Los
recortes en la inversión pública y las medidas antisociales que el
Gobierno ha adoptado en su política cultural son la consecuencia de
tres planteamientos muy corrosivos: la conformidad estratégica con
la destrucción de puestos de trabajo, una idea insustancial de la
cultura y un menosprecio alarmante por la ciudadanía española.
El
desempleo es sin duda el problema fundamental de nuestra sociedad. No
se entiende que todas las medidas adoptadas para combatir la crisis
económica que padecemos estén más preocupadas por controlar el
déficit y solucionar los problemas de los bancos que por la creación
de puestos de trabajo. Las reformas laborales impuestas por los
gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy sólo han
servido para facilitar el despido y dañar la dignidad laboral de los
que todavía tienen la suerte de encontrar o conservar un empleo.
Porque el paro, desde la reforma laboral de Zapatero, en Junio de
2010, que era de 3.892.000 personas, ha aumentado en 1.800.000
parados más, a día de hoy. A los que hay que añadir los cientos
de miles de jóvenes licenciados que la política de recortes de
nuestro gobierno ha empujado al exilio económico en otros países de
Europa.
El
sector de la cultura supone el 4% del Producto Interior Bruto de
España y da empleo directo a más de 600.000 personas. El
desmantelamiento de la inversión pública y la subida del IVA del 8%
al 21 % para los espectáculos culturales está provocando la
paralización del sector, el cierre de empresas y el despido de
muchos trabajadores. Las ayudas económicas a la producción cultural
se han reducido, entre los años 2011 y 2013, un 75 % por parte del
gobierno central y se han suprimido totalmente en la mayoría de
ayuntamientos y autonomías. Los daños se proyectan de manera
irreversible hacia el futuro porque afectan a la formación y las
posibilidades de los artistas más jóvenes. Confundir la cultura con
el rostro de algunos nombres famosos significa desconocer de un modo
demagógico la realidad humana, económica y laboral de la música,
el cine, el teatro, la literatura y el arte.
La
confusión de la cultura con una idea insustancial del
entretenimiento es una operación neoliberal para separar a los
ciudadanos de la educación intelectual y sentimental, un derecho
imprescindible para la formación de las conciencias críticas.
Educación y cultura son el fundamento de un contrato social de
carácter democrático. La Constitución Española, en su artículo
44.1, defiende la cultura como un bien público que debe ser
protegido por el Estado. La operación de considerar los productos
culturales como objetos de lujo y su abandono posterior a los
mecanismo exclusivos del mercado y de los intereses privados supone
un intento elitista de rebajar la educación de la ciudadanía,
impedir su formación colectiva y facilitar un panorama en el que
triunfen la demagogia, los instintos bajos y las manipulaciones
mediáticas de los poderes financieros. Sin la educación de las
sensibilidades individuales resultan imposibles el respeto y las
voluntades solidarias que crean los vínculos de una comunidad. El
desprecio a la cultura provoca la incapacidad de comprensión mutua,
porque implica el desmantelamiento del pasado común, la falta de
diálogo en el presente y la cancelación del futuro.
Los
ciudadanos holandeses y franceses que compran una entrada de teatro
pagan un máximo del 4,5 % de IVA. Los ciudadanos alemanes, el 7%.
Pero su salario mínimo interprofesional es de 1.445 € al mes,
mientras en España es de 641 € mensuales. Y Portugal, un país
rescatado e intervenido, y en peor situación que España, lo
mantiene en el 13 %. Que los ciudadanos españoles tengamos que pagar
el 21% es una muestra más del desprecio con el que somos tratados
por un Gobierno que ahoga a su población y obedece las directrices
de la banca alemana y de la política neoliberal impuesta por la
derecha europea.
Los
trabajadores y las trabajadoras de la cultura queremos denunciar esta
situación y unir nuestras fuerzas a todas las personas y las
organizaciones que están luchando por defender la dignidad de los
ciudadanos españoles y el derecho constitucional a un puesto de
trabajo. Cada individuo afectado sufre la crisis en la incertidumbre
de su propia soledad. Pero las soluciones nos esperan allí donde
seamos capaces de reunirnos. Por eso nos comprometemos a movilizarnos
de manera colectiva para defender la democracia, la justicia social y
los servicios públicos en nuestro país y en una Europa diferente.
Madrid
5 de Noviembre 2012
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