CON LA SANIDAD,
LA EDUCACIÓN Y LOS SERVICIOS SOCIALES NO SE JUEGA
Las
Organizaciones Sociales Madrileñas y los sindicatos reunidos el 27 de abril de 2012
que suscriben esta Declaración, rechazamos rotundamente las políticas de
recorte del gasto social que está adoptando el Gobierno de España y el de la
Comunidad de Madrid, poniendo en riesgo el Estado de Bienestar que es
patrimonio de la ciudadanía.
Estos recortes se enmarcan en un escenario de
ataques sin precedentes a los derechos sociales y laborales de los trabajadores
y trabajadoras, y de la ciudadanía en general, demoliendo nuestro modelo
social. Un modelo que garantiza la
convivencia democrática, que prioriza y protege a las personas y al empleo,
frente a intereses partidistas y especulativos.
Las políticas de recorte que está implantando
el Gobierno lejos de favorecer una salida
justa y social de la crisis, son ineficaces e inútiles, están produciendo
profundas fisuras en nuestra sociedad, rompiendo con principios básicos
constitucionales como la igualdad, la cohesión social y la universalidad, dibujando
una sociedad insolidaria e individualista y en la que la caridad sustituye a la
justicia social.
Los sistemas que nos protegen están siendo
seriamente atacados. El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
2012, los recortes adicionales y la senda ya emprendida por Esperanza Aguirre
en la Comunidad de Madrid, ponen en peligro el ejercicio de los derechos de
ciudadanía y suponen una merma intolerable en la calidad de los servicios
públicos, sanitarios, educativos, servicios sociales, atención a la
dependencia, Seguridad Ciudadana, Cooperación al Desarrollo, la vivienda y el transporte.
Además
el cuestionamiento de derechos civiles alcanzados tras años de lucha y que
pretenden amordazar a la sociedad, frenando la defensa de las libertades, se
hace patente en dos ejemplos claros: el retroceso en la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo y la que regula el matrimonio
entre personas del mismo sexo.
En estos términos, las Organizaciones
Sociales y Sindicales consideramos:
- Que
los servicios públicos son una inversión, nunca un gasto, que crean empleo
y se financian mediante impuestos procedentes fundamentalmente de las
rentas del trabajo, a los que contribuye el conjunto de la ciudadanía, y suponen una garantía de redistribución
social de la riqueza.
- Que
los recortes sociales aprobados deterioran gravemente la calidad de vida
de los ciudadanos y ciudadanas, afectando especialmente a las mujeres,
jóvenes y sectores más vulnerables, como mayores, pensionistas, personas
extranjeras y con discapacidad
- Que
los recortes educativos atacan la calidad e igualdad educativa. Construyen
una educación segregadora, limitando el acceso a la enseñanza superior a
los hijos e hijas de la clase trabajadora, convirtiéndose en el anuncio de
una generación desaprovechada.
- Que
los recortes sanitarios anticipan un modelo dual que rompe con el
principio de solidaridad del Sistema Nacional de Salud. Que el copago ó
repago farmacéutico, transporte sanitario, etc… es discriminatorio,
aumenta los riesgos para la salud y supone un nuevo impuesto para las rentas
salariales. Que negar el derecho a la atención sanitaria a una parte de la
población, la extranjera o mayores
de 26 años inactivos, resulta claramente inconstitucional y tendrá
consecuencias negativas incuestionables para la salud pública.
- Que
los recortes en servicios sociales y en particular, en materia de dependencia suponen la “crónica de una
muerte anunciada” de este nuevo derecho social y la desprotección de miles
de ciudadanos y ciudadanas, y de sus familias.
- El
Gobierno actuando en contra de la ley renuncia a perseguir el fraude y la
evasión fiscal, no acometiendo la
necesaria reforma integral del sistema fiscal, en cambio se otorga una amnistía fiscal contraria
al fortalecimiento de una conciencia tributaria de la ciudadanía, y
provoca agravios con aquéllas empresas y ciudadanos que cumplen con sus obligaciones fiscales y
tributarias.
- Que
el aumento de la carestía de la vida recae una vez más sobre la población
trabajadora, al ver cada vez más reducido su poder adquisitivo y por
tanto, limitado el acceso a bienes esenciales. El incremento de las
tarifas del transporte, de la luz, el gas, el agua etc…además de mermar la
calidad de vida en general, deja entrever estrategias de políticas
privatizadoras.
Las Organizaciones Sociales y Sindicales hacemos
un llamamiento a toda la ciudadanía a defender
el Estado del Bienestar y los servicios públicos, como instrumentos básicos y
garantes de igualdad, progreso, cohesión y vertebración social. Unos servicios públicos
generadores de empleo y fuente de desarrollo económico.
Exigimos al Gobierno la retirada de estas
medidas y la rectificación inmediata de sus políticas.
Las
Organizaciones Sociales y Sindicales consideramos imprescindible la implicación y unidad de toda
la ciudadanía para demostrar el rechazo a estas políticas agresivas, y en
concreto a participar activamente en la Manifestación del 29 de Abril convocada
bajo el lema “Ya está bien. Quieren acabar con todo. Con la sanidad, la
educación y los servicios sociales, no se juega”.
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