MAYO (una visión espiritual de la Spanish Revolution)

He hecho este documental para contribuir a que el movimiento 15M no se quede en la discusión de la mecánica electoral, sino que alcance a generar un cambio global de conciencia que nos abra los ojos y nos libere de la esclavitud de los poderes económicos.

DIRECTOR: José Ortega. Ha coproducido tres largometrajes de ficción y ha escrito y dirigido tres series documentales para TV y un cortometraje de ficción, entre otros trabajos. Podéis leer TODO ES MENTIRA bajándolo desde http://www.mediafire.com/?rt4dh57ojp4orw7u
contacto: ortega_abogados@hotmail.com

MÚSICA: José Luis Salas. Es profesor de música, interprete y compositor. Ha escrito libros de texto para las editoriales más importantes sobre la asignatura de música. Fundó el grupo de música de cámara LUGALBANDA.

FOTOGRAFÍA: José Vicente Bosch. Ha elaborado la fotografía de todos los trabajos dirigidos por José Ortega y actualmente es responsable de luminación en la serie de TV LA ALQUERÍA BLANCA.

José Ortega

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CONTRA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Y POR LA CONVOCATORIA DE UN REFERÉNDUM

Las organizaciones sociales abajo firmantes acuerdan manifestar públicamente su rechazo a la propuesta de reforma de la Constitución Española elaborada por los responsables de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, pedir a los diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios que no la voten favorablemente y que, en el caso de que la propuesta fuera aprobada, se convoque un referéndum para su ratificación.

Consideramos que por su contenido y por sus plazos de aplicación esta reforma no va a ayudar a la reducción de los niveles actuales de déficit público que sólo puede lograrse sin deteriorar gravemente el tejido económico y social de nuestro país, mediante la promoción del crecimiento económico y el empleo, una reforma fiscal equitativa y progresiva y un permanente rigor en el uso del gasto público.

Al mismo tiempo impone una grave limitación a la autonomía de los gobiernos democráticos y a la capacidad de autogobierno presupuestario de las diferentes administraciones públicas.  Esto afectará gravemente a su capacidad de utilizar la política presupuestaria al servicio de los objetivos de la política general. Supuestamente motivada por los ataques especulativos a las deudas soberanas, la reforma introduce en nuestra máxima norma jurídica  un factor económico de carácter netamente procíclico que puede llegar a impedir la acción de los gobiernos para que nuestra economía no entre, en el futuro, en una recesión. Constituye también una amenaza permanente para las prestaciones e instituciones del Estado de bienestar, las políticas sociales y la cooperación para el desarrollo.

Si el contenido es rechazable, el procedimiento que se va a adoptar para su aprobación es inaceptable: se va a producir con la legislatura agotada, se anuncia en pleno período de vacaciones, se quiere aprobar definitivamente transcurridos sólo quince días desde que el Presidente del Gobierno la propusiera el 23 de agosto, se quiere realizar sin debate político ni social de ninguna clase y, finalmente, sin que la reforma sea sometida a referéndum.

Por todo ello y teniendo en cuenta que su contenido –la constitucionalización de la obligación de equilibrio presupuestario y límite de la deuda en las cuentas de las administraciones públicas- es una opción ideológica y política que además de ser errónea e inútil tiene un carácter marcadamente conservador, podemos afirmar que esta reforma rompe el consenso constitucional sobre el que se basó la elaboración de nuestra Carta Magna.

Ante la gravedad de este proceder, las organizaciones sociales abajo firmantes consideran necesario que la ciudadanía exprese públicamente:

1.      Su rechazo a la reforma constitucional que se propone

2.      La petición a los/as diputados/as y senadores/as de que no la voten favorablemente en el trámite parlamentario.

3.      La exigencia de que si la propuesta es aprobada por el Parlamento sea sometida a referéndum

Para ello, las organizaciones abajo firmantes llaman a la ciudadanía y a las fuerzas políticas y sociales a que participen en las movilizaciones que se convoque. Conscientes de la necesidad de trabajar por la convergencia de todas las organizaciones y plataformas que estamos contra esta reforma de la Constitución, acuerdan en particular:

1.      Convocar concentraciones y manifestaciones los días 31 de agosto y 1 de septiembre en las distintas localidades del Estado español

2.      Apoyar la participación en las demás concentraciones y movilizaciones que se convoquen estos días contra la reforma de la Constitución y por la convocatoria de un referéndum

3.      Apoyar iniciativas de diferente naturaleza, en particular la recogida electrónica de firmas

4.      Culminar con una manifestación en Madrid el próximo martes, 6 de septiembre a las 19:00 entre Cibeles y Sol

Madrid, 29 de agosto de 2011

-      CCOO

-      UGT

-      USO

-      Paz con Dignidad

-      Consejo de la Juventud de España

-      Sindicato de Estudiantes

-      Paz Ahora

-      Confederación Intersindical

-      Habitáfrica

-      Coordinadora de ONGs para el Desarrollo (CONGDE)

-      Plataforma 2015 y +

-      Asamblea de Cooperación por la Paz

-      Socialismo 21

-      Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)

-      Comisión Promotora de las Mesas Ciudadanas para la Convergencia y la Acción

Para los pobres no hay pan

Mientras que a diario se nos dice en la prensa los opíparos sueldos que se asigna la clase política, resulta que para los pobres no hay pan.

