Asunto:
Programa electoral y derechos humanos
Estimad@s Señoras y Señores:
Tenemos
el agrado de escribirles en nombre de la Asociación Española para el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), integrada por
101 especialistas españoles y latinoamericanos en derecho internacional
de los derechos humanos (DIDH). Nuestra Asociación nació en 2004 con la
ambición de constituir un puente permanente de comunicación entre el
mundo académico, las instituciones públicas y la sociedad civil, con el
objeto de trasladar a la práctica española y latinoamericana las normas y
principios del DIDH, así como velar por el cumplimiento de las
decisiones de los órganos internacionales de derechos humanos que
incumban a España y a los países de América Latina.
La
AEDIDH trabaja en cinco áreas preferentes: el reconocimiento
internacional del derecho humano a la paz; la erradicación de la tortura
y los malos tratos; los derechos humanos de las personas migrantes; la
justicia de transición y recuperación de la memoria histórica; y el
estudio de la práctica española en materia de derechos humanos. Para
ello, se inspira en las normas internacionales vigentes y en las
decisiones y recomendaciones dirigidas a España y otros países de
América Latina por los órganos internacionales competentes.
Ante
las Elecciones Generales del próximo 20 de noviembre de 2011,
quisiéramos hacerles llegar nuestra preocupación por cuestiones de
derechos humanos que, a nuestro juicio, deberían ser abordadas en el
programa electoral de sus partidos, de manera que se definan las bases
de futuras políticas públicas que contribuyan a mejorar sustancialmente
la situación de los derechos humanos en nuestro país. Tales temas son
los siguientes:
1. Derecho humano a la paz
Apoyo
decidido al proceso de codificación internacional del derecho humano a
la paz seguido en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y
su Comité Asesor, por tratarse de una iniciativa legislativa
internacional de la sociedad civil española que culminó con la
Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz (10 de diciembre de 2010).
Tal
iniciativa ha sido respaldada por cerca de dos millares de
organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo y ha sido saludada
por los órganos competentes de las Naciones Unidas, así como por la
proposición no de ley de apoyo al derecho humano a la paz aprobada el 14
de septiembre de 2011 en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso
de los Diputados, por la unanimidad de todos los partidos políticos con
representación parlamentaria (v. más información en la rúbrica “Derecho
Humano a la Paz” del sitio web www.aedidh.org) .
España
anunció en Ginebra el 21 de septiembre de 2011 el apoyo a la
codificación internacional del derecho humano a la paz y su
incorporación al Grupo de Estados Amigos de ese proceso de codificación
que la AEDIDH auspicia en torno al Consejo de Derechos Humanos.
Solicitamos a su grupo político que se comprometa a pedir al Gobierno de España que defienda la
Declaración de Santiago ante el Consejo de Derechos Humanos.
Favorecer el
derecho al desarme internacional, general y completo, bajo la supervisión de las Naciones Unidas.
Reducción progresiva del presupuesto del
Ministerio de Defensa.
La retirada del territorio nacional de las
bases militares extranjeras.
El control de la
venta de armamentos
a terceros países con criterios de respeto estricto a los derechos
humanos, el derecho internacional humanitario y el principio de libre
determinación de los pueblos. Máxima transparencia administrativa en
esta materia.
España debe comprometerse decididamente con el ejercicio del derecho a la libre determinación de
los pueblos saharaui y palestino, particularmente
en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ambos
casos España debe contribuir positivamente a la solución pacífica y sin
dilaciones de los conflictos entablados por los citados pueblos con
Marruecos e Israel, comprometiéndose con el estricto cumplimiento del
derecho internacional.
2. Protección contra la tortura y malos tratos
El compromiso para revisar el Código Penal y la
legislación antiterrorista,
de manera que tanto la legislación como las políticas públicas de
represión del terrorismo sean totalmente compatibles con el DIDH.
