Manifiesto contra la intervención militar en Libia, firmado por más de 30 personas ligadas a centros de investigación por la paz y relacionadas con el movimiento pacifista.
Existen muchas razones, políticas, sociales, racionales y emocionales para apoyar una intervención en Libia, pero también las hay para rechazar tal actuación, especialmente por la necesidad de cuestionar el modelo en que se basa la intervención.
Los abajo firmantes, por las razones que más abajo explicitamos, nos mostramos solidarios con el pueblo libio en su proceso de democratización y, por esto, con el derrocamiento del coronel Gadafi, defendemos que las intervenciones internacionales sean de tipo político y no militar, y estén insertas en procesos que garanticen una paz real y duradera. Por estas razones, nos parece oportuno introducir en el debate que se está produciendo algunas preguntas y precisiones.
Antes de dar nuestro apoyo a la utilización de la fuerza militar en cualquier conflicto que puede derivar en guerra, la primera pregunta que nos deberíamos formular es: ¿qué complicidades existen desde la comunidad internacional o desde nuestro propio Estado? ¿Se encuentran estas entre las causas que han motivado el conflicto? Es decir, se trata de preguntarnos si existen intereses económicos o políticos por parte de nuestros propios Estados respecto del país que se pretende atacar.
La segunda pregunta no es de menor enjundia, pues también apunta a una cuestión decisiva para un comportamiento ético en política. ¿Se ha prestado ayuda militar o vendido armas por parte de los Estados intervinientes a ese gobierno despótico al que ahora se pretende derrocar?
Resulta evidente que, en el caso de Libia, hace apenas unas semanas, numerosos países occidentales firmaban convenios comerciales, establecían negocios conjuntos, prestaban ayuda financiera, instalaban industrias de extracción de hidrocarburos y, además, le vendían armas. Todo ello a sabiendas de que se beneficiaba a Gadafi y a su círculo más íntimo y no a la población libia, y a pesar del historial criminal del dictador, quien no mostró mejores maneras con el pueblo libio tras su acercamiento a Occidente, ni dejó de proporcionar armas y apoyos de todo tipo a grupos rebeldes y regímenes totalitarios y colaborar y financiar ataques contra población civil en numerosos países. Pese a ello, el dictador Gadafi se convirtió en un firme aliado y fue recibido con honores por buena parte de los países y dirigentes que hoy le demonizan.
Pero hay más preguntas, también importantes: ¿se habían agotado todos los medios políticos al alcance de la comunidad internacional para resolver el conflicto?, ¿No existen dudas razonables de que la medida militar adoptada tiene muchas probabilidades de provocar una mayor escalada de violencia y un mayor sufrimiento?
Además, resulta de una enorme hipocresía esgrimir el derecho a proteger a la población de Libia mediante el uso de la fuerza, mientras existen un sinfín de escenarios en el mundo donde no se hace absolutamente nada. Pues en la mayoría de países árabes donde existen duras dictaduras y algunas están masacrando a su pueblo, como en Yemen o Siria; o se pasa por alto el envío de tropas de Arabia Saudí a Bahréin para reprimir las revueltas de su población; o el angustioso caso de Palestina, que no hace falta detallar por ser demasiado conocido; por no mencionar la parálisis de la comunidad internacional en los casos de Chechenia, Guinea Ecuatorial, R.D. del Congo, Zimbabue y tantos otros. Y, en definitiva, ¿dónde se encuentra la responsabilidad de proteger cuando conocemos que, cada día, decenas de miles de personas mueren como consecuencia de la desnutrición o enfermedades fácilmente curables? ¿Son estas últimas maneras de morir menos dramáticas? ¿Es la responsabilidad de las autoridades menor? ¿Nos importa acaso más quién mata que quién muere?
Pero, además, antes de optar por la vía militar, existían medidas políticas de presión para frenar el conflicto, aislar al gobierno de Libia y expulsar a Gadafi del poder, si es que de eso se trata. Como arbitrar la congelación inmediata de todas las cuentas bancarias e intereses en empresas de Gadafi y su gobierno en el exterior (todavía no ha sido el caso en Italia y en otros lugares, a pesar de la obligatoriedad de las sanciones). Embargos económicos que debían paralizar todas las transacciones comerciales, incluidas las armas y los hidrocarburos; así como el reconocimiento de los rebeldes; y especialmente, presionar para convocar una conferencia regional en que participaran, además de gobierno y rebeldes, otros muchos actores representativos libios y los países árabes de la región, que posibilitara la resolución del conflicto. Conferencia que debería tener como objetivo terminar con la dictadura y facilitar una transición política.
