En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle. Gandhi.


sábado, 9 de abril de 2011

Manifiesto sobre la intervención “humanitaria” en Libia

Manifiesto contra la intervención militar en Libia, firmado por más de 30 personas ligadas a centros de investigación por la paz y relacionadas con el movimiento pacifista.

Existen muchas razones, políticas, sociales, racionales y emocionales para apoyar una intervención en Libia, pero también las hay para rechazar tal actuación, especialmente por la necesidad de cuestionar el modelo en que se basa la intervención.

Los abajo firmantes, por las razones que más abajo explicitamos, nos mostramos solidarios con el pueblo libio en su proceso de democratización y, por esto, con el derrocamiento del coronel Gadafi, defendemos que las intervenciones internacionales sean de tipo político y no militar, y estén insertas en procesos que garanticen una paz real y duradera. Por estas razones, nos parece oportuno introducir en el debate que se está produciendo algunas preguntas y precisiones.

Antes de dar nuestro apoyo a la utilización de la fuerza militar en cualquier conflicto que puede derivar en guerra, la primera pregunta que nos deberíamos formular es: ¿qué complicidades existen desde la comunidad internacional o desde nuestro propio Estado? ¿Se encuentran estas entre las causas que han motivado el conflicto? Es decir, se trata de preguntarnos si existen intereses económicos o políticos por parte de nuestros propios Estados respecto del país que se pretende atacar.

La segunda pregunta no es de menor enjundia, pues también apunta a una cuestión decisiva para un comportamiento ético en política. ¿Se ha prestado ayuda militar o vendido armas por parte de los Estados intervinientes a ese gobierno despótico al que ahora se pretende derrocar?

Resulta evidente que, en el caso de Libia, hace apenas unas semanas, numerosos países occidentales firmaban convenios comerciales, establecían negocios conjuntos, prestaban ayuda financiera, instalaban industrias de extracción de hidrocarburos y, además, le vendían armas. Todo ello a sabiendas de que se beneficiaba a Gadafi y a su círculo más íntimo y no a la población libia, y a pesar del historial criminal del dictador, quien no mostró mejores maneras con el pueblo libio tras su acercamiento a Occidente, ni dejó de proporcionar armas y apoyos de todo tipo a grupos rebeldes y regímenes totalitarios y colaborar y financiar ataques contra población civil en numerosos países. Pese a ello, el dictador Gadafi se convirtió en un firme aliado y fue recibido con honores por buena parte de los países y dirigentes que hoy le demonizan.

Pero hay más preguntas, también importantes: ¿se habían agotado todos los medios políticos al alcance de la comunidad internacional para resolver el conflicto?, ¿No existen dudas razonables de que la medida militar adoptada tiene muchas probabilidades de provocar una mayor escalada de violencia y un mayor sufrimiento?
Además, resulta de una enorme hipocresía esgrimir el derecho a proteger a la población de Libia mediante el uso de la fuerza, mientras existen un sinfín de escenarios en el mundo donde no se hace absolutamente nada. Pues en la mayoría de países árabes donde existen duras dictaduras y algunas están masacrando a su pueblo, como en Yemen o Siria; o se pasa por alto el envío de tropas de Arabia Saudí a Bahréin para reprimir las revueltas de su población; o el angustioso caso de Palestina, que no hace falta detallar por ser demasiado conocido; por no mencionar la parálisis de la comunidad internacional en los casos de Chechenia, Guinea Ecuatorial, R.D. del Congo, Zimbabue y tantos otros. Y, en definitiva, ¿dónde se encuentra la responsabilidad de proteger cuando conocemos que, cada día, decenas de miles de personas mueren como consecuencia de la desnutrición o enfermedades fácilmente curables? ¿Son estas últimas maneras de morir menos dramáticas? ¿Es la responsabilidad de las autoridades menor? ¿Nos importa acaso más quién mata que quién muere?

Pero, además, antes de optar por la vía militar, existían medidas políticas de presión para frenar el conflicto, aislar al gobierno de Libia y expulsar a Gadafi del poder, si es que de eso se trata. Como arbitrar la congelación inmediata de todas las cuentas bancarias e intereses en empresas de Gadafi y su gobierno en el exterior (todavía no ha sido el caso en Italia y en otros lugares, a pesar de la obligatoriedad de las sanciones). Embargos económicos que debían paralizar todas las transacciones comerciales, incluidas las armas y los hidrocarburos; así como el reconocimiento de los rebeldes; y especialmente, presionar para convocar una conferencia regional en que participaran, además de gobierno y rebeldes, otros muchos actores representativos libios y los países árabes de la región, que posibilitara la resolución del conflicto. Conferencia que debería tener como objetivo terminar con la dictadura y facilitar una transición política.

Una vez expuestos los argumentos que deberían hacernos reflexionar sobre las bondades de una intervención militar por causas humanitarias liderada por muchos de quienes formaron parte del problema, queremos dar nuestro apoyo a los escasos pacifistas y gentes que han levantado su voz frente al obsceno espectáculo de guerra desplegado en Libia. Así como denunciar el coro farisaico y la impostura intelectual de quienes se dedican a menospreciar, reírse o insultar a los que critican esta nueva guerra. El valor moral de la noviolencia es muy superior al pragmatismo de la violencia como forma de solucionar los conflictos, como han mostrado los valientes luchadores contra la tiranía de Egipto o Túnez.

Firmantes:
Alejandro Pozo, investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Alfons Banda, presidente de la Fundació per la Pau de Barcelona
Anna Bastida, profesora de didáctica y educación para la paz de la Universidad de Barcelona
Anna Monjo, directora de la editorial Icaria
Antoni Pigrau, Profesor de Derecho Internacional Público de la Universitat Rovira i Virgili
Arcadi Oliveres, presidente de Justícia i Pau de Barcelona y profesor de economía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona
Carles Riera, profesor de sociología de la Universdad de Barcelona
Carlos Taibo, profesor de ciencia política de la Universidad Autónoma de Madrid
Carlos Arturo Velandia Jagua, investigador de la Escola de Cultura de Pau de la UAB
Carmen Magallón, directora del Seminario Internacional por la Paz de Zaragoza
Eduardo Melero, profesor de derecho administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Elena Grau, miembro del colectivo de mujeres de En pie de Paz
Fernando Armendáriz, Instituto de Promoción de Estudios Sociales de Pamplona
Francesc Tubau, portavoz de la Plataforma Aturem la Guerra
Francisco A. Muñoz, profesor de filosofía del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada
Francisco Fernández Buey, profesor de filosofía política de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
Gabriela Serra, activista del movimiento por la paz
Jaume Botey, profesor de historia contemporánea de la Univesidad Autónoma de Barcelona
Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau
Jordi Calvo Rufanges, investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
José Luís Gordillo, profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Barcelona y miembro de la Plataforma Aturem la Guerra
José María Tortosa, profesor de sociología de la Universidad de Alicante
Manuel Dios, presidente del Seminario Galego de Educación para la Paz
María Oianguren, directora del Centro de Investigación por la Paz Paz Gernika Gogoratuz
Neus Sotomayor, directora de la Universitat Internacional per la Pau de Sant Cugat del Vallès
Pepe Beunza, primer objetor de conciencia de España
Pere Ortega, coordinador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Rafael Grasa, presidente del Institut Català Internacional per la Pau y profesor de relaciones internacionales de la Univesidadf Autónoma de Barcelona
Teresa de Fortuny, miembro de la Plataforma Aturem la Guerra
Tica Font, directora del Institut Català Internacional per la Pau
Tomás Gisbert, investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Vicent Martínez Guzmán, president de la Cátedra Unesco de Filosofía para la Paz de la Universidad de Castellón
Xavier Badia, profesor de Instituto
Xavier Bohigas, profesor de física de la Universidad Politécnica de Catalunya e investigador del Centre Delàs

Público

jueves, 7 de abril de 2011

HUNGRÍA - La temporada de caza de gitanos no ha acabado

6 abril 2011 LE MONDE PARIS

Gyöngyöspata (Hungría), el 12 de marzo 2011. Miembros de Szebb Jövoert rodean la casa de una familia gitana.


En un momento en el que la Unión Europea insta a los Estados miembros a realizar esfuerzos suplementarios para integrar a las comunidades gitanas que viven dentro de sus fronteras, las intimidaciones de la extrema derecha magiar contra la "delincuencia gitana" continúan ante la inacción del Gobierno de Viktor Orbán, que preside en estos momentos la UE.
A finales de marzo, durante varias semanas, milicianos miembros de Jobbik, la extrema derecha húngara, patrullaron por una localidad para protegerla en contra de “la delincuencia gitana”. Una inquietante manifestación de fuerza que fue ignorada por el Gobierno de Viktor Orbán. Mientras tanto, la Unión Europea instaba a los Estados miembros a actuar a favor de los la comunidad gitana europea, integrada por unos 10 o 12 millones de personas.
Si omitimos su iglesia medieval y las bodegas enclavadas en el flanco de la colina, Gyöngyöspata podría pasar por muchas otras aldeas húngaras: el ayuntamiento de la era comunista, el supermercado Coop, los jardincillos bien cuidados donde despuntan los primeros jacintos, las calles fangosas del gueto gitano…
Sin embargo, en marzo, algo del futuro de Europa se decidió en esta localidad de 2.850 habitantes, a una hora en coche de al noreste de Budapest. Apoyada por el partido Jobbik (que accedió al Parlamento con un 16,8 % de los votos en abril de 2010, pero que está bajando según las encuestas), la extrema derecha convirtió Gyöngyöspata en un laboratorio contra la “delincuencia gitana”, patrulló las calles noche y día con el apoyo de numerosos autóctonos que alojaron y alimentaron a los milicianos durante más de dos semanas.