Pascual Mogica 

 Decir a estas alturas que muchas son las familias que ya han traspasado el umbral de la pobreza adentrándose cada vez más ella, no deja de ser una obviedad, pero la realidad de las cosas siempre debemos tenerla presente y por ello se hace necesario que a la vista de todos se ponga a aquellos que dicen tener soluciones para una vida mejor, me refiero a la vida terrenal, no a la que nos prometa la Iglesia católica, y hay que hacerlo con pelos y señales para que todos se den cuenta de la hipocresía y del cinismo que son una constante en ellos.

Desde el Partido Popular, su líder Rajoy, no cesa de proclamar que no habrá recortes sociales cuando la realidad, viendo su forma de actuar, nos dice que en el Partido Popular irán más allá de recortar el gasto social. El pasado día 23 el diario El Plural nos daba cuenta de que la Xunta de Galicia que preside el “popular” Alberto Nuñez Feijoó, ha ordenado a los directores de los colegios públicos que prohíban el acceso al comedor a los alumnos que tengan alguna deuda, “por mínima que sea la cantidad”, con el centro, independientemente de las “circunstancias económicas o personales” de la familia, según manifiesta el citado diario que puntualiza la instrucción enviada a las escuelas.

Cuando se da el hecho de que en España, debido a la crisis, hay cientos de miles de familias que han pasado a ser pobres, muchas de ellas de solemnidad, mientras que a diario se nos dice en la prensa los opíparos sueldos que se asigna la clase política, resulta que para los pobres no hay pan. Cada vez tengo menos, pero también diría que más, claro que es lo que quieren decir con esa frase de “hay que acabar con los pobres”. Evidentemente no se refieren a acabar con la pobreza sino a acabar con la gente pobre por inanición, eso está muy claro. Los pobres molestan, hieren la vista, de aquellos que tienen en sus manos la riqueza y el poder, poder que no utilizan para acabar, o al menos mitigar, la pobreza y por tanto el hambre. Resulta estremecedor leer en el diario de referencia que la Consejería de Educación exige con claridad a los directores de los colegios mano dura en este asunto. “Las direcciones de los centros deberán verificar que los usuarios acerquen el justificante de pago a la Administración. Quien no lo acerque no tendrá derecho a utilizar el servicio y la dirección del centro deberá prohibirles el acceso”, afirma en su circular.

Se necesita ser desalmados para negar el pan a los que por circunstancias, motivadas por una crisis mundial, de la que los ciudadanos no son culpables sino el colectivo de políticos que dirigen el mundo. ¿Qué harán con esos niños que sus padres están sin trabajo y sin cobrar ningún tipo de subsidio y que si algo cobran no les llega ni para lo más necesario? ¿Se les condena al hambre? Menuda caterva de inútiles juegan con el destino de los ciudadanos de este mundo. No hay medios económicos para dar alimentos a aquellos que no disponen de trabajo y por tanto de dinero, pero si lo hay para pagar el sueldo a aquellos amiguetes “enchufados” que en la mayoría de los casos son verdaderos parásitos que están chupándole la sangre a la sociedad. Y encima te dicen que no van a haber recortes sociales como asegura Rajoy. Es de esperar que lo que queda de la izquierda actúe de forma distinta a como lo hace, como en este caso, la derecha.

Lo importante es solucionar la vida terrenal de las personas, porque de existir la vida celestial, esa ya se la han ganado con creces los que han pasado por todo tipo de situaciones siempre adversas y a cuál de ellas más terrible, dura y cruel, como es el caso de los pobres.

Diario SIGLO XXI.com

Un referéndum necesario

Vicenç NavarroCatedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Patrick Thomas