Una vez expuestos los argumentos que deberían hacernos reflexionar sobre las bondades de una intervención militar por causas humanitarias liderada por muchos de quienes formaron parte del problema, queremos dar nuestro apoyo a los escasos pacifistas y gentes que han levantado su voz frente al obsceno espectáculo de guerra desplegado en Libia. Así como denunciar el coro farisaico y la impostura intelectual de quienes se dedican a menospreciar, reírse o insultar a los que critican esta nueva guerra. El valor moral de la noviolencia es muy superior al pragmatismo de la violencia como forma de solucionar los conflictos, como han mostrado los valientes luchadores contra la tiranía de Egipto o Túnez.
Firmantes:
Alejandro Pozo, investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Alfons Banda, presidente de la Fundació per la Pau de Barcelona
Anna Bastida, profesora de didáctica y educación para la paz de la Universidad de Barcelona
Anna Monjo, directora de la editorial Icaria
Antoni Pigrau, Profesor de Derecho Internacional Público de la Universitat Rovira i Virgili
Arcadi Oliveres, presidente de Justícia i Pau de Barcelona y profesor de economía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona
Carles Riera, profesor de sociología de la Universdad de Barcelona
Carlos Taibo, profesor de ciencia política de la Universidad Autónoma de Madrid
Carlos Arturo Velandia Jagua, investigador de la Escola de Cultura de Pau de la UAB
Carmen Magallón, directora del Seminario Internacional por la Paz de Zaragoza
Eduardo Melero, profesor de derecho administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Elena Grau, miembro del colectivo de mujeres de En pie de Paz
Fernando Armendáriz, Instituto de Promoción de Estudios Sociales de Pamplona
Francesc Tubau, portavoz de la Plataforma Aturem la Guerra
Francisco A. Muñoz, profesor de filosofía del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada
Francisco Fernández Buey, profesor de filosofía política de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
Gabriela Serra, activista del movimiento por la paz
Jaume Botey, profesor de historia contemporánea de la Univesidad Autónoma de Barcelona
Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau
Jordi Calvo Rufanges, investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
José Luís Gordillo, profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Barcelona y miembro de la Plataforma Aturem la Guerra
José María Tortosa, profesor de sociología de la Universidad de Alicante
Manuel Dios, presidente del Seminario Galego de Educación para la Paz
María Oianguren, directora del Centro de Investigación por la Paz Paz Gernika Gogoratuz
Neus Sotomayor, directora de la Universitat Internacional per la Pau de Sant Cugat del Vallès
Pepe Beunza, primer objetor de conciencia de España
Pere Ortega, coordinador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Rafael Grasa, presidente del Institut Català Internacional per la Pau y profesor de relaciones internacionales de la Univesidadf Autónoma de Barcelona
Teresa de Fortuny, miembro de la Plataforma Aturem la Guerra
Tica Font, directora del Institut Català Internacional per la Pau
Tomás Gisbert, investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Vicent Martínez Guzmán, president de la Cátedra Unesco de Filosofía para la Paz de la Universidad de Castellón
Xavier Badia, profesor de Instituto
Xavier Bohigas, profesor de física de la Universidad Politécnica de Catalunya e investigador del Centre Delàs
Público
Los paraísos existen y su listado es extenso, pero disfrutar de sus ventajas sólo está al alcance de las personas o empresas que gozan del mayor nivel de riqueza. Los paraísos fiscales, jurisdicciones especiales ubicadas en territorio continental o en islas lejanas y exóticas, ofrecen a las mayores fortunas del mundo condiciones favorables para atraer su capital. Ventajas como el secreto bancario, un tipo impositivo muy bajo o inexistente para los no residentes, la ausencia de cooperación con las autoridades de otros estados y una desregulación general que posibilita que el dinero fluya con rapidez y escape al 'engorroso' control de las haciendas públicas de los estados tradicionales.
