En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle. Gandhi.


lunes, 20 de mayo de 2013

Firma alemana reconoce envío de armas a México


En el país europeo presumen que es probable el uso de este armamento en la represión de Ayotzinapa en 2011 donde murieron normalistas

Carmen Álvarez
19/05/2013 23:54
Firma alemana reconoce envío de armas a México
CIUDAD DE MÉXICO, 20 de mayo.- La justicia alemana tiene pruebas de la venta ilegal a México cuatro mil 814 fusiles de asalto G36, de los más mortíferos del planeta, aseguró Jürgen Grässlin, autor del libro que habla sobre tráfico de armamento Schwarzbuch Waffen Handel (Mercado negro y tráfico de armas, en español).


El autor dijo a Excélsior que va a ser muy difícil que la armería Heckler & Koch salga bien librada del juicio al que deberá ser sometida.

El también activista contra el uso de armas ligeras, que causan dos terceras partes de las muertes por arma de fuego en el mundo, expresó que éste ha sido el mayor escándalo de tráfico internacional de armas de los últimos 60 años en Alemania y que está salpicado de denuncias de soborno a prominentes políticos alemanes y a funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes estuvieron a cargo de la compra de los rifles.

Armas ligeras se les denomina a algunos revólveres, pistolas, subfusiles, escopetas, carabinas, fusiles de asalto, rifles, ametralladoras y granadas que pueden ser cargadas por soldados.

En conversación telefónica desde Friburgo, en la sureña provincia alemana de Baden-Wurtemberg, Grässlin dijo a Excélsior que por primera vez desde hace tres años en que presentó su denuncia penal contra esta firma mundialmente conocida como H&K, sus directivos reconocieron que empleados suyos cometieron ilícitos en México.

El tema conmocionó a la opinión pública de Alemania, dijo, porque ocurrió durante uno de los periodos más sangrientos de la historia reciente de México.

“Esto es sólo el principio, mucha gente va a tener que ir a la Corte y a prisión. Las fichas van a ir cayendo como en el dominó, una tras otra”, dijo el también presidente de la Red de Acción contra las Armas Ligeras, que el 19 de abril de 2010 presentó una denuncia penal contra la armería.

La revista Der Spiegel, que ha difundido el caso en toda Europa a través de sus tirajes semanales de un millón de ejemplares, reportó este acontecimiento diciendo que al fin la firma H&K admitió sus envíos ilegales de fusiles tipo G36 a entidades federativas de México: Chiapas, a Chihuahua, Guerrero y Jalisco.

“Éste es un acto criminal, de acuerdo con la legislación alemana. Dar estas armas a la policía de esas provincias (estados) de México fue un delito porque en Alemania había una prohibición de venderles”, dijo Grässler.

Y precisó que la Oficina Federal de Economía y Control de Exportaciones de Alemania así como la ley de exportación habían expresamente prohibido la venta de armas a esos estados debido a que había denuncias de que en ellos se perpetraban continuas violaciones a los derechos humanos.

Pero hace menos de un mes la confesión de la armería que produce los mejores fusiles de asalto del mundo, aterrizó discretamente en el tablero de avisos al personal de su planta de Obendorf am Neckar bajo la forma de una escueta “Comunicación de la Junta del 24 de abril de 2013”, cuya imagen y contenido fueron reproducidos por el diario local Neue Rottweiler Zeitung (NRWZ) en su edición del 5 de mayo.

El aviso se limitó a señalar que había fuertes “sospechas” de que dos empleados de toda la vida habían facilitado el envío ilegal de las armas en interacción con un representante de ventas en México.

“Esto fue hecho arbitrariamente por el empleado, sin el conocimiento y la voluntad de otras personas de la empresa”, decía el documento que anunció el despido de los dos empleados involucrados y la realización de una investigación interna a profundidad.

Pero Grässlin no les cree a los directivos de H&K porque considera imposible que el escándalo que cimbró a la opinión pública alemana, y que reiteradamente han achacado a su contraparte mexicana, haya ocurrido sin el conocimiento de las altas esferas de la empresa.

“Heckler & Koch está diciendo que hay un miembro de su equipo de armamentos que ha cometido ilícitos y que hay una secretaria de nivel medio en Obendorf donde Heckler & Koch tiene su sede, pero yo pienso que esto es incorrecto. Está bien que corrieran al empleado y a la secretaria que actuaron incorrectamente en México. Pero el equipo que viajó a México estaba formado por cuatro personas”, dijo.

Grässlin relató que uno de los cuatro integrantes del equipo de armamentos de H&K le dijo que dejaba la compañía diciéndole: “Había actos ilegales, acciones ilegales y no soporto esto.

“Los otros tres, en mi opinión, deben comparecer ante la Corte porque no tenían autorización de hacer eso. Además debe haber en la planta de Obendorf directores y uno de ellos debió estar al tanto de lo que sucedía. Y tal vez él mismo ordenó el negocio ilegal porque debió organizar todo ese negocio de armas ante el Ministerio de Economía. Y, no estoy muy seguro, pero debió ser la persona que firmó las autorizaciones de los vuelos de avión y de las estancias en el hotel”, expuso.

Agregó que tiene conocimiento de que al menos dos miembros del grupo de H&K que viajó a México visitaron dos de las entidades federativas en las que, de acuerdo con las leyes germanas, era ilegal vender el armamento. Una infracción que en Alemania se paga con una prisión de dos a diez años.

Relató que estuvieron allí mostrando a la policía cómo se usan las G36, y que incluso dispararon el rifle. Lo cual está prohibido porque estaban en una región que era ilegal para los alemanes. Agregó que tiene en su poder evidencias de lo sucedido y que también entregó abundantes evidencias a los órganos de justicia de su país.

“Yo tengo muchas evidencias, una de ellas es un papel de una persona de la Academia de Policía y Vialidad del Estado con fecha del 26 de noviembre de 2008 en Guadalajara, Jalisco, que dice que hubo una conferencia para la policía sobre cómo se debe usar esa arma”, dijo.

Y agregó que empleados disgustados con los ilícitos que se han perpetrado en la firma acuden a él para informarle de las irregularidades y que esa información le ayudó a escribir muchas páginas sobre el tráfico de armas en México para su libroSchwarzbuch Waffen Handel que ya está a la venta, que ya dio a conocer, pero que presentará de manera formal en unos días más.

Mencionó también que uno de esos informantes abandonó su empleo en H&K al ver que los negociadores de la venta de rifles a México estaban violando las leyes alemanas y que entonces aportó muchos datos y documentos que ahora están en poder de la justicia.

“Dijo que hay corrupción en México y que los alemanes ’dimos’ dinero por cada rifle que llegara a los cuatro estados prohibidos: De 20 a 25 dólares por cada uno. Las armas eran entregadas a un general de apellido Aguilar en la D.C.A.M. (Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones de la Sedena)”, relató.

A eso obedeció, dijo, que casi la mitad de las nueve mil 652 armas que se fueron enviando a México en 2006, 2007, 2008 y 2009 fueran a parar a donde no debían: los cuatro estados a los que el ministerio de Economía alemán había prohibido expresamente que se enviaran debido a las violaciones a los derechos humanos.

Unos cuatro mil 814 rifles de asalto, que en su mayoría fueron enviados a Chihuahua, que recibió dos mil 113, Guerrero adquirió mil 942, Chiapas 561 y Jalisco 198. Grässlin comentó que, hasta donde él sabe, la máxima autoridad de la Embajada de Alemania en México no sabía lo que estaba sucediendo con la misión de H&K en México.

