViva, la Sociedad Audubon de Panamá, la firma de abogados Rivera, Bolívar y Castañeda, y el Partido Revolucionario Democrático. También fueron admitidos recursos interpuestos por el Centro de Incidencia Ambiental y por la Asociación de Abogados Litigantes de Panamá.

Privatización en Honduras
Luego del golpe de Estado de 2009, el gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo y la bancada oficialista del Congreso aprobaron reformas constitucionales que autorizan la creación de las denominadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED) o “Ciudades Modelo”, catalogadas como la más denigrante variante del neocolonialismo territorial, ya que legaliza la venta de franjas del territorio a inversionistas extranjeros.
Desde hace algunos años empresarios estadounidenses de ultraderecha compran islas en los países del tercer mundo con el fin de crear paraísos fiscales libres de regulaciones políticas. Algunos ejemplos de “islas estado” son el Principality of Sealand frente a la costa de Inglaterra; el fallido Freedom Ship en la bahía Trujillo, y la vigente Seasteaders. Años atrás, el empresario nicaragüense Xavier Arguello Carazo, yerno del ex presidente panameño Ricardo Maduro, ofreció un pedazo de Honduras al inversionista norteamericano Paul Romer, quien pretendió privatizar la isla de Madagascar junto a la coreana Posco-Daewoo.

En diciembre de 2011, la revista The Economist reveló que el Estado de Honduras firmó dos cartas de intención con grupos privados interesados en construir “ciudades modelos”. Uno de ellos está integrado por la compañía Future Cities Development Corporation, fundada por Patri Friedman, nieto del economista Milton Friedman, y por el propietario de Paypal Peter Thiel. El segundo consorcio se denomina Grupos Ciudades libres (Free Cities Group), de propiedad de Michael Strong y Kevin Lyons, que opera en Honduras con el nombre de NKG.

El 4 de septiembre de 2012 la Comisión para la Promoción de Alianzas Público-Privadas (Coalianza) y NKG firmaron un contrato para la construcción de la primera “ciudad modelo” en Honduras. El testigo de honor del negocio fue el presidente del Congreso Juan Orlando Hernández, uno de los principales promotores de la subasta de Honduras mediante las RED.

Pero las RED no son las únicas amenazas a la soberanía territorial hondureña. El 13 de diciembre de 2011 la dirigencia de la Comunidad de Cristales y Río Negro presentaron una demanda de nulidad absoluta contra varios contratos de venta fraudulenta de tierras comunitarias situadas al suroeste de la Ciudad de Trujillo al empresario canadiense Randy Roy Jorgensen.

Jorgensen , conocido como el “rey del porno”, pretende construir un muelle para cruceros Panamex denominado Banana Coast. También adquirió terrenos en las comunidades Garífunas de Santa Fe, San Antonio y Guadalupe, y obtuvo súbitamente licencias ambientales para construir villas frente al mar Caribe en una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Capiro y Calentura.

El “rey del porno” recibió gran apoyo de Ramón Lobo Sosa, hermano del mandatario Porfirio Lobo, y el 21 de junio de 2011 mereció un “reconocimiento especial” del propio presidente en sesión del gabinete ministerial en la ciudad de Trujillo. [8]

Pretenden privatizar el patrimonio natural costarricense
En Costa Rica está punto de sucumbir ante la marea privatizadora la isla Plata de 18 hectáreas ubicada en Esparza, Puntarenas, declarada Patrimonio Natural del Estado y protegida por la Ley de Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Desde hace más de una década la empresa Vimavi del Pacífico Sociedad Anónima pretende construir en la isla onas residenciales e infraestructura turística.

En 2006 las autoridades de la municipalidad de Guanacaste intentaron vender la pequeña ínsula, situada frente al complejo turístico Flamingo, en 15 millones de dólares o entregarla en concesión, pero ambas maniobras fueron frustradas por el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) y el Departamento Municipal de Gestión Ambiental, dirigido entonces por el biólogo William Arauz.
Sin embargo, el año pasado el director del Área de Conservación Tempisque Arenal Nelson Marín eliminó la norma restrictiva vigente y recomendó la concesión de parte de la isla. Esto permitió a la empresa solicitar la autorización para iniciar obras, la cual está a punto de ser aprobada por la Municipalidad de Santa Cruz, controlada por el Partido Liberación Nacional (PLN).

Los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) Claudio Monge y Yolanda Acuña denunciaron que se pretende otorgar la concesión a Vimavi del Pacífico SA, de propiedad de Virginia del Carmen Vindas Soto, esposa de Carlos Ricardo Benavides, padre del Ministro de la Presidencia.

Al plan privatizador de la isla Plata se suma la aprobación de un proyecto de ley que pretende reducir los límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, una de las playas más hermosas del país, ubicada a 73 kilómetros de Limón, en la costa Atlántica costarricense.

El Senado chileno debate la privatización del mar
Este mes se debate en el Senado chileno un proyecto de ley que modifica la Ley de Pesca en Chile y que entrega a perpetuidad los recursos pesqueros a empresas transnacionales. La norma define varios tipos de licencias pesqueras. Un tipo de licencia reconoce los derechos históricos de los pescadores industriales; otro tipo de licencia indefinida abre la posibilidad de licitar hasta el 15% de los derechos si por tres años seguidos la actividad está sobre su rendimiento máximo sostenible.
El proyecto de ley desestima el significado de la pesca de arrastre e irrespeta las cinco millas marítimas para la pesca artesanal, privilegiando a cuatro grandes consorcios privados, denunció la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales. Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile, la norma transgrede el derecho de todos los ciudadanos al control sobre los recursos naturales del mar.
“Nos parece inaceptable e irregular la negativa de dos parlamentarios a inhabilitarse de votar, aun cuando es de público conocimiento su vinculación con empresas ligadas a la gran industria pesquera”, fustigó la presidenta de la CUT Bárbara Figueroa, aludiendo a los senadores Andrés Zaldivar y Jovino Novoa.

Según el senador por la región del Bio Bio Alejandro Navarro, la ley propuesta, además de no resolver problemas de fondo, genera mayor concentración económica, no garantiza una verdadera competencia, tampoco asegura la sustentabilidad y “condena a los pescadores artesanales a convertirse en empleados de la industria”.

Limitan la extranjerización de la tierra en Argentina
En febrero de 2011 una comisión del Parlamento de Uruguay reanudó la elaboración de un anteproyecto de ley para limitar la venta de tierras, pero la norma aún no fue aprobada. En Argentina el Senado aprobó en diciembre de 2011 la ley sobre el Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, un instrumento legal que limita la tenencia y adquisición de tierras por extranjeros.

La presidenta Cristina Fernández estimó que 10% de las tierras de la nación están en manos extranjeras. La nueva legislación argentina estipula que máximo el 15% del territorio nacional puede estar en manos foráneas, y de esa cantidad no podrá haber más de un 30% detentado por personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad, informó la agencia Télam.

La norma argentina establece que las parcelas en poder de extranjeros no podrán superar las mil hectáreas o la superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales. También define estrictas prohibiciones para la venta de superficies que “contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”, y dispone que no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales por tratarse de un recurso natural no renovable.

La iniciativa dispone la creación de un Registro Nacional de Tierras Rurales, encargado de realizar un relevamiento “catastral y dominial” del recurso, así como de un Consejo Interministerial de Tierras Rurales.

Notas
1. El Grupo de Reflexión Rural (GRR) de Argentina denunció en octubre de 2010 que “los negociantes de los mercados globales salen a buscar nuevos objetos de especulación, especialmente tierras fértiles, agua y alimentos, además del oro, metales estratégicos y cuencas hidrocarburíferas. Son capitales corporativos que no sólo buscan dar respaldo tangible a sus divisas vacías de valor, sino que, adictos a las fábulas del ‘crecimiento’, descubren ahora que no pueden alimentar a su propia población y buscan enclaves en propiedad o arriendo”.

2. Sudamérica en la mira de inversionistas agrícolas; 12/XI/2010; farmlandgrab.org; news@farmlandgrab.org, Agencias Reuters y AFP.

3. Tras estudiar el tema en 61 países, la FAO y Transparency 
Internacional (TI) concluyeron que una gobernanza débil incrementa la posibilidad de corrupción en la tenencia y administración de la tierra.

4. Más de 100 casos de apropiación de tierras para la producción de alimentos en el exterior: http://www.grain.org/m/?id=216http://www.grain.org/briefings/?id=214

5. Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia, Miguel Urioste; Fundación TIERRA, octubre 2010. El gobierno boliviano estima que alrededor de un millón de hectáreas productivas, de las 5,5 millones de hectáreas que producen algún tipo de alimentos, están en manos de extranjeros, principalmente brasileros y menonitas. Estas tierras representan el 20% del total de la superficie con características agrícolas.

6. Lourdes Pérez Navarro, periodista de la redacción de Economía de Prensa Latina.

7. El director del Centro de Incidencia Ambiental Félix Wing dijo que es inquietante la inestabilidad en la ANAM, cuya ex jefa Lucía Chandeck renunció sin que se sepan los motivos, y fue reemplazada por Silvano Vergara, el tercer administrador en tres años.
8. http://ofraneh.wordpress.com/2012/09/19/ciudad-modelo-republica-bananera-y-las-concesiones-cuyamel/ La Ceiba, Atlántida 8 de septiembre de 2012.

 

 

NUEVA MAREA BLANCA, DOMINGO 16 DE DICIEMBRE

Difundir

IMPORTANTE ESTA CIBERACCIÓN. RECLAMACIÓN A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE SANIDAD-MADRID

COORDINADORA DE EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE MADRID (CEAPM)

RECLAMACIÓN:

Las reclamaciones oficiales por Internet hacen daño pues hay que registrarlas y contestarlas. Enviadlo como usuario (con copia oculta) a todos vuestros amigos y contactos y pedirles que se extienda.

La salud pública necesita tu apoyo. Gracias de parte del personal y de los pacientes, que somos todos.

Instrucciones (es fácil):
Pinchad en el link directo a Salud Madrid (zona de reclamaciones) para rellenar una reclamación online. Se tarda menos de 3 minutos.

https://servicioselectronicos.sanidadmadrid.org/CESTRACK/formulario.aspx

Haz click en RECLAMACIÓN
Rellena al menos los campos obligatorio (con asterisco rojo).
Elige el Centro de Salud que te corresponda.
En EXPONE: copia y pega el "Expone" de abajo
En SOLICITA: copia y pega el "Solicita" de abajo.


Expone:
He leído el Plan de Sostenibilidad para la Sanidad de la CAM a través de medios oficiales (gerencia de Dirección Asistencial Centro) y estoy en total desacuerdo con lo que va a suponer para mi asistencia, ya que a pesar de seguir siendo "gratuita" (se paga con los impuestos de todos) va a tener una gestión privada o externa que va a presionar a los profesionales que me atienden a reducir el gasto en mi persona como paciente, al primar la economía como empresa privada y no mi salud como hasta el momento.

Solicita:
Que se paralice el Plan de sostenibilidad actual y se negocie con los que realmente entienden de salud, que son los profesionales de salud, para llegar a la manera en que se puede gestionar mejor los recursos sin que ninguna empresa privada priorice en el dinero y no en la salud. Si realmente siguen adelante con este plan lo único que afirman es ser ustedes unos gestores incompetentes para seguir en el cargo ya que no son capaces de gestionar dinero público y se lo tienen que dar a manos privadas. Esta reclamación con su número de registro irá a manos de medios de comunicación.
Quedo en espera de su respuesta.

COMUNICADOS

COMUNICADO DE LAS SOCIEDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA SEMERGEN, SEMFYC y SEMG. ANTE LA SITUACION CREADA POR EL “PLAN DE MEDIDAS DE GARANTÍA DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID” Las Sociedades Españolas de Atención Primaria, SEMG, SEMERGEN   SEMFYC, observan con enorme preocupación la situación de la atención sanitaria en la Comunidad de Madrid tras hacerse público el “Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del Sistema Sanitario público de la Comunidad de Madrid”, promovido por el gobierno regional, y quieren ponen de manifiesto lo siguiente:
 1. La primera obligación de los médicos es preservar y defender los  intereses de los pacientes, por encima incluso de los suyos propios, y orientar todas las decisiones al bien común.