Resultado de una Transición inmodélica de la dictadura a la democracia (realizada bajo el enorme dominio de las fuerzas conservadoras herederas del régimen dictatorial anterior), el sistema democrático español es escasamente representativo, no sólo por estar basado en un proceso electoral muy poco proporcional (que se aleja mucho del principio de que cada ciudadano debiera tener la misma capacidad de decisión en la gobernanza del país), sino también por el escasísimo espacio que se ofrece a la ciudadanía para participar en las decisiones públicas que afectan el bien común. La democracia queda limitada en España a votar cada cuatro años sin que se le ofrezca a la ciudadanía la oportunidad de participar en referéndums vinculantes y otras formas de democracia directa que permitieran una mayor capacidad de incidencia de los ciudadanos en el quehacer común. Es cierto que hay posibilidades de hacer referéndums a nivel del Estado central, pero no es ni fácil ni frecuente, como demuestra la escasez de referéndums que ha habido en España durante el periodo democrático. La única expresión de desaprobación que los representados tienen a su alcance es dejar de votar o votar por opciones distintas cada cuatro años. Ello es un indicador de lo enormemente limitada que es la democracia española.
Hemos estado viendo recientemente cómo partidos gobernantes (tanto a nivel central como autonómico) están aprobando medidas altamente impopulares, que no estaban incluidas en sus propuestas electorales, y que se están llevando a cabo supuestamente por mandato de los mercados financieros, a quienes nadie ha elegido. El 82% de la ciudadanía estaba en contra, por ejemplo, del retraso de la edad de jubilación; el 86% en contra de la congelación de las pensiones; el 68% en contra de los recortes del gasto sanitario, y así un largo etcétera, lo cual no fue un obstáculo para que la mayoría de las Cortes españolas aprobaran tales medidas. Una consecuencia de ello es la enorme distancia que se está creando entre representados y representantes, con la pérdida de legitimidad de los últimos. No es de extrañar que la clase política dominante esté considerada por la población como el tercer gran problema que tiene el país.
Y estamos a punto de ver otro caso en el que una decisión de enorme trascendencia (la reforma de la Constitución, para garantizar un límite al gasto público) se está proponiendo por la dirección de los dos partidos mayoritarios, medida que no estaba en el programa electoral de ninguno de ellos (y que afectará negativamente a la calidad de vida de la mayoría de la población). Y ello sin que se haya consultado al pueblo español, argumentándose, además, que el Estado –como ha dicho en varias ocasiones Rajoy (el dirigente político español que ha promocionado tal medida de limitación de gasto público con mayor frecuencia)– no puede vivir por encima de sus posibilidades. En realidad, España se gasta mucho menos en su sector público (del cual, el capítulo más grande es el del Estado del bienestar) de lo que debiera por su nivel de desarrollo económico. El PIB per capita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15, mientas que el gasto público social por habitante (que incluye gasto en pensiones, en sanidad, en educación, en servicios domiciliarios a personas con dependencia, en escuelas de infancia, en servicios sociales, en ayudas a las familias, en vivienda social, entre otros) es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Si fuera el 94% (como debiera ser), nos gastaríamos 66.000 millones de euros más en nuestro Estado del bienestar de lo que nos gastamos ahora.
El problema del sector público (del cual el mayor componente es el Estado del bienestar) no es que sea excesivo, sino que está poco desarrollado. España está a la cola de la Europa social (su gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15). Como resultado de ello, sólo uno de cada diez españoles adultos trabaja en los servicios públicos (primordialmente en los servicios públicos del Estado del bienestar). En Suecia, sin embargo, es uno de cada cuatro. Si en España fueran cuatro, se crearían casi cinco millones de puestos de trabajo, eliminándose el desempleo.
Y no nos engañemos. Lo que desean las fuerzas conservadoras, lideradas por Merkel y Sarkozy en la UE, y por Rajoy en España (y ahora por Zapatero), es salir de la crisis a base de reducir todavía más los ya escasamente financiados estados del bienestar de los países periféricos de la eurozona, incluyendo España. De ahí su propuesta de escribir en piedra (poniéndolo en la Constitución) la limitación del gasto público exigiendo una eliminación del déficit público. Su aplicación a España significaría un obstáculo para la corrección de su enorme déficit social. Exigir limitaciones de tal gasto (en un contexto de escaso crecimiento y de reducción de impuestos) no es sólo un suicidio económico (pues se pierde la oportunidad de estimular la economía), sino también una condena a mantener subfinanciado el Estado del bienestar español.
Los ingresos al Estado español son de los más bajos de la eurozona, representando sólo un 34% del PIB (el promedio de la UE-15 es un 44%, y en Suecia un 54%) y ello resultado de una política fiscal sumamente regresiva que favorece enormemente a las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo (en las que se incluye a la mayoría de la ciudadanía). De ahí el bajo gasto público, incluyendo el social. Querer frenar este gasto significa, en la práctica, congelar (por mucho que lo nieguen los que proponen tal medida) cualquier corrección de este enorme déficit.
De ahí que se necesite una movilización popular para que tal medida pueda ser confirmada o rechazada por la población española, de la cual deriva todo el poder del Estado. Es importante que a los representantes se les recuerde este principio básico de cualquier democracia.

Dominio público

La guerra colonial de Libia y deuda Estados Unidos

WikiLeaks: El Vaticano está inquieto por auge de gobiernos de izquierda en Latinoamérica

 



ublicado: 26 ago 2011 | 08:49 MSK

Una reciente filtración de cables por parte de WikiLeaks revela que Vaticano ha estado preocupado por la línea política de algunos líderes latinoamericanos desde 2005. Precisamente, el dossier indica que la iglesia católica ve “de manera negativa” el rumbo izquierdista de varios países de la región.

Además, el documento dice que el embajador estadounidense se reunió con el cardenal Leonardo Sandri: por aquel entonces sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano. Ese encuentro sirvió para consultar al purpurado sobre la política de la iglesia hacia América Latina.

Sandri, quien anteriormente fue nuncio apostólico en México y en Venezuela, se manifestó favorable a la idea de “una ayuda directa a la iglesia católica de Venezuela” a nivel de financiación por parte de Norteamérica. Uno de los objetivos sería contrarrestar la fuerza social de Hugo Chávez.

El profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México), Víctor Manuel Quintana, opina que Estados Unidos “está buscando un amasiato perverso con la Iglesia Católica para mantener la influencia decreciente de uno y del otro en América Latina”. Por su parte los eclesiásticos, a su juicio, “desconfían del poder que tengan sobre los feligreses en este aspecto político”.

“Por más que la mayoría de los pueblos americanos siga siendo católico —dice el científico—, ya no sigue tanto, en las orientaciones de la jerarquía, en lo que se refiere a las opciones políticas. Y eso lo sabe la jerarquía; y por eso en lugar de acudir a los fueros intelectuales, que son muy débiles, acuden al poder de los estados”.

“La jerarquía eclesiástica católica latinoamericana —sugiere Quintana— debería preocuparse por las condiciones de pobreza y desigualdad, no por el ascenso de los gobiernos de izquierda en América Latina. Deberían ver que la gestión de un gobierno de izquierda ha ayudado a que mejoren las condiciones de vida de las personas”.

Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/america_latina/issue_28796.html?rc=1

El grupo de Economía Sol convoca una manifestación contra esta reforma de la Constitución

26 agosto, 2011

“No a esta reforma de la Constitución, ni un paso atrás”. Es el lema consensuado en la asamblea extraordinaria del grupo de Economía de Sol que ha convocado una manifestación este domingo 28 en contra de la reforma de la Constitución. La marcha saldrá a las 18 horas de Atocha y se dirigirá a la Puerta del Sol, donde tendrá lugar a partir de las 20h la Asamblea General de Sol.

En este encuentro también se ha debatido una postura común frente a la reforma y se han planteado estrategias y más acciones de protesta, como una jornada ‘de lucha’el viernes 2 de septiembre(día en que el Congreso vota la propuesta de reforma de la Carta Magna) en la que todas las personas están invitadas a participar. También que los grupos de trabajo elaboren propuestas de acción concretas durante los próximos días.

Asamblea extraordinaria de Economía Sol. Foto: Cebotwit

Participantes del grupo de Economía han expuesto que limitar el gasto y la deuda pública, “lejos de sacarnos de la crisis, nos va a hundir“. “No permite aumentar el consumo ni generar riqueza”, han añadido.
Bajo esta premisa ha continuado una asamblea en la que han participado unas 600 personas. El GT de Economía ha explicado que en los últimos años se han privatizado más de 100 empresas públicas, lo que quiere decir que ha desaparecido una importante fuente de ingresos del estado. El paro también ha contribuido a empeorar la situación.

“En España había superávit antes de la crisis provocada por la burbuja inmobiliaria. Con la crisis se han recortado los derechos sociales y se han reducido los ingresos. Al Estado solo le quedaba la vía de emitir deuda”, han contado, “los bancos y las aseguradoras han prestado dinero y están exigiendo a los ciudadanos y ciudadanas que paguemos la crisis”.

Así, han señalado que la deuda pública española ronda el 70%, lejos del 200% de Japón y del 80% de la deuda de Francia o Alemania. “Nos piden medidas de austeridad en nuestro estado del bienestar y la deuda pública no es el problema”. En ese sentido, Economía ha resaltado que destinar presupuesto a sanidad, educación y a los servicios públicos es una inversión, no un gasto, y que algunas medidas que puede tomar el Estado es subir los impuestos de las grandes fortunas, luchar contra el fraude, acabar con los paraísos fiscales y la corrupción y luchar contra el 20% de paro.

¿Cómo se han atrevido a plantear una reforma constitucional?
Es la pregunta de uno de los participantes, que ha iniciado el debate después de la intervención de Economía. La propuesta de reforma constitucional atenta, en su opinión, contra el artículo 1 de la Constitución, que dicta que España se constituye en un Estado de derecho. “Todos contribuimos al sistema tributario según principios de igualdad y progresividad, pero le falta un principio: el sistema tributario tiene que ser suficiente para que funcione el estado social“.

En esa línea, en otra intervención han llamado la atención sobre que los recortes “no son a partir de 2020, sino que se van a empezar a aplicar ya”. Según ha estimado el grupo de Política de la Asamblea de Alcorcón, el recorte será de más de 70.000 millones de euros al año (equivalente a un 7% del PIB)
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Contra una reforma de urgencia
Precisamente esta madrugada PP y PSOE, después de 24 horas de negociación, han acordado la reforma que limita el déficit público. “¿Por qué no un acuerdo rápido para reformar ley electoral?“, se ha preguntado un participante, quien ha destacado que el Movimiento 15M pide democracia participativa, y esta reforma “empeora situación democrática”. “Habría que plantear a los ciudadanos dónde queremos recortar, como en el gasto militar o en los rescates a los bancos”.

“Estamos ante una crisis de legitimidad de los representantes. El Parlamento no cuenta con legitimidad para llevar adelante esta reforma, no es lo mismo la legalidad que la legitimidad”, ha reivindicado otra persona.

Cientos de personas debaten en Madrid sobre la reforma constitucional

21:52h | lainformacion.com

 

Madrid.- Unas cuatrocientas personas han participado hoy en una asamblea en la que han debatido sobre la reforma constitucional que pretende fijar la disciplina presupuestaria de las administraciones públicas.

Asistentes a la asamblea convocada por el grupo de trabajo de Economía Sol para tratar la reforman constitucional para incluir el techo de gasto, esta tarde en la Plaza del Carmen de Madrid. EFE

Madrid.- Unas cuatrocientas personas han participado hoy en una asamblea en la que han debatido sobre la reforma constitucional que pretende fijar la disciplina presupuestaria de las administraciones públicas.

El encuentro, que ha sido convocado por el grupo de trabajo de Economía de Sol, ha tenido lugar en la Plaza del Carmen, muy próxima a la Puerta del Sol y se ha celebrado sin presencia policial alguna.
Antes de que diese comienzo la asamblea, se ha pedido un minuto de silencio por el joven fallecido en las protestas de Chile, donde miles de manifestantes reclaman mejoras en la educación pública.
En el orden del día de la reunión se ha fijado, en primer lugar, debatir cómo puede afectar la reforma; en segundo lugar, acordar un posicionamiento común de los asistentes; y en tercer lugar, establecer las acciones que se van a llevar a cabo.

En un primer momento, varios organizadores han tomado la palabra para explicar en qué consiste esta reforma constitucional y porqué la rechazan.