A fines de 2011, los estudiantes Alexis Herrera y Gabriel Echeverría de la Normal de Ayotzinapa fueron asesinados tras un intento de desalojo por fuerzas policiacas de Guerrero cuando realizaban una protesta en la Autopista del Sol. John Mathias, experto en balística de Amnistía internacional, dijo al diario Die Tagezeitung que muy probablemente se usaron fusiles del modelo G36 para combatir la protesta.

Fiscalía de Stuttgart indaga a un sospechoso

Desde Stuttgart, la capital de Baden-Wurtemberg, la entidad federativa donde se encuentra la planta de H&K, Claudia Krauth, vocera de la Fiscalía de Stuttgart informó en un correo electrónico que la justicia tiene en su poder a un sospechoso de hacer posible la entrega de las armas de alto poder a los cuatro estados de México que tenían prohibido recibirlas, de acuerdo con la ley alemana.

“Ahora se está comprobando si una persona, que está sujeta a la justicia alemana, fue la responsable de asegurar que las armas aparecieran en las provincias (mexicanas) que enfrentaban disturbios”, dijo Krauth.

Krauth mencionó que Heckler & Koch produce en Alemania pistolas y armas que entrega con toda legalidad, es decir, con las aprobaciones de las autoridades, “incluso de México”.

“Sin embargo, algunas provincias de México están excluidas de esta autorización de envío. No se deben entregar armas allí”, dijo.

Ubican ruta de tráfico EU-Centroamérica

El tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México y Centroamérica incluye rutas de ida y vuelta a través de México hacia la región, o de Guatemala hacia México, indicó un reporte del centro de investigación Wilson Center.

Las armas llegan a México desde Estados Unidos y desde Centroamérica, pero también cruzan México para llegar a las naciones centroamericanas, en especial Guatemala, informó el reporte, elaborado con base en datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) estadunidense.

De acuerdo con el informe, firmado por el especialista Colby Goodman, del Wilson Center de Washington, el tráfico es mucho más complejo y en él aparecen lo mismo pandilleros maras que trafican con granadas y municiones sustraídas de arsenales militares de Guatemala o El Salvador, que viejos cohetes y fusiles de las guerras de los años 80.

Se mencionan armas que llegan desde Estados Unidos a través de México y enviadas de contrabando en cargamentos de productos electrónicos o directamente en contenedores de autos usados, por ejemplo.

El volumen del tráfico de Estados Unidos hacia Guatemala es considerable, pero compite con los robos ocurridos de los arsenales militares equipados precisamente por Estados Unidos o del armamento “flotante”, sea del conflicto en Colombia o los restos de las guerras en Nicaragua y El Salvador.

El estudio recordó que las armas llevadas de fuentes estadunidenses constituyen al menos 40 por ciento de una muestra tomada en 2009 de un solo almacén de armas confiscadas por las autoridades guatemaltecas.

El reporte se hace eco, si bien en términos distintos, de los reclamos de algunos grupos que como la Asociación Nacional del Rifle y algunos analistas de la organización Stratfor, respecto a que los cárteles obtenían muchas de sus armas en países centroamericanos.

En 2010, un estimado indicó por ejemplo que al menos 27 mil armas habían salido de los arsenales del Ejército guatemalteco hacia redes criminales guatemaltecas y mexicanas.

Algunas o muchas de esas armas habían sido recolectadas para destrucción, luego de los acuerdos de paz que pusieron fin a la virtual guerra civil en Guatemala, donde en 2010 se estimaba que llegó a haber siete rifles por soldado.

Pero el flujo al revés también es notorio, indicó Goodman, al recordar que al buscar asentarse en Guatemala para asegurar sus rutas de suministro de cocaína, Los Zetas han llevado consigo sus armas –de origen estadunidense– y sus tácticas.

El reporte del Wilson Center revela también que “las autoridades guatemaltecas capturaron 46 objetos explosivos de origen estadunidense en años recientes, desde granadas de mano M-67 a granadas M-406, de 40 milímetros, y un cohete M-72 contra tanques ligeros. Excepto por el cohete M-72, que Estados Unidos vendió a Colombia, la mayoría de esos objetos fueron parte del programa de ventas militares estadunidenses al exterior para El Salvador al final de los 80 y principios de los 90.

El reporte detalló que los principales estados estadunidenses en los que se originaron los cargamentos de armas para Guatemala fueron Texas, California, Florida, Georgia y Arizona (Texas y California son fronterizos con México), todos ellos con importantes poblaciones de origen guatemalteco.

El reporte estimó que poco más de la mitad de las armas que llegaron ilegalmente a México desde EU son rifles de asalto y al menos 15% más fueron armas largas de otro tipo, incluso Barrett .50 para francotirador, escopetas y otros rifles.

miércoles, 15 de mayo de 2013

España no tiene sitio para el mejor físico joven de Europa


La sociedad europea premia a un investigador gallego el mismo día en que el ministerio le niega un contrato Ramón y Cajal para regresar al país

Redacción / La Voz  14 de mayo de 2013 09:10 
Diego Martínez Santos se formó en la USC y trabaja en Holanda
Diego Martínez Santos se formó en la USC y trabaja 
en Holanda
España no tiene sitio para el mejor físico joven de Europa. La Sociedad Europea de Física (EPS) acaba de conceder al gallego Diego Martínez Santos (Foz, 1983) el premio al mejor joven físico experimental de Europa por sus trabajos en el experimento LHCb del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) en los que analizó las desintegraciones de una partícula, el mesón B o partícula de la extraña belleza, que permitieron confirmar el modelo estándar de la física, el que describe las interacciones entre las partículas elementales que componen la materia y que explica el universo y todo lo que comprende tal y cómo lo conocemos hoy.

Este reconocimiento, que se otorga cada dos años, no le ha valido, sin embargo, para que pueda retornar a España con cargo al programa Ramón y Cajal, el plan coordinado ahora por la Secretaria de Estado de Investigación y destinado a facilitar el regreso a España de los mejores talentos científicos en el extranjero. La comisión nacional de expertos encargada de examinar los currículos consideró que el del investigador gallego, que ahora tiene un contrato de tres años en el Instituto de Física de Partículas de Holanda, el Nikhef, una de las mejores instituciones europeas de su área, no daba el nivel. Paradójicamente, el mismo día que le comunicaron que su solicitud al programa Ramón y Cajal había sido rechazada recibió la notificación de la Sociedad Europea de Física en la que se le notificaba la concesión del galardón.

«É sorprendente que o mesmo currículo, que a Sociedade Europea xuzga que é moi bo, a comisión nacional de evaluación considere que non da a media. Unha persona con unha reputación seria en Europa non se valora en España», dice Juan José Saborido Silva, coordinador del Grupo de Altas Enerxías de la Universidade de Santiago, donde Martínez Santos realizó la tesis bajo la dirección de José Ángel Hernando Morata y Bernardo Adeva.

Carlos Pajares, delegado en España del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), en el que Martínez Santos también estuvo contratado durante tres años, confía en que el fallo pueda ser reparado en otra edición, aunque lamenta lo sucedido. «La comisión que lo evaluó o bien no miró bien su currículo o, a lo mejor, quiso dar preferencia a otros investigadores de más edad para las que esta era su última oportunidad de acceder a una Ramón y Cajal, pero lo que no es comprensible es que se diga que está por debajo de la media», subraya Pajares. Martínez, con 30 años, aún es joven.


