Según la FAO “la hambruna en Somalia ha provocado la muerte de decenas de miles de personas en los últimos meses, y la situación podría agravarse”. Las causas de la hambruna en el Cuerno de África, y en Somalia en particular, no se limitan a la situación de grave sequía.
La especulación alimentaría, el control del negocio por parte de la agricultura industrializada y el acaparamiento de tierras juegan un triángulo desastroso para la población somalí. De este modo, las tierras en manos de muy pocas personas se emplean para producir grano para los mercados internacionales en los cuales, gracias a la especulación con los alimentos, sus precios se disparan. Todo ello reduce a la población somalí a la pobreza y a la incapacidad de acceder a alimentos. Así, Somalia tiene una esperanza de vida de 50 años y tan sólo un 30 % de la población tiene acceso al agua potable.
Además de la especulación financiera, ¿Quién debe a quién? también denuncia el endeudamiento ilegítimo acumulado a lo largo de décadas y, sobre todo, desde la dictadura de Siad Barre (1969-1991).
A este incremento de la deuda externa se sumó, entre 1981 y 1990, la puesta en marcha de toda una serie de políticas impulsadas por el FMI y el BM por el régimen de Siad Barre. Estas políticas supusieron privatizaciones y medidas de liberalización financiera, entre otras. Todas ellas de corte muy similar a las que hoy incluye el Pacto del Euro. Con estas medidas, la deuda pasó de poco más de 1.000 millones de dólares en 1981 a 2.300 millones en 1990.
Desde la caída del dictador Barre, el valor de la deuda externa de Somalia no se ha incrementado demasiado. Así, durante el período 1990–2009, la deuda ha pasado de 2.370 a 2.972 millones de dólares, ya que la comunidad internacional no mantenía relaciones financieras con el Estado somalí fallido (no le daban crédito). En estos años, el aumento de la deuda externa somalí se debió principalmente a intereses por impagos que se acumulan a la deuda pendiente (incluyendo principal e intereses del crédito). Desde 1991 el Gobierno de Somalia solo ha realizado un pago de servicio de deuda, en 1996 (2,7 millones de dólares), por lo que de facto se trata de un Estado en suspensión de pagos.
De este modo, en 2009 (último año del que hay datos) Somalia tenía una deuda externa de cerca de 3 mil millones de dólares que supone unos 255 € per cápita y se estima que significa más del 300 % en relación a su PIB.
De la deuda externa somalí, 26,73 millones de euros son con el Estado español. Esta deuda corresponde toda a dos créditos FAD otorgados en 1987 y 1989 al régimen dictatorial de Mohamed Siad Barre. En ese momento Felipe González era el presidente. Oficialmente los créditos se destinaron a transporte terrestre. No obstante, el su destino último fue para la venta de camiones y vehículos militares españoles a Somalia. Las empresas españolas que se beneficiaron de la operación en ambos casos fueron ENASA - PEGASO y FOCOEX, que en el momento de la concesión de los créditos eran 100 % públicas.
Este es un ejemplo claro de como la mayoría de la deuda externa somalí se puede declarar como deuda ilegítima, de opresión, ya que estos créditos sirvieron para mantener o fortalecer al régimen dictatorial y represor de Somalia.
Además, desde 2008, el Gobierno ha seguido gastando dinero con fines militares en Somalia mediante la operación Atalanta de la UE. Esta ha sido la costosa misión militar para proteger un puñado de barcos pesqueros españoles durante su expolio de la pesca somalí. Solo en 2010 el Gobierno gastó 82,3 millones de euros en esta misión, a los que habría que añadir 2,7 millones para la formación de militares somalís (misión EUTM-Somalia).
En este contexto, la FAO ha pedido 120 millones de dólares para hacer frente a la hambruna que sufre el país. El Gobierno español ha prometido 25 millones de euros, algo menos de la deuda que le reclama a Somalia.
Por todo ello la red ¿Quién debe a quién? considera que el Gobierno español tiene que tomar toda una serie de medidas para minimizar los problemas del Cuerno de África. Entre ellas destacan:
- Cancelación de la deuda somalí.
- Retirada de las operaciones militares de la zona, especialmente de la operación Atalanta.
- Impulso de medidas contra la especulación financiera con los alimentos, como el impuesto a las transacciones financieras, el registro público y control de los CDS (como ocurre, en parte, en EE UU), prohibir (o al menos limitar seriamente) las ventas en corto y al descubierto, eliminar las operaciones OTC, obligando a que todas ellas tengan que estar reguladas en los sistemas bursátiles, eliminar los paraísos fiscales... Todas ellas de fácil aplicación con voluntad política, pues ya se realizaron en el pasado.