"La medida que nos están proponiendo no es para salir de la crisis, sino para alimentar a los que la crearon: bancos, aseguradoras y fondos de inversión, entre otros", ha manifestado uno de los integrantes del grupo de economía.

Otro ha indicado que "la deuda y el déficit se originan por mala gestión, por lo tanto, hay que controlar las políticas fraudulentas y no la capacidad de endeudamiento".

Han explicado además que "existen alternativas" y así lo han hecho saber a través de un texto que han repartido entre los asistentes en el que apuestan por "el lado del ingreso" y no el del "recorte" y apuntan que "el fraude, que existe gracias a los paraísos fiscales, supera por mucho la deuda pública".
Tras la intervención de los organizadores, un participante ha inaugurado el turno de palabra y ha apostillado que "el poder económico está por encima del poder político, así como la Unión Europea está supeditada al capitalismo internacional".

Los encargados de apuntar el nombre de quienes deseaban intervenir en la asamblea no daban abasto ante el gran número de personas que deseaban expresar su opinión.

Uno de los integrantes del grupo de economía de Sol ha recordado que el próximo domingo continuarán debatiendo sobre el asunto en "los veranos de economía" que organizan semanalmente en el Parque del Retiro.

La Constitución debe reformarse para que el derecho a la vivienda y a la salud puedan exigirse en los tribunales

España (26-08-11)
Peticiones de Amnistía Internacional al presidente del Gobierno y al líder de la oposición ante la reforma de la Constitución española

Madrid.- Ante el anuncio de la reforma de la Constitución en España, Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, y al principal lider de la oposición, Mariano Rajoy, para solicitarles que aprovechen esta oportunidad, o se comprometan para el futuro, incluyendo en la reforma dos cuestiones que afectan a la protección de los derechos humanos.

En primer lugar, la organización considera que la Constitución debe garantizar la máxima protección de todos los derechos económicos, sociales y culturales, sin establecer distinciones ni prioridades, tal y como reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos y numerosos instrumentos internacionales ratificados por España.

Amnistía Internacional solicita que el derecho a la vivienda y a la salud aparezcan recogidos en la Constitución española bajo el epígrafe de los derechos fundamentales algo que mejoraría su protección, garantías y exigibilidad. La situación actual impide, por ejemplo, la posibilidad de que estos derechos se exijan directamente ante los tribunales cuando se ven vulnerados.

En España, donde la pobreza afecta a unos nueve millones de personas, derechos económicos, sociales y culturales como la vivienda y la salud no están protegidos igual que otros. Y sin embargo, son derechos de igual rango que el derecho a la libertad de expresión o a un juicio justo.

Derecho a la vivienda

La organización solicita esta reforma constitucional en el contexto de crisis económica en el que muchas personas han perdido su vivienda. Desde 2007, año de inicio de la crisis, hasta finales del 2010 se han iniciado 271.570 ejecuciones hipotecarias.

Y muchas más carecen de una vivienda digna. Según el censo de 2001, en España hay aproximadamente 1.500.000 infraviviendas. Además, la Encuesta sobre personas sin hogar de 2005 estima que 21.900 personas se encuentran en esta situación, mientras que organizaciones como Feantsa, que trabajan por el derecho a la vivienda y combaten la exclusión de las personas sin hogar, estiman que la cifra asciende a 38.000 personas.

Esta situación tiene  un grave impacto en el disfrute de otros derechos humanos. A esto se suma la indefensión de las personas que son objeto de desalojos forzosos.

Derecho a la salud

En España se estima que entre 90.000 y 180.000 personas que no han trabajado nunca o que no han recibido ningún tipo de prestación por desempleo carecen de cobertura asistencial sanitaria pública y gratuita. Unas cifras que podrían ser mayores debido a la crisis económica.

Y en cuanto a salud mental, los recursos del Estado para atender a estas personas son limitados, lo que dificulta que se puedan conseguir diagnósticos tempranos y tratamientos adecuados y eficaces. Según datos de 2008 de la Organización Mundial de la Salud, España se encuentra en los últimos lugares con respecto al resto de países europeos en lo que se refiere a recursos destinados a la atención de la salud mental, con 6.1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.

Pena de muerte

Por otra parte, a pesar de que la pena de muerte quedó abolida en España en 1995 con la supresión de la misma del Código Penal Militar, la Constitución sigue haciendo mención a ella en el artículo 15 para tiempos de guerra. Amnistía Internacional considera que la reforma debería eliminar la mención a la pena de muerte en la Constitución e incluso prohibir expresamente su aplicación.

Una iniciativa en esta línea sería además coherente con el impulso que el gobierno español ha dado a la abolición de la pena capital en el mundo, liderando la creación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.

Categorías: Derechos económicos, sociales y culturales, Desalojo fozado, Discriminación, España, Europa y Asia Central, Pena de muerte, Pobreza, Salud, Vivienda
Más información
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf.,             91 310 12 77      
Centro de Documentación de AI: doc.es.amnesty.org.

Amnistía Internacional: España - Uso excesivo de la fuerza

España:Nuevos informes sobre uso excesivo de la fuerza por la policía contra manifestantes

Madrid.- Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por los recientes informes sobre el uso de fuerza excesiva ejercido por las fuerzas policiales que actuaban para dispersar a manifestantes aparentemente pacíficos del llamado movimiento 15-M en Madrid. En una carta enviada esta mañana a la delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid, María Dolores Carrión Martín, Amnistía Internacional pregunta por el uso de la fuerza por los agentes de policía durante la intervención en el paseo de la Castellana la noche del 4 al 5 de agosto, así como en la plaza de la Puerta del Sol y sus inmediaciones los días 17 y 18 de agosto. La organización pidió aclaración a la delegada sobre las medidas que se habían adoptado para investigar los hechos y evitar que se repitan.

La noche del jueves, 4 de agosto, varios cientos de manifestantes encaminaron sus pasos al Ministerio del Interior, situado en el paseo de la Castellana, para protestar por la evacuación y cierre de la plaza de la Puerta del Sol el 1 de agosto. Según información publicada en medios de comunicación, agentes de policía antidisturbios cargaron varias veces contra unos 800 manifestantes que se habían concentrado a las puertas del Ministerio del Interior hacia las 11 de la noche. De acuerdo con los medios, la policía reaccionó ante el intento de varios manifestantes de fijar carteles en la verja de entrada del ministerio, pero informes de testigos recopilados por Amnistía Internacional indican que la policía cargó de manera indiscriminada, también contra manifestantes pacíficos. Imágenes disponibles en Internet muestran a agentes golpeando a manifestantes con sus porras a pesar de que éstos no parecen oponer resistencia y mantienen las manos en alto. Según los medios de comunicación, 20 personas resultaron heridas tras la intervención de la policía, entre ellas 7 agentes de policía.

Ángela Jaramillo, de 58 años, contó a Amnistía Internacional que estaba sola junto a un banco del paseo de la Castellana cuando vio avanzar hacia ella a unos 10 policías antidisturbios. Según su relato, a pesar de que su actitud era pacífica y tenía los brazos en alto, cuando los antidisturbios pasaron junto a ella, una agente la golpeó con su escudo en la cara, haciendo que cayera sobre el banco, y luego le asestó un fuerte golpe en la rodilla izquierda con su porra, causándole una contusión que posteriormente precisó tratamiento médico. Ángela Jaramillo contó que unas cinco personas que habían presenciado la escena acudieron a socorrerla. Según su relato, una de ellas increpó a los agentes cuando se alejaban, recriminándoles su comportamiento, y éstos volvieron sobre sus pasos y golpearon con sus porras a los miembros del grupo. El relato de Ángela Jaramillo fue confirmado por una de las mujeres que había presenciado los hechos, que tuvo que recibir asistencia médica como consecuencia de las lesiones sufridas en cuello, cadera y piernas. Ambas presentaron denuncia contra la policía al día siguiente.

Otros testigos informaron también a Amnistía Internacional de que policías antidisturbios habían golpeado a varios manifestantes con sus porras y no habían parado a pesar de que estos habían mostrado una actitud pacífica y avisado de que entre ellos había niños, ancianos y personas discapacitadas. A Amnistía Internacional le preocupan asimismo los informes coincidentes de testigos según los cuales la policía antidisturbios no llevaba ningún tipo de identificación en el casco o el uniforme, en incumplimiento de la instrucción núm. 13/2007 dictada por el secretario de Estado para la Seguridad.

Ante tales denuncias, Amnistía Internacional ha pedido a la delegada de gobierno en Madrid que aclare si se ha iniciado una investigación sobre el uso de la fuerza por la policía la noche del 4 al 5 de agosto, si se han tomado medidas disciplinarias contra los agentes de policía que no llevaban el número de identificación en lugar visible durante la intervención, y qué instrucciones y orientación reciben los agentes de policía sobre el uso de la fuerza, que incluye las porras, en las tareas de control de las manifestaciones.

Amnistía Internacional ha expresado también su preocupación por informes más recientes que indican uso de fuerza excesiva por parte de agentes de policía contra manifestantes y periodistas en la plaza de la Puerta del Sol y sus inmediaciones los días 17 y 18 de agosto. Imágenes de vídeo de fácil acceso en Internet muestran a la policía antidisturbios golpeando a periodistas y manifestantes aparentemente pacíficos en ambas fechas. Información publicada en medios de comunicación indica que al menos 11 personas han denunciado lesiones. Según las declaraciones realizadas por la delegada de gobierno en Madrid a los medios de comunicación, se han abierto investigaciones internas en varios casos concretos en que los agentes de policía podrían haber cometido abusos. Por este motivo, Amnistía Internacional ha pedido a la delegada que aclare la naturaleza y el alcance de esas pesquisas y garantice la investigación efectiva, independiente y exhaustiva de todas las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, y asimismo que se hagan públicas sus conclusiones.

Amnistía Internacional reconoce que la policía es responsable del mantenimiento del orden público y el respeto del Estado de derecho. Sin embargo, las normas internacionales de derechos humanos destinadas a proteger el derecho a la vida y a la integridad física y moral de la persona señalan de manera inequívoca que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están obligados a reducir al mínimo el uso de la fuerza, y que en todo momento deben aplicar los criterios de proporcionalidad y necesidad. Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que acaten en todo momento sus obligaciones con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos y las normas internacionales sobre actuación policial, como los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Información complementaria

Desde el 15 de mayo de 2011 han tenido lugar en diversas ciudades españolas concentraciones para exigir cambios en el sistema político y en políticas concretas relacionadas con la economía, el empleo, la vivienda, la educación, la salud y otras cuestiones.

Amnistía Internacional ha expresado ya su profunda preocupación por los informes y la evidencia de uso excesivo de la fuerza la mañana del 27 de mayo en la plaza de Catalunya de Barcelona, cuando agentes antidisturbios de los Mossos d’Esquadra intervinieron para dispersar a los manifestantes. Imágenes de vídeo, así como testimonios y documentación coincidentes, indicaban que la policía había golpeado reiteradamente con sus porras a manifestantes aparentemente pacíficos y también que había disparado pelotas de goma y cartuchos de fogueo. La organización ha documentado casos de personas que denunciaron haber sufrido lesiones como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y que presentaron denuncia formal para obtener justicia y reparación.

Además, Amnistía Internacional expresó su preocupación por los informes según los cuales las fuerzas de policía habían empleado fuerza excesiva contra manifestantes en Madrid el 15 de mayo, en Lleida el 27 de mayo, en Valencia el 9 de junio y en Barcelona el 15 de junio.

El 7 de julio, Amnistía Internacional envió sendas cartas al entonces ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al consejero de Interior del gobierno autónomo catalán, Felip Puig i Godes, para expresar su preocupación por estos informes. Desde entonces, más de 43.000 personas han firmado una petición en línea de Amnistía Internacional España para instar a las autoridades a investigar los abusos denunciados, emprender acciones judiciales contra los agentes de policía que se determine que hicieron uso excesivo de la fuerza, proporcionar reparación a las víctimas, abrir una investigación sobre el control policial de la manifestación del 27 de mayo en Barcelona y acatar en todo momento sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y de las normas internacionales sobre actuación policial. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta.

Según el artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1979, “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”. Además, el artículo 5 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley dispone que “ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga” y también que “reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana”. El derecho español dispone que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben observar los principios de “coherencia”, “oportunidad” y “proporcionalidad” en el desempeño de sus funciones (Ley Orgánica 2/1986 de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, artículo 5.2.c).

 FIN

Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional

Ángel Gonzalo o Manuel Sobrino

Telf., 91 310 12 77 ó 630 746 802

Documentos y comunicados de prensa

www.es.amnesty.org

El Grupo de Trabajo de Economía Sol convoca una ASAMBLEA CON CARÁCTER DE URGENCIA para tratar la reforma constitucional anunciada por el presidente del Gobierno

La campaña promovida por Vicenç Navarro en la web Actuable lleva reunidas más de 50.000 firmas desde que Zapatero plantease esta mañana en el Congreso la propuesta de reforma. Al alcanzar el primer objetivo en escasas horas, han ampliado la recepción de las firmas. Navarro subraya la falta de carácter democrático del acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP para promover la reforma a la vez que se posiciona en contra de la misma. "Se trata de un ataque al Estado de bienestar

 

Acabo de apoyar la petición “Pide un referéndum para ratificar la reforma de la Constitución, hazlo tú también, es muy importante.

http://actuable.es/peticiones/pide-referendum-ratificar-reforma-la-constitucion

El Grupo de Trabajo de Economía Sol convoca una ASAMBLEA CON CARÁCTER DE URGENCIA para tratar la reforma constitucional anunciada por el presidente del Gobierno

 

By sistemasfinancieros on 23 agosto, 2011

 

Ante la propuesta del sr. Rodríguez Zapatero de elevar a rango constitucional la limitación del déficit público y la aquiescencia de los grupos parlamentarios que hacen presagiar que esta amenaza se puede convertir en una realidad, queremos manifestar NUESTRA MÁS FIRME OPOSICIÓN A ESTA REFORMA CONSTITUCIONAL que representa un nuevo intento de engaño a la sociedad y que no solamente frenaremos ahora, sino que revocaremos en el futuro en caso de ser aprobada, pues puede ser uno de los episodios más graves en nuestra historia reciente y en nuestro futuro próximo.

Por todo ello queremos manifestar que:

1.- El déficit o superávit en los presupuestos es una necesidad o una virtud que no solamente debe depender de los deseos, sino también de circunstancias externas que escapan del control de un país. En las actuales circunstancias económicas y, teniendo en cuenta los niveles de paro y de precariedad laboral que han llevado a la ruina a millones de familias en España, limitar el déficit al 3% es un crimen económico que no podemos consentir en silencio.

2.-  Elevar a rango constitucional la limitación del déficit público no solamente es un atentado contra la vida de los habitantes de nuestro país, lo es también contra futuras generaciones que quedarían condenadas a vivir en condiciones precarias sin poder realizar las inversiones públicas necesarias para recuperarse, máxime cuando los gobiernos que propusieron esta medida y los partidos que en España la apoyan entienden la disminución del déficit por el camino de la reducción del gasto y nunca por el aumento de impuestos a quienes más tienen ni por la lucha contra el fraude o los paraísos fiscales, traicionando así al pueblo.

3.- Un equilibrio presupuestario perpetuo no tiene ninguna razón económica y es pura ideología. No sólo puede ser malo, sino que puede tornarse en catastrófico. Puede ser procíclico, y en épocas de recesión esto es especialmente grave.

Ponemos un ejemplo: Si en un momento determinado tenemos  un shock externo (como el  presente), necesitaríamos crear déficit para  financiar las medidas del momento (mayor desempleo y, por  ende, mayores subsidios), como ha ocurrido en esta crisis. Si la  Constitución dice que no  podemos generar este déficit, tendremos que  adoptar medidas para reducirlo. Teniendo en cuenta que estamos en  recesión, estas medidas la profundizarían. En vez de ser contracíclico, el presupuesto es procíclico, es decir, una aberración económica.

4.- En estados como los europeos, los mayores gastos del gobierno son  las transferencias sociales (pensiones, desempleo), por  lo que esto  necesitará de sucesivos recortes de los mismos en épocas de  crisis, lo  cual resulta sangrante en un país como España, donde el gasto  público  es uno de los más bajos de toda la OCDE y los servicios  sociales unos  de los más precarios. Significa  institucionalizar los recortes sociales, las puertas  abiertas para el  desmantelamiento masivo del estado de bienestar, y una  locura  económica, cuya única base es la ideología de desprecio a la ciudadanía y apoyo a los bancos, que es la  que  nos ha conducido a esta crisis.

5.- Creemos que es un golpe de Estado encubierto de los mercados, al que nuestro gobierno se somete de manera voluntaria.

Por todo ello, queremos convocar a todas y a todos los que quieran defender el bienestar de las personas por encima de la posición ideológica que representa esta medida, alejada de cualquier relación con la ciencia económica, a participar en una ASAMBLEA TRANSVERSAL CON CARÁCTER DE URGENCIA este viernes, día 26, a las 7 de la tarde en la Plaza del Carmen, con el siguiente orden del día:

1.- Debate sobre la propuesta de reforma constitucional.

2.- Debate sobre nuestro posicionamiento teniendo en cuenta las propuestas que ya han surgido de referéndum y otras que pudieran surgir.

3.- Estrategia y acciones.

Fecha: Viernes, 26 de agosto

Hora: 19:00

Lugar: Plaza del Carmen

El profesor Navarro pide a las Cortes Españolas que convoquen un referéndum sobre la propuesta que ha hecho el gobierno español con el apoyo del Partido Popular del establecimiento de un límite al déficit público, siguiendo las normativas propuestas por la Sra. Merkel para la Eurozona

Es muy importante que se movilice la población para que se exija que una medida de tal envergadura se vote en referéndum por la población española. Esta medida afectaría muy negativamente al Estado del Bienestar español que está hoy financiado predominantemente a nivel de las CCAA. Limitar su gasto implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar. Animo a mis amigos del movimiento 15-M, así como a todos los demócratas en España a que se movilicen. La democracia española es de las menos participativas de las existentes en la Unión Europea y es escasamente democrático que una medida de tal envergadura se apruebe por las Cortes Españolas sin haber sido consultado el pueblo español. Esta medida puede significar un ataque frontal al Estado del Bienestar español que tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea. Aunque se habla genéricamente de gasto público, la realidad es que este gasto constituye la mayoría del gasto público y los recortes que se han hecho han sido predominantemente en las pensiones y en el empleo de los servicios del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, pensiones de vejez y otras, así como otros componentes del Estado del Bienestar.

Una décima parte de los Diputados o de los Senadores puede solicitar un referéndum vinculante sobre el establecimiento de un límite al déficit público

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho un anuncio inesperado este martes en el pleno extraordinario: reformar la Constitución para introducir un límite al déficit público.
El límite al déficit no es algo abstracto: es lo que va a determinar que tengas o no acceso a la educación o a la sanidad, entre otras muchas cosas. Limitar el déficit es limitar la inversión en la sociedad. Con esto, el Gobierno podrá dejar a personas como tú en la cuneta. Pero podemos detener esta iniciativa.
La Constitución no exige que esta modificación sea aprobada por referéndum vinculante. Para que los ciudadanos seamos consultados sobre esta cuestión fundamental que va a afectar al resto de nuestras vidas es necesario que una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras lo solicite tras su aprobación en el Congreso y el Senado.
Los ciudadanos debemos poder votar en un asunto tan fundamental como este. Pide a los Diputados y Senadores de todos los grupos políticos que se comprometan a solicitar la celebración del referéndum para su ratificación como permite la Constitución en su artículo 167.3.
Es muy importante que se movilice la población para que se exija que una medida de tal envergadura se vote en referéndum por la población española. Esta medida afectaría muy negativamente al Estado del Bienestar español que está hoy financiado predominantemente a nivel de las CCAA. Limitar su gasto implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar.
Animo a mis amigos del movimiento 15-M, así como a todos los demócratas en España a que se movilicen. La democracia española es de las menos participativas de las existentes en la Unión Europea y es escasamente democrático que una medida de tal envergadura se apruebe por las Cortes Españolas sin haber sido consultado el pueblo español.
Esta medida puede significar un ataque frontal al Estado del Bienestar español que tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea. Aunque se habla genéricamente de gasto público, la realidad es que este gasto constituye la mayoría del gasto público y los recortes que se han hecho han sido predominantemente en las pensiones y en el empleo de los servicios del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, pensiones de vejez y otras, así como otros componentes del Estado del Bienestar.

Para más información: http://www.vnavarro.org/

Pide un referéndum para ratificar la para ratificar la reforma de la Constitución
 

Al firmar la petición estarás enviando esta carta

Destinatario: Todos los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado

Señorías,
El Presidente ha anunciado su intención de promover la reforma constitucional para incluir un límite al déficit público.
Se trata de una modificación que de acuerdo con la Constitución Española no exige necesariamente la celebración de un referéndum vinculante.
Este asunto es de tal importancia y va a ser tan determinante para nuestro futuro que le pido que si esta modificación es finalmente aprobada por las cámaras, su grupo parlamentario se comprometa a solicitar que esta reforma sea sometida a referéndum para su ratificación tal y como recoge el artículo 167.3 de la Constitución Española.
Atentamente,