«Se lucieron»
Hernando Morata, su director de tesis, apunta en la misma línea: «Queríamos que regresase a España, pero España le ha dicho que no, que espere. Creo que se lucieron», se lamenta.

La Voz de Galicia

sábado, 11 de mayo de 2013

LA RED POR LA DIGNIDAD DE LOS BARRIOS CELEBRARÁ UN PLENO ALTERNATIVO FRENTE AL AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL


Sábado 11 de mayo a las 19h en el Paseo del Prado, frente a Cibeles


En el pleno intervendrán trabajadores de los servicios sociales, de la educación y la sanidad públicas, de la PAH, de Juventud sin Futuro, de la Plataforma de Inmigrantes de Madrid

Darán a conocer las 14 medidas contenidas en el Plan de Rescate Ciudadano y prepararán futuras movilizaciones

El sábado 11 de mayo a las 19h, en el marco de las actividades del Mayo Global 2013, la Red por la Dignidad de los Pueblos y Barrios de Madrid en la que participan, entre otras, asociaciones vecinales, asambleas populares del 15M, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid... celebrará un pleno ciudadano alternativo en la calle para exponer los 14 puntos de su Plan de Rescate Ciudadano, un conjunto de medidas que consideran mínimas para garantizar unas condiciones de vida dignas a los sectores sociales más vulnerables, a los más castigados por las políticas económicas del Gobierno.
En el pleno participarán miembros de algunas de las plataformas más activas en defensa de los derechos de la ciudadanía, como la Marea Naranja, conformada por trabajadores de los servicios sociales; del servicio de Salud Mental de la sanidad pública; de Juventud sin Futuro; de la Plataforma de Inmigrantes de Madrid; de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y de Soy Pública, el espacio que defiende la educación pública.
El pleno pretende abrir un espacio público de debate y de acción para hacer frente a los crecientes recortes aplicados en los servicios sociales (el Ayuntamiento de Madrid, sin ir más lejos, dejó de gastar 1 de cada 5 euros presupuestados en ese capítulo en 2012; del presupuesto de la Comunidad de Madrid, solo el 8% se destina a servicios sociales). Unos recortes que restan recursos básicos imprescindibles para garantizar unas condiciones de vida mínimas a decenas de miles de familias y que, muy probablemente, serán más agresivos aún si la reforma de la ley de bases del régimen local que el Gobierno impulsa llega a buen puerto.

En la Comunidad de Madrid, 
más de un 1.200.000 personas se encuentran en riesgo y/o situación de pobreza y exclusión social, es decir, 19,2% del total de la población, una situación que exige la urgente adopción de medidas.
La red propone, en su Plan de Rescate Ciudadano, catorce puntos:

1. Renta básica para toda persona en riesgo de exclusión social. El derecho a la vida no se negocia.

2. Vivienda accesible para todos/as, porque un techo es imprescindible para la dignidad, la formación de una familia y la vida en sociedad. ¡Stop desahucios! ¡stop desalojos!

3. Transporte público gratuito para desempleados y sus familias, porque la libertad para desplazarse es imprescindible en la vida social.

4. Material escolar subvencionado. Ningún niño/a sin libros para estudiar y formarse.

5. Becas de transporte y de comedor para estudiantes. La posibilidad de la formación no puede estar limitada por la capacidad económica.

6. Formación para la inserción laboral. Formación específica para desempleados/as, complementaria de la formación reglada.

7. Medicina gratuita y refuerzo de los Servicios Públicos de Salud Mental y atención a drogodependientes. La prevención es más rentable que las acciones curativas y paliativas.

8. Mantenimiento de los centros de salud de barrio o pueblos existentes. El Derecho Universal a la Salud prevalece sobre los presupuestos.

9. Dotación económica para afrontar situaciones de emergencia económica y social de los hogares. Los recursos públicos al servicio de la integración social y de la disminución de las desigualdades.

10. Oferta cultural gratuita en los centros socioculturales públicos. La cultura es un gran factor de promoción personal y de inclusión social.

11. Suministros de agua y energía garantizados para todos los hogares. Son elementos básicos para la vida, fuera del imperio de los mercados.

12. Suspensión del pago de impuestos municipales hasta que se supere la situación de precariedad.

13. Desbloqueo de la Ley de Dependencia y atención suficiente a las personas con grandes dependencias. Es simple justicia social.

14. Medidas de atención a la infancia y la adolescencia, como colectivos más vulnerables e indefensos ante la precariedad.

En el pleno se idearán, de forma colectiva, acciones para reivindicar los referidos puntos y se avanzará en la convocatoria de una jornada estatal de movilizaciones para el próximo mes de junio.

Teléfono de contacto:
Nacho Murgui: 638 953 090

lunes, 6 de mayo de 2013

CONSULTA POR LA SANIDAD PÚBLICA DEL 5 AL 10 DE MAYO en la Comunidad de Madrid

¿Está usted a favor de una sanidad de gestión pública,
de calidad y universal,
y en contra de su privatización y de las leyes que lo permiten?

!Más de 60.000 votos el primer día de la consulta!

Coordinación: 686.75.87.64
Difusión: 619.34.65.17
Legal: 639.28.09.84




IMPORTANTE

Durante el periodo de votaciones el lugar de referencia será el HOSPITAL DE LA PRINCESA.
Allí puedes recoger materiales de urgencia, planillas y demás, todo lo que se necesite para una mesa.
HORARIO DE ATENCIÓN: de 8 a 22 horas.
Hospital de la Princesa: c/Diego de León, 62,
Salón zona de sindicatos (entrando pasillo de la derecha 1ª puerta)
Persona de contacto: Juan Tlf. 625.52.26.92
Este lugar tambien será tambien el indicado para ENTREGA de documentos.

-
PARA INTRODUCIR DATOS DE ESCRUTINO DE MESA HAZ CLIC AQUÍ
-
Para las dudas y más detalles sobre COMUNICACION DE PERSONA DE CONTACTO, ESCRUTINIO y CUSTODIA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS, así como contactos de Facilitadores por Zona pueden consultarse aquí

 
 
¡¡TOD@S A PARTICIPAR!!

Del 5 al 10 de Mayo se celebrará la Consulta por la Sanidad en la Comunidad de Madrid.
La ciudadanía expresaremos nuestra voluntad sobre el tipo de sanidad que queremos.
En las calles de todas las localidades, voluntarios instaleremos mesas con urnas para que todas las personas podamos votar. Tu participación organizando mesas es imprescindible para la celebración de la Consulta. Será una fiesta del pueblo, podrán votar desde los niños (introduciendo un dibujo en la urna), los jóvenes de menos de 18 años (con una frase por la sanidad) y los votantes, con la papeleta, a partir de esa edad.



¡¡ Inscribete en tu mesa de votación lo antes posible aquí !!





Realizar una Consulta Ciudadana por la Sanidad Pública en la Comunidad de Madrid ha sido presentada públicamente el 20-3-2013 en el Hospital 12 de Octubre en la Asamblea abierta organizada por PATUSALUD (Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios), AFEM (Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid), AME (Asociación Madrileña de Enfermería), A.P. (Atención Primaria). Ha sido consensuado en Plataforma de la Princesa (26-12-2012), Asamblea Area 1 (9-1-2013) y en la Asamblea de CHYCS (Coordinadora de Hospitales y Centros de Salud) el (12-1-2012), y se ha presentado en la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, en la FRAAVVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid) (el 10-1-2013 y el 22-1-2013). Hospitales con mesas confirmadas: Princesa, Clínico, Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Ramón y Cajal, Cruz Roja, Henares, Carlos III, El Tajo, La Paz, ... Otros consensos: Asamblea Barrio de las Letras, Asamblea Plaza Dalí, 15M Asamblea Villa de Vallecas... Marea Ciudadana - Mareas Unidas (reunión nacional el 26-3-2013)… puede consultarse el listado completo de adhesiones en el apartado ¿Quienes Somos? al que pueden sumarse quienes estén interesados en apoyar posteriormente.