- Salida de la alimentación de la OMC como paso previo para el impulso de un modelo agroalimentario más localizada y basado en la seguridad alimentaria.
La especulación alimentaría, el control del negocio por parte de la agricultura industrializada y el acaparamiento de tierras juegan un triángulo desastroso para la población somalí. De este modo, las tierras en manos de muy pocas personas se emplean para producir grano para los mercados internacionales en los cuales, gracias a la especulación con los alimentos, sus precios se disparan. Todo ello reduce a la población somalí a la pobreza y a la incapacidad de acceder a alimentos. Así, Somalia tiene una esperanza de vida de 50 años y tan sólo un 30 % de la población tiene acceso al agua potable.
Además de la especulación financiera, ¿Quién debe a quién? también denuncia el endeudamiento ilegítimo acumulado a lo largo de décadas y, sobre todo, desde la dictadura de Siad Barre (1969-1991).
A este incremento de la deuda externa se sumó, entre 1981 y 1990, la puesta en marcha de toda una serie de políticas impulsadas por el FMI y el BM por el régimen de Siad Barre. Estas políticas supusieron privatizaciones y medidas de liberalización financiera, entre otras. Todas ellas de corte muy similar a las que hoy incluye el Pacto del Euro. Con estas medidas, la deuda pasó de poco más de 1.000 millones de dólares en 1981 a 2.300 millones en 1990.
Desde la caída del dictador Barre, el valor de la deuda externa de Somalia no se ha incrementado demasiado. Así, durante el período 1990–2009, la deuda ha pasado de 2.370 a 2.972 millones de dólares, ya que la comunidad internacional no mantenía relaciones financieras con el Estado somalí fallido (no le daban crédito). En estos años, el aumento de la deuda externa somalí se debió principalmente a intereses por impagos que se acumulan a la deuda pendiente (incluyendo principal e intereses del crédito). Desde 1991 el Gobierno de Somalia solo ha realizado un pago de servicio de deuda, en 1996 (2,7 millones de dólares), por lo que de facto se trata de un Estado en suspensión de pagos.
De este modo, en 2009 (último año del que hay datos) Somalia tenía una deuda externa de cerca de 3 mil millones de dólares que supone unos 255 € per cápita y se estima que significa más del 300 % en relación a su PIB.
De la deuda externa somalí, 26,73 millones de euros son con el Estado español. Esta deuda corresponde toda a dos créditos FAD otorgados en 1987 y 1989 al régimen dictatorial de Mohamed Siad Barre. En ese momento Felipe González era el presidente. Oficialmente los créditos se destinaron a transporte terrestre. No obstante, el su destino último fue para la venta de camiones y vehículos militares españoles a Somalia. Las empresas españolas que se beneficiaron de la operación en ambos casos fueron ENASA - PEGASO y FOCOEX, que en el momento de la concesión de los créditos eran 100 % públicas.
Este es un ejemplo claro de como la mayoría de la deuda externa somalí se puede declarar como deuda ilegítima, de opresión, ya que estos créditos sirvieron para mantener o fortalecer al régimen dictatorial y represor de Somalia.
Además, desde 2008, el Gobierno ha seguido gastando dinero con fines militares en Somalia mediante la operación Atalanta de la UE. Esta ha sido la costosa misión militar para proteger un puñado de barcos pesqueros españoles durante su expolio de la pesca somalí. Solo en 2010 el Gobierno gastó 82,3 millones de euros en esta misión, a los que habría que añadir 2,7 millones para la formación de militares somalís (misión EUTM-Somalia).
En este contexto, la FAO ha pedido 120 millones de dólares para hacer frente a la hambruna que sufre el país. El Gobierno español ha prometido 25 millones de euros, algo menos de la deuda que le reclama a Somalia.
- Cancelación de la deuda somalí.
- Retirada de las operaciones militares de la zona, especialmente de la operación Atalanta.
- Impulso de medidas contra la especulación financiera con los alimentos, como el impuesto a las transacciones financieras, el registro público y control de los CDS (como ocurre, en parte, en EE UU), prohibir (o al menos limitar seriamente) las ventas en corto y al descubierto, eliminar las operaciones OTC, obligando a que todas ellas tengan que estar reguladas en los sistemas bursátiles, eliminar los paraísos fiscales... Todas ellas de fácil aplicación con voluntad política, pues ya se realizaron en el pasado.
- Salida de la alimentación de la OMC como paso previo para el impulso de un modelo agroalimentario más localizada y basado en la seguridad alimentaria.
%2020.52.20.png)
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario