El 20 de noviembre hay elecciones, un ejercicio de democracia que sería real, si el gobierno elegido representase verdaderamente a la ciudadanía.
Según las encuestas difundidas ganará el Partido Popular y con cierta probabilidad con mayoría absoluta, lo que roza el absurdo, ya que la parte de la crisis autóctona es generada por las políticas de liberación del suelo durante el gobierno de Aznar, aplaudido por los sectores benificiados por el cambio legislativo que trajo consigo la "burbuja" inmobiliaria.
El Mundo, del 27 de marzo, da cuenta de ello: “Por fin. Tras
su debate en el Senado, el Congreso de Diputados aprobó ayer la Ley del
Suelo, que entrará en vigor dentro de pocos días”, describía el diario
de Pedro J. Ramírez, que explicaba que “la nueva Ley simplifica los
tipos de suelo y los reduce a tres: urbano, urbanizable y no
urbanizable. Salvo que esté expresamente prohibido por una disposición
jurídica, todo suelo es, a partir de ahora, urbanizable (…) mediante un
procedimiento administrativo que agiliza notablemente el actual sistema
de licencias y permisos”.
La cita precedente evidencia lo que muchos connotados miembros del Partido Popular niegan actualmente, y que ha fue la causa de la parte "propia" de la crisis.
La suma de esta circunstancia a la crisis generada principalmente en Estados Unidos y Gran Bretaña resumiendo a causa de la especulación y corrupción que ha terminado extendiéndose a nivel global, trae consigo la situación actual.
Y el 20 de noviembre seremos víctimas de la irracionalidad eligiendo un gobierno que a la gran mayoría de ciudadnos/as afectará mas profundamente, con las políticas de austeridad que llevaran a un retroceso de los derechos humanos.
Sin olvidar por supuesto el papel de la Comunidad Europea, incapaz de fomentar políticas económicas para impulsar la economía real, ni por supuesto tomar medidadas jurídicas para terminar con las actuaciones claramente delictivas de los llamados "mercados", que estan provocando el empobrecimiento y desigualdad de la población.
Los recortes emprendido por los estados y administraciones públicas a los distintos niveles territoriales de la CE, llevan consigo que los estratos mas vulnerables queden aun peor asistidos, llevando no solo a perdida de los ingresos, sino directamente a la calle con dificultades de alimentación y deterioro grave de la salud.
Asi mismo los derechos básicos a la salud y educación se deterioran con los recortes del personal y medios, lo que significa un aumento de la mortalidad.
Un ejemplo claro es la noticia publicada hoy por el Público:
"Los desempleados residentes en Galicia que llevan más de 12 meses en
paro se quedan de forma automática sin tarjeta sanitaria. La voz de
alarma la dio el sindicato CIG, que denunció la política de "recorte y privatización" de la sanidad pública de la Xunta (PP) al
dejar desatendidos a "desempleados y personas sin recursos". "Se les
bloquea la tarjeta sin previo aviso y hasta que no reciben la que les
acredita como personas sin recurso, no tienen acceso a la sanidad
pública. Mientras tanto deben pagar la consulta y el tratamiento
farmacológico que les prescriba el médico", alertó María Seijo,
responsable sindical de Sanidad."
La evidencia de la devaluación de la democratica resulta alarmente, si aún creíamos en la capacidad de decisión de la ciudadanía, ahora esta claro que solo era una ilusión. La caída de los gobierno elegidos por votación de Grecia e Italia, asumiendo los gobiernos personajes venidos del mundo del de las finazas ("mercados") no nos deja duda que hay que buscar nuevas formas de democracia.
El surgimiento del movimiento de los #indiganados que se ha extendido en con extraodinaria fuerza por innumerables países, nos hace pensar que es posible recuperar una democracia sólida con mayor grado de participación de la cuidadanía, donde la política económica este al servicio del 99% de la gente.
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