CONSULTA CIUDADANA MAREA BLANCA POR LA SANIDAD PÚBLICA:

Fecha: del 5 al 10 de Mayo 2013

¡¡NOSOTR@S DECIDIMOS!!

En la Comunidad de Madrid se quiere privatizar 6 Hospitales y 27 Centros de Salud y en general privatizar la sanidad pública. Proponemos que se haga una Consulta Ciudadana para que sea la población quien decida, ya que dicha privatización NO estaba en el programa electoral de los que gobiernan.

¡¡EXIGIMOS NUESTROS DERECHOS!!

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la salud y la asistencia médica es uno de los derechos fundamentales. Según la Constitución Española “se reconoce el derecho a la protección de la salud”. A su vez, dice que “La soberanía reside en el pueblo”. Por tanto el pueblo es el que tiene todo el derecho a decidir, y los derechos fundamentales no se piden sino que se exigen. Por lo cual pedimos una Consulta Ciudadana Vinculante por la Sanidad Pública, contra la privatización y los recortes de los servicios públicos, que son un derecho de tod@s y para tod@s.



 
visitas
 

viernes, 3 de mayo de 2013

Sociedad Homicidios y secuestros en protestas contra la empresa española Hidralia en Guatemala

A finales de 2008 se establece en Santa Cruz de Barillas, Guatemala, la empresa española Econer-Hidralia para poner en marcha un proyecto hidroeléctrico en territorio de comunidades indígenas.

A raíz de las protestas de oposición, dos líderes han sido asesinados, otros han sido encarcelados durante meses, otros secuestrados, cientos de policías han reprimido violentamente las manifestaciones, y según varios informes, las mujeres son las que están sufriendo las peores consecuencias

ONG españolas y guatemaltecas denuncian estos hechos.

Concentración en Santa Cruz de Barillas (Amigos de la Tierra / Flickr)
El pasado 7 de abril el líder indígena Daniel Pedro Mateo de la comunidad de Santa Eulalia, fue secuestrado y posteriormente asesinado por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica de capital español de la transnacional Hidralia Energía en Santa Cruz de Barillas. No se trata de un caso aislado ya que en mayo de 2012 otro líder comunitario fue asesinado y hubo 11 detenidos, uno de los cuales, Rubén Herrera, todavía sigue encarcelado por ello. Ese mismo año, en 2012, en una represión contra una movilización de pueblos indígenas mayas en el departamento de Totonicapán, 7 indígenas fueron asesinados.Son algunos de los casos concretos que denuncian la Confluencia Nuevo Baqtun (en la que están representadas más de 50 organizaciones), Amigos de la Tierra y Mujeres de Guatemala. Las líderes indígenas Natalia Atz Sunuc, coordinadora de CEIBA/Amigos de la Tierra Guatemala, y Paula del Cid Vargas, de la Asociación Feminista La Cuerda, han exigido al Parlamento Europeo el cese de unas políticas devastadoras y responsabilidad ante las acciones de las empresas europeas en el país centroamericano.

Natalia Atz Sunuc, coordinadora de CEIBA (RMH)

En junio de 2011, cuarenta Parlamentarios europeos de cinco grupos políticos, ya habían denunciado esta situación ante la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Catherine Ashton. Hoy, dos años después, la Unión Europea sigue sin pronunciarse públicamente sobre estos hechos.

“Lo llaman conflicto cuando la verdad es que han sido las propias empresas quienes han creado esta situación al tratar de imponer sus megaproyectos sin tener en cuenta la opinión y las necesidades de las comunidades indígenas que habitan esas tierras”, comenta Natalia Atz Sunuc que está de visita por Europa -con una parada especial en España- para denunciar las consecuencias de las políticas de las empresas extractivas europeas establecidas en Guatemala. “Creemos que nuestros gobiernos tendrían que garantizar antes de que las empresas entren en Guatemala, el cumplimiento de los derechos humanos”, comenta. “En este marco de crisis europea nuestros países están siendo refugio de la introducción de megaproyectos que menoscaban la soberanía alimentaria de las comunidades indígenas y perjudican el medio ambiente”.

A pesar de que el Producto Interior Bruto (PIB) de Guatemala es uno de los más elevados de Centroamérica, este país ocupa el cuarto lugar en desnutrición mundial y el primero en América Latina. De acuerdo al último Índice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas, un 14,5% de la población se encuentra en la pobreza extrema y un 51% en la pobreza.

El pasado febrero, el exgeneral y presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, pronunció un discurso en el Foro Nueva Economía, en el que se centró en hablar sobre la inversión extranjera en su país y, en menor medida, sobre la posición del gobierno guatemalteco en cuanto a otros temas como el narcotráfico, la justicia, la seguridad y la paz. De aquella intervención salieron ideas como las siguientes: “la mejor política social es la inversión extranjera directa”; “La flexibilización del mercado laboral es básica para asegurar el crecimiento”; “Guatemala sigue creciendo económicamente y hoy podemos decir que es un país emergente”.

Además afirmó en aquella conferencia Otto Pérez Molina, que la inversión española en Guatemala era la primera del país y contaba con 80 empresas, que su gobierno les asegura seguridad jurídica, estabilidad fiscal e incentivos de inversión.

También señaló que Guatemala tiene abundantes recursos mineros e hidroeléctricos que necesitan la inversión extranjera directa (IED) para ser explotados y ello ha llevado algunos problemas en varias comunidades. A su parecer, el problema suscitado por la instalación de la empresa hidroeléctrica Hidralia Santa Cruz en el municipio de Santa Cruz Barillas fue producido por un grupo minoritario de 200 comunitarios, malinformados por grupos ambientalistas. Ello llevó a declarar, por un mes, el Estado de excepción. “A día de hoy el problema está resuelto por un acuerdo entre la comunidad, representada en la alcaldía, y la empresa”, afirmaba.

Protesta contra el proyecto de Hidralia Santa Cruz de Barillas, Guatemala

El caso de la empresa española Hidralia S.A.
A finales de 2008 se establece en Barillas la empresa española Econer-Hidralia,convertida en Hidro Santa Cruz, para poner en marcha el proyecto que denominan Cambalam, una hidroeléctrica a filo de agua con capacidad de generar 4.9 megavatios en cada una de sus fases.
Este proyecto se instala en un área rural utilizada tradicionalmente como centro de recreación y como centro ceremonial de las comunidades indígenas autóctonas, limitando el uso doméstico y agrícola del agua y alterando un entorno ya frágil de por sí por la cercanía de la cabecera municipal. Ninguna de las comunidades afectadas por el mencionado proyecto fueron consultadas, como establece la ley y los Convenios Internacionales como el Convenio 169, entre otros.