Maniobras de intimidación contra la minoría gitana

El 6 de marzo, el líder nacional del Jobbik, el diputado Gabor Vona, pronunció allí un discurso ante 1.500 paramilitares. La mayoría llevaban el uniforme negro de la Szebb Jövoert ("Para un futuro mejor"), una organización bajo el paraguas legal de las milicias locales de autodefensa. También podía verse a individuos agresivos, uniformados y con la cabeza rapada, portando hachas o fustas, flanqueados por perros pitbull. Los primeros días, las familias gitanas ni siquiera se atrevieron a llevar a sus hijos al colegio.
La policía local no intervino, a pesar del parecido de la Szebb Jövoert con la Guardia Magiar, una milicia próxima al Jobbik que se había dedicado a las mismas maniobras de intimidación de la minoría gitana, antes de ser disuelta por el Tribunal Constitucional en julio de 2009. Fue necesario esperar a que los milicianos abandonasen los enclaves por su propia voluntad, el 16 de marzo, para que el Gobierno del primer ministro conservador Viktor Orbán empezase a reaccionar.
El 15 de marzo, día de la fiesta nacional húngara, Orbán pronunció un discurso en Budapest en el que exaltaba el valor magiar frente a los dictados de las potencias extranjeras, considerando entre ellas a la Unión Europea (UE), de la que él mismo ocupa la presidencia rotatoria este semestre. Ni siquiera mencionó Gyöngyöspata.

"Somos húngaros antes que gitanos"

No obstante, ese día, se encontraron con un puñado de contramanifestantes enfrente, encabezados por Aladar Horvath, del Movimiento por los Derechos Cívicos de la comunidad gitana. Entre ellos, el pastor Gabor Ivanyi y dos diputados del LMP, el partido minoritario liberal verde (que obtuvo únicamente 314 votos en las legislativas de 2010, a pesar de los 6.000 electores potenciales de la comunidad gitana). “Aquí, hemos votado masivamente por Fidesz [el partido de Orbán, que goza de una mayoría de dos tercios en el Parlamento]”, reconoce Janos Farkas, el líder de la comunidad gitana de Gyöngyöspata, es decir, de unas 500 personas. “Nos habían prometido trabajo”, añade.
Un año después, la tasa de paro en Hungría no ha bajado, salvo que se sólo se recibe un subsidio por familia. Y el Gobierno ha reducido el presupuesto consignado para las “administraciones autónomas” de las minorías. Tras la reprivatización de los bosques, en 1992, los gitanos ya no tienen derecho a recoger champiñones, ni leña para calentarse. "Hemos ofrecido, en contraprestación a este pago en especias, asegurar la limpieza de los espacios forestales. Los propietarios lo han rechazado”, explica Farkas. “Pero nosotros vivimos aquí desde hace cinco siglos, nuestros ancestros han defendido este bello país frente a los turcos, somos húngaros antes que gitanos".
La delincuencia crece en las zonas rurales, donde los habitantes se sienten abandonados. Algunas muertes han sobresaltado profundamente a la opinión pública, como la del profesor linchado a finales de 2006 en Olaszliszka (al noroeste) en presencia de sus hijos, por haber rozado de refilón con su coche a una niña gitana. El partido Jobbik ha erigido un monumento en su honor. En el sentido contrario, los ataques mortales contra la comunidad gitana perpetrados en 2009 por un grupo de neonazis, que está siendo juzgado en Budapest, apenas han conmovido a la población.

La natalidad de los gitanos supone una amenaza

En Gyöngyöspata, la fuente del conflicto parece residir en la compra por parte de la Cruz Roja húngara de casas para realojar a las familias de la comunidad gitana afectadas por las inundaciones de 2010. La perspectiva de que se instalasen en el centro de la localidad despertó una gran resistencia. “Los habitantes han escrito a Gabor Vona”, explica Oszkar Juhasz, el presidente de la delegación local del Jobbik (con un 26 % de los votos en las legislativas de 2010).
Juhasz es viticultor, descendiente de una de las familias de la baja nobleza que vivía antaño apenas algo mejor que sus propios siervos, pero que creían ser la encarnación de la Hungría milenaria. En la entrada de su casa, cuelga un mapa del país con las fronteras anteriores a las trazadas en 1920. Para la extrema derecha, obsesionada con la pérdida histórica de los dos tercios del territorio nacional, la natalidad de los gitanos supone una amenaza: “Después de 1898, su número se ha multiplicado por más de cien”, recalca. “No somos racistas, pero la política de integración de la comunidad gitana significa muy a menudo rebajar el nivel de vida del resto".
El sábado 2 de abril, ataviado con su uniforme negro, Oszkar Juhasz desfiló por las calles de Hejöszalonta (al noreste del país), de 900 habitantes, junto a otros "patriotas húngaros". La víspera, el jefe de la representación  parlamentaria del Fidesz, Janos Lazar, había mencionado ante los periodistas la posibilidad de suavizar la legislación en materia de armas, para favorecer la autodefensa. Una reivindicación del Jobbik.
 

EN LA UE

Discriminaciones: una hoja de ruta a gusto de cada Estado

"La integración de los gitanos en los países miembros será supervisada por la Comisión Europea"; así resume Hospodářské noviny la hoja de rutapresentada el 4 de abril por la comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, para luchar contra las discriminaciones que sufren los roms. La Comisión quiere que cada país adopte una nueva estrategia de integración que tenga en cuenta las especificidades de las distintas comunidades gitanas. En la misma intervención, Reding reconoció que los Estados miembros no parecen tener prisa en emplear los recursos disponibles: de los 2.600 millones de euros asignados a proyectos para la integración de los gitanos, tan solo se han gastado 100 millones. La mayor parte de los 12 millones de gitanos residentes en la UE son víctimas de discriminaciones, especialmente en Rumanía y Bulgaria. Así lo constata un reciente estudio realizado en seis países de la UE (Bulgaria, Hungría, Letonia, Lituania, Rumanía y Eslovaquia), según el cual sólo el 42% de los niños romaníes completan los estudios primarios, frente al 97,5% de media que alcanzan el resto de los niños europeos. El comunicado de la Comisión afirma que, si bien la integración de los gitanos en los distintos países debería ocuparse antes que nada de la educación, no pueden olvidarse las cuestiones relativas a la vivienda, la salud y el empleo. La información del diario Hospodářské noviny cita un estudio del Banco Mundial según el cual "la plena integración podría reportar a los países implicados cerca de 500 millones de euros anuales, gracias a los beneficios en términos de productividad, a la reducción del gasto social y al aumento de los ingresos fiscales". Las asociaciones que trabajan por la integración de los gitanos, por su parte, han manifestado su decepción con la hoja de ruta. Un representante de la red  ERGO ha declarado a EUobserver que considera francamente "decepcionante" el comunicado de la Comisión, ya que —tal como explica el sitio web bruselense— "deja en manos de cada Estado miembro la labor de abordar las discriminaciones que afectan a las distintas minorías; una tarea que algunos Gobiernos, como el de Budapest, no tienen voluntad real de garantizar". 

lunes, 4 de abril de 2011

Muere a tiros un actor y activista israelí en Yenín

Julian Mer-Kamis, de 53 años, era un conocido activista político y defensor de los derechos de los palestinos.- En 2006 fundó en el campo de refugiados el Teatro de la Libertad

ANA CARBAJOSA | Jerusalén 04/04/201


Hombres armados y enmascarados han disparado a bocajarro hasta dar muerte al actor y director teatral israelí Juliano Mer-Khamis en la ciudad palestina de Yenín.

Mer-Kamis, de 53 años, era un conocido activista político y defensor de los derechos de los palestinos, que vivía a caballo entre Haifa, en Israel, y Yenín. En el momento de su muerte se dirigía al llamado Teatro de la Libertad; el que fundó en 2006, siguiendo la estela familiar, en el campo de refugiados de Yenín. Su madre, Arna Mer, también militante propalestina, casada con un líder cristiano-palestino del partido comunista montó un grupo de teatro para los niños de Yenín, una ciudad conocida por las violentas incursiones del ejército israelí y considerada a menudo la cantera de los suicidas palestinos.

El teatro que fundara su madre fue destruido por los tanques israelíes y años más tarde Juliano Mer-Khamis lo volvió a poner en pie junto a Zakaria Zubeidi, antiguo miliciano de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, que entregó las armas a cambio de una amnistía.

El Teatro de la Libertad ha sido desde entonces escenario de numerosas obras teatrales, pero también ha servido de punto de encuentro de activistas internacionales defensores de los derechos de los palestinos.
La policía de Yenín ha indicado que han puesto en marcha una investigación para dar con los culpables. Mer-Khamis había recibido amenazas en el pasado y el teatro había sido incendiado en un par de ocasiones. Parte de la programación y de la troupe que desfilaba por el Teatro de la Libertad no era del agrado de los sectores más extremistas locales. Recelaban además de un proyecto puesto en pie por un israelí y que, pensaban, desvía la atención de los más jóvenes de la lucha contra la ocupación.

Michael Handesaltz, crítico teatral del diario israelí Haaretz, ha considerado a Mer-Kahmis "un gran actor y un ser humano extraordinario, cuya historia vital es parte de la trágica realidad de este país".

El País

Entrevista a Noam Chomsky Libia y las crisis que se avecinan


Traducción: S. Seguí

1. ¿Cuáles son las razones que mueven a EE.UU. en las relaciones internacionales, en el sentido más amplio? Es decir, ¿cuáles son las razones dominantes y los temas que se pueden detectar casi siempre en las opciones de las políticas de EE.UU., en cualquier lugar del mundo? ¿Cuáles son las razones más concretas, aunque también dominantes, y los temas de las políticas de EE.UU. en Oriente Próximo y el mundo árabe? Y, por último, ¿cuáles cree usted que son los objetivos más inmediatos de la política de EE.UU. en la situación actual en Libia?