La evasión fiscal y la fuga ilícita de capitales son un problema que pasa factura a la economía global, como quedó patente en el inicio de esta crisis y en las sucesivas cumbres del G-20, que han debatido fórmulas para atajarlas. Es muy difícil calcular la cantidad de dinero que mueven este tipo de jurisdiciones, las preferidas por algunas multinacionales, bancos e incluso redes criminales y grupos terroristas para amasar o blanquear sus ganancias.
Tax Justice Network, una coalición de ONG dedicada a promover la transparencia fiscal, sostiene que un tercio los activos globales y más de la mitad del comercio mundial pasa por paraísos fiscales. Estima que el importe total de los fondos depositados en jurisdicciones secretas es de 11,5 billones de dólares, lo que provoca a los estados una pérdida de ingresos fiscales sobre la renta de dichos activos de unos 250.000 millones de dólares.
Eso es cinco veces más de lo que el Banco Mundial estimó en 2002 que necesita la ONU para implementar los Objetivos del Milenio y reducir a la mitad la pobreza del planeta. Ese capital también bastaría para sufragar el coste de transformar las infraestructuras energéticas del mundo para hacer frente al cambio climático.
Cada vez hay más
El número de paraísos fiscales se ha triplicado en las últimas décadas y ha pasado de 25 en los años setenta a unos 72 en la actualidad, según explica el investigador José Luis Escario, coordinador del área Unión Europea de la Fundación Alternativas, en su estudio 'La lucha contra los paraísos fiscales y la evasión. Avances desde la cumbre del G-20 de Londres y próximos desafíos'.
El trabajo, un informe pormenorizado sobre este fenómeno que verá la luz en forma de libro el próximo 19 de mayo, detalla cómo la mayoría de estos territorios están interrelacionados con los principales centros financieros mundiales, lo que ha ayudado a agrandar la crisis y a debilitar a algunos estados.
«La intencionadamente laxa regulación en los paraísos fiscales ha facilitado la expansión mundial de productos financieros de alto riesgo y ha vuelto muy difícil calcular la salud de las instituciones financieras con actividades y activos en estos territorios», señala Escario.
Los esquemas fiscales de muchos de esos territorios, ansiosos por atraer capital, acentúan también la «competencia fiscal dañina» y desleal entre estados. Un buen ejemplo es la hoy maltrecha Irlanda, que durante los años de bonanza atrajo gran número de inversiones de multinacionales gracias a su bajísimo impuesto de sociedades (12,5% de los beneficios, frente al 30% de media en el resto de Europa).
Pero eso no es todo. La fuga de capitales empeora, además, el déficit de los países y les obliga a recurrir a préstamos del exterior, y a la larga a subir los impuestos a sus ciudadanos y a recortar gasto social. En el caso de Europa, la espiral ha llegado a poner en cuestión la viabilidad de su modelo de bienestar. En los países en desarrollo el impacto es aún más fuerte, pues sus finanzas dependen en mayor medida de los impuestos de las multinacionales. Esos recursos provenientes del pago de tributos no pueden reemplazarse por otras fuentes de financiación como la ayuda oficial al desarrollo o la deuda, dependientes ambas de factores externos y, por tanto, más volátiles.
Países en desarrollo
Global Financial Integrity calculó en otro informe reciente que los flujos ilícitos que salieron de países en desarrollo aumentaron desde 1,06 billones de dólares en 2006 a 1,26 billones en 2008. Las implicaciones de esas 'fugas' sobre la economía son profundas: el importe es diez veces superior al de la ayuda oficial al desarrollo destinada a países necesitados. Eso significa que por cada dólar de ayuda que llega a esos países, diez dólares se escapan a través de los canales ilegales. Pobreza, atraso y falta de acceso a recursos básicos como sanidad y educación son su consecuencia más dramática.
La lucha contra las prácticas nocivas de los paraísos fiscales cobró gran relevancia durante la última recesión, en particular en la cumbre del G-20 de Londres (abril de 2009). Sin embargo, José Luis Escario detecta que desde entonces se ha producido «un paulatino desvanecimiento» del impulso inicial.
Entre las soluciones que propone este experto para luchar contra los territorios no colaboradores está la confección de listas 'negras', la mejora de la cooperación y el intercambio de información entre los estados y la implantación de un sistema de sanciones colectivo, más disuasorio que el actual sistema, que deja en manos de cada gobierno la iniciativa de proponer, de forma particular, 'castigos' a este tipo de territorios.