A raíz de informaciones sobre la concesión de licencias para explotación de recursos naturales renovables y no renovables en territorio Q’anjob’al, la población de Santa Cruz Barrillas se organiza para promover una Consulta Comunitaria. Ésta es aprobada mediante Acuerdo Municipal y fue de participación masiva. (Las Consultas Comunitarias de Buena Fe son un mecanismo ancestral de toma de decisión de los pueblos indígenas de forma participativa, abierta y transparente en la que las comunidades y pueblos indígenas pueden hacer ejercer sus derechos mediante la democracia directa. En el ámbito jurídico las Consulta Comunitarias están reconocidas en Guatemala en la Constitución Política de la República y en el Código Municipal, y a nivel internacional en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas).
En el año 2008 se consolidan organizativamente las comunidades cercanas al río, en el área de construcción de la hidroeléctrica, conformando el Comité de Defensa de los Recursos Naturales. Este comité es elegido en asamblea de comunidades activas en defensa del territorio y queda inscrito en la Municipalidad.

En el año 2009 miembros de la empresa presentan el proyecto de la hidroeléctrica en una reunión del Consejo Municipal de Desarrollo, COMUDE. El COMUDE rechaza la construcción de este proyecto, constando este rechazo en el Acta de la reunión el 12 de abril de 2011. Esta resolución se mantiene vigente hasta la fecha, a pesar de que la empresa ha continuado construyendo.

Según un informe elaborado por Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco, para llevar a cabo su proyecto, la empresa no dudará en contratar a exmilitares como encargados del área de promoción social ante la oposición de la población indígena. A algunos de ellos se les indica que amenacen a la población. “Son rutinarios los disparos al aire y la agresión sexual verbal a las mujeres. Continúa además la intimidación vía celular a los dirigentes y las personas opositoras al proyecto”, tal y como se lee en el informe de Hegoa.

En este contexto, el primero de mayo de 2012, asesinan a Andrés Francisco uno de los líderes opuestos a la venta de tierras. El asesinato del líder comunitario exacerba los ánimos y produce una respuesta de indignación. El gobierno decreta el Estado de Sitio y envía 400 policías y 500 militares a Barillas. “Los cateos, las listas negras y las detenciones arbitrarias que se sucederán los días posteriores a estos hechos recuerdan a los peores momentos del Estado contrainsurgente que debería haber desaparecido con la Firma de los Acuerdos de Paz en 1996″, según se lee en el informe de Hegoa.

Según dicho informe, el registro empresarial de Ecoener-Hidralia Energía -que en Guatemala se denomina Hidro Santa Cruz- y en general de las decenas de sociedades vinculadas a Luis y David Castro Valdivia, sus propietarios, está plagado de irregularidades. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y el Consello de Contas de Galicia documentan prácticas del grupo empresarial en el límite de lo legal o abiertamente ilegales. Organizaciones sociales y medios de comunicación visibilizan la denominada trama energética impulsada por Luis Castro.

Del informe de Hegoa se desprende también que la empresa es, así, tanto actor principal como instrumento favorecedor de agendas empresariales globales (por ejemplo, las vinculadas a la gestión/ privatización del agua), cuya dimensión excede el proyecto de Hidro Santa Cruz. “Esta segunda lectura justifica la presencia en Santa Cruz Barillas de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (Bankia España, Banco Mundial, Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Interamericano de Desarrollo), que apoya con 10,7 millones de dólares el proyecto Cambalam (de los 30 millones de inversión estimada)”.

Vulneración sistemática de los derechos humanos entre las comunidades indígenas: las mujeres las peor paradas

La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA) ha observado que en los últimos cuatro años la conflictividad en el ámbito rural ha aumentado exponencialmente debido al aumento de la inserción de los llamados megaproyectos empresariales que se imponen sin respeto a las consultas populares y la ampliación del control territorial del crimen organizado. “Estos fenómenos que se combinan con la ausencia histórica de respuesta del Estado a demandas en materia de derechos económicos, sociales y culturales y de justicia ante las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno están generando un polvorín muy preocupante”, tal como señala UDEFEGUA.

Un estudio de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) y El Observador denominado ‘Análisis Alternativo sobre Política y Economía’, alerta que la situación de los y las defensoras de derechos humanos que viven en el ámbito rural guatemalteco atraviesa por un momento histórico de alta vulnerabilidad debido a múltiples factores: ”La firma de los Acuerdos de Paz representó formalmente un parteaguas para el análisis de la conflictividad social, ya que si bien el cese al fuego se concretó después de diez años de negociaciones entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno-Ejército, los procesos y las condiciones históricas de exclusión, que de fondo originaron el conflicto armado, no están resueltas y tienden a agudizarse en la etapa postconflicto. Las agresiones y las violaciones a los defensores y defensoras de derechos humanos tienen relación, por una parte, con la operación de estructuras paramilitares o grupos armados que en la etapa post conflicto están reproduciendo viejas prácticas de acoso y represión contra actores sociales que están buscando justicia, esclarecimiento de la memoria histórica y resarcimiento de graves violaciones a derechos humanos que ocurrieron durante el conflicto armado”. Por otra parte, señala el estudio que las empresas que están poniendo en marcha estos megaproyectos se están apropiando del territorio de las comunidades y los pueblos indígenas que habitan en las regiones y zonas donde se concretan estas operaciones por parte de empresas nacionales y extranjeras.

Por otro lado, la violencia contra las mujeres se ha incrementado. Según datos extraídos del INACIF por la Fundación Sobrevivientes, de enero a junio de 2012 el número de muertes violentas de mujeres han sido 313 y según la Procuraduría de Derechos Humanos, la tasa de violencia intrafamiliar en 2011 fue del 15%.

A su vez, Conaprevi, la Coordinadora Nacional  para Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, ha sido debilitada y los Centros de Apoyo Integral para las mujeres conocidos como CAIMUS, ya no reciben los fondos estatales.

Cabe destacar además, los datos del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (OSSyR), que señalan que durante el 2012 hubo más de 3.000 niñas menores de 14 años violadas y embarazadas.

Algunas de las propuestas de la Confluencia Nuevo Baqtun, Amigos de la Tierra y Mujeres de Guatemala al respecto de todo lo que está sucediendo actualmente en Guatemala son: generación de redes de solidaridad que ofrezcan acciones de resguardo a la vida de defensoras y defensores de derechos humanos y recursos para continuar en la defensa de la vida; vigilancia permanente y activa sobre el respeto a los derechos humanos en Guatemala; denuncia de la violación de estos y de los retrocesos democráticos; apoyo a un desarrollo rural definido por las comunidades y que efectivamente se vincule a la voz de los pueblos y satisfaga las necesidades existentes; fiscalización de fondos públicos en inversión social y pública-privada; relación con partidos políticos y movimientos sociales que permitan generar acciones a favor de las comunidades y contra la acción irresponsable de compañías transnacionales; posibilidad de generar juicios nacionales por acciones irresponsables de compañías en otros países, que incluyen violación a derechos humanos, violación sexual y acciones violentas por parte de trabajadores de estas empresas.

Más información sobre el conflicto de Santa Cruz de Barillas en Periodismo Humano

viernes, 26 de abril de 2013

"Operación Cóndor": juicio histórico sobre el plan de represión coordinada de las dictaduras latinoamericanas en los años 70




En Argentina se está llevando a cabo un juicio de importancia histórica, que busca revelar nuevos detalles sobre la llamada "Operación Cóndor", plan coordinado entre seis países latinoamericanos en las décadas de 1970 y 1980 para eliminar disidentes políticos. En esta campaña participaron las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, trabajando conjuntamente para rastrear, secuestrar y matar gente que ellos consideraban terroristas: militantes de izquierda, sindicalistas, estudiantes, sacerdotes, periodistas, guerrilleros y sus familias. El plan fue lanzado por el dictador chileno Augusto Pinochet y, según la evidencia existente, contó con la complicidad de la CIA y del ex Secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger desde el comienzo. Nos acompaña John Dinges, autor del libro "Operación Cóndor: Una década de terrorismo internacional en el Cono Sur", que reúne entrevistas y documentos de inteligencia desclasificados para reconstruir acontecimientos que fueron mantenidos en secreto.

