Tras la aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas de una resolución que establece como derecho humano esencial el acceso a fuentes seguras de agua potable y a sistemas de saneamiento, el siguiente paso es que cada gobierno que haya firmado esta declaración aporte los recursos necesarios para suministrar agua potable para toda la población independientemente de su capacidad económica. De lo que se trata, en definitiva, es de hacer realidad un reparto justo y equitativo de un bien básico para la vida como es el agua, algo que, en pleno siglo XXI, está lejos de cumplirse.
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