sábado 31 de diciembre de 2011
Una juez federal pide al Estado información sobre ministros y
responsables de seguridad franquistas. Entre ellos el fundador y
presidente del Honor del PP, Manuel Fraga.
Una juez federal argentina ha pedido al Estado español que aporte
información sobre ministros y responsables de las fuerzas de seguridad
de la dictadura franquista -entre ellos Manuel Fraga- en el marco de la
investigación abierta por crímenes cometidos durante el régimen de
Francisco Franco, informaron ayer fuentes judiciales. El exhorto de la
juez federal María Servini de Cubría solicita nombres y domicilios de
los ministros y jefes de las fuerzas de seguridad en el periodo
comprendido entre el 17 julio de 1936 y 15 junio de 1977. En esas
fechas, con Manuel Fraga como ministro, se produjeron hechos como el
fusilamiento en 1963 del dirigente comunista Julián Grimau, tras un
famoso proceso carente de pruebas acusatorias de unos presuntos delitos
ocurridos treinta años antes -durante la Guerra Civil-.
Más recientemente, el actual presidente fundador del PP era quien
dirigía el Ministerio de la Gobernación (Interior) responsable de la
muerte de cinco trabajadores en Gasteiz el 3 de marzo de 1976. El
exhorto de la juez argentina incluye a los mandos de las Fuerzas
Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y
dirigentes de la Falange Española y solicita el certificado
correspondiente en caso de fallecimiento. Asimismo, la juez pidió
información sobre personas desaparecidas, asesinadas y torturadas
durante la dictadura franquista, niños apropiados y datos de empresas
que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo. Lo que no
detallan las informaciones es si en la lista se encuentra el actual rey
español, que llegó a ser jefe del Estado de la dictadura durante la
enfermedad de Franco.
La solicitud de Servini de Cubría se enmarca en la causa que
investiga los crímenes del franquismo iniciada a instancias de un grupo
de familiares de víctimas bajo el principio de justicia universal, por
el que se pueden investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en
terceros países.
Servini de Cubría había archivado las actuaciones de acuerdo con un
dictamen de la Fiscalía según el cual tales crímenes han sido o son
investigados por la Justicia española, lo que dio lugar a una apelación
de la parte querellante.
En septiembre del pasado año, la Cámara Federal declaró nula la
decisión de la magistrada y aceptó la petición de la querella. Entre las
demandas presentadas ante los tribunales de Buenos Aires figuran las de
Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos
fusilados por el franquismo; y las de Darío Rivas, hijo de Severino
Rivas, fusilado en 1936; e Inés García, sobrina de Elías García,
asesinado en 1937. Rivas y García encabezaron la querella presentada en
abril de 2010 ante los tribunales federales por genocidio con el
auspicio de organismos humanitarios locales, entre ellos el Servicio de
Paz y Justicia que dirige Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz
1980.
MÁS PASOS La demanda fue ampliada después con 17 nuevos casos de
víctimas gallegas, de un total de casi 5.000 represaliados por la
dictadura en Galicia, identificados en una investigación realizada por
universidades gallegas durante los últimos cuatro años. Los demandantes
en la causa pidieron ayer a la Cancillería argentina que "acelere" la
tramitación de la petición de la juez para que el Estado aporte la
información oportuna
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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