JUAN GONZÁLEZ: El martes pasado comenzó un histórico juicio en Argentina, que podría revelar nuevos detalles sobre la estrategia coordinada de seis países latinoamericanos, en las décadas de 1970 y 1980, para eliminar disidentes políticos. Este plan, conocido como Operación Cóndor, involucró a las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Estos gobiernos colaboraron entre sí para rastrear, secuestrar y asesinar personas que ellos calificaban de terroristas: activistas de izquierda, sindicalistas, estudiantes, sacerdotes, periodistas, guerrilleros, y también sus familias.
El plan fue impulsado por el dictador chileno Augusto Pinochet y existe evidencia de que la CIA y el ex secretario de Estado Henry Kissinger fueron cómplices del mismo desde sus inicios. Al menos 25 generales del ejército están imputados en la causa, y se espera contar con el testimonio de más de 500 personas. En agosto, un juez federal argentino solicitó formalmente al Departamento de Justicia del Gobierno de Obama que permita que propio Kissinger sea interrogado. El Gobierno de Obama no respondió.

AMY GOODMAN: Este juicio se está llevando a cabo en Buenos Aires, donde un antiguo taller mecánico fue convertido en un centro de tortura. Argentina es el país donde más personas extranjeras fueron asesinadas en el marco de la Operación Cóndor. Esto está sucediendo apenas semanas después de que la Corte Suprema de Uruguay derogara una ley que hubiera permitido juicios similares en ese país.
Para ampliar esta información, nos acompaña John Dinges, autor del libro "Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur", que recopila entrevistas e informes de inteligencia desclasificados para reconstruir acontecimientos mantenidos en secreto. Antes de eso, Dinges trabajó para la National Public Rario, y como periodista independiente en Latinoamérica. Actualmente es profesor en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia.
John Dinges, bienvenido a Democracy Now!

JOHN DINGES: Encantado de estar aquí. Gracias.

AMY GOODMAN: Háblanos de la importancia de este juicio que está teniendo lugar en Argentina.

JOHN DINGES: Bueno, ya se han hecho varios juicios, y éste se remonta a la detención de Pinochet en Londres, en 1998. Eso desató una avalancha de pruebas, que atravesaron Europa y dieron lugar a juicios en muchos lugares, como Roma, París, Argentina y Chile, pero todos más pequeños que éste. Aquí hay 25 personas acusadas. Por desgracia —o por suerte, quizás— muchas de las personas implicadas en esto ya han muerto, o están muy viejos; muchos de los jefes máximos. Pero aquí hay 25 argentinos y un uruguayo, todos con cargos militares, quienes participaron directamente en las acciones de la Operación Cóndor.
Se trata de algo histórico, ya que vamos a escuchar las declaraciones de 500 testigos. Y no es algo habitual en el sistema jurídico latinoamericano. Esto se está haciendo realmente público ahora que escuchamos los testimonios. Antes sólo declaraban ante los jueces a puertas cerradas, y luego, alguna gente podía llegar a leer esos testimonios, pero no llegaba a ser realmente público. Esta vez es realmente público. Y al parecer, gran parte del juicio está siendo grabado. Así que es la primera vez que toda la población va a poder va a escuchar los detalles de esta serie tan terrible de atrocidades, que tanta gente ha matado.
JUAN GONZÁLEZ: John, para quienes nunca han oído hablar de la Operación Cóndor o saben poco sobre ella, ¿podrías hablarnos sobre sus orígenes? ¿Cómo comenzó, que países o gobiernos la encabezaron?
JOHN DINGES: Bueno, fue una iniciativa chilena. Augusto Pinochet tenía dominada a la oposición. El golpe de Estado fue en 1973, y para 1974 ya no había casi oposición interna. Pero mucha gente que había formado parte del anterior Gobierno, que él había derrocado, se había marchado al extranjero. Un general importante vivía en Argentina. Dirigentes políticos, como por ejemplo Orlando Letelier, ex ministro de relaciones exteriores y ex embajador en EE. UU. –que era alguien que solía comer con Henry Kissinger- vivía en Washington. Había gente desparramada por diferentes lugares, en Europa y en toda Latinoamérica, y Pinochet quería ir tras ellos. Así que organizó la Operación Cóndor.

Y convenció a los otros países —Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia y Paraguay— para que se sumaran, con el argumento de que existían acciones guerrilleras que los amenazaban a todos conjuntamente. Y de hecho, hubo una organización guerrillera llamada Junta de Coordinación Revolucionaria, formada por diferentes grupos armados que luchaban contra esos gobiernos. Entonces, la idea de Pinochet era colaborar para perseguir a esta gente. Y así lo hicieron.

La mayor parte de los exiliados chilenos estaban en Argentina, que fue el último país en ver derrocado su gobierno civil. Allí la dictadura militar se inició en marzo de 1976, y el Plan Cóndor se creó a finales de 1975. Así que ya estaban preparados. Y cuando se produjo el golpe de Estado en Argentina, comenzaron a matar a cientos de personas, a estas personas extranjeras. Es interesante que hayas mencionado a Automotores Orletti. Este es el taller mecánico que fue utilizado como centro de tortura, y ahí es donde retenían a los presos de otros países.

AMY GOODMAN: Con Democracy Now! hemos visitado ese taller. Quiero leer parte de un documento desclasificado, un informe de la CIA que muestra que funcionarios estadounidenses sabían que los servicios de inteligencia latinoamericanos estaban ampliando sus redes de acción con la Operación Cóndor. Cito: "Están uniendo fuerzas para erradicar la 'subversión' ... una palabra que, cada vez más, se refiere a la disidencia no violenta, de parte de la izquierda y centro-izquierda".

Esto se relaciona con otro documento que tú conseguiste, John Dinges, de la agencia de inteligencia chilena, conocida como DINA. En él se detalla el número de muertos y desaparecidos registrado por la inteligencia argentina. Es un cable enviado por el representante de la DINA en Buenos Aires que dice, cito, que "está enviando una lista de todos los muertos," que incluía el conteo oficial y extraoficial de muertos. Entre 1975 y mediados de 1978, según él, cito: "suman 22.000 entre muertos y desaparecidos". Háblanos sobre el número de muertos y qué es lo que sabía EE.UU.

JOHN DINGES: Bueno, vamos primero con Estados Unidos. En este período, los años setenta, Estados Unidos fue un patrocinador importante de las dictaduras militares que derrocaron, en algunos casos a gobiernos democráticos y en otros a gobiernos civiles tambaleantes. Como fuera, el resultado fueron gobiernos como el de Videla, el de Pinochet o el de Banzer en Bolivia, que mataban a sus ciudadanos impunemente. El gobierno de EE. UU. sabía de estos asesinatos masivos. Y mantuvo una actitud esquizofrénica y maquiavélica hacia esta situación. Realmente no querían a los comunistas en el gobierno, y la democracia parecía estar dando lugar a gobiernos comunistas. De hecho, el presidente de izquierda Salvador Allende fue elegido democráticamente, e instaló en Chile un gobierno civil y revolucionario. Y por eso, Pinochet lo derrocó. Estados Unidos tenía pánico ante la posibilidad de que esto se extendiera en Latinoamérica, por lo que apoyó la llegada de las dictaduras.