 2. Hasta ahora los pilares del Sistema Nacional de Salud (SNS) se basaron en unos principios fundamentales de equidad social y  solidaridad, como gran patrimonio colectivo y derecho irrenunciable de  todos los ciudadanos, por lo que cualquier modificación de calado en el SNS debe nacer del consenso, tras el diálogo con los agentes sociales y los representantes legales y legítimos de los profesionales sanitarios; su principal objetivo, por tanto, debe ser la implicación de los profesionales sanitarios.

 3. Existen numerosas pruebas que avalan que es difícil, por no decir  imposible, poner en marcha cualquier tipo de reforma sin la participación activa de los profesionales, mucho más cuando estas reformas están fundamentadas tan solo en criterios economicistas y se orientan a escenarios que rompen el modelo basado en la universalidad  y la equidad, que pueden producir pérdidas en la calidad y afectar especialmente a los más pobres, indefensos y vulnerables.

4. La legitimidad otorgada por las Urnas no puede convertirse en ningún caso en patente de corso para adoptar decisiones que afectan negativamente al conjunto de la sociedad, dificultan el acceso equitativo de los ciudadanos a los servicios públicos y ponen en peligro el futuro y la continuidad de las prestaciones sanitarias.

 5. Las medidas anunciadas por parte del gobierno regional, y en su  nombre por la Consejería de Sanidad, no aportan datos objetivos que permitan inferir la mayor eficiencia del modelo que se propone y ni siquiera existe ningún estudio económico que demuestre que se va a producir el ahorro que se proclama. En el documento se parte de premisas interesadas en objetivos poco relacionados con la calidad clínica y más con la gestión estrictamente economicista de los recursos.

 6. Dichas medidas son arriesgadas, de eficacia dudosa para el fin que  supuestamente persiguen, y conllevan la descapitalización irreversible  de los recursos materiales y humanos del sistema sanitario público  madrileño; por otra parte, suponen un expolio de los derechos
 adquiridos de los profesionales sanitarios.

 7. La oferta que se hace a los profesionales de participar directamente en la gestión de los centros de salud es un “brindis al  sol”, pues les obliga a la creación de estructuras asociativas que en  la actual coyuntura económica representan aventuras empresariales de  alto riesgo y por consiguiente difícilmente financiables.

 8. En el Plan no se detalla ni la asignación capitativa por paciente, ni los factores correctores a aplicar, ni las normas jurídicas a  implementar sobre las relaciones laborales en las nuevas entidades… La  lectura de tan escueto documento induce irremisiblemente sentimientos de inseguridad legal, laboral y profesional. Por tanto, es más que  improbable que se generen solicitudes de adjudicación que provengan directamente de los profesionales.

9. Tomando en consideración la ausencia de datos objetivos que las apoyen, las entidades firmantes estiman que las medidas planteadas son arbitrarias y los ajustes presupuestarios una simple coartada para proceder a transferir la gestión de los centros de salud a organizaciones empresariales con ánimo de lucro. La Consejería de Sanidad emplea el eufemismo de “externalización de la gestión” y rechaza de forma beligerante el de “privatización”; sin embargo, más allá de disquisiciones semánticas, ambos términos implican exactamente  las mismas consecuencias finales sobre la organización y la gestión de los centros de salud y el estatus laboral y profesional de quienes en ellos trabajen.

 Por todo lo anterior, las entidades firmantes de este Comunicado manifiestan su oposición al Plan, que nace sin tener en cuenta a los profesionales sanitarios ni a los pacientes, y emplazan al gobierno regional a proceder a retirarlo y a entablar con los representantes profesionales un diálogo leal, sincero y sin posiciones predeterminadas, en aras de pactar las medidas que se estimen oportunas para los fines que se pretenden, pero evitando planteamientos rupturistas, radicales e irracionales.