Una manera útil de abordar la cuestión es preguntarse cuáles NO son las razones de EE.UU. Podemos averiguarlas de diferentes maneras. Una de ellas es leer la literatura profesional sobre relaciones internacionales: con bastante frecuencia, su relato de la política es lo que la política no es, un tema interesante que no voy a desarrollar aquí.

Otro método, muy relevante en este caso, es escuchar a los líderes y comentaristas políticos. Supongamos que se dice que las razones de la acción militar han sido humanitarias. En sí misma, esta afirmación no contiene información: prácticamente todos los recursos a la fuerza se justifican en esos términos, incluso lo hacen los peores monstruos, que pueden, con total irrelevancia, llegar a convencerse de la verdad de lo que están diciendo. Hitler, por ejemplo, pudo creer que se estaba apoderando de partes de Checoslovaquia para poner fin a los conflictos étnicos y llevar a su pueblo los beneficios de una civilización avanzada, y pudo creer también que su invasión de Polonia iba a poner fin al “terror salvaje” de los polacos. Los fascistas japoneses que arrasaron China probablemente creían que estaban su desinteresada iniciativa iba a para crear un “paraíso terrenal” y proteger a la doliente población de los “bandidos chinos”. Incluso Obama puede haber creído lo que dijo en su discurso presidencial el 28 de marzo sobre las razones humanitarias para su intervención en Libia. Y otro tanto puede decirse de los comentaristas.

Se las puede someter, sin embargo, a una prueba muy simple, para determinar si las nobles intenciones pueden ser tomadas en serio: ¿llaman los autores a la intervención humanitaria y la “responsabilidad de proteger” a las víctimas de sus propios crímenes o a las de sus clientes? Tomemos, por ejemplo, a Obama: ¿convocó a una zona de exclusión aérea durante la asesina y destructora invasión israelí, respaldada por Estados Unidos, de Líbano, en 2006, sin ningún pretexto creíble? ¿Acaso, no explicó con orgullo durante su campaña presidencial que él había patrocinado una resolución del Senado de apoyo a la invasión, en la que se pedía el castigo de Irán y Siria por impedirla? Fin de la discusión. De hecho, prácticamente toda la literatura de la intervención humanitaria y el derecho a proteger, escrita o hablada, desaparece tras esta prueba sencilla y adecuada.

Por el contrario, de las razones REALES poco se habla, y uno tiene que escudriñar los archivos documentales e históricos para descubrirlas, sea el Estado que sea.

¿Cuáles son entonces las razones de EE.UU.? A un nivel muy general, la evidencia me parece que demuestra que no han cambiado mucho desde los estudios de planificación de alto nivel iniciados durante la Segunda Guerra Mundial. Los planificadores en tiempo de guerra daban por sentado que EE.UU. saldría de la guerra en una posición de dominio abrumador, e instaron al establecimiento de una Gran Zona en la que EE.UU. mantuviera un “poder incuestionable” con “supremacía militar y económica”, que garantizase al mismo tiempo la “limitación de cualquier ejercicio de la soberanía” por parte de otros Estados, que pudiera interferir con sus designios globales. La Gran Zona debía incluir el Hemisferio Occidental, el Lejano Oriente, el Imperio británico (que incluía las reservas de energía de Oriente Próximo) y la parte de Eurasia que fuera sea posible, al menos su centro industrial y comercial en el Oeste del continente europeo. Está muy claro, basándose en registros documentales que “el presidente Roosevelt tenía por objetivo la hegemonía de Estados Unidos en el mundo de la posguerra”, para citar la precisa valoración del respetable historiador británico Geoffrey Warner. Y, más importante, los minuciosos planes de tiempo de guerra se llevaron a la práctica poco después, como podemos leer en los documentos desclasificados de los años siguientes, y como podemos observar en la práctica. Las circunstancias han cambiado, por supuesto, y las tácticas se han ajustado en consecuencia, pero los principios básicos son bastante estables, hasta el presente.

Con respecto a Oriente Próximo –la “región de mayor importancia estratégica del mundo”, en palabras del presidente Eisenhower– la principal preocupación ha sido y sigue siendo sus incomparables reservas energéticas. El control de éstas daría el “control sustancial del mundo”, como vio muy pronto el influyente asesor liberal A.A. Berle. Estas preocupaciones suelen ocupar un lugar prominente en los asuntos relativos a esta región.

En Iraq, por ejemplo, cuando las dimensiones de la derrota de Estados Unidos. ya no podían ocultarse, la retórica fue desplazada por un honesto anuncio de los objetivos de la política. En noviembre de 2007, la Casa Blanca emitió una declaración de principios en la que insistía en que Iraq debía conceder a las fuerzas militares de EE.UU. el acceso por tiempo indefinido, y también en que se debía dar preferencia a los inversores estadounidenses. Dos meses más tarde, el presidente informó al Congreso que iba a pasar por alto cualquier legislación que pudiera limitar el estacionamiento permanente de las fuerzas armadas de EE.UU. en Iraq o “el control por parte de Estados Unidos de los recursos petrolíferos de Iraq”, exigencias que abandonó poco después ante la resistencia iraquí, al igual que tuvo que abandonar los objetivos anteriores.

Si bien el control del petróleo no es el único factor en la política de Oriente Próximo, ofrece en cambio algunas directrices bastante acertadas, antes como ahora. En un país rico en petróleo, a un dictador de confianza se le garantiza una libertad de acción casi total. En las últimas semanas, por ejemplo, no ha habido reacción alguna cuando la dictadura de Arabia Saudí utilizó la fuerza masiva para aplastar cualquier signo de protesta. Otro tanto en Kuwait, donde unas pequeñas manifestaciones fueron aplastadas al instante. Y en Bahrein, cuando las fuerzas armadas dirigidas por Arabia Saudí intervinieron para proteger al monarca de la minoría sunita de las demandas de reformas por parte de la población chií reprimida. Las fuerzas gubernamentales no solo desmantelaron el campamento de la Plaza de la Perla –la Plaza Tahrir de Bahrein– sino que llegaron a demoler la estatua de la Perla que es el símbolo de Bahrein y de la que se habían apropiado los manifestantes. Bahrein es un caso particularmente sensible, ya que alberga la Sexta Flota de EE.UU. la fuerza militar más poderosa, con mucho, de la región, y también porque el Este de Arabia Saudita, en la puerta de al lado, es también en gran parte chií y tiene las mayores reservas petroleras del reino. Por un curioso accidente de la geografía y la historia, la mayor concentración de hidrocarburos del mundo rodea la parte norte del Golfo, en regiones de mayoría chií. La posibilidad de una alianza tácita chií ha sido la pesadilla de los planificadores desde hace mucho tiempo.

En los estados que carecen de grandes reservas de hidrocarburos, las tácticas varían, aunque por lo general se ajustan siempre al mismo esquema estándar cuando uno de nuestros dictadores tiene problemas: apoyarlo el mayor tiempo posible y, cuando resulta imposible, hacer pública declaración de amor a la democracia y los derechos humanos, tratando a la vez de salvar la mayor parte del régimen que sea posible.

El escenario es aburridamente familiar: Marcos, Duvalier, Chun, Ceasescu, Mobutu, Suharto y muchos otros. Y hoy, Túnez y Egipto. Siria es un hueso duro de roer y no hay una alternativa clara a la dictadura que apoye los objetivos de EE.UU. Yemen es un cenagal en el que la intervención directa probablemente crearía problemas aún mayores a Washington. Así que ahí la violencia estatal sólo produce declaraciones piadosas.

Libia es un caso diferente. Libia es rica en petróleo, y aunque EE.UU. y el Reino Unido han proporcionado con frecuencia un apoyo notable a su cruel dictador, hasta ahora, éste no es de confianza. Preferirían un cliente más obediente. Además, el vasto territorio de Libia está poco explorado, y los especialistas de la industria petrolera creen que puede haber abundantes recursos petrolíferos sin explotar, que un gobierno más previsible podría abrir a la explotación occidental.

Cuando comenzó un levantamiento no violento, Gadafi lo aplastó violentamente y estalló una rebelión que liberó Bengazi, la segunda ciudad más grande del país, y parecía a punto de asediar la fortaleza de Gadafi en el Oeste. Sus fuerzas, sin embargo, cambiaron el curso del conflicto y llegaron a las puertas de Bengazi. Una masacre era probable, y como el asesor de Obama para Oriente Próximo, Dennis Ross, señaló “todo el mundo nos culparía por ello.” Eso sería inaceptable, al igual que una victoria militar que potenciase el poder y la independencia de Gadafi. Ante esta tesitura, EE.UU. se unió a las Naciones Unidas en la resolución 1973, que establece una zona de exclusión aérea a cargo de Francia, el Reino Unido, y EE.UU., en la que este país podría tener un papel secundario.

No se hizo ningún esfuerzo para limitar la acción a la creación de una zona de exclusión aérea o siquiera a mantenerse en el mandato más amplio de la resolución 1973.

El triunvirato interpretó inmediatamente la resolución como una autorización para su participación directa del lado de los rebeldes. Se impuso por la fuerza un alto el fuego a las fuerzas de Gadafi, pero no a los rebeldes. Por el contrario, se les dio apoyo militar a medida que avanzaban hacia el Oeste, y enseguida se hicieron con las principales fuentes de producción de petróleo de Libia, y estuvieron listos para seguir adelante.

El flagrante desprecio de la resolución 1973 de las Naciones Unidas pronto comenzó a causarle dificultades a la prensa, ya que era demasiado grave ignorarlo. En el New York Times, por ejemplo, Karim Fahim y David Kirkpatrick (el 29 de marzo) se preguntaban “cómo podrían justificar los aliados sus ataques aéreos contra las fuerzas del coronel Gadafi en torno a [su centro tribal de] Sirte si, como parece ser el caso, goza de amplio apoyo en la ciudad y no representa una amenaza para los civiles.” Otra dificultad técnica es que la resolución 1973 del Consejo de Seguridad exige un embargo de armas que se aplique a todo el territorio de Libia, lo que significa que cualquier aporte externo de armas a la oposición tendría que ser encubierto (pero, de otro modo, no problemático).