Cuando comenzaron los asesinatos masivos, EE. UU. sabía que eso estaba sucediendo. Se enteraron de la Operación Cóndor poco después de su creación. No hay pruebas de que supieran de su existencia en el momento en que se creó. Sí hay pruebas de que lo sabían un par de meses después de iniciadas sus operaciones. Pero sin duda tenían conocimiento de que estas cosas estaban sucediendo. Y si nos fijamos en las transcripciones de las reuniones entre Henry Kissinger y estos jefes militares de Argentina y de Chile, de las que tenemos registro, ¿qué es lo que dicen en privado? Algo así como: "Apoyamos lo que están haciendo. Entendemos que tienen que hacer valer su autoridad. Hagan lo posible por liberar algunos presos, porque el Congreso me está presionando mucho, los demócratas están queriendo hacer que yo defienda los derechos humanos. Así que les pido un esfuerzo, pero entiendo lo que están haciendo".

Y en una ocasión, dos semanas después de que Kissinger visitase Santiago, se realizó la segunda reunión más importante entre todos los países del Cóndor para hablar sobre el plan. Y en esa reunión, en junio de 1976, se aprobaron operaciones de asesinatos fuera de Latinoamérica. Y el primero de estos asesinatos tuvo lugar en Washington DC. Orlando Letelier, ex ministro de relaciones exteriores chileno, fue asesinado en las calles de Washington.

AMY GOODMAN: Es una historia asombrosa. De hecho, tú has escrito un libro sobre el tema.
JOHN DINGES: En realidad he escrito dos libros. Uno es sobre el asesinato, en el que, por primera vez, incluí un capítulo sobre el descubrimiento de la Operación Cóndor. No tenía muchos detalles. Incluso, en cierta medida, fui mal informado por el Departamento de Estado.

Años más tarde, después de que Pinochet fuese detenido en Londres, hubo una avalancha de documentos, que incluían 60.000 páginas de material, que se hicieron públicos por orden del presidente Clinton. Entonces pude investigar realmente y entender lo sucedido desde el punto de vista de EE. UU. Pero también en Latinoamérica se revelaron muchos documentos. Y creo que eso es aún más importante, porque si sólo tuviéramos documentos estadounidenses, siempre alguien podía decir "bueno, ese es el punto de vista de EE.UU. sobre estos asuntos.” Pero lo que pasaba realmente en esos gobiernos latinoamericanos…

AMY GOODMAN: Explícanos cómo fue que Orlando Letelier y su asistente, Ronni Moffitt, fueron asesinados en las calles de Washington DC, en Estados Unidos, en 1976.

JOHN DINGES: Pinochet inició esta operación poco después de aquella reunión con Kissinger. Menos de un mes después, dio la orden para esto. Enviaron a un agente que hacía varios años trabajaba para la DINA, Michael Townley, que era estadounidense. No creo que fuera casualidad que le encargaran esto a un agente estadounidense, ya que, obviamente, cuando se comenzó a sospechar de ellos, dijeron: "Ah, este tipo trabaja para la CIA". Y mucha gente está dispuesta a creer que siempre es la CIA quien está detrás de estas cosas. De hecho, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda decían "fue la CIA." No hay pruebas de que Townley trabajara para la CIA, pero es seguro que trabajaba para los chilenos.
Se juntó con algunos cubanos en Nueva Jersey, cubanos anticastristas, y fueron a Washington. Townley se metió debajo del auto y puso una bomba que él mismo había construido, que se activaba con uno de esos antiguos beepers. Siguieron el auto por la Avenida Massachusetts y en Sheridan Circle, bien cerca de la embajada de Chile, pulsaron el botón y lo mataron. Ronni Moffitt era la esposa de Michael Moffitt, que era asistente de Orlando. Ella iba en el asiento delantero del auto y por eso murió. Michael sobrevivió y Orlando, por supuesto, murió inmediatamente.

AMY GOODMAN: Townley estuvo algunos años en la cárcel. Y entonces...

JOHN DINGES: A Townley lo entregaron los chilenos. La historia de cómo se resolvió este caso es increíble. En general se asumía que en EE. UU. no se iba a investigar el caso muy a fondo. Pero quienes pensaron eso estaban equivocados. El FBI realizó una extensa investigación, resolvió el caso, obtuvo fotos de los implicados. Esa larga historia yo la cuento en el libro. Cuando identificaron a las personas que habían ido a EE. UU. para llevar esto a cabo, fueron a Chile y pidieron la cooperación del Gobierno de Pinochet. Y Pinochet tenía dos opciones: matar a Townley —y hay pruebas de que ese era uno de los planes— o entregarlo. Y finalmente lo entregaron. Lo llevaron a Estados Unidos, y comenzó a declarar. Y ahí hubo otra avalancha de información, que provino de Michael Townley. Él todavía vive en Estados Unidos. Estuvo sólo cinco años en prisión.

AMY GOODMAN: Y ahí entró en el programa de protección de testigos.

JOHN DINGES: Estuvo en protección de testigos por un tiempo. Por lo que sé, ya no lo está. Actualmente vive en la zona centro-oeste de EE.UU. Y bueno, él ha cooperado. No sé si tiene algún remordimiento sobre su pasado, pero ha colaborado con muchas investigaciones desde su encarcelamiento.

JUAN GONZÁLEZ: John, me gustaría preguntarte sobre un personaje fuera de lo común del que hablas en el libro, y sus esfuerzos para poner fin a la Operación Cóndor: Ed Koch, el recientemente fallecido alcalde de Nueva York, que en esa época era un joven congresista demócrata, y empezó a hacer muchas preguntas sobre lo que estaba pasando, haciendo enojar a nuestro propio gobierno. ¿Podrías hablarnos de eso?

JOHN DINGES: Ed Koch, una figura muy querida en esta ciudad. Realmente, todo el mundo que ha tratado con él ha tenido la misma experiencia. Cuando estaba investigando esta historia, él cooperó gustosamente conmigo. Y vino a la fiesta de lanzamiento de mi libro. Así que también lo quiero. Ed Koch era congresista y fue impulsor de una enmienda a una ley, que permitiera suspender la ayuda militar a Uruguay. Los uruguayos eran parte de la Operación Cóndor. Esto fue en 1976. Y la CIAdescubrió eso, creo que lo descubrieron porque los uruguayos lo comentaron frente a ellos, dijeron que iban a convencer a los chilenos para que fueran a Washington a matar a Koch. No sabemos si eso se llegó a poner en marcha. Pero George Bush, que era el jefe de la CIA en aquel momento, llamó a Ed Koch y le dijo —es maravilloso escuchar a Ed Koch contar esta historia— le dijo: "Tengo que contarte algo: Hay un complot para asesinarte". Ed Koch preguntó si le iban a ofrecer protección. Y ellos dijeron: "No, no. Ese no es nuestro trabajo. Somos la CIA. Sólo te estamos avisando, te toca a ti ocuparte de tu propia seguridad". Ed Koch no sabía que esto era parte de la Operación Cóndor. Pensaba que era cosa de algún exaltado de la dictadura.

Tiempo después, durante mi investigación pude hablar con una de las personas que participó en esto, uno de los uruguayos. Y sí, fue una típica movida del Plan Cóndor, aunque no llegaron a matar a nadie, por suerte. Pero fue el típico modus operandi. Con el fin de cubrir sus huellas, un país usaba los agentes de otro país para hacer el trabajo sucio, en las operaciones planeadas para fuera de América Latina. Dentro de América Latina, tenían una manera mucho más sistemática y eficaz de funcionamiento. Se perseguía a los disidentes de cada lugar, en cualquier país donde estuvieran, Perú, Brasil, Uruguay y principalmente Argentina. Y ahí la metodología era simple: capturarlos, secuestrarlos, torturarlos, matarlos y hacer desaparecer sus cuerpos. Muy pocas personas han sobrevivido a la Operación Cóndor, casi nadie. Es muy difícil encontrar un sobreviviente.