Su compromiso para que España reforme el
art. 174 del Código Penal,
a fin adecuar la definición de tortura allí contenida a la que figura
en el art. 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
Su compromiso para que España establezca mecanismos efectivos para
prevenir los
malos tratos y torturas atribuidos a miembros de las fuerzas y cuerpos
de seguridad estatales, autonómicos o locales. La sociedad civil debe
ser incorporada urgentemente al Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura, según lo previsto en el Protocolo facultativo de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (2002) y la disposición final única de la Ley Orgánica
3/1981 del Defensor del Pueblo, añadida por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de
noviembre.
El compromiso de que España se dote de un
mecanismo independiente del Gobierno y de las fuerzas y cuerpos de seguridad para
investigar y sancionar
los casos de tortura y malos tratos de los que se tenga noticia, con
independencia de las denuncias que las víctimas pudieran presentar ante
los tribunales de justicia.
El compromiso de su fuerza
política por que todos los funcionarios encargados de la aplicación de
la ley y los operadores de la administración de justicia —incluidos los
jueces y fiscales— reciban un programa integral de
formación en derechos humanos,
a fin de garantizar que en el cumplimiento de sus funciones respeten y
protejan efectivamente los derechos fundamentales de todas las personas,
sin discriminación alguna por motivos de raza, color u origen étnico o
nacional, sexo, orientación sexual o religión.
3. Los derechos económicos, sociales y culturales en tiempos de crisis económica
El compromiso de su formación política en que toda
reforma de la Constitución de 1977 deberá en último término ser aprobada en referéndum popular.
Su compromiso de
no retroceder
en las conquistas sociales y en los derechos humanos y libertades
fundamentales que hoy se reconocen a todas las personas que viven en
España.
Fortalecer la protección de los
derechos económicos, sociales y culturales, con especial atención a las personas pertenecientes a grupos en
situación de vulnerabilidad.
El compromiso en revisar -a la luz del DIDH- la legislación y prácticas en materia de prevención y sanción de la
violencia de género, la trata de mujeres y la infancia, así como la explotación de la
pornografía infantil.
Su compromiso por que España se dote de legislación adecuada en materia de
transparencia administrativa, rendición de cuentas, y castigo a la
corrupción, el
fraude fiscal y los
paraísos fiscales.
En el caso de los funcionarios públicos y de los representantes
políticos, será obligatoria la separación inmediata de sus funciones
mientras se realice la investigación correspondiente, sin perjuicio de
su derecho a la presunción de inocencia en el ámbito penal.
Su compromiso por que España se dote de una
ley de libertad religiosa que garantice la total aconfesionalidad del Estado y el fortalecimiento de un sistema educativo gratuito, público y laico.
El compromiso de su formación política por una
educación y una
sanidad públicas y de calidad, a las que puedan acceder todas las familias que viven en España.
Su compromiso en abolir el privilegio anticonstitucional que supone seguir subvencionando con dinero público a la
enseñanza privada concertada.
Adopción de
políticas sociales
que protejan efectivamente el derecho a la alimentación; el derecho al
trabajo; el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores; las
condiciones decentes de empleo y salario; el derecho a la prestación por
desempleo digna y universal, para todas las personas que viven en
España; el derecho a la vivienda y la protección contra los desahucios
de personas sin recursos; y la dación en pago del préstamo hipotecario.
El respeto a los derechos humanos de
las personas migrantes y sus familiares, en particular su derecho a la libertad y a la seguridad personales. En este sentido, se deben abolir los
centros de internamiento de extranjeros,
por constituir un trato discriminatorio incompatible con el DIDH. Deben
incrementarse además las políticas públicas para evitar la
estigmatización de
las personas migrantes, poniendo de relieve su contribución positiva a
la riqueza nacional y atajando todo brote de racismo, intolerancia,
odio, discriminación racial y xenofobia, que ya son rampantes y
victimizan a distintos grupos nacionales, étnicos y raciales que viven
en nuestro territorio, como es el caso de la población romaní.
