Miércoles, 20 de Marzo de 2013 11:21
“Mucha gente pregunta por qué acá y no en otro país –señala
Messuti–. Argentina abrió el camino jurídico poniéndose en consonancia
con todas las normas internacionales para juzgar estos crímenes”
Autor: Adrián Pérez - Fuente: Página 12
La querella argentina
contra los crímenes del franquismo tomó un nuevo giro. Los abogados
representantes de familiares y víctimas entregaron un escrito en el
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1, a cargo de
María Servini de Cubría, donde piden que la magistrada libre órdenes de
detención internacional, con el fin de ser extraditados e indagados,
para nueve españoles vinculados con el régimen de Franco. Se trata de
funcionarios, ex jueces y policías acusados de diferentes crímenes. El
suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, del gobernante
Partido Popular, es uno de los acusados.
Junto a la abogada Ana Messuti, el
abogado Carlos Slepoy, que llegó días atrás desde España para reunirse
con Servini de Cubría, señala que todo comenzó con dos presentaciones
particulares en Buenos Aires. La querella reúne hoy más de 150
denuncias. “González Pacheco era una especie de Astiz, un torturador
notorio del franquismo condecorado en democracia”, señala Slepoy. “Si se
libran las órdenes de detención va a haber un clamor en toda España
para que se los detenga y extradite a la Argentina”, augura el abogado.
Página/12 tuvo acceso, en exclusiva, a
datos personales, las funciones que desempeñaron y los crímenes
imputados a esos funcionarios. Rodolfo Martín Villa (79 años) fue
ministro de Relaciones Sindicales, senador por designación real y
diputado por Madrid. También presidió la Comisión de Justicia e Interior
del Congreso. Lo apodaron “la porra de la Transición” por su saña en la
represión de manifestaciones obreras y estudiantiles mientras era
ministro de Gobernación. Roberto Conesa, conocido por sus brutales
prácticas de tortura, estuvo bajo su mando. La Asociación de Víctimas 3
de Marzo del País Vasco lo hace responsable de cinco muertes y más de
cien heridos durante un ataque perpetrado en Vitoria en 1976.
El suegro de Ruiz-Gallardón, José Utrera
Molina (87), es miembro de la Fundación Nacional Francisco Franco.
Militó en el Frente de Juventudes, brazo del partido fascista. Gobernó
Ciudad Real, Burgos y Sevilla y fue vicepresidente del Consejo Nacional
del Movimiento hasta poco antes de la muerte de Franco. Se le imputa
haber integrado el gobierno que sentenció a muerte a Salvador Puig
Antich, asesinado a garrote vil. Es considerado colaborador necesario de
ese crimen.
Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 2007, Fernando Suárez González
(80) fue jefe en Oviedo del Sindicato Español Universitario, gremio
fascista de afiliación obligatoria para los estudiantes. Se desempeñó
como ministro de Trabajo hasta la muerte de Franco. Firmó la condena a
muerte de cinco antifranquistas fusilados el 27 de septiembre de 1975.
Rafael Gómez Chaparro Aguado (86) cerró el caso Montejurra, por el
asesinato de dos militantes carlistas a manos de bandas parapoliciales.
Fue juez de instrucción del Tribunal de Orden Público entre 1972 y 1977.
Por lo menos tres testigos señalan que el juez desestimó sus denuncias
por malos tratos y torturas.
Jesús Cejas Mohedano (67) ingresó en
1969 al cuerpo jurídico del ejército. En 2002, el Consejo General del
Poder Judicial admitió su ingreso a la carrera de magistrado. Fue vocal
del Consejo de Guerra que condenó a muerte a tres personas: José
Humberto Baena Alonso fue fusilado el 27 de septiembre de 1975. Hasta su
disolución en 1976, Juan Antonio González Pacheco (67) formó parte de
la Brigada Político Social (BPS) que actuó como policía política de la
dictadura. Acacio Puig Mediavilla, Antonio Chapero Varela y Silvia
Carretero Moreno, entre otros, denunciaron a “Billy el niño” por
torturas.
José Ignacio Giralte González (71) fue
miembro destacado de la BPS hasta su disolución y comisario del Cuerpo
Nacional de Policía. Al igual que Cejas Mohedano, fue acusado por
numerosos testigos de torturas. Celso Galván Abascal (77) fue escolta de
Franco y, más tarde, de la Casa Real. Lo denuncian por haber diseñado
estrategias de sufrimiento. Jesús Muñecas Aguilar (74) ingresó a la
Guardia Civil en 1961. Es dueño del Centro Hípico Valdemoro, donde en
1994 homenajeó, junto con los guardias que lo acompañaron, a Antonio
Tejero. También es sindicado como torturador.
Amnistía Internacional, Izquierda Unida,
Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Unida i Republicana, los
sindicatos CGT, CC.OO. y UGT –entre otras fuerzas– apoyan a la querella
argentina para que se investiguen esos crímenes. Desde un despacho
atiborrado de documentos y nuevas denuncias, Slepoy considera que, en
caso de concretarse, las detenciones pueden abrir paso al fin de la
impunidad del franquismo. Para el abogado, sería ideal que los
consulados argentinos en el exterior recibieran denuncias para
remitirlas luego a España.
El balance de la reunión con Servini de
Cubría, según Slepoy, fue satisfactorio. “Creo que la jueza es
consciente de la trascendencia histórica de este procedimiento”, afirma.
“Los argentinos tenemos al Che Guevara, a Messi, un papa: ahora
esperamos tener un juez universal”, bromea. Se espera que en abril,
cuando la causa 4591/10 cumpla tres años de iniciada, comiencen las
videoconferencias entre Servini de Cubría y los denunciantes que se
encuentran en España para agilizar los tiempos de la investigación.
“Mucha gente pregunta por qué acá y no
en otro país –señala Messuti–. Argentina abrió el camino jurídico
poniéndose en consonancia con todas las normas internacionales para
juzgar estos crímenes”, responde. El viernes, Slepoy y el grupo de
abogados que lo acompañan realizarán una conferencia de prensa a las 12,
en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, para comentar los avances
de la querella.
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