Jueves, 12 de Julio de 2012
Uno de los policías, procedió a sujetar con ambas manos al detenido
por el cuello, en lo que pareció ser gesto de estrangulamiento motivando
demandas a los agentes, por parte de varios pasajeros, que cesase lo
que podría ser calificado como un presunto abuso.
El pasado viernes, 18 de mayo, en el vuelo Madrid- Amsterdam
KL1700, se procedió al intento de expulsión de un ciudadano
presuntamente originario de Ghana, vía Países Bajos. Los pasajeros de
ese vuelo, desde su entrada al avión, fueron testigos de la situación
en la que una persona esposada y sentada en la última fila del avión era
sujetada por dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía , mientras
gritaba, lloraba y se movía, en lo que algunos pasajeros definieron como
un ataque de pánico o angustia.
Durante las maniobras de despegue, los gritos, temblores, y movimientos del detenido fueron en aumento, lo que conllevó un incremento en el uso de la fuerza por los dos agentes para inmovilizarlo, hecho que produjo tensión y consternación entre pasajeros. En un momento preciso, uno de los policías, procedió a sujetar con ambas manos al detenido por el cuello, en lo que pareció ser gesto de estrangulamiento motivando demandas a los agentes, por parte de varios pasajeros, que cesase lo que podría ser calificado como un presunto abuso. Todo esto fue grabado por, al menos, un pasajero. Finalmente, desde la tripulación se informó que se iba a proceder a bajar al detenido del avión.
Tras volver a la Terminal, uno de los policías se acercó a la parte delantera y, dirigiéndose a un pasajero, un ciudadano de nacionalidad mexicana, que había grabado la situación, le informó que tenía que borrar los videos y que después lo quería comprobar. El ciudadano solicitó en base a qué disposición legal debía suprimir el vídeo; el agente, le manifestó “que era la autoridad y tenía que obedecerle”. El ciudadano finalmente borró el vídeo, hecho que fue comprobado por dicho agente, que tras ello, procedió a identificar a esta persona.
El caso ha llegado al Congreso de los Diputados. En su respuesta al diputado de Amaiur, Jon Iñarritu García, que fue testigo de la agresión al ciudadano ghanés, el Gobierno dice que “una vez desalojado del avión” el ciudadano ghanés fue sometido a reconocimiento médico, enviado al CIE de Aluche en Madrid “siendo puesto en libertad posteriormente”.
El Gobierno en su respuesta, realizada a través del secretario general del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro, destaca que “no se dispone de datos estadísticos de las personas que tienen una orden de expulsión o alguna prohibición de entrada y estancia en España”.
Además informa que entre enero y abril de este año han sido expulsadas 3.779 personas mientras que otras 2.271 han sido devueltas.
“El coste medio de una expulsión o repatriación, incluido los gastos de escolta que acompañan a los inmigrantes, es de 1.800 euros, correspondiendo aproximadamente el 50 por ciento a los gastos de viaje de los funcionarios encargados del referido servicio”.
La cifra de más de 6000 expulsados en los cuatro primeros meses del 2012 multiplicado por la media de 1800 €, según el gobierno, que supone cada expulsión da una cifra superior a los 11 millones de Euros que de seguir así llegará a superar los 32 millones de €. En definitiva, las expulsiones además de una injusticia suponen un derroche económico.
Según Amaiur el Gobierno sigue sin responder ¿Cuál es el presupuesto público previsto en 2012 para expulsiones o devoluciones?
A todo esto no se sabe ¿en base a qué norma legal se puede obligar a una persona a borrar unas imágenes de video grabadas?
Tampoco se sabe si sigue en vigor el protocolo policial de repatriaciones de 2007. De no ser así ¿cuál es el actual? ¿Qué condiciones deben darse para que una persona expulsada sea inmovilizada, sujetada o esposada? ¿Cuáles son los medios permitidos con los que pueden ser inmovilizadas, sujetas o esposadas dichas personas?
Muchas preguntas y pocas respuestas.
KAOS en la Red
Durante las maniobras de despegue, los gritos, temblores, y movimientos del detenido fueron en aumento, lo que conllevó un incremento en el uso de la fuerza por los dos agentes para inmovilizarlo, hecho que produjo tensión y consternación entre pasajeros. En un momento preciso, uno de los policías, procedió a sujetar con ambas manos al detenido por el cuello, en lo que pareció ser gesto de estrangulamiento motivando demandas a los agentes, por parte de varios pasajeros, que cesase lo que podría ser calificado como un presunto abuso. Todo esto fue grabado por, al menos, un pasajero. Finalmente, desde la tripulación se informó que se iba a proceder a bajar al detenido del avión.
Tras volver a la Terminal, uno de los policías se acercó a la parte delantera y, dirigiéndose a un pasajero, un ciudadano de nacionalidad mexicana, que había grabado la situación, le informó que tenía que borrar los videos y que después lo quería comprobar. El ciudadano solicitó en base a qué disposición legal debía suprimir el vídeo; el agente, le manifestó “que era la autoridad y tenía que obedecerle”. El ciudadano finalmente borró el vídeo, hecho que fue comprobado por dicho agente, que tras ello, procedió a identificar a esta persona.
El caso ha llegado al Congreso de los Diputados. En su respuesta al diputado de Amaiur, Jon Iñarritu García, que fue testigo de la agresión al ciudadano ghanés, el Gobierno dice que “una vez desalojado del avión” el ciudadano ghanés fue sometido a reconocimiento médico, enviado al CIE de Aluche en Madrid “siendo puesto en libertad posteriormente”.
El Gobierno en su respuesta, realizada a través del secretario general del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro, destaca que “no se dispone de datos estadísticos de las personas que tienen una orden de expulsión o alguna prohibición de entrada y estancia en España”.
Además informa que entre enero y abril de este año han sido expulsadas 3.779 personas mientras que otras 2.271 han sido devueltas.
“El coste medio de una expulsión o repatriación, incluido los gastos de escolta que acompañan a los inmigrantes, es de 1.800 euros, correspondiendo aproximadamente el 50 por ciento a los gastos de viaje de los funcionarios encargados del referido servicio”.
La cifra de más de 6000 expulsados en los cuatro primeros meses del 2012 multiplicado por la media de 1800 €, según el gobierno, que supone cada expulsión da una cifra superior a los 11 millones de Euros que de seguir así llegará a superar los 32 millones de €. En definitiva, las expulsiones además de una injusticia suponen un derroche económico.
Según Amaiur el Gobierno sigue sin responder ¿Cuál es el presupuesto público previsto en 2012 para expulsiones o devoluciones?
A todo esto no se sabe ¿en base a qué norma legal se puede obligar a una persona a borrar unas imágenes de video grabadas?
Tampoco se sabe si sigue en vigor el protocolo policial de repatriaciones de 2007. De no ser así ¿cuál es el actual? ¿Qué condiciones deben darse para que una persona expulsada sea inmovilizada, sujetada o esposada? ¿Cuáles son los medios permitidos con los que pueden ser inmovilizadas, sujetas o esposadas dichas personas?
Muchas preguntas y pocas respuestas.
KAOS en la Red
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