España debe ratificar urgentemente la
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
(1990), incluida la declaración prevista en su art. 77 a fin de
reconocer la competencia del Comité para la Protección de los Derechos
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares para recibir y
examinar quejas individuales. La Convención alienta a los Estados a
adoptar medidas eficaces para combatir el tránsito clandestino de los
trabajadores migratorios, asegurándoles a la vez la protección de sus
derechos humanos fundamentales.
4. Justicia de transición y recuperación de la memoria histórica.
Su compromiso por que España reconozca en toda su extensión el
derecho a la verdad, la justicia y la reparación a
los familiares de todas las víctimas de violaciones a los derechos
humanos cometidas en España durante la guerra civil y posterior
represión franquista, dando así cumplimiento a las normas
internacionales en la materia.
Su compromiso por que España establezca una
Comisión de la Verdad
compuesta de personas expertas independientes, que deberá investigar y
rendir un informe público sobre las violaciones a los derechos humanos
cometidas en España durante la guerra civil y la posterior represión
franquista. El compromiso se deberá extender al acatamiento de las
recomendaciones que en su día formule la citada Comisión.
El compromiso de su formación política en la abolición de la
Ley de Amnistía
de 1977, por ser incompatible con la obligación internacional de España
de investigar y castigar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes
de guerra cometidos durante la guerra civil y la posterior represión
franquista.
5. Incorporación del derecho internacional de los derechos humanos a España.
Desde
1977 España ha ido incorporando progresivamente el DIDH a su derecho
interno. Para completar este proceso, es urgente que España ratifique
los tratados internacionales de derechos humanos siguientes:
- Convención sobre el derecho internacional de rectificación (1953); y,
- Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada (1957);
- Convención para reducir los casos de apatridia (1961);
- Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (1968);
- Convención para la represión y castigo del crimen de apartheid (1973);
- Convención contra el Apartheid en los Deportes (1985);
- Convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios (1989); y,
- Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990).
Consejo de Europa:
- Convención Europea sobre la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y de los crímenes de guerra (nº 82, 1974);
- Convención sobre la participación de los extranjeros en la vida pública a nivel local (nº 144, 1992);
- Carta Social Europea revisada (nº 163, 1996) (firmada el 3 de mayo de 1996, pero no ratificada);
- Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se establece un sistema de reclamaciones colectivas (nº 158, 1995);
- Convención sobre las relaciones personales referidas a los menores (nº 192, 2003);
- Protocolo Adicional a la Convención de Derechos Humanos y Biomedicina relativo a la investigación biomédica (nº 195, 2005);
-
Protocolo Adicional a la Convención de Derechos Humanos y Biomedicina
relativo a los test genéticos con fines médicos (nº 203, 2008);
- Convención sobre el acceso a los documentos públicos (nº 205, 2009);
-
Protocolo adicional a la Carta Europea de Autonomía Local sobre el
derecho a participar en los asuntos de las colectividades locales (nº
207, 2009) y
- Convención sobre prevención y lucha contra la
violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica (nº 210, 2011)
(firmada el 11 de mayo de 2011, pero no ratificada).
En la
confianza de que sus formaciones políticas puedan incorporar a sus
programas electorales las cuestiones arriba destacadas, aprovechamos la
oportunidad para hacerles llegar en nombre de la AEDIDH nuestro más
cordial saludo.
Los
datos hablan por sí mismos: los campos de refugiados de Dadaab, en
Kenia, fueron abiertos en 1992 para acoger a los refugiados de la guerra
civil que había comenzado en Somalia un año antes y su diseño inicial
contemplaba una capacidad de 90.000 personas. Dadaab es hoy el mayor
campo de refugiados del mundo, con una población de casi 464.000
personas, el 95,8% de los cuales son somalíes, según los datos del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), con
fecha de 27 de octubre. Con estos números, Dadaab se ha convertido en la
tercera ciudad de Kenia, tras la capital, Nairobi (3.14 millones de habitantes), y Mombasa (940.000).
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