 *Para más información, gabinetes de prensa de SEMERGEN (Guillermo Castilla / 617.905.069), SEMG (Mario Braier / 629.532.600) y semFYC (Luis Pardo / 626.97.84.20)

ARTÍCULOS

La colaboración público-privada es sinónimo de privatización de la sanidad

Repuesta de la FADSP al comunicado oficial del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), entidad que representa de forma mayoritaria al sector sanitario privado en España publicado hoy mismo en los medios de comunicación, con respecto a la supuesta defensa del sistema sanitario público por parte de esta entidad representativa de la patronal sanitaria privada

- El IDIS trabaja para impulsar el crecimiento de los seguros sanitarios privados, y apoya encarecidamente su desgravación fiscal[1], lo que además de injusto e insolidario con las personas que no pueden pagárselo, contradice sus afirmación de defensa de un sistema público y gratuito para todos los ciudadanos.

-Entre los socios del IDIS se encuentran las empresas privadas del sector y los fondos de inversión extranjeros que se están quedando con el sistema sanitario español: Capio, Grupo Quirón, USP hospitales, Sanitas y Adeslas, junto a farmaindustria y la industria de las tecnologías y otras empresas que actúan de patrocinadoras y ejercen directamente su influencia sobre el sistema sanitario a través del IDIS en detrimento de otras empresas del sector,cuestionando la “libre competencia” como son la General Electric, y Philips, las CF Sanofi, Novartis y Zeltia.

-Únicamente la propia constitución del IDIS echa por tierra el primer punto del comunicado, dado que un sistema sanitario público está gestionado por la administración pública y los hospitales del IDIS están gestionados por empresas privadas y por fondos de inversión, cuyo único objetivo es ganar dinero por medios especulativos,como todo el mundo sabe y su propio nombre indica: Capio, del fondo de inversión británico CVC, el grupo USP-Quirón, del fondo de inversión británico Doughty Hanson,Sanitas, de BUPA, la mayor compañía privada de asistencia sanitaria del Reino Unido, además de los hospitales de Adeslas, que pertenecen a la sociedad Goodgrower (80%) y a Criteria de Caixa Catalana. (20%).

Así que estos movimientos especulativos, si significan “privatizar la sanidad”

-La opacidad y los intereses cruzados de estas ventas y la imposibilidad de control democrático por parte de los ciudadanos sobre esta gestión sanitaria privada, cedida a empresas como Capio, que se permiten el lujo de ni tan siquiera hacer públicos los nombres de sus asociados y cuadros directivos, suponen una clara merma de derechos de la población y de transparencia en el control de las instituciones pública.

-Las empresas financiadoras y las constructoras de los hospitales de gestión privada de Madrid han sido rescatadas o tienen graves dificultades financieras: ACS y Abertis (primer accionista de Capio) forman parte, junto a la antigua Caja Madrid de la concesionaria “Accesos a Madrid” en preconcurso de acreedores, así como FCC, que forma junto a Bankia y otras entidades, globavía, también en preconcurso de acreedores. Las Acciones de ACS, Acciona y FCC han caído en picado en los últimos años y se encuentran en mínimos históricos[2] Solo ACS pierde 1.099 millones de euros en los 9 primeros meses de 2012[3] BEGAR y PLODER están en situación de concurso de acreedores desde hace más de 2 años[4]

Ante estos datos parece que el único objetivo para invertir en sanidad de estas empresas es la de “hacer negocio”

-Por otra parte y según los indicadores del Ministerio de Sanidad, los Hospitales del Sistema nacional de Salud tienen 67 médicos y 126 enfermeras/100 camas y los Centros privados: 16 médicos y 43 enfermeras/100 camas,es decir 76% menos médicos y 66% menos enfermeras, por lo que desde la FADSP podemos asegurar quelos modelos de colaboración público-privada y la gestión de la sanidad por empresas privadas si implican una merma en la calidad asistencial que reciben los ciudadanos y conlleva necesariamente la pérdida de miles de puestos de trabajo y como consecuencia mayor precariedad y menor calidad asistencial.

-No tardaremos en comprobar que los problemas de salud pasarán a los primeros puestos en las preocupaciones de la población, sobre todo de las personas más enfermas y con menos recursos, tradicionalmente “menos interesantes" para la iniciativa privada.

