Amnistía Internacional ha pedido hoy al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Liga Árabe el envío de una misión a Libia para investigar los sucesos que se han saldado con centenares de manifestantes muertos.
La petición de investigación, que podría desencadenar procesamientos ante la Corte Penal Internacional (CPI), se ha realizado hoy a raíz de la convocatoria de sendas sesiones especiales del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Liga Árabe para analizar la espiral de violencia que vive el país.
Amnistía Internacional también ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga un embargo total de armas a Libia, tras tenerse noticia de que las fuerzas de seguridad del país siguen desplegando toda una variedad de armamento, munición y equipo militar y policial en su uso de fuerza letal contra los manifestantes.
“El coronel Gadafi y su gobierno parecen estar dispuestos a matar a la gente que haga falta para seguir en el poder. La comunidad internacional tiene que actuar ya para acabar con esta situación”, ha dicho Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional ha manifestado que tanto la ONU como la Liga Árabe deben enviar inmediatamente representantes a Libia, ya sea de forma conjunta o por separado, para investigar la situación sobre el terreno e informar con la mayor rapidez posible al Consejo de Seguridad.
La organización ha declarado que entre las recomendaciones que se formulen debe incluirse una evaluación sobre la magnitud de los crímenes cometidos en Libia, por si precisaran ser remitidos por el Consejo de Seguridad a la Corte Penal Internacional.
Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó ayer que los actos de las autoridades libias contra los manifestantes pueden constituir crímenes contra la humanidad.
Saif al Islam al Gadafi, hijo del coronel Gadafi, declaró en una intervención televisada el domingo 20 de febrero que el ejército “hará lo que sea al precio que sea” para acabar con las protestas antigubernamentales, y que las autoridades libias “combatirán hasta el último hombre, la última mujer, la última bala”.
“Es un escándalo que el hijo de Gadafi se sienta capaz de afirmar públicamente que está dispuesto a masacrar al pueblo libio para que su padre siga aferrado al poder.
“La comunidad internacional tiene que dejar tajantemente claro que se hará rendir cuentas por crímenes previstos en el derecho internacional, como los que se están denunciando, a toda persona perteneciente al gobierno, al ejército y al aparato de seguridad libios y a quienes ejecuten sus órdenes”, ha dicho Salil Shetty.
Amnistía Internacional ha señalado que los informes que ha recibido de hospitales del este de Libia indican que, hasta el 20 de febrero, las fuerzas de seguridad habían matado a unas 200 personas. Personal hospitalario ha comunicado a Amnistía Internacional que trabajaban sin descanso para poder ocuparse del elevado número de bajas.
La cifra real de muertes podría ser muy superior, dado que esta muestra representa sólo a los hospitales de mayor tamaño. También es posible que algunas familias hayan enterrado a sus muertos sin haberlos llevado siquiera a un hospital.
“El Consejo de Seguridad debe poner fin también de forma inmediata a la exportación o transferencia de todo tipo de armamento y equipo militar a Libia. Se está matando de forma intencionada a centenares de personas.
“Otros estados deben dejar de ser cómplices en nuevas matanzas. Debe cesar ya todo suministro y cooperación militar y policial con Libia hasta que acabe el riesgo de que sigan produciéndose estas gravísimas violaciones de derechos humanos”, ha declarado Salil Shetty.
Además de a las Naciones Unidas y a la Liga Árabe, Amnistía Internacional también ha pedido que tome medidas a la Unión Africana.
“Todos los organismos internacionales de los que Libia forma parte deben reconocer la gravedad de la crisis. La Unión Africana debe abordar con carácter de urgencia los graves abusos contra los derechos humanos que están cometiéndose en el país en una sesión especial de su Consejo de Paz y Seguridad”, concluye Salil Shetty.
La petición de investigación, que podría desencadenar procesamientos ante la Corte Penal Internacional (CPI), se ha realizado hoy a raíz de la convocatoria de sendas sesiones especiales del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Liga Árabe para analizar la espiral de violencia que vive el país.
Amnistía Internacional también ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga un embargo total de armas a Libia, tras tenerse noticia de que las fuerzas de seguridad del país siguen desplegando toda una variedad de armamento, munición y equipo militar y policial en su uso de fuerza letal contra los manifestantes.
“El coronel Gadafi y su gobierno parecen estar dispuestos a matar a la gente que haga falta para seguir en el poder. La comunidad internacional tiene que actuar ya para acabar con esta situación”, ha dicho Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional ha manifestado que tanto la ONU como la Liga Árabe deben enviar inmediatamente representantes a Libia, ya sea de forma conjunta o por separado, para investigar la situación sobre el terreno e informar con la mayor rapidez posible al Consejo de Seguridad.
La organización ha declarado que entre las recomendaciones que se formulen debe incluirse una evaluación sobre la magnitud de los crímenes cometidos en Libia, por si precisaran ser remitidos por el Consejo de Seguridad a la Corte Penal Internacional.
Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó ayer que los actos de las autoridades libias contra los manifestantes pueden constituir crímenes contra la humanidad.
Saif al Islam al Gadafi, hijo del coronel Gadafi, declaró en una intervención televisada el domingo 20 de febrero que el ejército “hará lo que sea al precio que sea” para acabar con las protestas antigubernamentales, y que las autoridades libias “combatirán hasta el último hombre, la última mujer, la última bala”.
“Es un escándalo que el hijo de Gadafi se sienta capaz de afirmar públicamente que está dispuesto a masacrar al pueblo libio para que su padre siga aferrado al poder.
“La comunidad internacional tiene que dejar tajantemente claro que se hará rendir cuentas por crímenes previstos en el derecho internacional, como los que se están denunciando, a toda persona perteneciente al gobierno, al ejército y al aparato de seguridad libios y a quienes ejecuten sus órdenes”, ha dicho Salil Shetty.
Amnistía Internacional ha señalado que los informes que ha recibido de hospitales del este de Libia indican que, hasta el 20 de febrero, las fuerzas de seguridad habían matado a unas 200 personas. Personal hospitalario ha comunicado a Amnistía Internacional que trabajaban sin descanso para poder ocuparse del elevado número de bajas.
La cifra real de muertes podría ser muy superior, dado que esta muestra representa sólo a los hospitales de mayor tamaño. También es posible que algunas familias hayan enterrado a sus muertos sin haberlos llevado siquiera a un hospital.
“El Consejo de Seguridad debe poner fin también de forma inmediata a la exportación o transferencia de todo tipo de armamento y equipo militar a Libia. Se está matando de forma intencionada a centenares de personas.
“Otros estados deben dejar de ser cómplices en nuevas matanzas. Debe cesar ya todo suministro y cooperación militar y policial con Libia hasta que acabe el riesgo de que sigan produciéndose estas gravísimas violaciones de derechos humanos”, ha declarado Salil Shetty.
Además de a las Naciones Unidas y a la Liga Árabe, Amnistía Internacional también ha pedido que tome medidas a la Unión Africana.
“Todos los organismos internacionales de los que Libia forma parte deben reconocer la gravedad de la crisis. La Unión Africana debe abordar con carácter de urgencia los graves abusos contra los derechos humanos que están cometiéndose en el país en una sesión especial de su Consejo de Paz y Seguridad”, concluye Salil Shetty.
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