Hay quien argumenta que el petróleo no puede ser una razón, porque las compañías occidentales ya disfrutaban de acceso al botín bajo Gadafi. Este razonamiento ignora las preocupaciones de EE.UU. Lo mismo podría haberse dicho de Iraq bajo Saddam, o de Irán o Cuba durante muchos años, y aún hoy en día. Lo que Washington pretende es lo que Bush anunció: control o, por lo menos, clientes de confianza. Documentos internos estadounidenses y británicos subrayan que “el virus del nacionalismo” es su mayor temor, no sólo en el Oriente Próximo sino en todas partes. Regímenes nacionalistas que pudieran llevar a cabo ilegítimos ejercicios de soberanía, violando los principios de la Gran Zona. Y que pudieran tratar de dirigir los recursos a cubrir las necesidades populares, como Nasser amenazaba ocasionalmente con hacer.

Vale la pena señalar que las tres potencias imperialistas tradicionales –Francia, Reino Unido, EE.UU. – están casi aisladas en la realización de estas operaciones. Los dos principales estados de la región, Turquía y Egipto, probablemente podrían haber impuesto una zona de exclusión aérea, pero sólo ofrecen un tibio apoyo a la campaña militar del triunvirato. Las dictaduras del Golfo estarían felices de ver desaparecer al errático dictador libio, pero a pesar de estar sobrecargadas de hardware militar de último modelo (servido generosamente por EE.UU. y Reino Unido para reciclar los petrodólares y asegurar su obediencia), sólo se atreven a ofrecer una participación simbólica (Qatar.)

Si bien apoyan la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU (UNSC), los países africanos –aparte de Ruanda, aliado de EE.UU.– se oponen en general a la forma en que aquélla ha sido interpretada, a toda prisa, por el triunvirato, y en algunos casos esta oposición es muy firme. Para conocer las políticas de cada uno de los estados africanos véase el artículo del keniata Charles Onyango-Obbo (http://allafrica.com/stories/201103280142.html).

Más allá de la región hay poco apoyo. Al igual que Rusia y China, Brasil se abstuvo de en la votación de la ONU de la resolución 1973, instando en cambio a un completo alto el fuego y al diálogo. India también se abstuvo en la resolución, basándose en que las medidas propuestas pueden “agravar una situación ya difícil para el pueblo de Libia”, y también pidió medidas políticas y no el uso de la fuerza. Incluso Alemania se abstuvo. Italia también se mostró reacio, en parte quizá porque es muy dependiente de los contratos petroleros con Gadafi. Además, podemos recordar el genocidio que llevó a cabo Italia en el este de Libia, la zona ahora liberada, tras la primera Guerra Mundial, del que tal vez conserven algunos recuerdos .

2. ¿Puede alguien contrario a las intervenciones, que además cree en la autodeterminación de las naciones y las personas, apoyar una intervención ya sea realizada por la ONU o individualmente por algunos países?
Hay dos casos a considerar: (1) una intervención autorizada por la ONU, y (2), una intervención sin autorización de la ONU. A menos que creamos que los Estados son sagrados en la forma que se han establecido en el mundo moderno (por lo general mediante una violencia extrema), y que están dotados de derechos que anulan todas las consideraciones imaginables, entonces la respuesta es la misma en ambos casos: sí, al menos en principio . Y no veo motivo para discutir esta creencia, por lo que la voy a dejar de lado.


En lo que respecta al primer caso, la Carta (de las Naciones Unidas) y las resoluciones posteriores otorgan al Consejo de Seguridad una considerable latitud para la intervención, y ésta se ha llevado a cabo, por ejemplo, en el caso de África del Sur. Esto, por supuesto, no implica que todas las decisiones del Consejo de Seguridad deban tener la aprobación de “alguien contrario a las intervenciones, que además cree en la autodeterminación de las naciones y las personas”; otras consideraciones entran en juego en casos específicos, pero, una vez más, a menos que otorguemos a los Estados contemporáneos un estatus de entidades prácticamente sagradas, el principio es el mismo.

En cuanto al segundo caso –el que se plantea con respecto a la interpretación que hace el triunvirato de la resolución 1973, junto a otros muchos ejemplos– la respuesta es otra vez afirmativa, al menos en principio, a menos que tomemos el sistema estatal global como algo inviolable en la forma establecida en la Carta de las Naciones Unidas y otros tratados.

Siempre hay, por supuesto, una carga de la prueba muy pesada que es preciso soportar para justificar la intervención por la fuerza, o cualquier otro uso de la fuerza. La carga es especialmente alta en la segunda hipótesis, en casos de violación de la Carta, al menos para los Estados que profesan el respeto de la ley. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que la potencia hegemónica mundial rechaza esta postura, y se autoexcluye de las Cartas de las Naciones Unidas y de la OEA, junto a otros tratados internacionales. Al aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, cuando ésta se estableció (conforme a la iniciativa de EE.UU.) en 1946, Washington se excluyó de los cargos de violación de los tratados internacionales, y posteriormente ratificó el Convenio para la Prevención y la Represión del Genocidio, de 1948. con reservas similares. Todas ellas confirmadas por los tribunales internacionales, ya que su procedimientos requieren la aceptación de la jurisdicción. De manera más general, la práctica de EE.UU. es introducir reservas cruciales a los tratados internacionales que ratifica, eximiéndose en la práctica de los mismos.

¿Es soportable la carga de la prueba? No tiene mucho sentido discutir esto de manera abstracta, pero hay algunos casos reales que podrían ayudarnos. En el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, hay dos casos de recurso a la fuerza que, aunque no pueden considerarse como intervenciónes humanitarias, podrían ser legítimamente compatibles: la invasión por parte de India de Pakistán Oriental, en 1971, y la invasión vietnamita de Camboya, en diciembre de 1978; en ambos casos, para poner fin a atrocidades masivas. Estos ejemplos, sin embargo, no entran en el canon occidental de intervención humanitaria, ya que sufren de la falacia de la institución errónea: no los llevaron a cabo los occidentales. Es más, EE.UU. se opuso a ellos encarnizadamente, en el momento álgido de las atrocidades, y luego castigó severamente a los “malhechores” que terminaron con las matanzas de la actual Bangladesh y de la Camboya de Pol Pot. Vietnam no sólo fue duramente condenado, sino también castigado con una invasión china apoyada por Estados Unidos, y con el apoyo militar y diplomático británico-estadounidense a los jemeres rojos camboyanos en sus ataques desde sus bases de Tailandia.

Si bien la carga de la prueba se puede soportar en ambos casos, no es fácil pensar en otros. En el actual caso de intervención por el triunvirato de potencias imperiales que están violando en estos momentos la resolución 1973 de las Naciones Unidas de 1973, la carga es muy pesada, dado su horrible historial. Sin embargo, sería demasiado fuerte sostener que nunca se puede soportar, en principio. A menos, por supuesto, que consideramos los estados-nación en su forma actual como esencialmente sagrados. La prevención de una masacre probable en Bengazi no es poca cosa, con independencia de lo que uno piense sobre las razones.

3. ¿Puede una persona interesada en que los disidentes de un país no sean masacrados en su búsqueda de la autodeterminación, oponerse legítimamente a una intervención que tiene por objeto, sean cuales sean sus razones, evitar una masacre?


Aun aceptando, por pura hipótesis, que la intención es genuina, que cumple el criterio simple que he mencionado al principio, no veo cómo responder a este nivel de abstracción: depende de las circunstancias. Podríamos oponernos a la intervención podría oponerse, por ejemplo, si ésta es probable que conduzca a una masacre mucho peor. Supongamos, por ejemplo, que los líderes de EE.UU., real y honestamente, hubieran tenido la intención de evitar una masacre en Hungría en 1956 y hubieran bombardeado Moscú. O que el Kremlin, genuina y honestamente, hubiera tenido la intención de evitar una masacre en El Salvador, en la década de 1980, mediante el bombardeo de EE.UU. Teniendo en cuenta las consecuencias previsibles, todos estaríamos de acuerdo en que esas acciones –inconcebibles– podría ser legítimamente contestadas.

4. Muchos ven una analogía entre la intervención en Kosovo, de 1999, y la actual intervención en Libia. ¿Puede explicar las principales similitudes, en primer lugar, y también las principales diferencias, en segundo lugar?
De hecho, muchas personas perciben esta analogía, lo que es un homenaje al increíble poder de los sistemas de propaganda occidentales. Da la casualidad de que contamos con excelente documentación de los antecedentes de la intervención en Kosovo, que incluye dos detalladas recopilaciones del Departamento de Estado, extensos informes sobre el terreno de los observadores –occidentales– de la Misión de Verificación de Kosovo, fuentes de la OTAN y la ONU, una comisión de investigación británica y muchos más elementos. Los informes y estudios coinciden estrechamente en los hechos.


En resumen, podemos decir que no se había producido ningún cambio sustancial sobre el terreno en los meses previos al bombardeo. Tanto las fuerzas serbias como la guerrilla del ELK habían cometido atrocidades –las de esta última fuerza, de mayor gravedad, en ataques desde la vecina Albania– durante el período en cuestión, al menos de acuerdo a las más altas autoridades británicas (Gran Bretaña fue el miembro más agresivo de la alianza). Las grandes atrocidades en Kosovo no fueron la causa de los bombardeos de la OTAN sobre Serbia, sino su consecuencia, una consecuencia totalmente previsible. El comandante en jefe de la OTAN, el general estadounidense Wesley Clark, había informado a la Casa Blanca semanas antes de los bombardeos de que éstos provocarían una respuesta brutal por las fuerzas serbias sobre el terreno, y, al comienzo del bombardeo, dijo a la prensa que esta respuesta era “previsible”.