En la FADSP consideramos el comunicado del IDIS como una agresión a la inteligencia de la ciudadanía, y apelamos a la responsabilidad de sus asociados, para que trabajen en la búsqueda de otras alternativas que resuelvan sus problemas de tesorería, y cumplan el mandato de la Ley General de Sanidad que ha permitido la creación de un SNS con financiación y gestión pública, universal y gratuito en el momento del uso y envidiado por los países de nuestro entorno.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

2 de Diciembre de 2012

Hemos recibido esta invitación:

Os invito a visitar el blog de la Coordinadora 25S. Este puente pasado se ha celebrado lo que se ha llamado un "Puente Constituyente", donde más de un centenar de personas nos hemos reunido en Rivas-Vaciamadrid celebrando varias asambleas y reuniones de grupos de trabajo para iniciar un proceso constituyente que creemos necesario en este país, dado que este sistema está podrido de arriba abajo. Ha salido la siguiente Declaración. Difundid:

Declaración Política de las jornadas del Puente Constituyente

Las personas participantes en las jornadas del Puente Constituyente, tras valorar la grave situación que atravesamos y tras un debate colectivo sobre los bloqueos que contiene el actual sistema legal y constitucional, hacemos un llamamiento a toda la sociedad a iniciar un proceso constituyente. Nos dirigimos a todas las organizaciones y movimientos sociales, mareas, asambleas populares y demás colectivos, a todas y todos los que luchamos por la defensa de nuestros derechos.

El sistema político actual está agotado, totalmente deslegitimado. No fue resultado de un proceso constituyente democrático; no permite la participación ciudadana; está blindado, impidiendo cualquier cambio por la vía de la iniciativa popular; no garantiza el cumplimiento de los derechos que reconoce; está hecho para garantizar los intereses y el poder de una pequeña minoría. Ni nos incluye ni nos representa. Debemos cambiarlo iniciando un proceso constituyente.

Éste proceso constituyente es creación de poder popular, que ha de desplazar al poder del sistema que nos gobierna con su entramado legal. El poder popular, capaz de cambiar el sistema y el entramado legal/constitucional que lo sustenta, es el poder constituyente democrático que necesitamos. Queremos que cambie quién decide; ahora decide la oligarquía, exigimos que decida el pueblo.

No es suficiente el respaldo a una opción que propugne un cambio constitucional. Es necesaria nuestra implicación, como personas que formamos parte de la sociedad y por tanto participamos de este proceso de empoderamiento, para hacernos dueñas y responsables de todo aquello que nos afecta, definiendo tanto nuestro presente como nuestro futuro, como auténticos ciudadanos.

Podremos decidir como poder constituyente cuando la mayoría de la sociedad, participando como tal en el proceso constituyente, aseguremos su carácter democrático. De ésta forma garantizaremos que el proceso esté libre tanto de imposiciones por la fuerza como de discriminaciones.

Cuando la mayoría social tengamos el poder de decisión podremos fijar el marco legal y constitucional que garantice el principio de solidaridad universal y todos los derechos fundamentales históricamente reconocidos, más aquellos, tales como la sostenibilidad medioambiental, que no lo han sido.

Esta mayoría social es plural, diversa y con múltiples identidades. La progresiva inclusión de éstas como participantes en el proceso constituyente exige dotar a éste de un marco organizativo en el que su aportación sea reconocida, sin verse obligadas a diluirse en una masa homogénea.

Las leyes vigentes reflejan la exclusión, la explotación, la corrupción y falta de transparencia, y la confusión entre lo privado y lo público-común, todas características del sistema. La principal garantía de no retorno, más que en las leyes, está en la transformación del sistema de forma que la organización social y económica respondan a las necesidades de las personas y a la sostenibilidad del medio ambiente.

Nuestro método es democrático y asambleario. Definiremos en el camino todos los detalles del proceso constituyente y sus hitos políticos. Para la consecución de nuestros objetivos nuestra acción será no violenta.

Proponemos confluir en un camino que integre todos estos enunciados, de forma que nos postulemos como poder constituyente, decidiendo y creando nuestro futuro mediante un proceso constituyente.

Rivas Vaciamadrid, domingo 9 de diciembre de 2012