JUAN GONZÁLEZ: Y aún así, muchos de los líderes de los nuevos gobiernos populistas que hay ahora en América Latina surgieron de algunas de las organizaciones perseguidas por el Cóndor. Especialmente en Uruguay, donde el presidente es un ex Tupamaro. Y en toda la región, esos disidentes son ahora parte del aparato de gobierno de sus países.

JOHN DINGES: Hace dos semanas, estuve en Bolivia y entrevisté a una persona del Ministerio de Comunicaciones, una de las tantísimas personas de pueblos indígenas que forman parte del gobierno de Morales. Y él contó que su padre había estado preso. Había estado exiliado en Chile, y cuando llegó el golpe de Estado fue encarcelado, estuvo siete meses preso, y fue torturado. Y en esa misma oficina hablé con otra persona, que también había participado en la resistencia boliviana en la década de 1980, y antes, su padre había estado involucrado con el grupo que luchaba junto al Che Guevara en 1960.
Estos son revolucionarios, pero son un tipo diferente de revolucionarios. Están igual de comprometidos, creo, pero sin tomar las armas. Creo que se dan cuenta de que esa forma de lucha no se ha llevado a revoluciones triunfantes, entonces me siento muy optimista sobre lo que está pasando con este grupo de gobiernos ahora.

AMY GOODMAN: Por último, hay un cable del Departamento de Estado, de 1978 que, según la cubierta de tu libro, dice: "Kissinger explicó que en su opinión el gobierno argentino había hecho un excelente trabajo en la erradicación de las fuerzas terroristas". ¿Qué significa que los jueces hayan pedido el testimonio de Kissinger y que el gobierno de Obama no haya respondido?

JOHN DINGES: A Kissinger lo han llamado a declarar muchas veces. En mi libro hablo de una vez en la que sí respondió, creo que era un pedido de Francia. Y básicamente, negó todo. Es algo muy frustrante. Para mí era claro que todo lo que dijo eran mentiras, no hay otra palabra para ello, estaba mintiendo. O sea, los documentos dicen una cosa y Kissinger dijo otra cosa. Y él sabía lo que decían los documentos. En Estados Unidos nunca se ha permitido que un funcionario público sea juzgado en otros países. No somos miembros de la ICC.

AMY GOODMAN: La Corte Penal Internacional (por sus siglas en inglés).

JOHN DINGES: Sí, la Corte Penal Internacional. No ha habido ningún juicio en el exterior que haya puesto a un estadounidense en el banquillo de los acusados. Hubo un intento en Italia, pero por supuesto, ningún imputado apareció. En Estados Unidos, por uno u otro motivo, tanto los demócratas como los republicanos proteger a nuestros violadores de derechos humanos, cuando se trata de violaciones de derechos humanos fuera de Estados Unidos. Simplemente así se manejan.

AMY GOODMAN: ¿Describirías a Henry Kissinger como un violador de los derechos humanos?

JOHN DINGES: Sí, absolutamente.

JUAN GONZÁLEZ: ¿Y cuál es importancia de esta historia de externalizar la lucha contra el terrorismo, de modo de no dejar huellas de la propia participación, en relación con la guerra actual contra el terrorismo en los Estados Unidos?

JOHN DINGES: Bueno, yo estaba escribiendo mi primer capítulo cuando pasó lo del 9/11, en mi casa en Washington. Y en el final del libro, que termina con una referencia al 9/11, digo que esto no es algo que estemos condenados a repetir. Y lo digo haciendo la comparación entre la guerra contra el terrorismo de la década de 1970 y la guerra actual contra el terrorismo, lanzada por el presidente Bush. Pensaba que habíamos aprendido la lección de no copiar los métodos de los enemigos, o de aquellos que han demostrado ser violadores de los derechos humanos. Pero desafortunadamente, creo que hemos hecho eso muchas veces.

La discusión actual sobre el uso de aviones no tripulados me parece aterradora; porque me cuesta distinguir entre lo que fue la Operación Cóndor, con menos tecnología, y lo que es el uso de aviones no tripulados, que básicamente lo que hacen es entrar en otro país, incluso con el permiso de ese país —así era en general también en la Operación Cóndor— perseguir a la gente, y matarla. Ahora bien, la justificación es: "Pero eran criminales. Estaban en combate". Eso puede o no ser cierto, pero al final quien lo determina es la misma persona que aprieta el gatillo.

Creo que es importante poner esto en discusión. Y tal vez en un juicio como éste, que se remonta a los años 70, la gente dice: "Bueno, así fueron las dictaduras en la década de 1970". Pero la tendencia del Estado a creer que es válido actuar contra sus enemigos de la manera más eficaz posible se mantiene vigente, y claramente no se limita a las dictaduras.

AMY GOODMAN: Queremos darte las gracias, John Dinges, por haber estado con nosotros. John Dinges es autor del libro "Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur." Antes de eso, trabajó en la National Public Radio, NPR, y como periodista independiente en América Latina. Actualmente es profesor en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia.

Traducido por Javier Pérez. Edición: Verónica Gelman y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org.

jueves, 25 de abril de 2013

Relator Especial de las NU sobre el Derecho a la Alimentación: La Unión Europea debe eliminar los incentivos sobre los biocombustibles


El 18 de abril, el Relator Especial escribió a los Estados miembros de la UE y a la Comisión Europea, así como a los Eurodiputados que participan en este debate, sobre los impactos de la política de biocombustibles de la UE en los países en desarrollo y su incidencia en el disfrute del derecho a la alimentación en el contexto actual de aumento de la competencia por el acceso a la tierra y al agua.
La propuesta de la Comisión Europea de limitar al cinco por ciento la cuota de los biocombustibles producidos a partir de cultivos alimentarios en las metas relativas al uso de combustibles renovables es un paso en la dirección correcta, señaló el Relator Especial instando a los eurodiputados y los Estados miembros a que se mantengan firmes y no rebajen sus propuestas ni añadan nuevos incentivos que fomenten la producción de biocombustibles dentro del actual proceso de toma de decisiones.
La declaración adjunta resume los argumentos principales formulados por el Relator Especial en su llamamiento a la Unión Europea.
Lea la declaración.


La Conferencia de Dublín: el hambre y el derecho a la alimentación en la agenda post-2015

El Relator Especial acogió con beneplácito los llamamientos que se hicieron durante la Conferencia de Alto Nivel de Dublín de este mes para acabar con las causas estructurales del hambre en el marco del programa de desarrollo post-2015.
La Conferencia de Dublín,'Hunger. Nutrition. Climate Justice’ (Hambre. Nutrición. Justicia Climática) fue convocada los días 15 y 16 de abril por el Gobierno irlandés, que asume actualmente la presidencia rotatoria de la UE, en colaboración con la Fundación Mary Robinson - Justicia Climática.
Lea el capítulo Derechos co-redactado por el Relator Especial a partir de la ponencia: A New Dialogue : Putting People at the Heart of Global Development (Un Nuevo Diálogo: El ser humano en el corazón del desarrollo mundial).
Lea el discurso del Presidente de Irlanda Michael Higgins.