Los primeros refugiados kosovares registrados por la ONU se producen en fechas muy posteriores al comienzo de los bombardeos. Con una sola excepción, la acusación de Milosevic, durante los bombardeos, basada en gran medida en informes de inteligencia anglo-estadounidenses, se limitó a los crímenes cometidos después del bombardeo, y sabemos que no podía ser tomada en serio por los líderes de Estados Unidos y Reino Unido, que en ese mismo momento estaban apoyando activamente crímenes aún peores. Además, había buenas razones para creer que una solución diplomática estaba al alcance; en efecto, la resolución de la ONU impuesta después de 78 días de bombardeo fue más bien un compromiso entre la posición serbia y la de la OTAN al comienzo.

Todo esto, incluso estas impecables fuentes occidentales, lo trato con cierto detalle en mi libro A New Generation Draws the Line. Nuevas informaciones que corroboran todo ello han aparecido desde entonces. Por ejemplo, Diana Johnstone informa de una carta a la canciller alemana, Angela Merkel, el 26 de octubre de 2007, que le envía Dietmar Hartwig, ex jefe de la misión europea en Kosovo antes de que fuera retirado el 20 de marzo con el anuncio del bombardeo, que estaba en una posición muy buena para saber lo que estaba sucediendo. Éste escribe:

No hay un solo informe presentado en el período comprendido entre finales de noviembre de 1998 y la evacuación en vísperas de la guerra que mencione que los serbios hayan cometido delitos graves o sistemáticos contra los albaneses, ni tampoco ha habido un solo caso que se refiera a incidentes o delitos de genocidio o asimilables a éste. Por el contrario, en mis informes he registrado en repetidas ocasiones que, teniendo en cuenta los ataques del ELK cada vez más frecuentes contra el Gobierno serbio, se ha demostrado que la aplicación de la ley por parte de éste ha sido hecha con una notable moderación y disciplina. El objetivo claro y citado a menudo por el Gobierno serbio ha consistido en observar rigurosamente el acuerdo Milosevic-Holbrooke [de octubre de 1998] para no dar ninguna excusa a la comunidad internacional para intervenir. (...) Hubo enormes “diferencias de percepción” entre lo que las misiones en Kosovo han estado informando a sus respectivos gobiernos y capitales, y lo que éstos han filtrado posteriormente a los medios de comunicación y al público. Esta discrepancia sólo puede ser vista como un elemento de preparación a largo plazo para la guerra contra Yugoslavia. Hasta el momento en que abandoné Kosovo, nunca había ocurrido lo que los medios de comunicación y, todavía más, los políticos afirmaban sin cesar. En consecuencia, hasta el 20 de marzo 1999 no había ninguna razón para la intervención militar, lo que hace ilegítimas las medidas adoptadas posteriormente por la comunidad internacional. El comportamiento colectivo de los Estados miembros antes y después del estallido de la guerra da pie a serias preocupaciones, porque la verdad fue liquidada y la UE perdió fiabilidad.”

La historia no es física cuántica, y siempre hay un amplio margen para la duda. Pero es raro que las conclusiones tengan un respaldo tan firme como en este caso. De un modo muy revelador, es totalmente irrelevante. La doctrina que prevalece es que la OTAN intervino para detener la limpieza étnica, aunque los partidarios de los bombardeos que toleran al menos un guiño a los abundantes elementos fácticos califican su apoyo al decir que los bombardeos eran necesarios para detener las posibles atrocidades: debemos actuar aun produciendo atrocidades a gran escala para detener las que se podrían producir si no bombardeásemos. Y hay justificaciones aún más impactantes.

Las razones de esta práctica unanimidad y pasión son bastante claras. El bombardeo se produjo en una virtual orgía de autoglorificación y pavor por parte de las potencias, que podría haber impresionado a Kim il-Sung. Lo he analizado en otro lugar, y no deberíamos permitir que siga en el olvido este notable momento de la historia intelectual. Después de este espectáculo, el desenlace tenía que ser simplemente glorioso. La noble intervención en Kosovo proporcionó este desenlace, y esta ficción debe ser celosamente mantenida.

Volviendo a la pregunta, hay una analogía entre las representaciones autocomplacientes de Kosovo y Libia: ambas intervenciones están animadas por nobles intenciones, según la versión novelada. El inaceptable mundo real sugiere en cambio analogías bastante diferentes.

5. Del mismo modo, mucha gente ve una analogía entre la actual intervención en Iraq y la intervención en curso en Libia. En este caso, ¿puede explicar las similitudes y las diferencias?
No veo las analogías significativas aquí tampoco, excepto que dos de los Estados participantes son los mismos. En el caso de Iraq, las metas son las que al final acabaron por reconocer. En el caso de Libia, es probable que el objetivo sea similar, al menos en un aspecto: la esperanza de que un régimen cliente fiable apoye los objetivos occidentales y proporcione a los inversores occidentales un acceso privilegiado a la riqueza petrolera rica de Libia, que, como he señalado, puede ir mucho más allá de lo que se conoce actualmente.


6. ¿Qué espera usted, en las próximas semanas, que suceda en Libia y, en ese contexto, ¿cuáles cree usted que deberían ser los objetivos de un movimiento, en Estados Unidos, contra la intervención y la guerra con respecto a las políticas de EE.UU.?


Por supuesto, es incierto, pero las perspectivas probables –hoy, 29 de marzo– son o bien una partición de Libia en una región oriental, rica en petróleo y dependiente en gran medida de las potencias occidentales imperiales, y una región occidental pobre bajo el control de un tirano brutal de limitadas capacidades; o bien una victoria de las fuerzas respaldadas por Occidente. En cualquier caso, lo que el triunvirato presumiblemente espera es un régimen menos problemático y más dependiente en lugar del actual. El desenlace probable es el que se describe con bastante exactitud, creo que por el diario árabe con sede en Londres Al-Quds Al-Arabi, en su número del 28 de marzo. Si bien se reconoce la incertidumbre de la predicción, prevé que la intervención puede dejar en Libia “dos estados, uno para los rebeldes en el Este, rico en petróleo; y uno, pobre, en manos de Gadafi en el Oeste (...) Una vez asegurados los campos de petróleo, podemos encontrarnos ante a un nuevo emirato petrolero en Libia, un país escasamente habitado, protegido por Occidente y muy similar a los estados-emirato del Golfo Pérsico.” O bien, la rebelión apoyada por Occidente podría continuar hasta el final para eliminar al irritante dictador.

Los que se preocupan por la paz, la justicia, la libertad y la democracia debe tratar de encontrar maneras de prestar apoyo y asistencia a los libios que tratan de forjar su propio futuro, libre de las limitaciones impuestas por las potencias extranjeras. Podemos tener esperanzas sobre la dirección a seguir, pero el futuro debe estar en sus manos.



REPORTAJE: Primer plano Islandia enjaula a sus banqueros

La primera víctima de la crisis financiera hace un valiente intento de pedir responsabilidades

CLAUDI PÉREZ 03/04/2011

Se busca. Hombre, 48 años, 1,80 metros, 114 kilos. Calvo, ojos azules. La Interpol acompaña esa descripción de una foto en la que aparece un tipo bien afeitado embutido en uno de esos trajes oscuros de 2.000 euros y tocado con un impecable nudo de corbata. Se ve a la legua que se trata de un banquero: este no es uno de esos carteles del salvaje Oeste. La delincuencia ha cambiado mucho con la globalización financiera. Y sin embargo, esta historia tiene ribetes de western de Sam Peckinpah ambientado en el Ártico. Esto es Islandia, el lugar donde los bancos quiebran y sus directivos pueden ir a la cárcel sin que el cielo se desplome sobre nuestras cabezas; la isla donde apenas medio millar de personas armadas con peligrosas cacerolas pueden derrocar un Gobierno. Esto es Islandia, el pedazo de hielo y roca volcánica que un día fue el país más feliz del mundo (así, como suena) y donde ahora los taxistas lanzan las mismas miradas furibundas que en todas partes cuando se les pregunta si están más cabreados con los banqueros o con los políticos. En fin, Esto es Islandia: paraíso sobrenatural, reza el cartel que se divisa desde el avión, antes incluso de desembarcar.

El tipo de la foto se llama Sigurdur Einarsson. Era el presidente ejecutivo de uno de los grandes bancos de Islandia y el más temerario de todos ellos, Kaupthing (literalmente, "la plaza del mercado"; los islandeses tienen un extraño sentido del humor, además de una lengua milenaria e impenetrable). Einarsson ya no está en la lista de la Interpol. Fue detenido hace unos días en su mansión de Londres. Y es uno de los protagonistas del libro más leído de Islandia: nueve volúmenes y 2.400 páginas para una especie de saga delirante sobre los desmanes que puede llegar a perpetrar la industria financiera cuando está totalmente fuera de control.
Nueve volúmenes: prácticamente unos episodios nacionales en los que se demuestra que nada de eso fue un accidente. Islandia fue saqueada por no más de 20 o 30 personas. Una docena de banqueros, unos pocos empresarios y un puñado de políticos formaron un grupo salvaje que llevó al país entero a la ruina: 10 de los 63 parlamentarios islandeses, incluidos los dos líderes del partido que ha gobernado casi ininterrumpidamente desde 1944, tenían concedidos préstamos personales por un valor de casi 10 millones de euros por cabeza. Está por demostrar que eso sea delito (aunque parece que parte de ese dinero servía para comprar acciones de los propios bancos: para hinchar las cotizaciones), pero al menos es un escándalo mayúsculo.

Islandia es una excepción, una singularidad; una rareza. Y no solo por dejar quebrar sus bancos y perseguir a sus banqueros. La isla es un paisaje lunar con apenas 320.000 habitantes a medio camino entre Europa, EE UU y el círculo polar, con un clima y una geografía extremos, con una de las tradiciones democráticas más antiguas de Europa y, fin de los tópicos, con una gente de indomable carácter y una forma de ser y hacer de lo más peculiar. Un lugar donde uno de esos taxistas furibundos, tras dejar atrás la capital, Reikiavik, se adentra en una lengua de tierra rodeada de agua y deja al periodista al pie de la distinguida residencia presidencial, con el mismísimo presidente esperando en el quicio de la puerta: cualquiera puede acercarse sin problemas, no hay medidas de seguridad ni un solo policía. Solo el detalle exótico de una enorme piel de oso polar en lo alto de una escalera saca del pasmo a quien en su primera entrevista con un presidente de un país se topa con un mandatario, Ólagur Grímsson, que considera "una locura" que sus conciudadanos "tengan que pagar la factura de su banca sin que se les consulte".

Y del presidente al ciudadano de a pie: de la anécdota a la categoría. Arnar Arinbjarnarsson es capaz de resumir el apocalipsis de Islandia con estupefaciente impavidez, frente a un humeante capuchino en el céntrico Café París, a dos pasos del Althing, el Parlamento. Arnar tiene 33 años y estudió ingeniería en la universidad, pero, al acabar, ni siquiera se le pasó por la cabeza diseñar puentes: uno de los bancos le contrató, pese a carecer de formación financiera. "La banca estaba experimentando un crecimiento explosivo, y para un ingeniero es relativamente sencillo aprender matemática financiera, sobre todo si el sueldo es estratosférico", alega.

Islandia venía de ser el país más pobre de Europa a principios del siglo XX. En los años ochenta, el Gobierno privatizó la pesca: la dividió en cuotas e hizo millonarios a unos cuantos pescadores. A partir de ahí, bajo el influjo de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, el país se convirtió en la quintaesencia del modelo liberal, con una política económica de bajos impuestos, privatizaciones, desregulaciones y demás: la sombra de Milton Friedman, que viajó durante esa época a Reikiavik, es alargada. Aquello funcionó. La renta per cápita se situó entre las más altas del mundo, el paro se estabilizó en el 1% y el país invirtió en energía verde, plantas de aluminio y tecnología. El culmen llegó con el nuevo siglo: el Estado privatizó la banca y los banqueros iniciaron una carrera desaforada por la expansión dentro y fuera del país, ayudados por las manos libres que les dejaba la falta de regulación y por unos tipos de interés en torno al 15% que atraían los ahorros de los dentistas austriacos, los jubilados alemanes y los comerciantes holandeses. Una economía sana, asentada sobre sólidas bases, se convirtió en una mesa de black jack. Ni siquiera faltó una campaña nacionalista a favor de la supremacía racial de la casta empresarial, lo que tal vez demuestra lo peligroso que es meter en la cabeza de la gente ese tipo de memeces, ya sea "las casas nunca bajan de precio" o "los islandeses controlan mejor el riesgo por su pasado vikingo".

La fiesta se desbocó: los activos de los bancos llegaron a multiplicar por 12 el PIB. Solo Irlanda, otro ejemplo de modelo liberal, se acerca a esas cifras. Hasta que de la noche a la mañana -con el colapso de Lehman Brothers y el petardazo financiero mundial- todo se desmoronó, en lo que ha sido "el shock más brutal y fulminante de la crisis internacional", asegura Jon Danielsson, de la London School of Economics.
Pero volvamos a Arnar y su relato: "La banca empezó a derrochar dinero en juergas con champán y estrellas del rock; se compró o ayudó a comprar medio Oxford Street, varios clubes de fútbol de la liga inglesa, bancos en Dinamarca, empresas en toda Escandinavia: todo lo que estuviera en venta, y todo a crédito". Los ejecutivos se concedían créditos millonarios a sí mismos, a sus familiares, a sus amigos y a los políticos cercanos, a menudo, sin garantías. La Bolsa multiplicó su valor por nueve entre 2003 y 2007. Los precios de los pisos se triplicaron. "Los bancos levantaron un obsceno castillo de naipes que se lo llevó todo por delante", cuenta Arnar, que conserva su empleo, pero con la mitad de sueldo. Acaba de comprarse un barco a medias con su padre con la intención de cambiar de vida: quiere dedicarse a la pesca.

La fábula de una isla de pescadores que se convirtió en un país de banqueros tiene moraleja: "Tal vez sea hora de volver al comienzo", reflexiona el ingeniero. "Tal vez todo ese dinero y ese talento que absorbe la banca cuando crece demasiado no solo se convierte en un foco de inestabilidad, sino que detrae recursos de otros sectores y puede llegar a ser nocivo, al impedir que una economía desarrolle todo su potencial", dice el presidente Grímsson.

La magnitud de la catástrofe fue espectacular. La inflación se desbocó, la corona se desplomó, el paro creció a toda velocidad, el PIB ha caído el 15%, los bancos perdieron unos 100.000 millones de dólares (pasará mucho tiempo antes de que haya cifras definitivas) y los islandeses siguieron siendo ricos, más o menos: la mita de ricos que antes. ¿De quién fue la culpa? De los bancos y los banqueros, por supuesto. De sus excesos, de aquella barra libre de crédito, de su desmesurada codicia. Los bancos son el monstruo, la culpa es de ellos y, en todo caso, de los políticos, que les permitieron todo eso. OK. No hay duda. ¿Solamente de los bancos?

"El país entero se vio atrapado en una burbuja. La banca experimentó un desarrollo repentino, algo que ahora vemos como algo estúpido e irresponsable. Pero la gente hizo algo parecido. Las reglas normales de las finanzas quedaron suspendidas y entramos en la era del todo vale: dos casas, tres casas por familia, un Range Rover, una moto de nieve. Los salarios subían, la riqueza parecía salir de la nada, las tarjetas de crédito echaban humo", explica Ásgeir Jonsson, ex economista jefe de Kaupthing. El también economista Magnus Skulasson asume que esa locura colectiva llevó a un país entero a parecer dominado por los valores de Wall Street, de la banca de inversión más especulativa. "Los islandeses hemos contribuido decisivamente a que pasara lo que pasó, por permitir que el Gobierno y la banca hicieran lo que hicieron, pero también participamos de esa combinación de codicia y estupidez. Los bancos merecen sentarse en el banquillo y nosotros nos merecemos una parte del castigo: pero solo una parte", afirma en el restaurante de un céntrico hotel.

Una cosa salva a los islandeses, de alguna manera les redime de parte de esos pecados. En su incisivo ¡Indignaos!, Stephane Hessel describe cómo en Europa y EE UU los financieros, culpables indiscutibles de la crisis, han salvado el bache y prosiguen su vida como siempre: han vuelto los beneficios, los bonus, esas cosas. En cambio, sus víctimas no han recuperado el nivel de ingresos, ni mucho menos el empleo. "El poder del dinero nunca había sido tan grande, insolente, egoísta con todos", acusa, y, sin embargo, "los banqueros apenas han soportado las consecuencias de sus desafueros", añade en el prólogo del libro el escritor José Luis Sampedro.

Así es: salvo tal vez en el Ártico. Islandia ha hecho un valiente intento de pedir responsabilidades. "Dejar quebrar los bancos y decirles a los acreedores que no van a cobrar todo lo que se les debe ha ayudado a mitigar algunas de las consecuencias de las locuras de sus banqueros", asegura por teléfono desde Tejas el economista James K. Galbraith.

Contada así, la versión islandesa de la crisis tiene un toque romántico. Pero la economía es siempre más prosaica de lo que parece. Hay quien relata una historia distinta: "Simplemente, no había dinero para rescatar a los bancos: de lo contrario, el Estado los habría salvado: ¡Llegamos a pedírselo a Rusia!", critica el politólogo Eirikur Bergmann. "Fue un accidente: no queríamos, pero tuvimos que dejarlos quebrar y ahora los políticos tratan de vender esa leyenda de que Islandia ha dado otra respuesta".

Sea como sea, la crisis ha dejado una cicatriz enorme que sigue bien visible: hay controles de capitales, un delicioso eufemismo de lo que en el hemisferio Sur (y más concretamente en Argentina) suele llamarse corralito. El paro sigue por encima del 8%, tasas desconocidas por estos lares. El desplome de la corona ha empobrecido a todo el país, excepto a las empresas exportadoras. Cuatro de cada diez hogares se endeudaron en divisas o con créditos vinculados a la inflación (parece que, por lo general, para comprar segundas residencias y coches de lujo), lo que ha dejado un agujero considerable en el bolsillo de la gente. Tras dejar quebrar el sistema bancario, el Estado lo nacionalizó y acabó inyectando montones de dinero -el equivalente a una cuarta parte del PIB- para que la banca no dejara de funcionar, y ahora empieza a reprivatizarlo: la vida, de algún modo, sigue igual.

Todo eso ha elevado la deuda pública por encima del 100% del PIB, y para controlar el déficit tampoco los islandeses se han librado de la oleada de austeridad que recorre Europa desde el Estrecho de Gibraltar hasta la costa de Groenlandia: más impuestos y menos gasto público. Al cabo, Islandia tuvo que pedir un rescate al FMI, y el Fondo ha aplicado las recetas habituales: se han elevado el IRPF y el IVA islandeses y se han creado nuevos impuestos, y por el lado del gasto se han bajado salarios y beneficios sociales y se están cerrando escuelas; se ha reducido el Estado del bienestar. Que es lo que suele suceder cuando de repente un país es menos rico de lo que creía.

"Hemos recorrido una década hacia atrás", cierra Bergman. Y aun así, el Gobierno y el FMI aseguran que Islandia crecerá este año un 3%: el desplome de la corona ha permitido un despegue de las exportaciones, hay sectores punteros -como el aluminio- que están teniendo una crisis muy provechosa, y, al fin y al cabo, Islandia es un país joven con un nivel educativo sobresaliente. Entre la docena de fuentes consultadas para este reportaje, sin embargo, no abunda el optimismo. Uno de los economistas más brillantes de Islandia, Gylfi Zoega, dibuja un panorama preocupante: "Los bancos aún no son operativos, los balances de las empresas están dañados, el acceso al mercado de capitales está cerrado, el Gobierno muestra una debilidad alarmante. No hay consenso sobre qué lugar deben ocupar Islandia y su economía en el mundo. Vamos a la deriva... No se engañe: ni siquiera el colapso de los bancos fue una elección; no había alternativa. Islandia no puede ser un modelo de nada".

Hay quien duda incluso de que los banqueros den finalmente con sus huesos en la cárcel: "Los ejecutivos han sido detenidos varias veces, y después, puestos en libertad: como tantas otras veces, eso es más un jugueteo con la opinión pública que otra cosa", asegura Jon Danielsson. Hannes Guissurasson, asesor del anterior Gobierno y conocido por su férrea defensa de postulados neoliberales, incluso traza una fina línea entre el delito y algunas de las prácticas bancarias de los últimos años. "Muy pocos banqueros van a ir a la prisión, si es que va alguno: ¿qué ley vulnera la excesiva toma de riesgos?", se pregunta.

Pero los mitos son los mitos (y un periodista debe defender su reportaje hasta el último párrafo) e Islandia deja varias lecciones fundamentales. Una: no está claro si dejar caer un banco es un acto reaccionario o libertario, pero el coste, al menos para Islandia, es sorprendentemente bajo; el PIB de Irlanda (cuyo Gobierno garantizó toda la deuda bancaria) ha caído lo mismo y sus perspectivas de recuperación son peores. Dos: tener moneda propia no es un mal negocio. En caso de apuro se devalúa y santas Pascuas; eso permite salir de la crisis con exportaciones, algo que ni Grecia ni Irlanda (ni España) pueden hacer.

La última y definitiva enseñanza viene de la mano del grupo salvaje, a quien nadie vio venir: ni las agencias de calificación ni los auditores anticiparon los problemas (aunque lo que no descubre una buena auditoría lo destapa una buena crisis: Pricewaterhousecoopers está acusada de negligencia). Pero los problemas estaban ahí: la prueba es que la inmensa mayoría de los ejecutivos de banca están de patitas en la calle y algunos esperan juicio. Nuestro Sigurdur Einarsson, el banquero más buscado, se compró una mansión en Chelsea, uno de los barrios más exclusivos de Londres, por 12 millones de euros. La mayoría de los banqueros que tienen problemas con la justicia hicieron lo mismo durante los años del boom, y menos mal que lo hicieron: la gente les abucheaba en el teatro, les tiraba bolas de nieve en plena calle, les lanzaba piropos en los restaurantes o les dejaba ocurrentes pintadas en sus domicilios. Salieron pitando de Islandia. El caso es que Einarsson no tuvo que marcharse: vivía en su estupenda mansión londinense desde 2005. La hipoteca no era problema: Einarsson decidió alquilársela al banco mientras vivía en la casa; al fin y al cabo, un presidente es un presidente, y ese es el tipo de demostraciones de talento financiero que solo traen sorpresas en el improbable caso de que la justicia se meta por medio. Islandia parece el lugar adecuado para que sucedan cosas improbables: según las estadísticas, más de la mitad de los islandeses cree en los elfos. En el avión de vuelta se entiende mejor la publicidad del aeropuerto, sobre todo porque las fuentes consultadas descartan que, si finalmente hay condena a los banqueros, el Gobierno islandés vaya a conceder un solo indulto. Esto es Islandia: paraíso sobrenatural. ¡Vaya si lo es! -

El 'caso Icesave' (y otras rarezas)

El tiburón putrefacto es uno de los platos típicos de Islandia, que tiene una noche inacabable (no solo por las horas de oscuridad), una de las pocas primeras ministras del mundo (Johana Sigurdardottir, abiertamente lesbiana) y un museo de penes (y esto no es una errata). La lista de rarezas es inacabable: es más fácil entrevistar al presidente de Islandia que al alcalde de Reikiavik, Jon Gnarr, célebre por pactar solo con quienes hayan visto las cuatro temporadas de The Wire. Con la crisis, las singularidades han alcanzado incluso al siempre aburrido sector financiero: en Londres han llegado a aplicarle métodos antiterroristas.
Landsbanki, uno de los tres grandes bancos islandeses, abrió una filial por Internet con una cuenta de ahorro a altos tipos de interés, Icesave, que hizo furor entre británicos y holandeses. Cuando las cosas empezaron a torcerse y el Gobierno británico detectó que el banco estaba repatriando capitales, le aplicó la ley antiterrorista para congelar sus fondos. Ese fue el detonante de toda la crisis: provocó la quiebra en cadena de toda la banca. Y sigue dando tremendos dolores de cabeza a Islandia.
Holanda y Reino Unido devolvieron a sus ciudadanos el 100% de los depósitos y ahora exigen ese dinero: 4.000 millones de euros, un tercio del PIB islandés, nada menos. El Gobierno llegó a un acuerdo para que los ciudadanos pagaran en 15 años y al 5,5% de interés: la gente se organizó para echarlo abajo en un referéndum, tras el veto del presidente. Así llegó un segundo pacto, más ventajoso (tipos del 3%, a pagar en 37 años), y de nuevo la gente decidirá en abril en referéndum si paga o no por los desmanes de sus bancos. Agni Asgeirsson, ex ejecutivo que fue despedido de Kaupthing y ahora trabaja como ingeniero en Río Tinto, es tajante al respecto: "El primer acuerdo era claramente un fraude. Este es más discutible. No queremos pagar, pero eso añadiría incertidumbre legal sobre el futuro del país. Pero lo interesante es cómo ha reaccionado la gente". Ese es quizá el mayor atractivo de la respuesta islandesa: la parlamentaria y ex magistrada francesa Eva Joly (a quien se encargó el inicio de la investigación sobre la banca) asegura que lo más llamativo de Islandia es que en un país "que se consideraba a sí mismo un milagro neoliberal, y donde se había perdido gradualmente todo interés por la política, ahora la gente quiere tener su destino en sus propias manos".
"Eso sí: la fe en los políticos y los banqueros tardará en volver, pero que mucho, mucho, tiempo", cierra el cónsul de España, Fridrik S. Kristjánsson. -


El País

Paraísos fiscales - Paraísos insolidarios y peligrosos

CÉSAR CALVAR

Paraísos insolidarios y peligrosos
Los paraísos existen y su listado es extenso, pero disfrutar de sus ventajas sólo está al alcance de las personas o empresas que gozan del mayor nivel de riqueza. Los paraísos fiscales, jurisdicciones especiales ubicadas en territorio continental o en islas lejanas y exóticas, ofrecen a las mayores fortunas del mundo condiciones favorables para atraer su capital. Ventajas como el secreto bancario, un tipo impositivo muy bajo o inexistente para los no residentes, la ausencia de cooperación con las autoridades de otros estados y una desregulación general que posibilita que el dinero fluya con rapidez y escape al 'engorroso' control de las haciendas públicas de los estados tradicionales.
La evasión fiscal y la fuga ilícita de capitales son un problema que pasa factura a la economía global, como quedó patente en el inicio de esta crisis y en las sucesivas cumbres del G-20, que han debatido fórmulas para atajarlas. Es muy difícil calcular la cantidad de dinero que mueven este tipo de jurisdiciones, las preferidas por algunas multinacionales, bancos e incluso redes criminales y grupos terroristas para amasar o blanquear sus ganancias.
Tax Justice Network, una coalición de ONG dedicada a promover la transparencia fiscal, sostiene que un tercio los activos globales y más de la mitad del comercio mundial pasa por paraísos fiscales. Estima que el importe total de los fondos depositados en jurisdicciones secretas es de 11,5 billones de dólares, lo que provoca a los estados una pérdida de ingresos fiscales sobre la renta de dichos activos de unos 250.000 millones de dólares.
Eso es cinco veces más de lo que el Banco Mundial estimó en 2002 que necesita la ONU para implementar los Objetivos del Milenio y reducir a la mitad la pobreza del planeta. Ese capital también bastaría para sufragar el coste de transformar las infraestructuras energéticas del mundo para hacer frente al cambio climático.
Cada vez hay más
El número de paraísos fiscales se ha triplicado en las últimas décadas y ha pasado de 25 en los años setenta a unos 72 en la actualidad, según explica el investigador José Luis Escario, coordinador del área Unión Europea de la Fundación Alternativas, en su estudio 'La lucha contra los paraísos fiscales y la evasión. Avances desde la cumbre del G-20 de Londres y próximos desafíos'.
El trabajo, un informe pormenorizado sobre este fenómeno que verá la luz en forma de libro el próximo 19 de mayo, detalla cómo la mayoría de estos territorios están interrelacionados con los principales centros financieros mundiales, lo que ha ayudado a agrandar la crisis y a debilitar a algunos estados.
«La intencionadamente laxa regulación en los paraísos fiscales ha facilitado la expansión mundial de productos financieros de alto riesgo y ha vuelto muy difícil calcular la salud de las instituciones financieras con actividades y activos en estos territorios», señala Escario.
Los esquemas fiscales de muchos de esos territorios, ansiosos por atraer capital, acentúan también la «competencia fiscal dañina» y desleal entre estados. Un buen ejemplo es la hoy maltrecha Irlanda, que durante los años de bonanza atrajo gran número de inversiones de multinacionales gracias a su bajísimo impuesto de sociedades (12,5% de los beneficios, frente al 30% de media en el resto de Europa).
Pero eso no es todo. La fuga de capitales empeora, además, el déficit de los países y les obliga a recurrir a préstamos del exterior, y a la larga a subir los impuestos a sus ciudadanos y a recortar gasto social. En el caso de Europa, la espiral ha llegado a poner en cuestión la viabilidad de su modelo de bienestar. En los países en desarrollo el impacto es aún más fuerte, pues sus finanzas dependen en mayor medida de los impuestos de las multinacionales. Esos recursos provenientes del pago de tributos no pueden reemplazarse por otras fuentes de financiación como la ayuda oficial al desarrollo o la deuda, dependientes ambas de factores externos y, por tanto, más volátiles.
Países en desarrollo
Global Financial Integrity calculó en otro informe reciente que los flujos ilícitos que salieron de países en desarrollo aumentaron desde 1,06 billones de dólares en 2006 a 1,26 billones en 2008. Las implicaciones de esas 'fugas' sobre la economía son profundas: el importe es diez veces superior al de la ayuda oficial al desarrollo destinada a países necesitados. Eso significa que por cada dólar de ayuda que llega a esos países, diez dólares se escapan a través de los canales ilegales. Pobreza, atraso y falta de acceso a recursos básicos como sanidad y educación son su consecuencia más dramática.
La lucha contra las prácticas nocivas de los paraísos fiscales cobró gran relevancia durante la última recesión, en particular en la cumbre del G-20 de Londres (abril de 2009). Sin embargo, José Luis Escario detecta que desde entonces se ha producido «un paulatino desvanecimiento» del impulso inicial.
Entre las soluciones que propone este experto para luchar contra los territorios no colaboradores está la confección de listas 'negras', la mejora de la cooperación y el intercambio de información entre los estados y la implantación de un sistema de sanciones colectivo, más disuasorio que el actual sistema, que deja en manos de cada gobierno la iniciativa de proponer, de forma particular, 'castigos' a este tipo de territorios.
 

domingo, 3 de abril de 2011

Cesa el periodista que descubrió a Rajoy en el barco de un narcotraficante

Cesa el periodista que descubrió a Rajoy en el barco de un narcotraficante

3 ABRIL 2011

por rosa maría artal
Esta foto (o una curiosa coincidencia de fechas) le ha costado el puesto al director de Xornal de Galicia que fue quien descubrió el asunto. En ella, Mariano Rajoy, aparece (dentro de los actos previos a la campaña electoral de 2009) en el atunero Moropa, propiedad de uno de los clanes históricos del narcotráfico: Os Caneos. En aquel momento, el jefe del clan, Daniel Baúlo Carballo, cumplía una condena de 17 años y medio de cárcel tras ser considerado por la Policía como “el traficante más importante a nivel nacional”. Público indagó algunos detalles más.

viernes, 1 de abril de 2011

Fuga nuclear en Fukushima No fue un error, es un delito

Fukushima pone de manifiesto que los beneficios de las grandes corporaciones japonesas se comen la salud y la vida de la población a través del ahorro de costes

Por Jordi MR
Todos los llamamientos a la calma, todos los mensajes tranquilizadores, todas las declaraciones de buenas intenciones, de que se van a revisar las centrales nucleares, todos… esconden la contundente, dura y dramática ley del máximo beneficio. Fukushima, en pleno corazón del primer mundo, pone de manifiesto que los beneficios de las grandes corporaciones japonesas se comen la salud y la vida de la población a través del ahorro de costes, en este caso en la industria nuclear.

Una de las formas de incrementar la productividad de la fuerza de trabajo es desarrollar las fuentes de energía. La peculiaridad de la energía nuclear es que precisa un alto gasto en seguridad y eso merma su rentabilidad. La radiación en el agua de Tokio duplica los niveles permitidos para niños menores de un año. La radiación en la zona supera en 400 veces los niveles normales. El gobierno japonés recomienda no comer verduras de hoja verde que hayan sido cultivadas en las prefecturas de Fukushima y la vecina Ibaraki por los altos niveles de radiactividad detectados en 11 tipos de hortaliza. El pánico nuclear se ha extendido por Japón a pesar de que el ministerio de sanidad nipón asegure que la radiación no tendrá "efectos inmediatos".

Claro, los efectos se ven con los años en forma de cánceres que nadie podrá demostrar son fruto del desastre actual. No habrá nadie a quien culpar. Toda la radioactividad en los alimentos o el agua que han ingerido los japoneses es fruto de que el tsunami golpeó unas infraestructuras que estaban donde no tenían que estar para ahorrarse el dinero que costaba soterrarlas, como mandan las normas de seguridad en caso de que una central nuclear esté en la costa. ¿O no lo sabían?

El tsunami y la fuga radioactiva de Fukushima han levantado la solidaridad y la preocupación de los pueblos en todo el mundo. Especialmente en el caso de Japón,  por su pasado como víctima de la bomba atómica norteamericana, un ejercicio cruel y despiadado por parte de la superpotencia norteamericana para inaugurar la guerra fría con la URSS a costa de la muerte y enfermedad de cientos de miles de japoneses.

Pero también han puesto a la defensiva a las principales oligarquías del planeta que usan la energía nuclear para crear unos más que sospechosos mensajes de seguridad. El envenenamiento nuclear de la población es un crimen de la oligarquía japonesa del que participan todas las demás. Nadie está interesado, excepto algunas voces como la que exponemos en este artículo. No es fruto de una catástrofe natural, no es fruto de un error humano, ni tan siquiera de la gestión corrupta de los directores. Es el delito de buscar el máximo beneficio a costa de la población, difícilmente subsanable con organismo regulador ninguno promovido por la misma industria nuclear.

Entrevista a Yuri Andreyev, exvicedirector del organismo soviético de lucha contra accidentes nucleares. La Vanguardia 19 de marzo

"En Fukushima, el reactor más peligroso es el tres, porque emplea MOX, un combustible de uranio más plutonio que  Francia está usando experimentalmente en dos centrales japonesas…

“Chernóbil continúa rodeado de mentiras. El accidente no fue responsabilidad de los operadores de la central, como se dijo, sino un claro defecto de diseño de los reactores RMBK resultado de la economía de costes. Un diseño apropiado de aquellos reactores soviéticos exigía una gran cantidad de circonio, un metal raro, así como todo unlaberinto de tubos, técnicas especiales para la soldadura de circonio, acero inoxidable y enormes cantidades de hormigón. Era un dineral, así que se decidió economizar…

“Uno de los recursos del ahorro fue el de alimentar los reactores con uranio relativamente poco enriquecido, pues el enriquecimiento del uranio es un proceso complicado y costoso. Todo ello incrementó los riesgos y era contrario a las normas de seguridad, pero la supervisión nuclear en la URSS formaba parte del Ministerio de Energía Atómica. Algo parecido pasa hoy con la AIEA, pues la agencia de la ONU depende de la industria nuclear. Las mentiras y secretos de Chernobyl son hoy plenamente actuales en Fukushima...

 “Quienes diseñan centrales nucleares están pendientes de dos cosas: seguridad y coste. El problema es que la seguridad cuesta dinero. Si gastas demasiado en ella la central nuclear no es competitiva.  El accidente de Three Mile Island es el ejemplo perfecto. Después del accidente se vio que mejorar la seguridad de forma convincente para evitar repeticiones de aquel accidente encarecía tanto las centrales, que perdían todo sentido. Durante treinta años en Estados Unidos no se construyó ni un solo reactor. En Chernobyl todo fue muy complicado pero también tenía que ver con la economía. El académico Rumiantsev demostró que había que cerrar todos los reactores RMBK. Simplemente lo ignoraron. Siempre hay gente interesada en ocultar algo...

“Que se prestan a ceder en seguridad a cambio de consideraciones egoístas. En la URSS por razones de prestigio y el  coste del enriquecimiento del uranio, en Japón pura y simplemente por dinero. La localización de las centrales de Japón, junto al mar es la más barata. Los generadores de emergencia no los enterraron y, claro, se inundaron en seguida.... Detrás de todo esto hay corrupción. No tengo pruebas, pero no tardarán mucho en aparecer. ¿Cómo puede diseñarse una central nuclear en una zona de alto riesgo sísmico, al lado del Océano, con los generadores de emergencia en superficie?. Llegó la ola y todo quedó fuera de servicio. No es un error, es un delito...

“Cuando un conductor tiene un accidente él es el único responsable por haber bebido en exceso. En la industria nuclear no hay nada que obedezca a un solo motivo. La sobrecarga de las piscinas es un aspecto. Otro es que el terremoto las vació de agua. Debían contar con tal posibilidad...

“Se acumula el calor. Si no refrigeras, con agua o aire, se pueden producir las situaciones más críticas. Tenemos muy poca información. Japón no la da, la protege. Desconocemos lo más elemental: qué daños ha producido el terremoto en las centrales, qué daños ocasionó el tsunami, qué ocurrió...

“La AIEA no sabe nada. Todo es reservado. Recuerdo la situación con Chernóbil. El primer informe del académico Valeri Legasov, vice director del Instituto Kurchatov, responsable de los diseños, al Politburó y a la AIEA, todo era mentira del mas burdo carácter. La AIEA se lo creyó todo de inmediato, porque los intereses son los mismos.Lo mismo está ocurriendo ahora en Japón. Si informaran la negligencia se haría evidente.

“Se trata de la ausencia de instancias de control independientes. Es un pilar del derecho romano: no se puede ser juez y parte. Es así de básico. En la industria nuclear todo va en la misma cesta. El juez de Chernobyl fue Legasov. Responsabilizó a los operadores de la central, que fueron encarcelados, mientras él continuó libre y aun pretendía que le condecoraran. Un año después del accidente se suicidó, ahorcándose... En la industria nuclear no hay organismos independientes. La misión de la AIEA es contribuir a la extensión de la energía nuclear y todo lo que vaya en contra de ella no lo va a divulgar. No es una conjura, sino la conducta estándar que cabe esperar cuando se pone a la cabra de hortelano.

“Se comprende por qué Francia, repleta de nucleares, está criticando tan duramente a Japón estos días. Si, pero hay más de un motivo. Los reactores no son franceses sino americanos de General Electric. Francia depende críticamente de la energía nuclear. Si arranca un movimiento antinuclear fuerte en Francia, el gobierno quedará en una posición muy delicada. Por eso critican fuertemente a Japón, para dar a entender que algo parecido es impensable en Francia.

Verdad Digital